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Policiales

Cuando lo llevaban detenido a la cárcel de Benjamín Paz el abogado Morales se descompensó y lo internaron en el Centro de Salud

El mediático letrado tucumano fue acusado en una causa de sedición y la Justicia había dispuesto su prisión preventiva por 30 días.

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La Justicia dispuso que el abogado Gustavo Morales sea sometido a 30 días de prisión preventiva luego de que el Ministerio Público Fiscal lo acusara por desobediencia judicial y agravara su situación procesal tras dejar al descubierto cómo funcionaba un grupo organizado que estaría liderado por el letrado. Su fin habría sido atacar mediáticamente a las instituciones gubernamentales, y en febrero de 2024 habría incentivado al personal policial a realizar una nueva sedición en forma de reclamo por un aumento salarial. Durante su traslado a Benjamín Paz, Morales se descompensó y tuvo que ser internado en el hospital Centro de Salud.

La investigación fue iniciada por la fiscal Mariana Rivadeneira el 24 de febrero de 2024 luego de que el jefe de Policía, Joaquín Girveau Olleta, presentara capturas de pantalla de cuentas y comentarios de la red social TikTok y de mensajes de un grupo de WhatsApp llamado “Sueldo Policial 2024”, advirtiendo sobre un posible levantamiento policial ante el descontento por su condición salarial.

Ante un informe realizado por la División de Delitos Telemáticos, la titular de la Fiscalía de Delitos Complejos solicitó medidas de allanamiento y la detención contra los policías Adrián Chebbib, Walter Federico Moreno, Eduardo Coria y David Graneros, y el civil Carlos Córdoba. Además, según explicó Rivadeneira, al analizar el celular de Coria encontraron mensajes intercambiados con Morales, quien había publicado videos en TikTok aludiendo que la caída del jefe de Policía estaba próxima e incitaba a una huelga policial. Los seis fueron procesados y privados de su libertad mientras avanzaba la investigación de una causa que fue declarada como asunto complejo desde el primer momento.

El legajo fue incorporando evidencias durante el 2024, y el MPF imputó a cinco personas más: Diego Ibarra, Sergio Ponce, Luis Rivadeo, Ramón Cabrera y Raúl Coronel. También se emitieron diversas resoluciones judiciales, entre ellas una dictada el 15 de octubre por el juez Javier Ortega, en la que se le ordenaba a Morales abstenerse de hacer cualquier tipo de referencia pública sobre la vida privada o realizar comentarios indecorosos sobre el ministro fiscal Edmundo Jiménez y su grupo familiar.

Chats comprometedores

En el marco de la investigación, los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) analizaron los celulares secuestrados y encontraron mensajes que fortalecen la teoría del caso de la Fiscalía sobre el accionar de Morales.

Según explicaron Rivadeneira y la auxiliar de fiscal Brenda Deroy, de los datos extraídos se identificó un grupo llamado “Toda la Verdad” -mismo nombre que el perfil de TikTok donde se publicaban los videos-, que habría sido liderado por Morales, y que se “dedicaba a generar campañas mediáticas contra instituciones gubernamentales mediante la creación de videos y mensajes coordinados que podrían promover actividades subversivas”.

Algunos de los mensajes enviados por el abogado, y que más llamaron la atención de las investigadoras, fueron: “hagan una movida grande. ¿Por qué no toman la casa de Gobierno? Y a ver si lo sacan al ministro de Seguridad, sí?”; “¿Van a hacer quilombo por el aumento salarial? ¿O se van a subordinar por estos corruptos?”; “Yo tengo gente que se anima a lo que sea”; “¿Ya los citamos a los salvajes para ahí? ¿A los de la banda narco?”.

De los chats también surgieron los nombres de otras personas que habrían colaborado en la publicación de los videos en TikTok. Uno de ellos es el de su community manager, Ramiro Rigo, a quien el abogado le ordenaba -según la acusación- cómo titular los videos y con qué frecuencia publicarlos. En consecuencia, Rivadeneira lo imputó ayer como partícipe necesario del delito de instigación a cometer sedición.

