Luego de tres audiencias (realizadas los días jueves 27 y viernes 28 de febrero), el Ministerio Público Fiscal a través de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos IV del MPF continúa tras los pasos de una organización criminal que se dedica a interceptar a tours de compras con conexiones en otras provincias (Jujuy, Buenos Aires y Santa Fe).
Uno de ellos de 43 años se desempeñaba como personal policial en el GUM de Tafí Viejo. Ahora su pareja, de 40 años, también quedó acusada de conformar una asociación ilícita. De esta manera ya son cinco los acusados (de 33 años y 42 años). En tanto, un sexto (Héctor Hugo Suárez de 47 años) fue condenado a cuatro años y cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo mediante un juicio abreviado por el delito de robo doblemente agravado por ser cometido en despoblado, en banda y con armas de fuego, en calidad de partícipe secundario, ocurrido el 27 de agosto del año pasado en la entrada de El Cadillal sobre Ruta Nacional 9.
“Se trató de un hecho sumamente violento en el cual los autores del hecho utilizaron armas de fuego, al menos tres, para disminuir las capacidades defensivas de las víctimas. Fueron cinco al menos los que abordaron el colectivo donde se encontraban las víctimas. Por otro lado, se tuvo en cuenta la magnitud del daño causado el cual es de gran envergadura teniendo en cuenta el dinero y los bienes que los autores sustrajeron”, indicó el fiscal Diego Hevia sobre los agravantes que se tuvieron en cuenta. Este ilícito fue el disparador de la investigación que permitió dar con el paradero de los otros involucrados (ver abajo).
Asunto complejo
Previo al dictado de la prórroga de la prisión preventiva por 88 días (cuyo vencimiento operara el 27 de mayo para que coincida con lo dispuesto a la mujer), el Fiscal solicitó el tratamiento de la causa como asunto complejo.
“Es una causa que viene avanzando desde agosto del año pasado. Tenemos una infinidad de teléfonos secuestrados y ya hemos analizado dos legajos que se tramitaban en paralelo y se los unificó. Del análisis de las escuchas nos restan más de 70 CDs (contabilizando un total de 140 CDs). Corresponde el tratamiento de asuntos complejos por la pluralidad de víctimas (hasta el momento son 13) y la cantidad de imputados. Buscamos combatir la criminalidad organizada, estamos hablando de una banda con una logística que es interjurisdiccional, es decir, intervienen en Tucumán, Jujuy, Buenos Aires y Santa Fe. Ya se realizaron múltiples allanamientos en ésta última provincia para dar con el paradero de dos prófugos con resultados negativos”, afirmó el representante del MPF. “Nos llamó la atención que un miembro de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Tafí Viejo, al cual se le recomienda el cuidado del vecino, se dedicaba a armar tumberas y alquilar armas”, añadió.
La banda
Según la Fiscalía, desde el año 2024 y hasta el mes de enero de 2025, dentro del territorio de nuestra provincia de Tucumán y en diversas jurisdicciones, los imputados y otros que permanecen prófugos, previo acuerdo de voluntades, división de tareas y de roles asignados a cada uno, desempeñándose uno de ellos como jefe y el resto como miembros de la organización, fue que en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a conseguir beneficios patrimoniales y económicos mediante el ataque a colectivos con pasajeros que viajaban a diferentes provincias.
De esta manera, los integrantes se encargaban de obtener información del horario de salida y destino, trayecto y cantidad de pasajeros que llevarían los colectivos, para luego proporcionársela al jefe quien se comunicaba telefónicamente con la femenina, de 40 años, siendo que ésta le proporcionaba información y elementos de Gendarmería, como ser uniformes completos de gendarmes, sin la correspondiente autorización legal para la tenencia y/o portación de las mismas, para luego enviárselos a la provincia de Santa Fe a fines de ser utilizados por el resto de los miembros. A su vez, colaboraba con el ocultamiento o destrucción de evidencias, ofreciéndose a hacerse pasar por pasajera de los colectivos. La banda no solo se limitaba a la planificación y perpetración de robos de colectivos interjurisdiccionales, sino también a delitos que afectaban la seguridad pública y la libertad individual.
El hecho inicial
Según la teoría del caso, el 27 de agosto de 2024, alrededor de 23 pasajeros, viajaban a bordo de un micro de larga distancia con destino a la ciudad de Aguas Blancas, Salta, para realizar un tour de compras que partió de la terminal de Termas de Río Hondo. A las 00.30 horas, llegando a la entrada de El Cadillal, cerca del control policial de Tapia, dos pasajeros que viajaban en el interior del colectivo exigieron al chofer que detuviera la marcha aduciendo que un familiar se había accidentado en la ruta.
Fue allí que el conductor alertó que estaba siendo perseguido por un automóvil Fiat Siena blanco y se negó a detener la marcha. Ante ello, los dos pasajeros delincuentes sacaron de entre sus ropas armas de fuego, una de las cuales tipo revólver, con la que efectuaron múltiples disparos, obligando al chofer a disminuir la velocidad para facilitar el abordaje de tres sujetos más al colectivo.
Fue así que los seis ladrones (entre ellos el policía del GUM), mediante golpes y amenazas con armas de fuego, empezaron a exigir a los pasajeros la entrega de sus pertenencias. Todo ello, sabiendo que otro cómplice los aguardaba en calle Roca Este y Álvarez Condarco a los fines de repartir el botín (donde llegaron a sustraer alrededor de $10.000.000, celulares, documentación y otros tipos de elementos personales de los viajeros). Cometido el delito, los imputados descendieron del colectivo y emprendieron fuga a bordo de tres automóviles (el advertido por el chofer y dos de color gris).
