Después de la reunión con Manzur, Chalha mantuvo un encuentro con ediles peronistas
La jefa municipal se reunió con el presidente del Concejo Deliberante y miembros del bloque oficialista, para intensificar el trabajo territorial en beneficio de los vecinos. La intendenta destacó la importancia del acompañamiento de los ediles en problemáticas como la emergencia hídrica y la regularización del uso de aplicaciones de transporte público. Visita protocolar del senador Manzur.
Con el fin de fortalecer el trabajo territorial y encarar una agenda conjunta en beneficio de los ciudadanos de San Miguel de Tucumán, la intendenta Rossana Chahla se reunió con miembros del Honorable Concejo Deliberante de la capital, quienes estuvieron encabezados por su presidente Fernando Juri.
De la audiencia, que se realizó este martes en el Palacio Municipal de 9 de Julio y Lavalle, participaron los ediles Ernesto Nagle, Gonzalo Carrillo Leito, Facundo Vargas Aignasse, José María Franco, Hugo Andina Lizárraga y Eduardo Molina, que integran el bloque oficialista. Este tipo de reuniones continuarán periódicamente con todos los concejales del cuerpo deliberativo, anunciaron la jefa municipal y el presidente del HCD.
“Invitamos a todos los concejales capitalinos en un trabajo en conjunto, articulado, que ya veníamos haciendo, pero muchas veces la agenda no nos permitía esta asiduidad. Ahora periódicamente estamos trabajando en una agenda en común que es muy interesante y que tiene que ver con mayor territorialidad”, indicó la intendenta Chahla, quien valoró la “gran recepción y acompañamiento del presidente y los concejales que tienen un gran conocimiento del territorio”, para abordar “temas comunes de cercanía con la gente que hoy reclaman”.
La jefa del Ejecutivo municipal explicó que junto a los concejales capitalinos, en calidad de dirigentes y referentes políticos, la Intendencia buscará consolidar acciones tales como el programa Somos Más en Territorio (SMT) que acerca los servicios de la comuna capitalina a los barrios. También se reforzarán las tareas de relevamiento y diagnóstico participativo de los vecindarios, que permiten recolectar datos para evaluar las prioridades de los ciudadanos y las problemáticas de cada barrio y planificar las soluciones que necesitan.
“Tenemos más de 150 barrios ya evaluados en San Miguel de Tucumán, con algunas acciones que articulamos. Muchas cosas que faltan también, porque este es un camino que empezamos a recorrerlo juntos estos 18 meses, pero en una ciudad que necesita cada vez más cosas”, sostuvo Chahla.
La intendenta precisó que este diagnóstico de los barrios permitió detectar, por ejemplo que “la gente hoy reclama regularización dominial, pavimento, cordón cuneta, vereda, poda, bacheo, pero también reclama problemas de cloacas, de agua”, entre otras dificultades que requieren un trabajo en conjunto con el Gobierno Provincial.
“Creemos que las soluciones vienen de las manos de todos juntos: Municipio y el Concejo que nos da la parte legal para poder trabajar”, señaló.
En ese sentido, durante la reunión dialogaron sobre la necesidad de que el Concejo Deliberante de la capital declare la emergencia hídrica en la capital tucumana, para hacer posibles inversiones en materia de obras hidráulicas, en el marco de un Plan de Contingencia ante Inundaciones que está elaborando la Municipalidad.
“Estamos hablando de una emergencia hídrica y de la importancia de encarar de una vez por todas el problema de las inundaciones en San Miguel de Tucumán, con obras a corto, a mediano y a largo plazo. Algunas se pueden hacer con fondos municipales y otras va a ser imposible si no son fondos internacionales”, expresó la intendenta Chahla.
