Política
CTERA reportó un acatamiento “altísimo” al paro docente nacional
Capital Humano anunció sanciones por el incumplimiento del servicio mínimo en las escuelas, mientras los gremios reclaman la reapertura de paritarias y mayor inversión en educación.
En un clima de creciente confrontación entre los gremios y el Ejecutivo, la CTERA llevó adelante un paro docente en todo el país que coincidió con la vuelta a clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, afectando a la mayoría de las escuelas públicas.
El sindicato centralizó su medida en la denuncia de la “permanente negativa” del Gobierno a convocar a una mesa paritaria nacional. Desde la organización informaron que el paro tuvo “un altísimo acatamiento en todo el país”, con masiva participación en movilizaciones y acciones provinciales. Según el comunicado, la huelga busca visibilizar el malestar por el ajuste sobre la educación pública, la falta de diálogo y la urgencia de recomponer salarios.
Reclamos principales
Los ejes planteados por los dirigentes sindicales fueron diversos y abarcaron:
- Reapertura de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal.
- Mejoras en el financiamiento educativo y la restitución del FONID.
- Pago de los fondos nacionales destinados a educación y sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, en rechazo al proyecto oficial de Ley de Libertad Educativa.
- Inversión en infraestructura escolar y construcción de escuelas nuevas.
En su discurso durante la movilización porteña, la titular de la CTERA, Sonia Alesso, denunció una “grave crisis presupuestaria” y afirmó que los docentes cobran “salarios de hambre”, con ingresos congelados que no alcanzan para llegar a fin de mes.
Tras la jornada de protesta, dirigentes de distintas centrales y gremios coincidieron en un diagnóstico crítico. Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, señaló que “la República Argentina está atravesando una profunda crisis en el sistema educativo” y reclamó políticas que valoricen el trabajo docente.
La secretaria general de SADOP, Marina Jaureguiberry, puso el acento en las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores, aludiendo a la alta presencia de mujeres cabezas de familia que cobran salarios por debajo de la pobreza. Desde la CGT, Cristian Jerónimo fustigó al Gobierno por su “insensibilidad” ante los reclamos mayoritarios y adelantó la posibilidad de otras medidas de fuerza conjuntas.
La huelga afectó la presencialidad en los niveles inicial, primario y secundario del sector público. Algunas instituciones privadas funcionaron con normalidad, aunque los gremios reportaron amplia adhesión en todo el sistema educativo.
Fiscalización y respuesta del Gobierno
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, desplegó agencias territoriales para fiscalizar el cumplimiento de la cobertura mínima durante la huelga y advirtió que, de comprobarse incumplimientos, se activarían protocolos para aplicar “las sanciones que correspondan”. La coordinación estuvo a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Balance y perspectivas
La jornada dejó en evidencia la polarización entre el movimiento sindical docente y el Ejecutivo: por un lado, reclamos salariales, presupuestarios y de políticas públicas; por el otro, un Estado dispuesto a fiscalizar y sancionar en el marco de una normativa que redefine ciertos servicios como esenciales. Los dirigentes insistieron en la necesidad de combinar acciones en la calle, la vía judicial y la legislativa, y anticiparon que la pelea por la recomposición y por las condiciones de la educación pública continuará en distintos planos.
La evolución del conflicto dependerá de la apertura o no de una instancia paritaria nacional y de la capacidad de ambas partes para negociar medidas concretas que permitan retomar la normalidad escolar y atender los reclamos estructurales del sistema educativo.