Por pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, conducida por Mariana Rivadeneira, este martes 11 de noviembre se llevó a cabo una audiencia con el objetivo de presentar formalmente un convenio de juicio abreviado al que se arribó junto a Gabriel Risso Patrón (55) y su abogado defensor. El acusado, un inspector de tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, llegó a esta instancia bajo la calificación penal enmarcada en el delito de concusión en perjuicio de la administración pública y en carácter de autor.

Según la teoría del caso, el 30 de agosto del 2024, a las 17:50 horas aproximadamente, un hombre de 52 años se encontraba con su vehículo detenido en calle Crisóstomo Álvarez primera cuadra, cuando Risso Patrón se le acercó y le dijo que le había labrado una multa por estar mal estacionado, tras lo cual le pidió que le entregara su carnet de manejo. Al dárselo, el agende de tránsito se lo retuvo y le dijo que lo esperaba a la vuelta (San Lorenzo primera cuadra) para que arreglaran.

Ante esto, la víctima avisó al sistema de emergencias 911 y acudió al lugar. El imputado se le aproximó y le manifestó que le diera $ 12.000 a fin de evitar que le hiciera la multa, y que lo buscara en avenida Sáenz Peña esquina Charcas (terminal vieja) cuando tenga el dinero. Minutos más tarde, el denunciante fue hasta donde el inspector le había indicado, haciéndose presente en ese momento personal policial. Risso Patrón tenía en su poder el carnet de la víctima, quien les señaló a los efectivos que esa persona era la que le pidió dinero para no hacerle la multa. El agente fue aprehendido.

La condena

Luego de narrar el hecho, el auxiliar de fiscal Federico Lizárraga enumeró todas las pruebas recolectadas para probarlo, entre las que se destacan los videos que la propia víctima registró con su teléfono celular sobre todo el desarrollo de la situación.

Asimismo, el representante del MPF informó que las partes pactaron que Risso Patrón sea condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, sumado a una inhabilitación especial de dos años y seis meses, y multa de $ 60.000. Además, se le impusieron una serie de reglas de conducta.

“El imputado tuvo dominio del hecho, habiendo solicitado a la víctima la entrega de una suma de dinero. Actuó deliberadamente con dolo directo para solicitar dinero con el fin de no labrar el acta de infracción correspondiente”, aseguró Lizárraga.
Finalmente, tras el expreso reconocimiento de culpabilidad por parte del acusado, el juez declaró admisible la propuesta y en consecuencia aprobó el acuerdo pleno de juicio abreviado.