Pedro Alliana, el vicepresidente de Paraguay, es quien debería asumir el máximo cargo de esa Nación tras la renuncia de Santiago Peña, en medio de la crisis financiera desatada por el caso Ueno bank y los cuestionamientos a su administración.

Alliana nació el 19 de febrero de 1974, en la ciudad de Pilar, ubicada en el departamento de Ñeembucú de Paraguay. Hijo de María Nidia Rodríguez y Héctor Rubén Alliana Báez, ambos regidores departamentales de Ñeembucú. Tiene dos hermanos, Ana Lucía y Rodolfo Alliana Rodríguez; este último, ya fallecido. En 2006, se casó con Fabiana María Souto, con quien tuvo a tres de sus cuatro hijos.

La figura de Alliana no surge de improvisadas alianzas, sino de una larga y estructurada carrera dentro de los pasillos de la Asociación Nacional Republicana (ANR – Partido Colorado) y de los diferentes estamentos del Estado paraguayo. Nacido en la ciudad de Pilar (departamento de Ñeembucú) el 19 de febrero de 1974, los primeros pasos públicos de Alliana estuvieron vinculados tanto al deporte —llegando a integrar la selección nacional de básquetbol de Paraguay en 1991— como a la actividad comercial en su comunidad natal.

Su incursión formal en la política partidaria se dio en el año 2006 con su candidatura a la intendencia de Pilar. Aunque aquel primer intento electoral no resultó favorable, el dirigente supo consolidar su capital político en la región sur del país. Dos años después, en 2008 y con apenas 33 años, se consagró Gobernador del Departamento de Ñeembucú, cargo que ejerció hasta 2013.

La trayectoria de Alliana se encuentra estrechamente ligada al movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes. Bajo esa línea interna, Alliana dio el salto al legislativo nacional al ser electo diputado por Ñeembucú en los periodos 2013-2018 y 2018-2023, llegando a presidir la Cámara Baja durante cuatro periodos consecutivos entre 2015 y 2022.

Paralelamente, su peso dentro del Partido Colorado se blindó al asumir la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR en abril de 2016, un rol directivo que mantuvo durante dos periodos consecutivos hasta enero de 2023, consolidando la maquinaria electoral del partido oficialista.

En las elecciones generales de abril de 2023, integró la fórmula presidencial junto a Santiago Peña bajo la bandera del Partido Colorado, asumiendo como vicepresidente de la República el 15 de agosto de ese mismo año. Desde esa posición, Alliana combinó la gestión institucional con un rol activo de articulación política dentro del oficialismo.

En 2020, fue mencionado junto a Luis Castiglioni, José Alderete y Javier Zacarías Irún como parte de un grupo denominado por algunos medios como el «nuevo Cuatrinomio de Oro», en referencia al sector de aliados más cercanos a Alfredo Stroessner durante su dictadura y que en 1987 asumió el control del Partido Colorado.

Alliana fue señalado por presunto nepotismo debido a la presencia de varios familiares en cargos dentro del sector público paraguayo. Las críticas se agravaron tras la revelación de que su hija, Montserrat Alliana, había sido contratada en la Cámara de Diputados de Paraguay sin contar con un título académico registrado para desempeñarse en una oficina de coordinación.

Qué pasará con el cargo de vicepresidente

La renuncia de Peña también abre un interrogante constitucional: ¿Qué ocurriría con la Vicepresidencia si Alliana asume en su reemplazo?

La Constitución Nacional establece un mecanismo de sucesión automática para garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo. En caso de destitución, renuncia, muerte o incapacidad declarada del presidente, el vicepresidente ocupa su lugar y completa el periodo constitucional.

Por lo tanto, tras la renuncia de Peña, Alliana no necesitaría una nueva elección ni una designación del Congreso para asumir la Presidencia. Su juramento como mandatario produciría, a su vez, una vacancia definitiva en la Vicepresidencia.

Es precisamente en ese segundo escenario donde entra en funcionamiento el procedimiento especial contemplado en el artículo 234 de la Carta Magna.

La regla

El artículo 234 establece dos escenarios distintos para cubrir una vacancia definitiva en la Vicepresidencia: Si ocurre durante los tres primeros años del periodo constitucional, debe convocarse a elecciones para que la ciudadanía elija a un nuevo vicepresidente.

Si ocurre durante los dos últimos años, el Congreso Nacional tiene la atribución de designar directamente a quien completará el mandato, mediante mayoría absoluta de sus miembros.

En el caso del actual periodo presidencial, iniciado el 15 de agosto de 2023 y previsto hasta el 15 de agosto de 2028, la renuncia de Peña se produce dentro de los últimos dos años de mandato.

Por tanto, no correspondería convocar a elecciones populares para elegir al reemplazante de Alliana en la Vicepresidencia. La decisión quedaría en manos del Congreso Nacional, reunido en sesión conjunta de ambas cámaras.

El nuevo vicepresidente sería designado por mayoría absoluta de los integrantes del Congreso. Considerando su composición constitucional de 45 senadores y 80 diputados, esa mayoría equivale a 63 votos.

Los antecedentes

Paraguay ya tiene dos antecedentes importantes de aplicación de este mecanismo constitucional. El 22 de junio de 2012, Fernando Lugo fue destituido mediante juicio político y Federico Franco, hasta entonces vicepresidente, asumió la Presidencia.

La vicepresidencia quedó vacante y, como el país atravesaba los últimos dos años del periodo constitucional 2008-2013, correspondió al Congreso designar a un reemplazante. El 28 de junio, el ex senador liberal Óscar Denis Sánchez fue elegido con 84 votos en total: 26 en el Senado y 58 en Diputados.

En el 2018, el entonces vicepresidente Juan Afara renunció el 11 de abril de ese año para postularse al Senado. La vacancia se produjo durante los últimos meses del periodo de Horacio Cartes.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves por el colapso de un banco en medio de la crisis política, económica y social por el Ueno Bank, luego de que los ahorristas no puedan acceder a sus depósitos.

Peña anunció la dimisión a través de su cuenta oficial de X.

La decisión se conoció después de dos jornadas consecutivas de protestas en Asunción, donde miles de personas salieron a las calles para reclamar la devolución de su dinero y exigir la salida del mandatario. Las manifestaciones incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y denuncias de represión.

La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus servicios. La entidad concentra los depósitos de alrededor de tres millones de personas, casi la mitad de la población del país.

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El escándalo también provocó la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y la detención de ocho directivos de la entidad, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez.

En paralelo, diputados opositores presentaron un pedido de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La acusación apunta al presunto mal desempeño de sus funciones y a posibles conflictos de intereses por los vínculos comerciales que el mandatario mantuvo con el grupo empresarial que controlaba el banco.

La oposición cuestionó además las decisiones regulatorias del Gobierno y el destino de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad.