El Tribunal de Cuentas declaró la nulidad absoluta de los contratos celebrados bajo la gestión del exinterventor José Díaz ─puesto en el cargo por recomendación de Carlos Cisneros al por entonces gobernador Juan Manzur─ pone al descubierto un entramado de nepotismo y graves faltas éticas en las resoluciones dictadas en 2024 y 2025 que permitieron que el contador Octavio Concilio auditara la gestión de su propio hermano, el gerente de la ART de la CPA, Francisco Concilio, violando la independencia exigida por la Resolución Técnica N° 53.
El escándalo se profundiza al confirmarse que el estudio incurrió en «auto-revisión», cobrando por auditar las mismas registraciones contables que ellos mismos elaboraban, lo que invalida cualquier control real sobre los fondos. Ante la sospecha de una elusión deliberada de los controles estatales y la posible comisión de delitos de abuso de autoridad, el organismo de control ya dio intervención al Ministerio Público Fiscal e inició una investigación sumaria para cuantificar el perjuicio económico tras el pago de honorarios bajo títulos que hoy son considerados ilegales.
Un nuevo escándalo de manejos turbios involucra a la exgestión de la Caja Popular de Ahorros, comandada por el diputado nacional Carlos Cisneros y ejercida por el exinterventor José Díaz. A través del Acuerdo N° 2132, el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TC) desnudó otra trama de irregularidades que pone en duda la transparencia del manejo de los fondos públicos en la institución por parte de la anterior intervención. La resolución del ente de control fulminó las contrataciones directas y renovaciones otorgadas al estudio «Concilio & Sarralde S.A.S.», declarándolas nulas de nulidad absoluta e insanable debido a que el control externo de la entidad estaba, literalmente, en manos de parientes directos de los propios controlados.
La Caja Popular de Ahorros echó a José Díaz al declarar la «nulidad absoluta» de su nombramiento en planta permanente
La investigación del Tribunal de Cuentas, basada en el Expediente N° 2239-360-2026, sacó a la luz que el C.P.N. Octavio Concilio, socio gerente del estudio auditor contratado, mantiene un vínculo de consanguinidad en línea colateral de segundo grado ─es hermano─ con el C.P.N. Francisco Concilio, quien se desempeña como Gerente de ART de la Caja Popular. Esta relación de parentesco no es un detalle menor ni una mera desprolijidad administrativa: según la Resolución Técnica N° 53 de la FACPCE, que rige la ética y el desempeño de los contadores, existe una prohibición absoluta para que un profesional realice auditorías si es pariente de los gerentes o administradores de la entidad auditada. En este caso, el estudio Concilio debía auditar, entre otras áreas, la gestión de su propio hermano. En abril de este año, PopulART quedó bajo la lupa por el pago de seguros a futbolistas que no tenían póliza con la CPA y que desencadenó una denuncia penal de las actuales autoridades ─Guillermo Norry y Antonio Bustamante─ tras la publicación de eltucumano.com.
Sin embargo, el nepotismo fue solo la punta del iceberg. El Tribunal detectó una irregularidad técnica aún más alarmante: la «auto-revisión». Según consta en los antecedentes, al estudio Concilio & Sarralde no solo se le encomendó la auditoría externa, sino también la registración contable de las operaciones, es decir, la tercerización de la propia contabilidad de la Caja. En términos prácticos, el estudio preparaba los números y luego firmaba los informes asegurando que esos mismos números estaban correctos. Esta dualidad de funciones es considerada por el TC como un vicio «autónomamente invalidante», ya que borra cualquier rastro de independencia y convierte los informes de auditoría en documentos sin valor técnico real.
La figura de Francisco Concilio, actual Gerente de ART de la CPA de Ahorros, quedó en el centro de las miradas de las autoridades controladoras, no solo por el escándalo de nepotismo con su hermano auditor, sino por sus estrechos vínculos con el andamiaje político de Cisneros. El ascenso de Concilio desde la gerencia de la firma Ampere hacia un cargo estratégico en la ART de la institución respondería a una red de influencias que lo conectaría directamente con el círculo comercial del diputado. Esta conexión sugiere una arquitectura de poder diseñada para situar a personas de extrema confianza en áreas donde se manejan recursos críticos, garantizando que el control de la entidad permanezca dentro de un círculo cerrado de intereses políticos y empresariales.
El esquema de impunidad que rodea estas designaciones se completa con el aval de cargos jerárquicos dentro de la Caja Popular, quienes permitieron la vigencia de estos contratos pese a las incompatibilidades legales. En este escenario aparece la figura de Pablo Díaz Sánchez, señalado como el funcionario que aprobaría y pondría la firma a cada una de estas maniobras oscuras. Díaz Sánchez —quien percibe un sueldo mensual que ronda los 10 millones de pesos— se mantiene como una pieza clave en la estructura que permitió consolidar los vínculos de parentesco y los conflictos de intereses que hoy el Tribunal de Cuentas declara nulos de nulidad absoluta.