La jefa municipal ponderó el compromiso del presidente del Concejo Deliberante y de los ediles del bloque oficialista de acompañar y apoyar en las decisiones. “Hay tantos caminos que tenemos que recorrer juntos, hay tantas cosas por hacer, que uno tiene que priorizar y en esa priorización el Concejo Deliberante, con la territorialidad de sus concejales, con la experiencia nuestra de 18 meses trabajando juntos, hoy nos hacen encontrar puntos en común y caminos en común”, acentuó.
Fernando Juri celebró la invitación de la alcaldesa, que se hará extensiva a los concejales opositores. “Es sumamente necesaria y es el camino que vamos a continuar. Hoy hicimos una reunión con el bloque oficial y hemos coincidido con la Intendenta en que hay que hacer una reunión con aquellos concejales que forman parte de la oposición pero que sin duda acompañan la gestión y no anteponen cuestiones políticas a la necesidad de la gente”, subrayó el presidente del Concejo Deliberante.
Proyecto para regularizar aplicaciones de transporte público
Otro de los temas abordados durante la audiencia fue el del transporte público y el uso de aplicaciones para trasladarse. “Las plataformas tienen que estar abiertas para todas las personas que quieran trabajar siempre y cuando se categoricen y cumplan los requisitos de los estándares de calidad, sobre todo para tener seguro el ciudadano”, puntualizó Chahla en referencia a esta temática.
“Ya hay provincias que las regularizaron, como Mendoza y Salta. Nosotros vamos en ese camino, no podemos mirar para atrás”, afirmó, al tiempo que informó que la Intendencia, al igual que otros concejales, presentó un proyecto de ordenanza para regularizar el uso de estas aplicaciones en San Miguel de Tucumán.
“Queremos solucionar el tema de la gente, que es cómo llegar al lugar que quiere, de la mejor manera posible. En algunos lugares no se aplica ningún impuesto, pero si nosotros usamos nuestra ciudad, nuestras calles y todo lo demás, yo creo que vamos a tener que sentarnos a poder negociar de la mejor manera posible para que esto no le llegue al ciudadano, la suba”, analizó la intendenta.
“Lo que queremos dar es una solución integral a la problemática y eso es lo que hablamos con la Intendenta”, manifestó Fernando Juri frente a este panorama, al que calificó de “sumamente complejo”.
El presidente del Concejo Deliberante capitalino señaló que la intención es “buscar puntos de coincidencia para lograr el mejor consenso y que cada uno de los sectores se sienta más contenido y conforme con la resolución” a la que se llegará.
“Nos tenemos que poner de acuerdo con el Ejecutivo Municipal para que todo salga en conjunto y en forma mancomunada. No se quiere dejar a nadie sin trabajo, queremos que todos trabajen, hay una necesidad laboral en estos momentos, pero lógicamente dentro de la ley”, declaró Juri.
Reunión protocolar con el senador Juan Manzur
Tras la reunión con los concejales, la intendenta Chahla también hizo referencia a la visita protocolar que recibió el lunes del senador nacional y ex gobernador Juan Manzur.
“Hablamos de la gestión, de la situación macroeconómica, económica, social de Tucumán, de cómo hemos trabajado en esta gestión, las cosas por hacer, lo que falta por cumplir, porque en situaciones y momentos difíciles es mucho más complejo poder llevar a cabo una gestión, sobre todo municipal, que es un gobierno local, donde el contacto con el vecino es inmediato y la respuesta también”, reflexionó la jefa del Gobierno de la ciudad.
Chahla comentó que también expuso al senador nacional el avance en distintas políticas educativas y sanitarias que lleva adelante el Municipio, como lo demuestran la apertura del Centro de Tartamudez y de la Casa Azul para atender a personas dentro del trastorno del aspecto autista, entre otras acciones. “Es lo que pensamos dentro del peronismo: defender todas esas cosas que a nosotros nos parecen importantes, como la educación y la salud, las universidades, todo eso que significa el coliseo, las investigaciones”, manifestó la intendenta.
Por último, Chahla afirmó que con el gobernador Osvaldo Jaldo como conductor, “es momento de sentarse trabajar todos juntos por unidad del peronismo”.
