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El caso Facundo Ferreira ya tiene requerimiento de elevación a juicio

Los policías están acusados de coautores del delito “homicidio agravado por alevosía en el abuso de la función

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Desde el Ministerio Público Fiscal se comunicó que a través de la Fiscalía en Homicidios I, a cargo de la doctora Adriana Giannoni, se requirió la elevación a juicio en contra de Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca, como coautores del delito “homicidio agravado por alevosía en el abuso de la función como miembros integrantes de las fuerzas policiales, y por la utilización de un arma de fuego en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público” en perjuicio del niño de 12 años Facundo Alexis Ferreira y la administración pública, respectivamente. Paralelamente, se solicitó el sobreseimiento a favor de JGA (menor de edad de 15 años al momento del hecho), por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

El caso
Respecto a los hechos investigados, el petitorio señala que el 8 de marzo de 2018, a las 01.24 horas, en ocasión que Díaz Cáceres se desplazaban en una moto policial que era conducida por González Montes de Oca, “sin razón ni motivo que lo justifique, y previo acuerdo de voluntades y división de tareas, cruzaron la platabanda y emprendieron la persecución en contramano por avenida Benjamín Aráoz hacia el cardinal oeste de un moto vehículo conducido por el menor de edad de 15 años quien llevaba como acompañante al menor de 12 años de edad, generando una clara situación de indefensión y aprovechándose de la misma, y sin dar la voz de alto policía, y sin mediar hasta el momento agresión armada alguna en su contra que explique la necesidad racional del actuar del modo en que lo hicieron, fue que Díaz Cáceres efectuó disparos (con su escopeta reglamentaria) en dirección a los menores, con proyectiles de posta de goma que impactaron en el tórax, brazos y codo derecho y rodilla de Ferreira”.

Los disparos
De acuerdo al requerimiento, inmediatamente después, Díaz Cáceres “injustificadamente y con claras intenciones de provocar la muerte de los ocupantes del moto vehículo, procedió a realizar disparos (cinco) con su arma de fuego reglamentaria (una pistola nueve milímetros) en tanto que González Montes de Oca, quien se encontraba bajo los efectos de los estupefacientes, en idéntico contexto con la misma intención realizó tres disparos con su arma reglamentaria (una pistola)”.
Según ese relato: “Tras ocho disparos efectuados por los policías, el menor JGA, quien portaba ilegalmente una pistola calibre 22 largo respondió realizando dos disparos”. Mientras continuaba la persecución realizó otros tres disparos contra los menores, quienes “buscaron a bordo del moto vehículo protección al lado de un contenedor ubicado en avenida Nicolás Avellaneda hacia el cardinal Norte pasando la calle República de Francia, siendo uno de los disparos realizados intencionalmente por la espalda en dirección a la cabeza de Ferreira Facundo Alexis, el cual ingresó por la región occipital del lado derecho”. Esas heridas le ocasionaron a la víctima un traumatismo encéfalo craneano que determinó posteriormente su muerte en el hospital Padilla.
Además, a los acusados se reprocha no haber adoptado las medidas dispuestas por el protocolo de actuación de personal policial en la intervención de delitos dispuesto por el Ministerio Público y la normativa policial en la preservación de lugar, alterando además las pruebas y la escena del hecho con el fin de obstaculizar la presente investigación. Además de no haber tomado las prevenciones para el traslado inmediato del menor Ferreira, quien se encontraba con vida, hacia el nosocomio más cercano al lugar del hecho, demorando la atención y no haber comunicado a la llegada del personal el Sistema de Emergencias 107, impidiendo el abordaje inmediato conforme la naturaleza de las heridas.

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Policiales

Tensión en una escuela de Los Gutiérrez: una alumna de 15 años llevó un arma de fuego

La directora del establecimiento alertó al 911 tras detectar un arma calibre 22 corto en poder de la estudiante de primer año. La Policía interviene en el lugar a la espera de los padres.

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Un operativo policial de urgencia se desplegó este jueves a las 10:00 de la mañana en la Escuela Media de Los Gutiérrez, ubicada sobre la Ruta Provincial 304 (kilómetro 10,5), tras confirmarse que una alumna de aprximadamente 15 años ingresó al establecimiento con un arma de fuego.