Desobediencia judicial

La representante del MPF también formuló un nuevo cargo en contra de Morales por haber desobedecido la medida judicial ordenada por el magistrado Ortega. “En un video publicado en Instagram y Facebook el 9 de diciembre manifestó: ‘Se llama Edmundo Jesús Jiménez el principal corrupto de la provincia de Tucumán’. El 16 de diciembre en una entrevista televisiva expresó: “Y eso evidentemente incomoda a un Ministro Fiscal octogenario que no sólo carece de idoneidad moral sino además de reflejo de avanzados años’”, citó la fiscala.

Luego de exponer las nuevas evidencias recolectadas en contra de los 12 imputados, Deroy solicitó que Morales y Rigo fueran sometidos a 60 días de prisión preventiva y que los 10 restantes cumplan medidas de menor intensidad hasta que finalice la instancia de Investigación Penal Preparatoria. El pedido fue respaldado por los querellantes Santiago Xamena y José María Molina, que representan al Gobierno de la Provincia.

Diego Piedrabuena, codefensor de Morales, se opuso a la acusación y a la medida de coerción de mayor intensidad requerida. “Hay una diferencia de trato respecto de cómo lo trata la Fiscalía a Morales y de cómo trata a los otros imputados. Es llamativo porque parece que fuera una revancha, un estate quieto por haber denunciado al Ministro Fiscal la semana pasada”, dijo haciendo referencia al Jury de Enjuiciamiento que presentó Morales contra Jiménez días atrás.

El imputado, que también ejerce su propia defensa, manifestó que fue acusado injustamente. “Toda la Verdad empieza en septiembre de 2023 y eran columnas de opinión diversas para quien las quiera ver. Hasta el año pasado no conocía a ninguno de los policías imputados, ahora tampoco. Tengo las manos limpias y la conciencia tranquila”, declaró.

Luego de nueve horas de audiencia, finalmente el juez Bernardo L’Erario Babot resolvió hacer parcialmente lugar al pedido del MPF y dispuso la preventiva por 30 días para Rigo y Morales y las medidas de menor intensidad para los 10 imputados restantes. Ayer, mientras el abogado era trasladado al penal de Benjamín Paz sufrió una descompensación por lo que tuvo que ser ingresado al hospital Centro de Salud. /La Gaceta

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Murió el policía de 23 años que recibió un disparo de su compañero en una garita

Nicolás Agustín Albaca Romano falleció tras permanecer una semana en terapia intensiva en el Hospital Centro de Salud. El acusado, Benjamín Eduardo Díaz, cumple prisión preventiva y afrontará un cambio de carátula por el desenlace fatal.

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Luego de siete días de agonía en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Centro de Salud, en la capital tucumana, se confirmó el deceso de Nicolás Agustín Albaca Romano, el efectivo de la Policía de Tucumán de 23 años que había recibido un disparo en el tórax por parte de un compañero de la fuerza mientras prestaba servicio en una casilla de guardia.

El joven policía había ingresado al nosocomio en estado gravísimo, con asistencia respiratoria mecánica y severas lesiones en el hemitórax izquierdo con compromiso pancreático. Pese a las intervenciones quirúrgicas y los cuidados médicos recibidos desde su traslado de urgencia, la gravedad del cuadro provocó su muerte en las últimas horas.

Reconstrucción de la madrugada trágica en Charcas y Díaz Vélez

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 0:30 del martes 6 de octubre en la garita policial ubicada en la intersección de la calle Charcas y pasaje Díaz Vélez, en la zona de jurisdicción de la Comisaría Seccional Segunda (Predio Ferial).

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por el fiscal Carlos Sale, dentro de la casilla se encontraba el agente Benjamín Eduardo Díaz (Personal Transitorio Policial de la Dirección de Distritos Urbanos N° 1) posicionado cerca de la puerta. En el exterior de la garita permanecían la víctima, Albaca Romano, junto a los uniformados Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán.

En ese contexto, por razones que se intentan establecer con precisión, se accionó la pistola 9 milímetros marca FN Browning reglamentaria de Benjamín Díaz. El proyectil ingresó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano sin orificio de salida. Tras el alerta de los vecinos, un móvil del Distrito Urbano al mando del subcomisario Cristian del Carril derivó de inmediato al herido hasta el Hospital Centro de Salud.

