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Política

Denuncia penal contra Milei por asegurar que él tomo la decisión de meter presa a Cristina

El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, explicó en declaraciones a una emisora local que «cuando un presidente dice públicamente que metió presa a una expresidenta, está admitiendo lawfare».

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El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el delito de abuso de autoridad, tras las declaraciones hechas anoche cuando aseguró que el narcoescándalo de José Luis Espert era una operación en su contra como «venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa«.

«Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial», denunció Dalbón al anunciar la presentación de la denuncia penal bajo el artículo 248 del Código Penal.

«Es abuso de autoridad. En la República Argentina el presidente no mete preso a nadie, lo hacen los jueces. Y cuando un presidente dice públicamente que metió presa a una expresidenta, está confesando interferencia judicial y eso en derecho se llama violación a la división de poderes«, sostuvo Dalbón en declaraciones a una radio local.

Además, «violó el artículo 109 de la Constitución el cual dice que el presidente de la Nación no puede ejercer funciones judiciales. Esto es lo que hizo Javier Milei, por eso cuando se atribuye haber encarcelado a Cristina Fernández de Kirchner, no está haciendo política, está admitiendo lawfare».

Entonces, «con este presidente que dice que mandó presa a Cristina, cuánta razón tenía su defensa en el sentido de temor de parcialidad. Esto pavimenta la salida de Cristina por anulación de sentencia, en virtud no solamente de las palabras del presidente, sino también por las irregularidades con los jueces«.

Antes de concluir, Dalbón remarcó que «Milei reconoció que hay un sistema, que es el lawfare, para encarcelar a políticos nacionales y populares. Esto va a recorrer el mundo y todos los organismos nacionales para pavimentar la anulación de la sentencia de Cristina«. Fuente: LV12

Política

Diputados sesiona este miércoles en medio del escándalo de Espert

La oposición buscará sancionar el reparto del impuesto a los combustibles y las restricciones al uso de los DNU. Además, avanzará con la interpelación para Karina Milei y Mario Lugones por el escándalo de la ANDIS.

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Mientras el escándalo José Luis Espert sigue en ascenso, la Cámara de Diputados sesiona este miércoles con un temario que, una vez más, incomoda al gobierno de Javier Milei. En clave electoral, la oposición se prepara para arremeter contra el economista, cuya permanencia en el cuerpo sigue siendo una incógnita, y poner contra las cuerdas al Gobierno con la sanción de dos leyes clave. Por un lado, la que restringe el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU); por otro, la impulsada por los 24 gobernadores, que busca redistribuir el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Por otro lado, se avanzará con una serie de emplazamientos, para forzar los debates en comisión de textos que La Libertad Avanza se niega a tratar. Por un lado, el que tiene que ver con el inicio de una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Esto es luego de que, pese a la insistencia por parte del Congreso a la Emergencia en Discapacidad, el Ejecutivo se negara a asignar las partidas presupuestarias para su cumplimiento. De prosperar el procedimiento, Francos podría ser removido de su cargo.
En tanto, y pese a que Espert renunció este lunes a la comisión de Presupuesto y Hacienda, los bloques de la oposición avanzarán en un emplazamiento para forzar al oficialismo a abrir ciertos días y horas a ese cuerpo de trabajo, para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2016. Así como también, los bloques opositores le pondrán fecha a la firma del dictamen.
Los diputados no quieren que les vuelva a pasar lo del año pasado, cuanso al filo de esa instancia, Espert levantó el debate y jamás se dictaminó el texto. Para lo que resta del año, será “Bertie” Benegas Lynch el encargado de conducir el tratamiento de la “ley de leyes”.

Avanzan las leyes que Milei promete vetar

Además de la seguidilla de emplazamientos, en la sesión convocada por Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Unión por la Patria, los diputados intentarán convertir en ley dos leyes que preocupan a la Casa Rosada.

Por un lado, la ley que limita el uso de los DNU. Desde el año 2006, a raíz de una ley impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner, todo DNU tiene fuerza de ley hasta tanto sea rechazado por ambas Cámaras. Las intenciones de la oposición son que alcance con el rechazo de un cuerpo para que el texto pierda vigencia. Y, lo mismo ocurre si, pasados los 90 días de su oficialización, el Poder Legislativo no se pronuncia al respecto.

Por otro lado, los diputados de la oposición apuntan a sancionar la ley que elimina fideicomisos y le otorga mayor incidencia en la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos a las provincias. Se trata de la iniciativa que impulsaron los 24 mandatarios provinciales ante la negativa de la Casa Rosada de avanzar con obras pendientes y el giro de fondos a sus distritos.

Ambas iniciativas ya cuentan con la media sanción del Senado. Y fuentes de la oposición dan por descontado que ambos textos recibirán el visto bueno en Diputados. De hecho, para garantizarse que los diputados que responden a los gobernadores “afines” al Ejecutivo se levanten de sus bancas o no den quórum, dejaron para el final el del impuesto a los combustibles líquidos.

De todas maneras, el panorama no es del todo auspicioso. Es que, al menos en la tarde del martes, el «poroteo» de los impulsores de la sesión era que las leyes serían sancionadas pero que no alcanzarían la venia de los dos tercios del cuerpo. Número clave si se tiene en cuenta que Milei ya avisó que vetará ambos leyes en caso de ser sancionados. Y, para voltear cualquier veto, se requiere de esa mayoría.

Como fuere, más de un diputado confía en que después del 26 de octubre –cuando se celebren las elecciones nacionales—el país “será otro”. Quizás, post comicios, reúnan esa mayoría agravada y logres echar por tierra el rechazo presidencial.

Capítulo José Luis Espert

Más allá de que Espert haya renunciado a la presidencia de la comisión de Presupuesto luego de que quedaran comprobados sus vínculos con el empresario detenido por narcotráfico Federico Machado, tal cual le venía exigiendo la oposición, se da por descontado que el economista se convertirá en el tema de la sesión.

La oposición, en clave electoral, aprovechará para arremeter contra quien hasta este domingo encabezaba la lista de diputados nacionales de LLA en la provincia de Buenos Aires.

Así mismo, si bien no está incluido en el temario, es probable que UP y Coherencia y Desarrollo intenten colar el proyecto que promueve su exclusión de la Cámara. Se da por descontado que la jugada no prosperará (para incluirlo en el temario se requiere del aval de los tres cuartos de la Cámara). De todas maneras, será una excusa más para “pegarle” al diputado.

La gran duda, en la previa a la sesión, era si el diputado se tomaría o no licencia (de esta manera se ahorraría tener que decir “presente” en el recinto hasta el 10 de diciembre, cuando culmina su mandato). Al menos al cierre de esta nota, era un rumor sin confirmar. Las novedades podrían conocerse este martes por la noche, cuando el bloque que conduce Gabriel Bornoroni se reúna para definir la estrategia de cara a la sesión.

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Política

La fiscalía dictaminó que corresponde que Karen Reichardt encabece la boleta de La Libertad Avanza y no Diego Santilli

El oficialismo, en cambio, pidió que fuera Diego Santilli, que ocupaba el tercer lugar en la nómina, quien ascendiera al primero. Será ahora el juez Alejo Ramos Padilla quien resuelva.

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La fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó hoy que corresponde que sea Karen Reichardt quien encabece en ese distrito la lista de candidatos a diputados de la Alianza La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert.

El oficialismo, en cambio, pidió que fuera Diego Santilli, que ocupaba el tercer lugar en la nómina, quien ascendiera al primero. Será ahora el juez Alejo Ramos Padilla quien resuelva.

La fiscal advirtió que el legislador recurrió a acciones afirmativas para garantizar la igualdad en la representación política de las mujeres y que la paridad que se impuso con ese objetivo nunca puede tomarse como una pauta que perjudique al grupo que se busca proteger.

Según Roteta, Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar y, de ahí en más, debe continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista.

En el Gobierno, en cambio, en su presentación de este lunes sostuvo que Reichardt debe ser desplazada por Santilli con el argumento de que el decreto 171/2019 establece que en caso de que un candidato deba ser reemplazado por renuncia, muerte, incapacidad o inhabilitación, cubrirá su lugar “la persona del mismo género que le sigue en la lista”. La letra del decreto es clara, afirman los libertarios.

 

Pero la fiscal Roteta advirtió que “hacer lugar a la petición de la alianza implicaría desconocer, a criterio de la fiscalía, que las disposiciones del art. 164 del CNE y del decreto 171/19 (art. 7) se tratan de acciones afirmativas y concretas para revertir situaciones de desigualdad estructural de las mujeres en la participación política del país para ocupar cargos electivos, en este caso legislativos».

Roteta citó un voto del camarista electoral Alberto Dalla Vía, que advirtió que “la aplicación directa de la pauta de sustitución por personas del mismo género no puede utilizarse sin considerar su contexto constitucional, las particularidades de cada distrito y, agregamos aquí, las particularidades de cada caso”.