 

 

Según las primeras pericias realizadas en el lugar, el arma de fuego se encontraba a simple vista operativa, con un tambor con capacidad para ocho cartuchos: dos de ellos percutados y seis proyectiles intactos. Afortunadamente, no se efectuaron disparos en el interior del establecimiento.

 

 

La versión de la menor y el operativo policial

Según fuentes policiales, la estudiante habría manifestado que decidió concurrir armada debido a amenazas previas recibidas por parte de compañeros a la salida de clases durante la jornada.

En el establecimiento educativo se hicieron presentes las máximas autoridades de la zona para coordinar las actuaciones: el jefe de la Comisaría de Alderetes, Subcomisario Bazán; el jefe de la Patrulla Motorizada de Alderetes, Oficial Principal Britos; y el jefe de la Unidad Regional Este (URE), Comisario General Carlos Ruiz.

 

 

El procedimiento continúa en desarrollo y se aguarda la comunicación con las autoridades judiciales correspondientes para determinar los pasos legales e instrucciones a seguir.

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Crimen de Érika Antonella Álvarez: la causa avanza hacia el juicio

El Ministerio Fiscal ya presentó el requerimiento de apertura al debate oral y público. La acusación alcanza a Felipe Sosa como autor del femicidio, y a Justina Gordillo y “Chicho” Díaz como encubridores. Hoy, además, se prorrogó por dos meses la prisión preventiva de este último.

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Este jueves 27 de agosto, por pedido del Ministerio Fiscal, se realizó una nueva audiencia en el marco de la investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez (25), cuyo cuerpo fue hallado el 8 de enero de este año en un basural de la zona de Manantial Sur. En esta oportunidad, se trató la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo desde hace seis meses Jorge Orlando “Chicho” Díaz (41), acusado de encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por ser el hecho precedente especialmente grave.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo y representada en esta ocasión por la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma.

El proceso se encuentra encaminado hacia la etapa intermedia (audiencia de control de acusación y la admisibilidad de la prueba). El fiscal ya suscribió el requerimiento de apertura a juicio para los tres imputados que continúan vinculados a la causa: Felipe Sosa (50), acusado del delito de femicidio; Justina Gordillo (48), imputada por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por ser el hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionaria pública; y Díaz. En tanto que el pasado 29 de julio, mediante un juicio abreviado, fue condenado un cuarto imputado, Nicolás Navarro Flores (37), a la pena de tres años de prisión efectiva por encubrimiento.

Respecto de Díaz, el MPF adelantó que pretende una pena de seis años de prisión efectiva, la máxima prevista para el delito que se le atribuye.

La evidencia genética, una de las claves de la investigación

Durante la audiencia de este jueves, la auxiliar de fiscal se refirió además a nuevas evidencias incorporadas a la investigación, entre ellas los resultados de estudios genéticos. “Ya tenemos un informe de estudios genéticos en donde se determina que se encontró superposición del perfil de ADN de Sosa y de Álvarez en la muestra tomada tanto a la parte interna como externa de la bolsa que cubría el cuerpo de la víctima. También se determinó que hay superposición del material genético de Sosa y Érika en la cinta adhesiva que cubría la cabeza de ella”, señaló Brito Ledesma.

Al fundamentar el pedido de prórroga de la prisión preventiva por el plazo de dos meses, la representante del MPF sostuvo que los riesgos procesales, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación, continúan vigentes y latentes, especialmente por la “etapa crítica” en la que se encuentra el proceso.
La defensa se opuso al pedido de la Fiscalía y solicitó que Díaz cumpla la medida bajo arresto domiciliario. Finalmente, el juez hizo lugar a todo el planteo fiscal y dispuso que el acusado continúe alojado en la unidad penitenciaria de Benjamín Paz.

La acusación contra Díaz

El 7 de enero de 2026, entre las 03:50 y las 07:00, Felipe Sosa, valiéndose de una relación asimétrica de poder y del sometimiento sufrido por Álvarez en razón de su vulnerabilidad como mujer, y con el propósito de causarle la muerte, la golpeó violentamente en su domicilio ubicado en calle Santo Domingo 1100, de Yerba Buena. Como consecuencia de las lesiones, la joven murió por un traumatismo cráneo-facial y cervical.

