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Asalto a una policía federal: condenaron a uno de los delincuentes y el otro seguirá preso

El hecho ocurrió el pasado 8 de mayo a plena luz del día, al frente del Juzgado Federal, de donde la víctima salía de prestar servicio. Intentaron robarle la moto y el celular, uno de ellos amenazándola con un cuchillo.

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La Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes IV, encabezada por Carlos Picón, avanza en la causa que investiga el violento intento de robo a una mujer cometido por dos sujetos.

Uno de ellos, Pablo Ismael Puntano, fue condenado este último miércoles a través de un convenio de juicio abreviado. La pena acordada fue la de tres años de prisión condicional por el delito de robo simple, en grado de tentativa. En tanto que, para el otro imputado, el auxiliar de Fiscal Diego Hevia solicitó la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo hace un mes. En su caso, se lo acusa de robo agravado por el uso de arma, también en carácter de tentativa.

Según la teoría del caso, el hecho sucedió el 8 de mayo de este año, cerca de las 18:00 horas, al frente del Juzgado Federal, sobre calle Las Piedras al 400 de la capital. La víctima, que se desempeña como policía federal, salía de trabajar de allí y cuando se subió a su moto fue abordada por los dos malvivientes. El acusado la agarró con fuerza por detrás y le colocó en su cuello un cuchillo, diciéndole que le entregue las llaves de su rodado, mientras que Puntano intentaba sustraerle el bolso. No lo lograron, ya que fueron advertidos por personal de la Policía Federal que estaba en el lugar, quienes procedieron a la aprehensión.

“Íbamos a robar, pero yo no sabía que tenía el cuchillo”

En su declaración, Puntano expresó: “Nosotros íbamos a robar. La vimos a ella sola, fuimos y la encaramos. Ahí mi compañero la agarró del cuello y yo la agarré de costado. Yo no sabía que tenía el cuchillo. Íbamos los dos con esa intención, pero yo no sabía que él tenía el cuchillo. Después en la comisaría discutimos por eso”. Esto también surge del extracto fílmico de la cámara de seguridad del Juzgado Federal, donde se observa que es el imputado quien agarra del cuello a la víctima y la amenaza con un cuchillo, siendo aprehendido en el lugar; mientras que Puntano intenta sustraer el bolso desde un costado, dándose a la fuga y siendo reducido a los pocos metros.
En cuanto al joven de 19 años, que portaba el arma blanca, el auxiliar fiscal consideró que continúan vigentes y se vieron acrecentados los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Por tal motivo, solicitó la extensión de su prisión preventiva por el término de 60 días. El juez actuante avaló lo requerido por la Fiscalía.

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Prisión preventiva para otros dos acusados por el tiroteo en el que murió una mujer

El Ministerio Fiscal consiguió tres meses de prisión preventiva para “Kempes” Guzmán, acusado por el homicidio de Fabiana Páez y las lesiones sufridas por su madre; y para “Pata” Navarro, imputado por abuso de arma. Ya son cuatro los sospechosos sujetos al proceso.

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Este martes 29 de septiembre se realizó una audiencia convocada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, en la que fueron imputados Rodrigo Luciano Navarro (27), alias “Pata”, y Gregorio Benito Guzmán (48), alias “Kempes”, por su presunta participación en el tiroteo ocurrido el domingo pasado en el barrio Barrancas del Salí, donde murió una mujer de 48 años y su madre resultó herida.

En esta oportunidad, en representación del Ministerio Fiscal intervino el auxiliar de fiscal Alejandro Andole, quien formuló los cargos y solicitó la prisión preventiva de ambos acusados por el plazo de tres meses, hasta el próximo 28 de diciembre.

A Navarro se le atribuyó el delito de abuso de arma. Durante la audiencia, el representante del MPF señaló además que el imputado registra antecedentes penales que incluyen condenas y fina pedidos de captura. En tanto, Guzmán fue imputado por los delitos de homicidio y lesiones leves, ambos en concurso ideal y agravados por el uso de arma de fuego. La acusación está vinculada con la muerte de Fabiana Isabel Páez (48) y las heridas que sufrió su madre, Isolina Isidora Décima (66).