La cronología de los hechos sugiere una persistencia en la irregularidad que el TC calificó como un «vicio inexcusable». La primera contratación directa se autorizó en febrero de 2024, y a pesar de las advertencias internas realizadas por el Asesor de Intervención, C.P.N. Carlos Alberto Cainzo, y el Gerente Financiero, C.P.N. Carlos F. Ortiz Soler, la gestión cisnerista a cargo de Díaz decidió renovar el contrato en septiembre de 2025. Lo más llamativo es que la relación de parentesco figuraba en los propios instrumentos de contratación, lo que lleva al Tribunal de Cuentas a presumir que no se trató de un descuido, sino de una actuación orientada a fines distintos del interés público.
Ante la gravedad de las irregularidades, el Tribunal de Cuentas no solo ordenó frenar cualquier pago pendiente, sino que inició una Comprobación Sumaria para determinar el perjuicio fiscal global. El objetivo es identificar a cada uno de los funcionarios responsables y cuantificar cuánto dinero percibió el estudio por servicios que, al carecer de independencia, resultan inútiles para el Estado. Además, se dio intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal ante la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previstos en el artículo 248 del Código Penal.
Para el Tribunal de Cuentas, la transparencia y la legalidad presupuestaria fueron vulneradas para favorecer un esquema de contrataciones que carecía de la independencia técnica mínima exigida por ley y, a partir de este momento, la Justicia penal deberá determinar si este entramado de favores familiares y falta de ética profesional constituye un delito liso y llano contra la administración pública.
La designación ilegal de Díaz que le costó millones al Estado tucumano
En mayo de este año, una investigación del Tribunal de Cuentas y la posterior auditoría interna de la Caja Popular de Ahorros revelaron otra escandalosa maniobra del cisnerismo al mando de la CPA: el intento de asegurar estabilidad laboral y sueldos millonarios para el exinterventor José César Díaz mediante un esquema de impunidad administrativa. Según los informes del organismo de control, en junio de 2023, el entonces subinterventor Hugo Ledesma —cuñado del sindicalista Cisneros— firmó la Resolución N° 494/23 para nombrar a su propio jefe, Díaz, en un cargo de planta permanente de altísima jerarquía: Subgerente General Adscripto (Nivel 3).
Este nombramiento fue calificado como una «desviación de poder», ya que el cargo está reservado exclusivamente para empleados de carrera con años de antigüedad que acceden mediante concurso de méritos. Sin embargo, la designación se realizó «a dedo» por instrucciones directas del exgobernador Juan Manzur. La jugada incluyó una irregularidad adicional: en el mismo acto administrativo se le concedió a Díaz una «licencia política» para que pudiera seguir ejerciendo como interventor, dejando el cargo de planta «materialmente inactivo» pero reservado como un refugio de estabilidad para cuando cesara en sus funciones políticas.
El perjuicio económico de esta maniobra es grave para el patrimonio público. El Tribunal de Cuentas advirtió que Díaz violó el Artículo 9° de la Constitución de Tucumán, que prohíbe taxativamente cobrar dos sueldos del Estado. Al aceptar el cargo de planta permanente, Díaz debería haber cesado automáticamente en su rol de interventor; no obstante, siguió percibiendo ambos beneficios, llegando a acumular ingresos mensuales de hasta $30 millones. Los cálculos preliminares del organismo de control estiman que el desfalco total al erario público podría superar los $700 millones, considerando los 31 meses en los que cobró de forma irregular.
El pasado 19 de mayo de 2026, la nueva intervención de la CPA dictó la Resolución N° 339/26, declarando la nulidad absoluta e insanable de la designación de Díaz. El despido se fundamentó en que el acto original no buscaba satisfacer el interés público, sino garantizar un «paracaídas de oro» personal. Además, se descubrió que Ledesma ni siquiera tenía facultades legales para firmar ese nombramiento, ya que no estaba acreditada la ausencia del interventor que justificara su subrogancia, configurando un conflicto de intereses flagrante.
La situación de Díaz se agravó aún más al detectarse que, tras ser desplazado, gozaba de una licencia psiquiátrica de largo tratamiento percibiendo su salario completo, mientras en la realidad ejercía activamente la abogacía privada representando a las hijas de Carlos Cisneros en un intento de censura contra un medio local y formando parte de la querella de Lourdes Parache en su intento de revertir el sobreseimiento dictado a favor de los exjudores de Vélez denunciados falsamente de violación en mandada.