El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó que los extranjeros no residentes deberán pagar la atención no urgente en los hospitales nacionales. Se trata de una medida derivada del DNU 366/2025, que introdujo cambios en la Ley de Migraciones.
La nueva resolución indica que si la persona cuenta con un seguro de salud, el hospital podrá facturarle el costo a la aseguradora. En cambio, si no tiene cobertura, deberá abonar el servicio antes de recibir la atención. Esta decisión se formalizó en el Boletín Oficial y en el llamado “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional”.
La atención de emergencias seguirá garantizada para todas las personas independientemente de su situación migratoria, y no podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos.
Se entiende por emergencia toda situación que represente un riesgo real e inminente para la vida o las funciones vitales, como infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos de gravedad, hemorragias importantes y urgencias obstétricas, pediátricas o neonatales.
Una vez resuelta la emergencia, las atenciones subsiguientes podrán ser cobradas al paciente o a su compañía de seguros, según corresponda.
Los residentes permanentes conservarán el acceso al sistema de salud nacional en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos, con DNI vigente que acredite esa categoría. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cabe recordar que los residentes permanentes acceden al sistema de salud nacional en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos, presentando su DNI.
La resolución establece un procedimiento uniforme para los hospitales nacionales y fija pautas precisas para el recupero de los costos por la atención a extranjeros no residentes, garantizando la asistencia inmediata ante emergencias y el acceso para quienes poseen residencia permanente.
La norma también unifica el procedimiento para todos los establecimientos asistenciales dependientes del Estado nacional. El objetivo declarado es estandarizar los flujos administrativos y financieros sin alterar la obligación de asistir de inmediato cuando exista una urgencia médica.
El procedimiento fija que las emergencias deben atenderse de inmediato y sin demoras administrativas, mientras que la atención habitual quedará sujeta a la acreditación de residencia permanente, a la presentación de un seguro de salud suficiente o al pago previo del arancel correspondiente.
La norma también ordena que, cuando exista cobertura, el hospital notifique el ingreso a la aseguradora dentro de las primeras 24 horas, emita una factura electrónica de exportación de servicios y otorgue a la compañía un plazo de 45 días corridos para transferir el dinero a la cuenta oficial del efector. Si ese plazo vence sin pago, prevé el inicio de acciones judiciales de cobro.
El texto exceptúa de cualquier restricción administrativa toda prestación destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de cuadros con riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o para una función.
La lista incluye paro cardiorrespiratorio, insuficiencia respiratoria aguda grave, obstrucción de la vía aérea, shock en cualquiera de sus formas, síndrome coronario agudo, infarto, accidente cerebrovascular, convulsiones persistentes, traumatismos graves, hemorragias masivas, quemaduras extensas, sepsis, intoxicaciones agudas, abdomen agudo quirúrgico, ruptura de aneurisma, emergencias obstétricas y cuadros pediátricos o neonatales con compromiso respiratorio, circulatorio o neurológico.
También incorpora una cláusula de resguardo para los casos dudosos: si al momento del ingreso no está claro si el cuadro encuadra en una emergencia, debe prevalecer el criterio de brindar atención sanitaria inmediata hasta que el profesional responsable determine lo contrario. El procedimiento agrega que las actuaciones administrativas no podrán demorar ni condicionar esa evaluación inicial.
La clasificación entre emergencia y atención habitual
La determinación de si una prestación integra el universo de atención urgente o si corresponde a una atención sanitaria habitual será competencia exclusiva del profesional de la salud a cargo del paciente. Esa definición ordena todo el circuito posterior: acceso inmediato sin requisitos previos en un caso, o verificación documental y cobro en el otro.
En la etapa de recepción, toda persona extranjera que solicite atención debe ser admitida por el establecimiento e incorporada al circuito correspondiente. Si invoca la condición de residente permanente para acceder al sistema público en igualdad de condiciones que un ciudadano argentino, deberá exhibir el DNI físico para extranjeros vigente, con la categoría “residente permanente” expresamente consignada.
