En primer lugar, desestimó todas las demandas de los fondos por falta de pago, al señalar que no cumplieron los requisitos contractuales para demandar. Aclaró que el fondo fiduciario debe hacer la presentación en nombre de todos los tenedores y no sólo algunos de ellos de forma personal.

Además, desestimó el planteo de los demandantes, que argumentaron que Argentina actuó de mala fe, al apuntar que el INDEC acató la orden de una corte inglesa el año pasado y recalculó las cifras de PBI que confirmaron que en ninguno de esos años se cumplieron las condiciones previstas a la hora de acordar el pago.

Por otro lado, también desestimó las denuncias correspondientes a 2014, 2015 y 2016 ya que el plazo para presentar esos reclamos ya expiró.

De todas formas, Preska, la misma magistrada que resolvió que el Estado debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los ganadores del juicio por la expropiación de la petrolera de bandera de 2012, no aceptó el pedido de Argentina de desestimar los reclamos posteriores a 2016. Explicó que, si bien no cuestiona los cálculos de PBI, un juicio debe resolver si los cálculos estuvieron efectivamente bien hechos y siguen los requisitos contractuales de los cupones.

«Cupón PBI»: cómo surgió la causa

El cupón PBI de la Argentina surgió en 2005, como parte del canje de deuda tras el default de 2001. Se trata de un instrumento atado al crecimiento del Producto Bruto Interno y paga un rendimiento adicional solo si la economía crece por encima de un umbral determinado. Fue emitido junto con los nuevos bonos de la reestructuración (Boden, Discount, Par) y se colocó tanto en jurisdicción local como internacional, incluida Nueva York (EEUU).

En EEUU comenzó a cotizar ese mismo año (2005) como un derivado financiero vinculado al rendimiento económico de Argentina. Su precio fluctuó fuertemente con las expectativas de crecimiento del país. La causa judicial en EEUU por el «Cupón PBI» se generó porque un grupo de bonistas demandó a la República Argentina alegando que el país manipuló los datos del PBI en 2013 para evitar pagar el cupón vinculado al crecimiento económico.

En concreto, Argentina decidió no pagar ese año argumentando que el crecimiento no superaba el umbral establecido en el contrato. Pero los acreedores sostienen que el Gobierno cambió de base de cálculo del PBI (de 1993 a 2004) para simular que no se había alcanzado el crecimiento necesario, cuando con la base original sí se habría activado el pago.