Con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones, el Senado de la Nación convirtió en ley el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, para refinanciar la deuda externa contraída durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
El proyecto que autoriza al Ejecutivo nacional a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación de la deuda contraída en 2018 por el gobierno macrista fue convertido en ley este jueves con el voto positivo de la mayor parte del oficialismo y de la bancada opositora.
Tras casi diez horas de sesión, la Cámara alta avaló el entendimiento con el FMI para el refinanciamiento de la deuda de más de 44 mil millones de dólares, por 56 votos contra 13 y tres abstenciones.
En la mayoría de los 40 discursos escuchados durante la sesión especial, desde los dos principales espacios políticos, el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) coincidieron en la necesidad de priorizar el hecho de que Argentina firme el acuerdo con el FMI para no caer en default.
Foto: Florencia Downes
Entre los votos positivos, 20 fueron del oficialismo y 36 de la oposición, mientras que de los 13 negativos todos fueron del FdT.
Tres senadoras, las neuquinas Lucila Crexell (JxC) y Silvia Sapag (FdT) y la rionegrina Silvia García Larraburu (FdT) optaron por la abstención.
La sesión fue abierta por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se retiró luego para mantener reuniones en su despacho, reapareció en mitad de la tarde y luego volvió a retirarse y dejó en manos de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, la conducción de la votación final.
En los discursos del FdT prevalecieron las críticas al origen de la deuda contraída con el organismo internacional por el gobierno de Mauricio Macri y se repitieron las voces que definieron al préstamo adquirido con el organismo como «una de las mayores estafas» al pueblo argentino.
También hubo pedidos a la Justicia para que se aceleraran las causas contra funcionarios de la gestión de Mauricio Macri acusados de fuga de divisas.
Desde la oposición, los senadores Martín Lousteau, Alfredo Cornejo y Luis Naidenoff rechazaron las acusaciones, trasladaron la responsabilidad del origen de la deuda a la crisis que dijeron haber encontrado cuando asumió Cambiemos y justificaron el apoyo en la necesidad de evitar «mayor sufrimiento al pueblo«.
En la apertura, el miembro informante del FdT, el titular de la Comisión de Presupuesto, Ricardo Guerra, acusó a la gestión de Macri de «especular políticamente» en su vínculo con el FMI y declaró que «el préstamo fue alejado de lo estatutario y de lo legalmente permitido».
El Congreso sancionó con fuerza de Ley el acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI que le permitirá al país refinanciar la deuda récord de 2018, evitando desestabilizar la economía.
El resultado y el proceso son un paso firme hacia adelante en el desarrollo de nuestra República. pic.twitter.com/Wb6koG1Trb
En este contexto de conflictos geopolíticos que elevan la inflación internacional en alimentos y energía, es de singular importancia dar certezas en lugar de aumentar incertidumbres.
Con la conducción del Presidente @alferdez trabajamos para ello y se obtuvo un masivo respaldo.
Nunca un acuerdo con el FMI tuvo apoyo social y político federal de tal magnitud. Por primera vez en la historia pasó por el Congreso y logró un nivel de adhesión del 80%. También acompañaron sindicatos, el sector privado, universidades, movimientos sociales y la sociedad civil.
En el cierre, el jefe del bloque, José Mayans, reconoció que «nosotros dijimos que íbamos a volver para ser mejores, hasta ahora no lo logramos, pero ustedes dicen que lo van a hacer todo igual pero más rápido», advirtió Mayans en referencia a una frase que Macri pronunció como autocrítica durante un diálogo con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, y asegurando que desde el propio frente todavía «queda un largo camino» para lograr las metas trazadas en 2019.
Entre las senadoras oficialistas que no acompañaron el proyecto del Gobierno, Silvia Sapag (FdT-Neuquén), argumentó su abstención al sostener que apoya al Gobierno pero que por razones familiares «muy personales» no puede avalar el entendimiento.