Si ese documento estuviera extraviado o en renovación, se admitirá en forma temporal la constancia digital de residencia permanente en trámite emitida por la Dirección Nacional de Migraciones a través del sistema Radex, junto con el pasaporte vigente o el documento de identidad del país de origen. Cuando el paciente no acredite esa condición migratoria, el hospital deberá verificar si presenta un seguro de salud válido que cubra la prestación o si cancela antes el arancel.
La verificación de la cobertura no se limita a su existencia formal. El establecimiento debe comprobar su vigencia y alcance, y si resultara insuficiente para cubrir el costo de la práctica requerida, el paciente podrá pagar la diferencia o el valor total de la prestación.
Las prestaciones programadas
Para consultas, estudios o intervenciones programadas de pacientes extranjeros sin cobertura, el procedimiento establece una secuencia cerrada. Primero, el área de facturación debe calcular el costo total según el nomenclador vigente de la institución; después, el paciente debe abonar el 100% del valor presupuestado en las cajas habilitadas, mediante los medios de pago autorizados o en efectivo en moneda de curso legal.
Una vez hecho el pago, la tesorería emitirá un comprobante que será el único documento válido exigible por el personal médico o técnico para realizar la prestación programada. El texto dispone además que los valores aplicables serán los definidos por el nomenclador de prestaciones vigente de cada institución.
Para los extranjeros con seguro, el hospital deberá abrir un legajo de facturación con copia legible del pasaporte o DNI extranjero y de la tarjeta de asistencia viajera, póliza o voucher. Ese expediente también deberá incluir una declaración jurada de cobertura internacional firmada por el paciente o su acompañante responsable, con autorización para el cruce de datos con la aseguradora, además de la denominación social de la empresa, número de póliza, teléfono internacional de emergencias y correo electrónico corporativo de autorizaciones.
Al egreso del paciente, la dirección de auditoría médica del efector emitirá un resumen de la historia clínica y el detalle de las prácticas realizadas según los valores fijados. Con esa documentación, el establecimiento emitirá la factura electrónica de exportación de servicios a nombre de la compañía aseguradora, expresada en moneda nacional.
El Ministerio de Salud reglamentó que los extranjeros no residentes paguen la atención no urgente en los hospitales nacionales, en línea con el DNU 366/2025 y la Ley de Migraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)
El procedimiento diferencia la atención urgente del tramo asistencial que sigue a esa instancia. Cuando un paciente haya ingresado por una de las situaciones de emergencia previstas y luego quede estabilizado, el área de facturación deberá consolidar todos los gastos generados desde el cese de la emergencia hasta el momento del alta clínica.
Esa deuda deberá ser notificada formalmente al paciente o a su apoderado legal, y el hospital deberá ofrecer una instancia de pago inmediata dentro del establecimiento. El criterio general de interpretación, de todos modos, ordena que cualquier duda en la aplicación del régimen se resuelva garantizando en primer término el acceso inmediato a la atención de las emergencias y el cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 25.871.
La medida añade obligaciones de control interno: toda la documentación respaldatoria deberá incorporarse a la historia clínica o al expediente administrativo y conservarse conforme a la normativa vigente. Los establecimientos, además, deberán implementar mecanismos de auditoría para verificar la correcta clasificación asistencial, la percepción adecuada de aranceles y las acciones de recupero de costos.
La disposición también exige capacitación para el personal de admisión, facturación, auditoría y asistencia sanitaria. Cada establecimiento podrá dictar instructivos internos complementarios, siempre que no modifiquen los criterios fijados por la ley migratoria ni por el propio procedimiento.
Un juez federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo y ordenó la reparación integral de los tramos de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López en Santa Fe.
El Juzgado Federal ordenó al Estado Nacional la inmediata y urgente reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, en la provincia de Santa Fe, al considerar acreditado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento.
