El Poder Legislativo abrió ayer la discusión para rediseñar la regulación sobre el transporte público de pasajeros en Tucumán. Si bien la iniciativa aún tiene forma de borrador, en el oficialismo descartaron la posibilidad de quitarle al Concejo Deliberante de la Capital la potestad de establecer el valor del pasaje de colectivo, como había advertido desde la oposición.

“La Legislatura tiene la intención de elaborar un proyecto integral y de fondo, pero de ninguna manera queremos avanzar sobre poderes constituidos o sobre facultades que son propias (de otros órganos del Estado), como ser el municipio capitalino, que a través de sus concejales fija el precio del boleto a nivel urbano. De ninguna manera se quiere avanzar sobre eso. Es un tema a analizar en conjunto, y tal vez lleve su tiempo”, sostuvo el presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri (PJ), luego de la reunión con sus pares en Labor Parlamentaria.

Convocatoria amplia

El legislador oficialista detalló que la intención del vicegobernador, Osvaldo Jaldo(no participó del encuentro por haber estado a cargo del Ejecutivo), es convocar a funcionarios municipales y provinciales, a ediles y a organizaciones no gubernamentales con injerencia en lo relativo al servicio de colectivos. “Vemos con preocupación que las cuestiones se van solucionando con parches. Tenemos que avanzar definitivamente con un proyecto de ley de fondo, que fije una política de Estado. La población está en vilo ante esta situación, al punto de que la semana pasada hubo varios días de paro”, remarcó el concejal electo.

A las 12.30, cuando finalizó el encuentro legislativo, la conducción nacional de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) aún no había resuelto la medida de fuerza de 48 horas para hoy y para mañana (ver nota aparte). Por eso, Juri había dado a conocer que la Provincia, a través de un anticipo de los subsidios que otorga a la Asociación de Empresas del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), había posibilitado el pago del 30% de los haberes correspondientes a junio que se adeudaba a los choferes. “Pero son parches, lógicamente”, insistió el dirigente peronista.

La comisión de Labor Parlamentaria retomará el debate el martes próximo, a las 11.30. En paralelo, el comité legislativo de Transporte y Servicios Públicos, que preside el oficialista Luis Morghenstein, convocará a representantes de distintos sectores para contar con más elementos de trabajo, detalló Juri. De esta forma, se podrá resolver el criterio a tomar sobre cuestiones puntuales; entre ellas, si Aetat seguirá a cargo de la administración de los subsidios por unos $ 130 millones que gira el Estado provincial todos los meses para las empresas que integran el sector. “Es parte de lo que tenemos que analizar para elaborar el proyecto. Hay que escuchar a los empresarios, al gremio de los choferes y a los ciudadanos, a través de las distintas ONG, para tener un análisis global de la situación”, indicó el peronista. Advirtió que están analizando modelos ya implementados en otros distritos, como Salta o Mendoza. “Necesitamos la participación de todos los sectores”, manifestó el oficialista.

Por mesa de entradas de la Legislatura pasaron distintos proyectos referidos al servicio de ómnibus. Algunos aún están pendientes de tratamiento, como la propuesta de declarar “esencial” la prestación del transporte (elevado por José Canelada y Adela Estofán) o para instar al Gobierno nacional “a la urgente resolución del conflicto” en el sector (firmado por la alperovichista Silvia Rojkés).

De todos modos, hubo propuestas que fueron sancionadas, aunque no surtieron el efecto deseado.

Un ejemplo de ello es la resolución propuesta por el radical Rubén Chebaia, aprobada en diciembre pasado, para que la Dirección de Estadísticas de la Provincia “recupere” la práctica de “elaborar informes sobre el transporte de pasajeros por líneas regulares del servicio urbano e interurbano”, relativos a 2018 y 2019.

Según la contestación oficial, firmada por el director de Estadísticas, Raúl García, la repartición “podría retomar la elaboración” de esos documentos. “Sin embargo, a pesar de la intención de retomar la práctica, nuestra repartición no cuenta en la actualidad con los recursos físicos y humanos para hacer frente a la tarea”, aclaró el funcionario en el texto, fechado el 21 de marzo de este año. Y agrega: “sería indispensable, para poder efectuar (dicha labor), que la Honorable Legislatura de la Provincia provea los fondos necesarios para afrontar la ejecución de al encuesta, y esta manera contar con los recursos necesarios”. De esta manera, quedó descartada por el momento la confección de esos informes por parte de esa repartición.

Fuente La Gaceta