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Policiales

Amenazas de bomba: suman cuatro las personas detenidas

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF continuó con las audiencias de formalización de cargos por amenazas de bombas en establecimientos educativos.

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La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF acusó a una mujer, de 60 años, y a un hombre, de 46 años, el delito de intimidación pública, en calidad de coautores. En el mismo edificio funciona la Escuela Padre Roca Correa. En total, tuvieron que ser evacuados 1.079 alumnos, 60 docentes y 6 miembros del personal administrativo. Prisión preventiva por 29 días y embargo por $3.000.000 para cada uno.

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Mariana Rivadeneira, continuó con las audiencias de formalización de cargos por amenazas de bombas que vienen sufriendo distintos establecimientos educativos de la provincia. La auxiliar de fiscal, Julieta Molé, por expresas instrucciones de la fiscal titular endilgó a una mujer, de 60 años, y a un hombre, de 46 años, el delito de intimidación pública en concurso real y en calidad de coautores, por un hecho ocurrido el 1 de agosto en perjuicio del Colegio San Francisco/Padre Roque Correa, establecimiento ubicado entre calles Maipú y Marcos Paz de San Miguel de Tucumán.

Luego de detallar el ilícito (ver abajo), la investigadora pidió que se imponga la prisión preventiva por dos meses. «Se dan los presupuestos materiales y la participación de los imputados. La conexión IP está asociada a los domicilios de los imputados (en Lomas de Tafí y en calle Bolívar). Al momento del hecho tenían conocimiento que esto afecta a la sociedad. Nadie desconoce lo que nos aqueja a nosotros y a nuestras familias. Han tenido difusión y hubo una campaña de prevención sobre las consecuencias penales, lo que significa un desinterés por el apego de las leyes. No se trató de una simple llamada sino que crearon correos electrónicos falsos para llevar a cabo este ilícito. No resulta menor que la institución educativa está ubicada en pleno centro”, expresó la Auxiliar de Fiscal, quien mencionó medidas pendientes (identificar las celdas de ubicación, la ampliación de los informes de Google y socioambiental en ambos domicilios a los fines de determinar los dispositivos que utilizaban).

Posteriormente, como medida cautelar de índole civil para la reparación del daño, Molé pidió la inhibición general de bienes librándose los oficios por la suma de $3.000.000 para cada uno. “Fundando en la razón prevista por la norma y en representación de los interés del Estado, teniendo en cuenta la naturaleza del bien jurídico protegido y la puesta en marcha de protocolos de actuación que generó gastos de magnitud a la Provincia”, esgrimió la representante del MPF. Finalmente, el juez actuante dispuso hacer lugar, parcialmente, al pedido de la Fiscalía por el término de 29 días, disponiendo el traslado de los acusados al servicio penitenciario de Villa Urquiza y de Banda del Río Salí, respectivamente.

La acusación

El martes 1 de agosto del corriente año, siendo las 11:06 horas, la acusada existiendo acuerdo de voluntades con el imputado y con intenciones de causar temor público, enviaron un correo electrónico a la casilla de correo del Colegio San Francisco, ubicado entre calles Marcos Paz y Maipú de San Miguel de Tucumán.

Para el envío del mail utilizaron una conexión a internet de la empresa cuya titular es la mujer (desde el IP asociado al domicilio ubicado en barrio Lomas de Tafí, Tafi Viejo). En el asunto de dicho correo indicó “Amenaza de bomba” y en el contenido “Hay explosivos en el edificio”. Asimismo y de manera conjunta y coordinada entre ambos previo acuerdo de voluntades, fue que ese día, siendo las 11:13 horas, con intenciones de causar temor público, enviaron un correo electrónico desde una casilla de correo al mail del Colegio San Francisco.

Para el envío del mismo utilizaron una conexión a internet de la empresa que es titular el imputado (desde el IP asociado al domicilio ubicado en calle Bolívar al 1500 de esta ciudad capital). En el asunto de dicho correo indicaron: «Código Negro» y en el contenido «evacuar lo más rápido posible, explosivos en la institución».