Foto: Prensa Senado
María Pilatti, una de las legisladoras más ligadas a la Vicepresidenta, que votó en contra, aclaró que «tener diferencias no significa rupturas» para ahuyentar rumores sobre una fractura del bloque del oficialismo.
Al promediar la tarde, cuando Fernández de Kirchner estaba aún en el estrado, la salteña Nora Giménez aclaró dirigiéndose a la funcionaria: «No voto en contra de su gobierno ni voto en contra de usted como mi Vicepresidenta, voto en contra de la deuda ilegitima que dejó Macri y del Fondo que vuelve a imponer sus políticas para repetir los ciclos de endeudamiento».
María Eugenia Catalfamo (San Luis) justificó su voto en contra al señalar que «no es en contra de nuestro gobierno» y calificó a la toma del préstamo por parte del Gobierno de Cambiemos como «la mayor estafa que sufrió» la Argentina.
Entre los discursos más duros desde la oposición, el del senador radical Martín Lousteau despertó críticas del oficialismo después de que se refirió a la fuga de capital de la que acusan al gobierno macrista y mencionó causas judiciales que vinculó con la Vicepresidenta. También dijo que había que apoyar el acuerdo porque no hacerlo sería «catastrófico».
Foto: Florencia Downes
El radical cordobés Luis Juez dijo en su exposición que «nunca» pensó en que su primera votación en el Senado iba a ser «para acompañar a este Gobierno», celebró que un acuerdo con el FMI haya sido puesto a consideración del Congreso «por primera vez» y afirmó que la dirigencia política «fracasó» en el país por discutir «recurrentemente» el mismo tema.
La habilitación de la sesión sobre tablas, que requería de los votos positivos de los dos tercios de los presentes, fue facilitada por la oposición, ya que el dictamen obtenido el martes en la comisión de Presupuesto y Hacienda no obtuvo los siete días desde su publicación, tal como establece el reglamento.
El proyecto había recibido media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser tratado por el directorio del FMI para recibir la luz verde definitiva para el acuerdo.
El Gobierno de Javier Milei ordenó actualizar la tasa de seguridad de la aviación fijada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a partir del 28 de mayo. El cambio repercutirá en el precio de los vuelos, tanto a destinos nacionales como internacionales, luego del incremento generado por la guerra en Medio Oriente.
Los pasajes de avión tendrán un incremento en el sobrecargo que impactará de forma directa sobre los valores que pagan los pasajeros. Se trata del gravamen destinado a la seguridad y tecnología en aeropuertos.
La medida fue oficializada este martes a través de la resolución 258/2026, publicada en el Boletín Oficial, cuyo anexo indica que, a partir de la actualización, la tasa tendrá un incremento tanto para los vuelos de cabotaje como para los regionales e internacionales.
Cuánto aumentará la tasa de seguridad aeroportuaria
A partir del 28 de mayo, los pasajes emitidos para vuelos locales registrarán el aumento en la tasa de $20 a $6500. Para los regionales, subirá de u$s4,42 a u$s5 y para los destinos internacionales se incrementará de u$s8 a u$s9. La actualización se trasladará directamente al precio que abonan los pasajeros.
La actualización responde a la necesidad de una “revisión” de la tasa debido a la “desactualización de los valores tarifario vigentes” que desde 2016 no registra un incremento, según argumenta el organismo en la resolución. Pero también a “la magnitud de las inversiones requeridas” para la implementación de medidas de seguridad.
Aumenta la tasa de seguridad aérea
Según explicaron, la tasa tiene por objetivo financiar la seguridad y tecnología en aeropuertos. Entre los principales destinos de los fondos se destacan:
-La modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) con la provisión de equipamiento especializado.
-Mejora de la infraestructura vinculada a la seguridad operacional.
-Incorporación de tecnología y sistemas para optimizar la supervisión y el control.
-La capacitación continua del personal.
-La mejora en los procesos de fiscalización, certificación y vigilancia.