El martes de la semana pasada, el Tribunal de Cuentas de la Provincia instruyó formalmente a las autoridades de la CPA para que pongan en conocimiento del Ministerio Público Fiscal la reciente anulación de la designación de Díaz. Esta medida, plasmada en el Acuerdo N° 2343 con fecha del 23 de junio, surge tras considerarse que el dictado de la Resolución N° 339/26 constituye un «hecho nuevo» de relevancia jurídica en el marco de las investigaciones por anomalías administrativas. La notificación busca que los fiscales analicen el alcance de un acto que el propio organismo de control calificó como nulo de nulidad absoluta e insanable, al haber sido emitido con vicios graves en su competencia, causa y finalidad.
La decisión de involucrar al Ministerio Público se encuentra directamente vinculada con las actuaciones iniciadas bajo el Acuerdo N° 1348, orientadas a determinar la existencia de perjuicios al erario público y deslindar responsabilidades por el nombramiento de Díaz en la planta permanente mientras se desempeñaba como Interventor. Al confirmarse que la designación fue firmada por un subinterventor sin facultades legales y que beneficiaba directamente a su superior jerárquico, el Tribunal advirtió la necesidad de dar intervención a la Justicia ordinaria ante la posible configuración de un conflicto de intereses y desviación de poder. De este modo, se pretende que la instancia fiscal evalúe las responsabilidades legales derivadas de una maniobra que buscaba garantizar estabilidad laboral fuera de los procedimientos estatutarios vigentes. /Con información de el tucumano.com/
La CGT cuestionó el rumbo económico tras la inflación de octubre: “Este modelo fracasó”
El cosecretario general Cristian Jerónimo criticó al Gobierno nacional por el 2,2% de octubre, que superó el 1,9% de septiembre. Advirtió que la conflictividad podría profundizarse en 2027 si no se atienden los reclamos de los trabajadores.
El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, criticó este viernes al Gobierno nacional por el dato de inflación de octubre, que pasó de 1,9% a 2,2%, y afirmó que el modelo económico actual “ya fracasó”.
“Este Gobierno no cree en un pueblo que se pueda desarrollar y crecer. Cada vez se agudiza y lleva a los argentinos a la pobreza. Están llevando a la Argentina a un abismo”, planteó el dirigente en diálogo con La Red.
Jerónimo advirtió además que la conflictividad social podría profundizarse en 2027 si el Gobierno no escucha los reclamos de los trabajadores y de la ciudadanía. “Se va a profundizar la conflictividad y va a escalar porque hay demandas insatisfechas de la gente”, señaló.
La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo a nivel nacional: los peritajes sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo, volvieron a quedar bajo la lupa de la Fiscalía, que cuestionó tanto los mecanismos como los resultados.
La División Acústica Forense de Gendarmería Nacional entregó este jueves a la Justicia el estudio sobre los archivos aportados por el periodista Mauro Federico. Los resultados habían sido adelantados por el Gobierno hace 15 días.
Lo que concluyó Gendarmería
En el informe de 74 páginas, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los peritos señalaron que “no fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo”. Del total de archivos, 14 resultaron aptos para el análisis y 43 no reunían condiciones para una comparación forense.
En esos 14 archivos identificaron “características acústicas compatibles con un proceso de regrabación”, por lo que consideraron que no resultaba “metodológicamente procedente” someterlos a procesamiento. Además, mencionaron “discontinuidades abruptas” y “posibles puntos de corte”, aunque sin poder determinar el tipo ni la metodología de edición empleada. Tampoco establecieron de manera concluyente si las voces corresponden a emisiones humanas naturales o a recreaciones digitales.
Ante la imposibilidad de realizar el análisis automático, y dado que un estudio exclusivamente auditivo-perceptual no cumple los requisitos metodológicos para la comparación forense de voces, indicaron que no fue posible efectuar el cotejo con la voz del exfuncionario. Por último, señalaron que no se pudo evaluar “de manera fehaciente” la continuidad e integridad de la cadena de custodia de los audios entregados a la Justicia.
Los cuestionamientos de la Fiscalía
Tras conocerse el informe, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) manifestó sus diferencias con los resultados y con las metodologías aplicadas.
El Ministerio Público Fiscal participó con cinco peritos de parte, quienes indicaron que no se les permitió plasmar sus disidencias en las conclusiones y debieron hacerlo en un anexo separado, lo que, a su entender, “desnaturalizó el debate pericial”.
Entre las críticas, remarcaron que los peritos oficiales se negaron a comparar la voz de los audios con la de Spagnuolo porque el programa utilizado tenía “limitaciones de calibración que impedían usar sus resultados con fines identificatorios”. Los expertos de la DATIP sostuvieron, en cambio, que había 15 archivos con calidad suficiente para esa comparación.