La decisión fue adoptada por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, en el marco de una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La demanda había planteado la necesidad de reparar las rutas para garantizar la seguridad y la libre circulación de quienes las utilizan.
El magistrado señaló que el estado de las rutas requiere una intervención urgente y destacó que la propia documentación de Vialidad permitió comprobar el deterioro existente.
En particular, sobre la Ruta Nacional 33, el fallo menciona la presencia de “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos”, que implican “un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios y usuarias”.
El juez concluyó que las distintas reparticiones encargadas de los corredores viales “han incumplido con los deberes mínimos de mantenimiento y conservación”, situación que, según señaló, genera un peligro para quienes circulan por ellos.
Uno de los elementos que tuvo en cuenta el magistrado: la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido el estado crítico de la Ruta 33.
Según surge del fallo, una nota elaborada por autoridades del Distrito Santa Fe de Vialidad sostuvo que “el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención”. Ese diagnóstico dio lugar a una licitación que terminó adjudicada a la empresa Rovial S.A.
Sin embargo, las obras no pudieron completarse. La empresa realizó trabajos de bacheo en una parte de la ruta, pero luego las tareas quedaron paralizadas debido a que no fueron autorizadas las partidas presupuestarias necesarias para continuar.
El juez también señaló que Vialidad realizó trabajos mínimos de bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy, pero consideró que esas intervenciones resultaron insuficientes frente a la magnitud del deterioro.
De hecho, el expediente contiene fotografías aportadas por la propia DNV que permitieron observar el estado de la calzada.
El fallo remarca que las tareas realizadas “no resultan suficientes para atender la gravedad del estado en el que se encuentra la Ruta Nacional N°33”.
Respecto de la Ruta 7, el juez sostuvo que se realizaron algunas tareas de bacheo, pero que “no se encuentra acreditado de forma plena que se hayan realizado obras y/o tareas de mantenimiento sostenidas en el tiempo sobre la totalidad del tramo” que atraviesa General López.
En cuanto a la Ruta 8, el fallo señala que la propia DNV había labrado 55 actas de constatación por incumplimientos contractuales de Corredores Viales, además de realizar reiteradas comunicaciones para intentar corregir las deficiencias detectadas.
El juez remarcó que la empresa solo había acreditado tareas sobre los kilómetros 359 a 362, lo que, según concluyó, no alcanzaba para cubrir las necesidades del corredor en materia de seguridad vial y mantenimiento de la calzada.
Por eso, rechazó el argumento de Corredores Viales de que sus obligaciones no incluían la repavimentación.
El magistrado aclaró que la empresa sí tenía obligaciones vinculadas con “la mejora, reparación y mantenimiento” de las rutas 7 y 8 y que, de acuerdo con las pruebas del expediente, había incumplido esas obligaciones.
El Estado no puede desligarse por el cambio de concesionarias
El juez remarcó que el Estado Nacional no puede desentenderse de la reparación argumentando que determinadas rutas están concesionadas o que las empresas responsables están cambiando.
El fallo fue dictado en un momento en que avanzaban nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. La Justicia consideró que esa situación no podía convertirse en un obstáculo para garantizar la seguridad de los usuarios.
En ese sentido, el juez sostuvo que la distribución interna de competencias no puede impedir la protección efectiva de los derechos comprometidos.
Por eso estableció que la reparación deberá ser cumplida por el Estado Nacional, directamente a través de Vialidad o del organismo que en el futuro tenga esas competencias, o mediante las empresas concesionarias correspondientes.
La eventual intervención de las concesionarias no modifica la responsabilidad estatal de garantizar que la orden judicial se cumpla.
“Una situación de peligro” para los usuarios
Para el juez, el deterioro de las rutas no constituye solamente un problema de infraestructura. Está directamente relacionado con derechos fundamentales.
