El legislador José María Canelada realizará durante esta jornada de miércoles, una denuncia penal en contra de la ministra Rossana Chahla por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. En la presentación también se denunciará al secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, y al funcionario José Antonio Gandur, a raíz de presuntas irregularidades en la vacunación contra el coronavirus en Tucumán.
La presentación judicial se basa en las contradicciones en las que habría incurrido las autoridades sanitarias de la provincia ante casos puntuales que aparecieron en los últimos días. Al instalarse la sospecha, y al conocerse que el funcionario del Minisiterio de Desarrollo Social José Luis Gandur se había vacunado, la ministra Chahla aseguró que «lo había hecho de forma privada«, mientras que cuando le preguntaron si se podía conseguir de manera privada la vacuna, en una rueda de prensa, afirmó: «si trabajan en salud sí». Además, en otra entrevista, afirmó que «se distribuyeron dosis entre sanatorios, centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios y obras sociales. En esos casos no sabemos a quiénes se vacunó ya que se trata de listados que elaboraron las entidades privadas».
En ese sentido, la denuncia de Canelada destaca que el director de Gestión Sanitaria Miguel Ferre Contreras afirmó que toda la vacunación viene desarrollándose en el ámbito público y que no se envían vacunas a ninguna entidad. También, que el Siprosa solicita a las instituciones privadas que inicien expedientes donde provean la nómina entera de su personal y que una vez que se valida el expediente con la información provista, se realiza la vacunación. En ese sentido, el sistema público no podría desconocer a quiénes se vacunó, como aseguraba Chahla.
Las contradicciones se abonaron con declaraciones del diputado y ex ministro de Salud Pablo Yedlin, quien abrió la puerta a que hubiera vacunaciones en lugares privados al señalar que «si este señor Gandur se vacunó en un laboratorio privado, fuera de la norma, la dueña o dueño del laboratorio tendrá que dar sus explicaciones». Incluso, el gobernador Juan Manzur habló del caso Gandur y señaló que se entregaron vacunas: «el caso es que hay muchos colegas y hay mucha gente que trabaja también en el sistema de la seguridad social, que es lo que se han entregado las vacunas para que toda esta gente que trabaja también en el sistema de salud, en los sanatorios, en los laboratorios, o en otras instancias, también figuran dentro de los parámetros críticos para ser vacunados». En la denuncia, se solicita que todas las personas que entraron en contradicción, sean citados.
En ese sentido, Canelada advirtió: «cuando empezamos a solicitar la información de la vacunación en Tucumán, las autoridades juraban que no había irregularidades, que se había hecho todo perfecto y que no había nada que esconder, pero jamás dieron la información. Dicen que el que nada debe, nada teme, pero jamás dieron la información. En su momento solicitamos los datos para que los tucumanos pudieran tener confianza tras el vacunatorio vip. Ahora, el Gobierno de Tucumán debe dar explicaciones de sus propios actos. La esperan el personal de salud que aún no se vacunó, personal de seguridad, personas con problemas de salud, adultos mayores y toda la ciudadanía».
CTERA reportó un acatamiento “altísimo” al paro docente nacional
Capital Humano anunció sanciones por el incumplimiento del servicio mínimo en las escuelas, mientras los gremios reclaman la reapertura de paritarias y mayor inversión en educación.
En un clima de creciente confrontación entre los gremios y el Ejecutivo, la CTERA llevó adelante un paro docente en todo el país que coincidió con la vuelta a clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, afectando a la mayoría de las escuelas públicas.
Motivos y alcance de la medida
El sindicato centralizó su medida en la denuncia de la “permanente negativa” del Gobierno a convocar a una mesa paritaria nacional. Desde la organización informaron que el paro tuvo “un altísimo acatamiento en todo el país”, con masiva participación en movilizaciones y acciones provinciales. Según el comunicado, la huelga busca visibilizar el malestar por el ajuste sobre la educación pública, la falta de diálogo y la urgencia de recomponer salarios.
Reclamos principales
Los ejes planteados por los dirigentes sindicales fueron diversos y abarcaron:
Reapertura de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal.
Mejoras en el financiamiento educativo y la restitución del FONID.
Pago de los fondos nacionales destinados a educación y sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, en rechazo al proyecto oficial de Ley de Libertad Educativa.
Inversión en infraestructura escolar y construcción de escuelas nuevas.
En su discurso durante la movilización porteña, la titular de la CTERA, Sonia Alesso, denunció una “grave crisis presupuestaria” y afirmó que los docentes cobran “salarios de hambre”, con ingresos congelados que no alcanzan para llegar a fin de mes.
Voces sindicales: críticas y advertencias
Tras la jornada de protesta, dirigentes de distintas centrales y gremios coincidieron en un diagnóstico crítico. Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, señaló que “la República Argentina está atravesando una profunda crisis en el sistema educativo” y reclamó políticas que valoricen el trabajo docente.
La secretaria general de SADOP, Marina Jaureguiberry, puso el acento en las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores, aludiendo a la alta presencia de mujeres cabezas de familia que cobran salarios por debajo de la pobreza. Desde la CGT, Cristian Jerónimo fustigó al Gobierno por su “insensibilidad” ante los reclamos mayoritarios y adelantó la posibilidad de otras medidas de fuerza conjuntas.