La secuencia del tiroteo

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el último domingo 27 de septiembre, alrededor de las 16:00 horas, en la vía pública de calle Raúl Colombres al 2000, en el barrio Barrancas del Salí (zona este de San Miguel de Tucumán), Navarro y su hermano “Sacha” mantuvieron un altercado previo con un grupo de personas conocido como “Los pericotes”, integrado por la familia Guzmán. Ante esto, “Pata” se dirigió a su domicilio, desde donde extrajo un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm. y regresó hacia donde se encontraban “Los Pericotes”, efectuando intencionalmente múltiples disparos dirigidos hacia ellos. Luego los hermanos Navarro se fueron corriendo hacia su vivienda, momento en el cual se produjeron disparos.

Al oír dichos disparos, Décima y su hija Páez salieron de su casa con el fin de conocer los motivos del conflicto. En esa ocasión fueron sobrepasadas por los hermanos Navarro, quienes se dirigían hacia la esquina realizando tiros al aire mientras “Los Pericotes” los perseguían. En esa circunstancia, las personas que portaban armas de “Los Pericotes”, identificadas como “Kempes” Guzmán y sus hijos “Goyo” y un menor de 16 años, mientras perseguían a los Navarro, efectuaron disparos en dirección a donde se ubicaban las mujeres. Como consecuencia, Páez recibió un disparo en el abdomen y falleció horas más tarde (a las 20:10) en el hospital Centro de Salud. En tanto que su madre también fue alcanzada por un proyectil y sufrió una herida en la parte posterior del muslo derecho.

Medidas cautelares

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal, Andole, fundamentó el pedido de prisión preventiva en la necesidad de resguardar el proceso mientras se completan distintas medidas de investigación. Entre las evidencias que aún restan producir se encuentran la recolección de declaraciones testimoniales, la realización de pericias balísticas y los resultados de análisis de muestras, entre otras medidas.

Por su parte, las defensas técnicas plantearon medidas alternativas a la de mayor intensidad. La defensa de Navarro solicitó un arresto domiciliario autónomo en el domicilio de su pareja, mientras que la de Guzmán ofreció un arresto domiciliario acompañado de órdenes de restricción respecto de la víctima y los testigos.

Finalmente, la jueza interviniente avaló la totalidad de lo requerido por el Ministerio Fiscal y dispuso la prisión preventiva de ambos imputados por tres meses, ordenando su traslado y alojamiento en un complejo penitenciario.

Cabe recordar que ayer, lunes 28 de septiembre, en una audiencia llevada a cabo por este mismo hecho, fueron imputados Gregorio Alberto Guzmán, alias “Goyo”, de 22 años, y su hermano de 16, ambos hijos de “Kempes”. En esa oportunidad, la Fiscalía consiguió la prisión preventiva de “Goyo” por tres meses. En el caso del adolescente, por tratarse de un menor de edad, se dispuso una medida de disposición provisoria por el mismo plazo, con alojamiento en el Instituto Cura Brochero de Benjamín Paz.

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Denunciaron a un policía por estafar a 120 familias con casas del IPV en Tucumán

Un cabo que prestaba servicios en la Comisaría Seccional 6° fue denunciado penalmente ante la Fiscalía de Delitos Complejos. Prometía adjudicaciones exprés en Lomas de Tafí, Manantial Sur y San Andrés a cambio de pagos de entre 2 y 5 millones de pesos. El perjuicio económico rondaría los $500 millones y la Jefatura lo pasó a disponibilidad.