En la sentencia se señala que el amparo busca proteger derechos como la libre circulación, la salud, la vida y la seguridad vial frente a las omisiones vinculadas con el mantenimiento de las rutas.
Además, el magistrado consideró que el mal estado de las calzadas constituye un hecho público y notorio para los habitantes y usuarios habituales de la región.
Las pruebas incorporadas al expediente, agregó, evidencian “el grave estado de deterioro de la cinta asfáltica” y la falta de acciones suficientes de conservación y mantenimiento en los sectores concesionados.
En la parte resolutiva, el juez rechazó los planteos de falta de legitimación formulados por Corredores Viales S.A. y por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Luego hizo lugar al amparo y ordenó la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 33, 7 y 8 para lograr su “transitabilidad plena” en el departamento General López.
La orden alcanza al Estado Nacional, que deberá garantizar las obras a través de Vialidad, del organismo que eventualmente la reemplace en esas funciones o de las empresas concesionarias que correspondan. /Ambito
El Gobierno admitió que usa fondos destinados a rutas para buscar el equilibrio fiscal
El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de los recursos del SisVial es utilizada por Economía con ese objetivo. El fideicomiso recaudó más de $1,5 billón desde 2024, pero solo una cuarta parte fue destinada a obras viales.
El Gobierno reconoció que utiliza parte de los fondos que por ley están destinados a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas nacionales para contribuir al equilibrio fiscal.
La admisión estuvo a cargo del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien confirmó que el Ministerio de Economía dispone de una parte de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), el fideicomiso que se financia principalmente con una porción del impuesto a los combustibles líquidos y que tiene un destino específico para obras viales.
“Una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, afirmó Ravier durante una entrevista con El Diario de La Pampa.
El funcionario evitó precisar qué porcentaje de los recursos recaudados se destina efectivamente al mantenimiento de las rutas.
“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas”.
Ravier, quien visitó La Pampa, defendió al mismo tiempo el estado de las rutas y sostuvo que existe mantenimiento por parte de Vialidad Nacional.
“Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo”.
Más de $1 billón quedó sin aplicar a obras viales
La declaración se produjo después de que se conociera que el Gobierno de Javier Milei recaudó más de $1,5 billón a través del SisVial desde 2024, pero destinó una porción significativamente menor a obras viales.
Poderejecutivo
Según la información difundida previamente, hasta fines de mayo de 2026 se habían ejecutado $394.406 millones sobre un total de $1.503.252 millones recaudados, lo que representa apenas una cuarta parte de los recursos.
De esta manera, más de $1 billón permanecía sin ser aplicado a obras viales al cierre del período analizado. El dinero se encontraba principalmente colocado en inversiones financieras, como plazos fijos y títulos públicos, además de recursos inmovilizados en una cuenta corriente.
El SisVial fue creado para financiar específicamente la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional. El Ministerio de Economía es su autoridad de aplicación y el Banco Nación actúa como fiduciario.
La ejecución cayó nuevamente en 2026
Los datos muestran además una marcada subejecución de los recursos desde el inicio de la gestión de Milei.
Durante 2024 se recaudaron $360.238 millones, de los cuales se ejecutaron $40.668 millones, apenas el 11,3%. En 2025 se aplicaron $270.592 millones de los $692.514 millones recaudados, equivalente al 39%.
Entre enero y mayo de 2026, en tanto, se recaudaron $450.500 millones y se ejecutaron $83.144 millones, apenas el 18,5%.
En total, la tasa de subejecución del SisVial desde el inicio de la actual gestión alcanza el 73,8%.
Al cierre de mayo, el fideicomiso tenía $1.038.779 millones que no habían llegado a obras viales, entre más de $1 billón colocados en instrumentos financieros y otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente.
La revelación vuelve a poner bajo la lupa el destino de los recursos del SisVial y, a partir de la propia explicación oficial, el uso de fondos con asignación legal específica para contribuir al objetivo de equilibrio fiscal.