De esta manera provocaron temor entre los miembros de la Escuela y la población en general, debiendo a consecuencia intervenir personal policial y bomberos, quienes aplicaron protocolo para el caso, evacuando del establecimiento escolar a la totalidad de las personas que se encontraban en su interior, a fin del registro del lugar, consistiendo en 35 docentes y 560 alumnos de la Escuela Padre Roque Correa y 25 docentes, 519 alumnos y 6 miembros del personal administrativo del Colegio San Francisco. Asimismo, provocaron tumulto y caos en el tránsito, mientras se aplicaba dicho protocolo preventivo.

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Acusan a una mujer de usar el home banking de su ex suegro para obtener $4,6 millones

El MPF también imputó a una amiga por encubrimiento, quien habría recibido dinero en su cuenta sabiendo que provenía de un ilícito.

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Este jueves 10 de septiembre se realizó una audiencia en la que el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila, formuló cargos contra Andrea Natalia Gómez Gallo (32) y Carla Agostina Montenegro (30), en el marco de una investigación por una maniobra que habría provocado un perjuicio patrimonial de $4.656.600.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Fiscal, Gómez Gallo habría utilizado, sin autorización, las credenciales de acceso al home banking de su ex suegro, aprovechando que conocía su usuario y contraseña porque anteriormente lo había asistido en la creación y utilización del canal bancario. Según la teoría del caso, desde la cuenta sueldo de la víctima gestionó distintos créditos y posteriormente transfirió los fondos obtenidos hacia cuentas vinculadas a ella y a Montenegro.

Créditos y transferencias desde la cuenta de la víctima

La maniobra se habría desarrollado entre el 19 de noviembre de 2024 y el 25 de septiembre de 2025. El primer hecho atribuido ocurrió el 19 de noviembre de 2024, cuando Gómez Gallo habría gestionado un crédito por $650.000 desde la cuenta de la víctima y transferido ese importe a una cuenta vinculada a su persona.

Posteriormente, el 3 de febrero de 2025, habría realizado tres transferencias por $300.000, $50.000 y $40.000, también hacia una cuenta vinculada a ella. El 21 de abril de 2025 gestionó un nuevo crédito por $1.200.000. Una vez acreditado el dinero, realizó dos transferencias, por $500.000 y $700.000, hacia una cuenta vinculada a Montenegro.

La investigación sostiene que la maniobra continuó durante los meses siguientes. El 12 de junio de 2025, Gómez Gallo habría transferido $326.600 hacia una cuenta vinculada a su persona. Luego, el 24 de julio, gestionó otro crédito por $1.510.000 y transfirió $1.500.000 a una cuenta de su titularidad. Asimismo, el 8 de agosto habría efectuado una transferencia de $290.000 y, finalmente, el 25 de septiembre de 2025 gestionó un nuevo crédito por $300.000, transfiriendo ese mismo día la totalidad del importe hacia una cuenta de su propiedad.

Como consecuencia de estas operaciones, la Fiscalía estimó que el perjuicio patrimonial ocasionado a la víctima ascendió a $4.656.600.

La calificación legal atribuida a Gómez Gallo es la de defraudación mediante manipulación informática, en calidad de autora. En cuanto a Montenegro, la Fiscalía le atribuyó haber recibido $1.200.000 con conocimiento de su origen ilícito, dinero que habría sido obtenido previamente mediante la maniobra de defraudación investigada. Por este hecho fue acusada por el delito de encubrimiento por receptación dolosa.

Medidas de coerción

Luego de formular los cargos, Rodríguez del Busto solicitó que, a los fines de resguardar la investigación, se impongan a ambas acusadas medidas cautelares de menor intensidad por el término de cuatro meses. La jueza interviniente analizó el planteo realizado por el MPF y resolvió hacer lugar a la totalidad de las medidas solicitadas, por lo que las acusadas deberán cumplir las reglas de conducta establecidas durante el plazo fijado.

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Choque de motos en Alderetes: una pasajera resultó herida y el conductor del otro rodado escapó del lugar

Las autoridades policiales tratan de identificar al motociclista que escapó del lugar del accidente, abandonando a la mujer que resultó herida.