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Un escándalo de proporciones mayúsculas sacude a la fuerza de seguridad provincial tras radicarse una grave denuncia penal contra un integrante en actividad de la Policía de Tucumán. Se trata de un cabo que cumplía funciones en la Comisaría Seccional 6°, quien fue acusado formalmente ante la Fiscalía de Delitos Complejos de encabezar un esquema de fraude y estafa piramidal que afectó a más de 120 familias tucumanas, con un desfalco económico estimado en cerca de 500 millones de pesos.

La causa judicial se originó a partir de la presentación realizada por un empleado del Poder Judicial, quien expuso en sede judicial haber sido contactado por el uniformado bajo la promesa de facilitarle el acceso irregular y directo a una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV). El policía se jactaba de contar con presuntos contactos de alto nivel en la administración pública y en el arco político para eludir los sorteos oficiales.

Contactos políticos, falsos cupos y entregas millonarias

De acuerdo con el expediente acusatorio, el sospechoso ofrecía llaves e ingresos formalizados a unidades habitacionales en urbanizaciones de alta demanda provincial, tales como Manantial Sur, San Andrés y Lomas de Tafí. A cambio de gestionar las adjudicaciones exprés, exigía desembolsos iniciales por cifras millonarias bajo el argumento de trámites administrativos reservados.

 

Con el transcurso de las semanas, el efectivo expandió el mecanismo: aseguró contar con una mayor cantidad de cupos disponibles y solicitó a los primeros involucrados que convocaran a familiares, amigos y compañeros de trabajo para ingresar al beneficio. Decenas de personas, confiadas en la condición de funcionario policial del gestor, transfirieron sumas que oscilaron entre los 2 y los 5 millones de pesos por damnificado.

Colapso del engaño, encierro en una reunión y sanción interna

Pese a los reiterados desembolsos, las entregas pactadas nunca se materializaron. Ante la exigencia de respuestas y la falta de documentación respaldatoria, el acusado comenzó a dilatar las explicaciones apelando a sucesivas excusas operativas. La tensión alcanzó su punto crítico durante una reunión vecinal organizada para exigir la devolución del dinero, ámbito en el cual el cabo terminó encerrándose dentro de una habitación al verse desbordado por los reclamos de los vecinos defraudados.

 

Frente a la gravedad institucional del hecho y el avance de las medidas en la Justicia penal ordinaria, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura policial resolvieron pasar a disponibilidad al cabo denunciado, abriendo de inmediato un sumario administrativo interno mientras Delitos Complejos recolecta comprobantes bancarios y testimonios para determinar su situación procesal.

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La nena atacada por un pitbull permanece internada y sigue grave

Una niña de 1 año y 7 meses permanece internada en el Hospital del Niño Jesús luego de haber sido atacada por un perro en San Miguel de Tucumán.

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Una niña de 1 año y 7 meses permanece internada en el Hospital del Niño Jesús, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, luego de haber sido atacada por un perro pitbull en San Miguel de Tucumán. Pese a la gravedad del cuadro, se encuentra hemodinámicamente estable.

La directora del hospital, Inés Gramajo, explicó que la menor ingresó a la guardia y fue asistida por el equipo de emergencia y un cirujano general. Debido a la importante pérdida de sangre que había sufrido, debió recibir transfusiones y fue sometida a distintos estudios, entre ellos una tomografía.

Además, especialistas en cirugía maxilofacial evaluaron las lesiones provocadas por el ataque.

Uno de los puntos que generaba preocupación era el estado de uno de sus ojos. La niña fue examinada por el servicio de Oftalmología y se le realizó un fondo de ojos, cuyo resultado fue favorable. Los especialistas continuarán controlándola diariamente hasta que disminuya la inflamación.

“Hay que ser cautelosos y seguir acompañándola. La paciente está recibiendo todas las atenciones con los estudios y especialistas que necesita”, señaló Gramajo.

La directora destacó que el Hospital del Niño Jesús cuenta con los especialistas y recursos necesarios para atender un cuadro de esta complejidad y remarcó que la evolución de la pequeña será evaluada día a día.

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