El dictamen de Roteta no es de seguimiento obligatorio para el juez Ramos Padilla. Lo que decida él, después, podrá ser revisado por la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad de los comicios.

La Cámara registra antecedentes en los que aplicó un criterio similar al que sostuvo hoy Roteta. El precedente de Lucila Crexell es un caso que llegó a la Corte. Ella era segunda candidata a senadora nacional por Neuquén y ante la muerte del primer postulante, Horacio Quiroga, se dispuso que lo reemplazara el primer suplente, Pablo Cervi (en las listas de senadores solo hay dos candidatos titulares), pero la Cámara Nacional Electoral revirtió esta decisión y la Corte dejó firme aquel fallo. En primer lugar, la Cámara dijo que se estaba desplazando a una titular por un suplente, pero además advirtió que poner al hombre primero iría en contra del espíritu de la ley de paridad de género.

En su fallo, los jueces dijeron que “la finalidad (espíritu) de la norma es garantizar que haya una paridad entre hombres y mujeres en pos de garantizar una mayor participación de las mujeres en la integración de los cuerpos colegiados”.

Advirtieron en aquel fallo: “Si bien la aplicación estricta de un criterio de paridad pareciera autorizar esa solución, no puede soslayarse que, como se dijo, ello contrariaría -en el singular caso que aquí se presenta- el propósito final de la ley que reglamenta, que es la protección de la mujer en cuanto a las oportunidades efectivas de acceder a cargos públicos electivos”.

“Es decir -advirtió el máximo tribunal de los comicios- que, en el sub examine nos encontramos ante lo que la Corte Suprema ha denominado como ‘una hipótesis de aplicación irrazonable de una norma en un caso concreto’. Es decir, una situación en la que el inconveniente se presenta en la aplicación práctica de la norma que es contraria a su contenido. Un caso contra legem, en el que no se implementa lo que la norma prevé”. / La Nación

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Política

El Gobierno confirmó que autorizará la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Tras el fallo de la Corte Suprema, el Ejecutivo adelantó que cumplirá con la decisión judicial y enviará el expediente a Cancillería para concretar el procedimiento.

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Tras la decisión de la Corte Suprema, el Gobierno asegura que habilitará la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos. El Ejecutivo sostiene que no irá en contra de la decisión del máximo tribunal y que autorizará el procedimiento una vez que el expediente llegue a Cancillería.

“No nos vamos a posicionar en contra de la definición de la Justicia. Machado va a ser extraditado”, expresan en Nación. La Corte ratificó hoy la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén y concedió la extradición a EE.UUU. del empresario acusado por narcotráfico.

Tras la habilitación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Machado -vinculado al diputado José Luis Espert- podrá ser juzgado en el distrito de Texas por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. El fallo manifiesta que la solicitud estadounidense cumple con las normas internacionales de cooperación judicial y que los cargos imputados a Machado están respaldados.

Nación, según la legislación vigente, tiene 10 días hábiles para oponerse a la decisión de la Justicia. “Vencido ese plazo sin que se hubiese adoptado una decisión expresa, se entenderá que el Poder Ejecutivo ha concedido la extradición”, expresa la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal.

La Oficina del Presidente confirmó la posición oficial a través de un comunicado: “El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley“.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se pronunció hoy: “La extradición es un mecanismo que ha llegado hasta la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia. Siempre vamos a cumplir con las instrucciones de la Corte. No tengan la menor duda de que ese va a ser el camino”.

El marco legal actual habilita al Gobierno a rechazar una extradición bajo el argumento de “especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público” u “otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido”.

En el Ejecutivo insisten en que no tienen argumentos ni incentivos para defenderlo. “Aparte, se cargó a un candidato de La Libertad Avanza. No vamos a movernos por él”, expresan en el oficialismo. En la Casa Rosada reconocen que la denuncia contra Espert por sus vínculos con Machado tuvo un fuerte impacto electoral, según las últimas encuestas que recibieron.

Es por eso que el gabinete comenzó a despegarse públicamente del economista luego de que bajara su candidatura. Machado fue imputado por cinco cargos, que abarcan la participación en una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de cocaína, complicidad en la importación ilegal de la droga, asociación ilícita para lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico.

La Corte Suprema rechazó las presentaciones de la defensa del empresario -que fue representado por los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallin- y desestimó sus planteos sobre la falta de “doble incriminación” junto con los cuestionamientos sobre la imparcialidad del juez federal. “La defensa no ha demostrado de qué modo ello pudo afectar los intereses concretos de Machado, o qué derechos se ha visto privado de ejercer por la situación que invoca”, expresa el texto.

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