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Una joven de 23 años sufrió politraumatismos al chocar dos motocicletas este miércoles, alrededor de las 20, en avenida Eva Perón y Azcuénaga, en Alderetes. La pasajera fue trasladada al Centro de Salud Zenón Santillán y se encuentra fuera de peligro. La Fiscalía ordenó buscar testigos y revisar cámaras para reconstruir el siniestro e identificar a uno de los motociclistas, que se retiró del lugar.

La causa quedó caratulada como lesiones culposas, con intervención de la Unidad Fiscal Criminal del Centro Judicial Capital. La mecánica del impacto todavía debe ser esclarecida y la primera reconstrucción surge de los testimonios recogidos por la Policía.

Según esas versiones, una Honda Wave, conducida por un trabajador de una aplicación de transporte que llevaba a la joven como pasajera, circulaba junto con una Honda New Titán negra por avenida Eva Perón, de sur a norte. Ambos vehículos giraron hacia Azcuénaga y, durante esa maniobra, el conductor de la Wave habría intentado sobrepasar al otro rodado.

Los testigos señalaron que se produjo un impacto en la parte trasera de la New Titán, tras el cual los dos ocupantes de la Wave cayeron al pavimento. Describieron al conductor de la otra motocicleta como un hombre de entre 50 y 60 años, aproximadamente, vestido de negro, que abandonó el sector después del choque.

Una ambulancia municipal trasladó a la pasajera al Centro de Salud Zenón Santillán. Allí fue atendida por el médico de guardia, quien diagnosticó politraumatismos y determinó que estaba fuera de peligro.

El conductor de la Wave manifestó que buscaría asistencia médica por sus propios medios. Sin embargo, las consultas posteriores realizadas en la Policlínica de Banda del Río Salí y en el Hospital del Este Eva Perón no permitieron constatar su ingreso a ninguno de esos establecimientos.

Efectivos de la Comisaría Martín Miguel de Güemes acudieron tras recibir el aviso del Cuerpo de Vigías de Alderetes. Cuando llegaron, encontraron a numerosas personas y a los agentes municipales resguardando la escena, pero los involucrados ya se habían retirado.

Con la información reunida, la Fiscalía dispuso relevar las cámaras de seguridad y localizar a otros posibles testigos. Esas medidas buscarán precisar cómo ocurrió la colisión y establecer la identidad del conductor de la New Titán.

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Denunciaron que el camión recolector que atropelló a un nene de dos años circulaba a una velocidad fuera de lo permitida

Testigos aseguraron que el camión circulaba rápidamente por el pasaje y afirmaron que no era la primera vez que ocurría.

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Vecinos del pasaje donde murió el bebé Liam cuestionaron la velocidad a la que, según sus testimonios, circulaba el camión recolector de residuos y aseguraron que ya habían existido reclamos por situaciones similares.

Una mujer que se encontraba en el lugar aseguró haber visto pasar al vehículo momentos antes del hecho. “Saqué el auto, lo dejé pasar al camión de la basura, que pasó a una velocidad que no tiene que pasar porque es un pasaje. Pasó muy rápido y no es la primera vez”, relató.

Otra vecina contó que había salido con una bolsa de residuos, pero no alcanzó al camión. “En lo que entré al fondo a dejar la bolsa, salí y sentí el griterío. Ya no estaba el camión”, señaló.

Los testimonios apuntan además a que las quejas por la forma en que circulaban los camiones recolectores no serían recientes.

“El camión de la basura siempre pasa así, con todo. Esto no es desde hace poquito, esto es desde hace muchísimo. Siempre hubo papás que reclamaron y los camioneros, ciegos. Esto se hubiese prevenido”, sostuvo una de las vecinas.

Las declaraciones reflejan la conmoción y el enojo de quienes viven en la zona tras la muerte de Liam. Las afirmaciones sobre la velocidad del vehículo corresponden a los testimonios de los vecinos y deberán ser contrastadas con la investigación del hecho.

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