Cambio de carátula y situación procesal del imputado

En un primer momento, el acusado declaró ante las autoridades que se había tratado de un disparo accidental producido mientras manipulaba su arma de servicio. Sin embargo, en la audiencia de formalización de la investigación celebrada el miércoles 7 de octubre, el auxiliar de fiscal Alejandro Andole le imputó inicialmente el delito de lesiones graves.

En esa misma jornada, el juez interviniente dio lugar al requerimiento del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva para Benjamín Eduardo Díaz hasta el 1 de diciembre, al considerar la existencia de riesgos procesales como peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Ante la confirmación de la muerte de Albaca Romano, la Fiscalía readecuó la imputación penal hacia la figura de homicidio.

Las declaraciones de la defensa: «Lo único que pide es la pronta recuperación de su compañero»

Hace unos días y ante el avance de la causa, los abogados defensores del imputado, José María Molina y Fabrizio Caruso, insistieron en que el hecho debe encuadrarse como una tragedia involuntaria o «una negligencia, quizás». Los letrados expresaron: «Lo único que pide es la pronta recuperación de su compañero», remarcando que Díaz era el principal interesado en que Albaca Romano pudiera recuperarse para declarar cómo ocurrieron los hechos.

En ese sentido, Molina y Caruso destacaron los siguientes puntos en favor del acusado:

  • Sin discusiones previas: Los policías Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán, que se encontraban en el exterior de la garita, declararon que no hubo discusiones ni agresiones previas entre los efectivos.
  • Colaboración con la Justicia: Díaz permaneció en el lugar tras el disparo, entregó voluntariamente su teléfono celular y se sometió al dermotest y dosaje de alcohol.
  • Inexistencia de dolo: La defensa remarcó que, pese a entender el dolor expresado por la familia de la víctima, no existe ningún elemento técnico en el expediente que haga sospechar que el balazo fuera intencional.

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Encontraron sin vida a un alto empleado judicial en Villa Nougués

El extinto se desempeñaba como prosecretario en el Centro Judicial de Concepción.

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Según reportaron fuentes policiales, durante los primeros minutos de éste miércoles, personal policial de Villa Nougués  intervino en una muerte por ahorcamiento en un barranco ubicado sobre ruta 338, a 1 km antes de la Hosteria de Villa Nougues, tratándose de una persona de sexo masculino que en vida se llamaba Eduardo Ricciuti Gallo, de 38 años de edad, quien se desempeñaba como prosecretario de la UF Homicidios 2, del Centro Judicial de Concepción. El automóvil del ex funcionario judicial, se encontraba estacionado a un costado de la ruta.

Inmediatamente se puso en conocimiento a la Unidad Fiscal Homicidios del Centro Judicial de Concepción, en la persona de la Dra. Silvina Ojeda, quien dispuso se de intervencion al Médico de Policía, Criminalística y Laboratorio en el lugar, y que el vehículo quede en calidad de depósito.

Intervino personal de Criminalistica Unidad Regional Oeste realizando tareas de planimetria y fotografia, Personal de Laboratorio realizó levantamiento de muestra. Personal Medico Policía a cargo de la Dra. Marcela Sueldo, quien aconsejó la autopsia del cadáver, ya que se trataba de un lugar complejo, lo cual dificultaba el trabajo de la profesional, siendo avalado por la autoridad Fiscal.

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Persecución termina con una pareja detenida y el secuestro de casi una tonelada de hojas de coca

El operativo policial ocurrió durante la tarde de este lunes en la zona este del Gran San Miguel.

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En un operativo de la División Capital N.º 6 de Delitos Rurales, efectivos policiales secuestraron dos camionetas que transportaban entre 900 y 1.000 kilogramos de hojas de coca, tras una persecución que se extendió por la localidad de Banda del Río Salí y la zona de Cevil Pozo. El procedimiento dejó como resultado la aprehensión de un hombre y la vinculación de una mujer al expediente, además de choques que provocaron daños materiales.

 

 

Durante la persecución, según informaron fuentes policiales, uno de los vehículos impactó contra otro rodado provocando daños materiales; no se reportaron lesiones graves.

El secuestro de casi una tonelada de hojas de coca representa un golpe operativo significativo en la región, aunque las autoridades destacaron que la investigación busca ahora determinar el origen y el destino final de la mercadería, así como la posible existencia de redes que operen en esa franja geográfica.

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