El precio de los pasajes en aumento por la guerra en Medio Oriente
El aumento de la tasa tiene lugar en un contexto de incremento del precio en los pasajes debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según un análisis de Transport & Environment, el encarecimiento del petróleo elevó significativamente los costos del combustible para aviones, lo que se traduce en aumentos concretos en los precios de los vuelos.
El informe revela que el costo del combustible por pasajero en vuelos de larga distancia desde Europa aumentó en promedio 88 euros (unos u$s104), mientras que en los vuelos dentro del continente la suba ronda los 29 euros por persona. Se trata de un salto relevante si se tiene en cuenta que el combustible es uno de los principales componentes del costo operativo de las aerolíneas.
En ese contexto, Aerolíneas Argentinas anunció el mes pasado que comenzó a aplicar temporalmente un recargo por combustible en el precio de sus pasajes como consecuencia del aumento reciente del precio del petróleo, derivado de la guerra en Medio Oriente.
Según consignaron fuentes de la empresa a Ámbito, la decisión responde a los movimientos recientes en el precio del barril de crudo, que impactan directamente en el costo del combustible de aviación, uno de los principales componentes de la estructura de gastos de cualquier aerolínea.
El gobernador Elías Suárez anunció durante su mensaje anual, un paquete de medidas destinado a fortalecer el poder adquisitivo de los empleados públicos provinciales, que incluye el pago de sumas extraordinarias y la confirmación del calendario salarial.
Confirmó que los trabajadores de la administración pública percibirán un bono por el Día del Trabajador de $600.000, que estará disponible a partir del 30 de abril. A esto se suma el pago de haberes correspondientes al mes en curso, previsto para los días 28 y 29, respetando el cronograma habitual.
Además, el mandatario también anuncio la implementación de un bono aguinaldo por un total de $1.200.000, que será abonado en dos tramos iguales de $600.000 durante los meses de junio y julio.
Por otra parte, se ratificó la continuidad del bono de fin de año, el cual se pagará en tres cuotas, aunque el monto será definido y anunciado más adelante.
Al referirse al alcance de estas medidas, Suárez subrayó su impacto directo en la economía provincial, destacando que los recursos destinados a los trabajadores “se transforman en consumo, impulsando el comercio, fortaleciendo a las pymes y generando mayor actividad económica”.
En esa línea, sostuvo que la política salarial no solo apunta a acompañar a los empleados públicos, sino también a dinamizar el mercado interno y sostener el desarrollo productivo en todo el territorio provincial.
El presidente Javier Milei mostró su beneplácito en su cuenta de la red social X, por el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la Ley de Modernización Laboral.
“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. Viva la libertad carajo…!”, expresó el mandamás argentino en el reposteo que hizo, sobre una publicación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Este jueves la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió suspender los efectos de la medida cautelar que había frenado la aplicación de gran parte de la «reforma laboral», devolviendo la plena vigencia a los artículos detenidos hasta que el tribunal se expida sobre el fondo del asunto.
Con esta decisión, adoptada por la Sala VIII, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, el proceso entra en una etapa crucial al quedar a la espera de un pronunciamiento definitivo sobre la validez de los cambios aprobados por el Congreso de la Nación.
La resolución deja sin efecto la medida dictada el 30 de marzo por el juez Enrique Ojeda, que había suspendido 83 artículos de la Ley 27.802, luego de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El tribunal fundamentó su dictamen en lo dispuesto por el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que establece el régimen de medidas cautelares contra el Estado, y consideró que en este caso no existían las condiciones excepcionales que justificarían el mantenimiento de la cautelar mientras se tramita la apelación.
La decisión implica que los artículos suspendidos recuperan vigencia de inmediato, hasta que la Sala VIII de la Cámara del Trabajo resuelva si confirma o revoca la medida cautelar. El dictamen subraya que será el tribunal, el encargado de definir, en función de la entidad institucional del acto, el destino final de la cautelar.