También señalaron que el protocolo establece tres tipos de análisis y exige aplicar al menos dos, algo que Gendarmería no hizo. “Si el programa que iba a utilizarse no servía para el análisis automático de los registros, ello no impedía hacer los otros dos”, plantearon.
Respecto de la posibilidad de que las voces hayan sido creadas con inteligencia artificial, algo que el informe no confirmó ni descartó por completo, los peritos de la Fiscalía afirmaron que esa conclusión “no se corresponde con lo que el propio informe encontró”, ya que se detectaron “numerosos rasgos típicos del habla humana espontánea” y no hubo indicios de manipulación artificial.
“Si los métodos aplicados eran idóneos, la conclusión debió reflejar lo que mostraron; si no lo eran, no se entiende por qué se los utilizó y se valoraron sus resultados”, agregaron. En esa línea, sostuvieron que la falta de herramientas para detectar voces sintéticas en la División Acústica Forense es “una limitación de ese laboratorio y no una imposibilidad técnica general”, por lo que debió evaluarse el uso de otras metodologías disponibles en el ámbito científico.
Finalmente, consideraron “un error exigir a un dispositivo entregado voluntariamente la misma trazabilidad que a uno secuestrado en un allanamiento”, y aseguraron que “no hay elementos para poner en duda la integridad de esa prueba”.
«No tengo dudas de que el peronismo unido triunfará en Tucumán», sostuvo Alberto Fernández
El ex presidente concedió una entrevista a un medio televisivo local, se refirió a la interna del peronismo en la provincia entre el senador Juan Mazur y el gobernador Osvaldo Jaldo. También se refirió al futuro económico y lanzó fuertes críticas al gobierno de Milei.
El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, dialogó con Miguel Coronel para el programa “10PM”, que se emite por Canal 5 Supercanal, y analizó distintos aspectos de la actualidad política nacional y provincial. Durante la entrevista, dejó importantes definiciones sobre el escenario político tucumano, la relación entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, el futuro del peronismo, la gestión de Javier Milei y la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.
Al referirse particularmente a Tucumán, Fernández fue contundente y expresó su deseo de que los principales referentes del peronismo provincial logren un acuerdo político:
“Los conozco a ambos. Con Manzur tengo una amistad y a Jaldo también lo conozco y tengo un gran respeto por su trabajo. Por eso, yo les pido a Juan y al gobernador Jaldo que hagan todos los esfuerzos para estar juntos. No tengo ninguna duda de que el peronismo unido triunfará en Tucumán”.
En ese contexto, también se refirió a Lisandro Catalán, exfuncionario de su gestión presidencial, y cuestionó sus condiciones para gobernar la provincia: “Lo conozco a Catalán, fue funcionario mío y está muy lejos de ser la persona que la provincia necesita para gobernar”.
Por otra parte, Fernández realizó un balance sobre la visita del papa León XIV: “Como todos los argentinos, estoy muy contento porque sigue la misma línea y el compromiso del papa Francisco, remarcando la doctrina social de la Iglesia y protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, como los jubilados y las personas con discapacidad”.
Además, destacó la importancia de que la economía esté al servicio de la gente y valoró especialmente la definición de las tres T: tierra, techo y trabajo.
Al analizar la gestión del presidente Javier Milei, el exmandatario lanzó una fuerte advertencia sobre el rumbo económico y político del país: “Está comenzando su decadencia y nos subió a todos en un ómnibus que acelera cada vez más hacia el precipicio”.
En relación con el futuro del Partido Justicialista y la definición de una candidatura presidencial para las próximas elecciones, Fernández consideró que el peronismo cuenta con varios dirigentes con posibilidades de competir.
“Por suerte, existen muchos candidatos, como Axel Kicillof, un gran gobernador; Sergio Massa, el hombre que mejor conoce el Estado argentino; Cristina Kirchner, en caso de que le permitan ser candidata; y también, por ejemplo, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Sergio Uñac”.
En esa línea, se mostró partidario de resolver las candidaturas mediante una interna partidaria y respaldar posteriormente a quien resulte elegido: “Yo creo que sería buena una elección interna y apoyar posteriormente al ganador que hayan votado la mayoría”.
Finalmente, el expresidente se refirió a su vínculo actual con la titular del Partido Justicialista y expresó su postura respecto de la situación judicial de la exmandataria.
“Hace mucho tiempo que no hablo con ella, pero soy un gran militante de su inocencia. Está injustamente condenada, sin ningún tipo de pruebas”.
De esta manera, Alberto Fernández dejó un mensaje político dirigido a la dirigencia peronista de Tucumán, al reclamar un acercamiento entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, al tiempo que planteó la necesidad de construir una estrategia de unidad de cara al futuro electoral del justicialismo. /Sucesos Tucumanos/.
