La Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó un fallo determinante para el futuro de la Unión Cívica Radical (UCR) en Tucumán. El tribunal ordenó que el partido a nivel nacional convoque a elecciones internas en el distrito dentro de un plazo máximo de 15 días, bajo apercibimiento de aplicarse sanciones judiciales.

La resolución responde a una demanda del legislador tucumano Agustín Romano Norri, quien impugnó la prórroga de la intervención dispuesta originalmente en marzo de 2025. Si bien la Justicia validó la medida inicial por el contexto de mandatos vencidos, los jueces Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via determinaron que, al haber expirado el plazo de un año sin ratificación de la Convención Nacional, la normalización mediante el voto de los afiliados no puede dilatarse más.

«La intervención no tiene un cheque en blanco»

Tras conocerse la sentencia, Romano Norri se mostró tajante respecto al revés judicial que recibieron las autoridades partidarias nacionales. «La Justicia nos da la razón: la intervención de la UCR no tiene un cheque en blanco y se debe votar», afirmó el parlamentario.

El dirigente radical remarcó que acudió a la vía judicial ante el silencio de las autoridades frente a sus reclamos previos. «Sin proceso judicial la intervención no hubiese terminado. Tenía que ponerle un freno a una resolución que contenía un plazo tramposo e indeterminado», apuntó, sosteniendo que el destino de la agrupación debe definirse democráticamente en las urnas y no a puertas cerradas.

Denuncia de parches y «reparto a dedo»

Romano Norri también arremetió contra los interventores por lanzar una convocatoria a internas «a las apuradas» en el diario La Gaceta el pasado 13 de junio, pretendiendo hacerla pasar por una resolución firmada en mayo. «Lo hicieron de manera dudosa, sabiendo que la Justicia me daría la razón», disparó.

Finalmente, cuestionó con dureza la integración de la Junta Electoral del partido, calificándola de «arbitraria» y de funcionar como un comité cerrado diseñado a la medida de la intervención para repartir cargos entre sectores internos específicos (vinculados a José Cano, Silvia Elías, Roberto Sánchez, Raúl Moreno y Lucho Argañaraz). «Las maniobras dilatorias ya no les alcanzarán; seguiremos firmes para garantizar una transparencia real para los afiliados», concluyó.

La Comisión de Educación de la Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador Aldo Salomón, se reunió para dar tratamiento a diversos proyectos que se encontraban en estudio dentro de su ámbito de competencia.

Los parlamentarios resolvieron emitir dictamen favorable a nueve proyectos de resolución y cuatro proyectos de ley, varios de los cuales serán incorporados al orden del día de la próxima sesión legislativa.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran tres proyectos de ley destinados a nombrar distintos establecimientos educativos de la provincia. Asimismo, obtuvo dictamen por mayoría un proyecto que propone la designación de supervisores por excepción, mediante la modificación de la Ley N 3470, correspondiente al Estatuto Docente.

Al finalizar la reunión, el presidente de la comisión, Aldo Salomón, destacó el trabajo realizado por los integrantes del cuerpo. “La verdad es que hoy nos reunimos para dar dictamen a nueve resoluciones y cuatro proyectos de ley, de los cuales ingresarán al orden del día de la sesión del próximo jueves, las iniciativas que designan nombres a establecimientos educativos y la modificación del Estatuto Docente”, expresó.

Participaron de la reunión, los legisladores Adriana Najar, José Cano, Marcelo Herrera, Carlos Gómez, Sara Lazarte y Carolina Vargas Aignasse.

Con estas iniciativas, la comisión continúa avanzando en el análisis y actualización de normas vinculadas al sistema educativo provincial, así como en el reconocimiento de instituciones que forman parte de la historia y la identidad educativa de Tucumán.