Impacto en las aulas
La huelga afectó la presencialidad en los niveles inicial, primario y secundario del sector público. Algunas instituciones privadas funcionaron con normalidad, aunque los gremios reportaron amplia adhesión en todo el sistema educativo.
Fiscalización y respuesta del Gobierno
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, desplegó agencias territoriales para fiscalizar el cumplimiento de la cobertura mínima durante la huelga y advirtió que, de comprobarse incumplimientos, se activarían protocolos para aplicar “las sanciones que correspondan”. La coordinación estuvo a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La fiscalización se apoya en la Ley 27.802, que declara al cuidado de menores y a la educación como servicio esencial y establece que durante una medida de fuerza la cobertura no podrá ser inferior al 75% de la prestación habitual. Desde el Gobierno aclararon que la aplicación de sanciones no sería automática: primero debe constatarse el incumplimiento, individualizar responsabilidades y tramitar el correspondiente procedimiento administrativo con posibilidad de defensa y revisión judicial.
Balance y perspectivas
La jornada dejó en evidencia la polarización entre el movimiento sindical docente y el Ejecutivo: por un lado, reclamos salariales, presupuestarios y de políticas públicas; por el otro, un Estado dispuesto a fiscalizar y sancionar en el marco de una normativa que redefine ciertos servicios como esenciales. Los dirigentes insistieron en la necesidad de combinar acciones en la calle, la vía judicial y la legislativa, y anticiparon que la pelea por la recomposición y por las condiciones de la educación pública continuará en distintos planos.
La evolución del conflicto dependerá de la apertura o no de una instancia paritaria nacional y de la capacidad de ambas partes para negociar medidas concretas que permitan retomar la normalidad escolar y atender los reclamos estructurales del sistema educativo.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, dio a entender que el presidente Javier Milei sufre de «delirio persecutorio por ver terrorismo en todos lados«, luego de consultarlo con la inteligencia artificial (IA).
Estas declaraciones surgieron en la habitual conferencia de prensa de los días lunes, que brinda en la Casa de Gobierno de La Plata, y dónde, en este caso, se refirió a los dichos que el Jefe de Estado dio en una reciente entrevista televisiva, en la que aseguraba que había «terroristas disfrazados de estudiantes, periodistas, profesores e investigadores«.
«No me voy a referir como hizo (Victoria) Villarruel a las facultades mentales del Presidente, pero ayer a la noche, cuando vi esto, me permití hacer una consulta a la Inteligencia Artificial,que hoy nos da respuesta a casi todo; y le pregunté, sencillamente, qué problema tiene la persona que ve terroristas en todos lados y me contestó que tiene ‘delirio persecutorio‘. Solamente, voy a decir eso», manifestó irónicamente Bianco.
Incluso, el funcionario bonaerense habló con saracasmo sobre sí mismo al indicar que, por ser docente universitario e investigador desde hace 26 años, se consideraba «triplemente terrorista» bajo la lógica presidencial. Posteriormente, y dentro de un marco de seriedad, remarcó que Milei estigmatiza, de esa forma, el ámbito académico.
Por otro parte, no dejó de críticar el plan económico que lleva adelante el Gobierno Nacional de la mano del ministro Luis Caputo y, con ello, la caída del consumo: señaló que la recesión impacta directamente en las familias y que los créditos o deudas que generan «para cubrir necesidades básicas» y no para consumos de lujo.
Además, indicó que la caída de la actividad industrial y la pérdida de empleo registrado están en las antípodas del discurso oficial sobre el estado óptimo en el que, supuestamente, se encuentra la macroeconomía de la Argentina.
Por último, rechazó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tratará el Senado esta semana y lo calificó como «un plan sistemático paravender los recursos naturales y el territorio a capitales extranjeros«. Asimismo, confirmó que el peronismo bonaerense, de la mano del gobernador Axel Kicillof, se sumará a la movilización del 6 de agosto frente al Congreso de la Nación.
Elecciones en Santiago del Estero: el Frente Cívico logró consolidar una contundente victoria en las 25 intendencias en juego
El cierre de los comicios configuró el nuevo mapa de la provincia. Un repaso exhaustivo por cada distrito para analizar quiénes triunfaron, quiénes los escoltaron y los porcentajes finales de la jornada.
Tras el cierre de las urnas y el avance del escrutinio, el mapa político de Santiago del Estero ya definió a sus autoridades. En una jornada que se desarrolló con total normalidad, el Frente Cívico logró consolidar una contundente victoria en la amplia mayoría de las 25 intendencias en juego.
Por su parte, el Partido Justicialista logró asegurar el triunfo en municipios específicos, mientras que diversas fuerzas vecinales y partidos locales consiguieron imponerse en sus respectivos distritos, cerrando un acto cívico fundamental para la vida democrática de la provincia.
A continuación, el detalle final de cómo quedaron los resultados electorales, municipio por municipio:
Añatuya
Ganador: Julio Castro (Frente Justicialista de Integración Municipal) – 42,67%