Ese mismo día, alrededor de las 15:17, Díaz se presentó en el domicilio de Sosa a bordo de una camioneta Chevrolet S10 negra, con el logo de “Mundo Limpio”. Según la teoría del MPF, colaboró con la eliminación de rastros del cuerpo de la víctima, la desaparición de su teléfono celular y todo otro rastro relacionado con el crimen, además de limpiar el lugar del hecho.

Posteriormente, a las 17:10, Díaz se retiró del domicilio en la misma camioneta llevando consigo un estuche con una pistola calibre 40 marca Glock, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre 40 y cuatro cartuchos calibre 12. Esos elementos le fueron entregados por Sosa para que los ocultara, ayudándolo de esta manera a eludir la investigación y sustraerse de la acción de la Justicia.

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«Descansa en paz, querido Tadeo»: la conmovedora despedida de la escuela al nene, víctima de filicidio

Docentes y directivos de la Escuela Especial del Niño Jesús despidieron con profundo dolor al nene que fue asesinado por su padre.

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La tragedia que conmocionó a la provincia este martes sumó un capítulo de hondo pesar en la comunidad educativa tucumana. A través de sus redes institucionales, la Escuela Especial del Niño Jesús despidió con un sentido mensaje a Tadeo, el menor de 7 años diagnosticado con autismo severo que fue víctima de un filicidio seguido de suicidio a manos de su progenitor, Oscar Mauricio Sosa (38), en una vivienda de calle Entre Ríos al 1130.

El establecimiento educativo especial compartió un comunicado cargado de afecto y recogimiento para honrar el paso del niño por sus aulas:

«Con el corazón profundamente dolido, la comunidad educativa de la Escuela Especial del Niño Jesús acompaña a la familia y seres queridos de nuestro querido ex alumno Tadeo Ignacio Sosa ante su lamentable partida.

Tadeo deja una huella imborrable en nuestras aulas, en nuestros corazones y en el día a día de cada docente y compañero que tuvo la dicha de conocer su sonrisa y su ternura.

Rogamos al Niño Jesús que lo reciba en sus brazos y derrame consuelo y paz sobre toda su familia en este momento tan difícil.Descansa en paz, querido Tadeo».

Las palabras de la institución resonaron con fuerza entre familiares, padres de alumnos y vecinos de la capital, quienes multiplicaron las muestras de dolor y condolencias.
La reconstrucción del hecho: confesión y el aviso a la familia

El caso, que se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios a cargo del fiscal Carlos Sale, quedó caratulado como un homicidio seguido de suicidio.

De acuerdo con las precisiones brindadas por la fiscalía, el desenlace comenzó a gestarse durante la madrugada del martes:
* El mensaje a las 4:00: El hombre envió un mensaje a sus otros dos hijos mayores solicitándoles que se presentaran en el domicilio puntualmente a las 8:00 de la mañana.
* El hallazgo: Al llegar al lugar en el horario indicado, los jóvenes encontraron los cuerpos sin vida de su padre y de su hermano menor, dando intervención inmediata al Sistema de Emergencias 107 y a la Comisaría Seccional Segunda.

La carta manuscrita: En la escena, los peritos del ECIF secuestraron una misiva de despedida donde el padre confesó haberle suministrado una sobredosis de medicamentos al niño antes de quitarse la vida. En el escrito, justificó su accionar asegurando que no podía soportar que nadie cuidara del menor ante su inminente ausencia.

El trasfondo procesal del autor

El progenitor se encontraba cumpliendo una medida judicial de arresto domiciliario en el marco de una causa penal tramitada en los tribunales de la provincia de Córdoba.
En los últimos días, el hombre había sido notificado sobre su inminente traslado hacia dicha provincia para continuar el proceso judicial. Los padres del menor se encontraban separados y, según el testimonio aportado por familiares, el adulto residía junto a dos de sus hermanos en la vivienda de Barrio Sur y no presentaba antecedentes de consumos problemáticos ni adicciones./Losprimeros

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