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Prisión preventiva por dos meses a una alumna de la Escuela Juan Luis Nougués

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Este jueves, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que dirige Mariana Rivadeneira, solicitó una audiencia de formalización de cargos para imputar a una alumna, de 18 años, por el delito de intimidación pública, en dos oportunidades, en perjuicio de la Escuela Secundaria N°248 Juan Luis Nougués de San Miguel de Tucumán, ocurrido el lunes 7 de agosto del corriente año.

Luego de relatar el hecho (ver aparte), la Fiscal se refirió a las evidencias, entre ellas, el oficio de la telefonía de celular prestataria que señala la titularidad de la joven con la línea atribuida en los mensajes enviados a la docente.

«Existen elementos que la vinculan con el número de línea del cual provino la amenaza. No resulta menor que el día posterior al hecho lo denunció como robado. Por lo tanto, el peligro procesal está dado porque se falseó un dato pidiendo la suspensión de la línea y el acto posterior (por parte de la defensa técnica) de adjuntar un teléfono distinto del que provinieron las amenazas”, afirmó Rivadeneira. A continuación pidió la prisión preventiva por dos meses para la estudiante (que se encuentra cursando el 6° A) y un embargo de $3.000.000 (por el término de seis meses –que demandará la investigación-).

“Resulta procedente solicitar la inhabilitación general de bienes por el término que dure la investigación y por un importe de $3.000.000. Nadie puede negar los gastos de poner en marcha el procedimiento de evacuación (personal de tránsito, bomberos, ambulancia y agentes estatales)”, agregó Rivadeneira quien informó que debieron ser evacuados 750 estudiantes y 64 docentes.

“Ayer miércoles tuvimos 17 amenazas de bombas y la prisión preventiva no dice que no pueda educarse en forma virtual. No se están vulnerando derechos”, expuso la representante del MPF quien mencionó que restan pericias para determinar la geolocalización.

Al momento de dirigir unas palabras, la joven dijo: “Cambié el número hace 6 meses y el chip que sale a mi nombre le presté a un amigo (que asiste al mismo establecimiento). En el horario de 07:00 a 09:00 horas yo estaba durmiendo”. Finalmente, el juez que intervino hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó el comparendo de la encartada, en el plazo de dos horas, a la guardia de tribunales. Posteriormente, se procederá a su traslado al servicio penitenciario (Unidad N°4). En tanto, la defensa técnica hizo reserva de impugnar lo dispuesto.

Hecho investigado

El lunes 7 de agosto, siendo las 00:57 horas, la alumna de la Escuela Secundaria N°248 Juan Luis Nougués, ubicado en calle Larrea al 300 de San Miguel de Tucumán, con intenciones de causar temor público envió un mensaje de texto a través de la aplicación whatsapp del número de abonado, que es titular, al teléfono de una docente de dicho establecimiento.

El mismo decía: “Hola buenas noches, usted es profesora de la institución Juan Luis Nougués, le recomendamos no llamar a los alumnos a clases por posibles bombas instaladas en las tres partes de la institución (Jardín, Inicial y Secundaria), desde ya muchas gracias”. En horas de la mañana del mismo día, a las 09:00 horas, y del mismo abonado volvió a enviar un mensaje a la docente mencionada que rezaba: “La bomba derrumbará aproximadamente 1.000 metros cuadrados, dentro y fuera del establecimiento (Jardín, Inicial y Secundaria)”.

Provocando de esa manera entre los miembros de la Escuela y de la población en general debiendo intervenir personal de Bomberos para la aplicación del protocolo del caso, evacuando el establecimiento escolar a la totalidad del alumnado y docente a fines del registro del lugar provocando asimismo tumulto y caos, mientras se aplicaba el protocolo.

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Acusan a una mujer de usar el home banking de su ex suegro para obtener $4,6 millones

El MPF también imputó a una amiga por encubrimiento, quien habría recibido dinero en su cuenta sabiendo que provenía de un ilícito.

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Este jueves 10 de septiembre se realizó una audiencia en la que el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila, formuló cargos contra Andrea Natalia Gómez Gallo (32) y Carla Agostina Montenegro (30), en el marco de una investigación por una maniobra que habría provocado un perjuicio patrimonial de $4.656.600.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Fiscal, Gómez Gallo habría utilizado, sin autorización, las credenciales de acceso al home banking de su ex suegro, aprovechando que conocía su usuario y contraseña porque anteriormente lo había asistido en la creación y utilización del canal bancario. Según la teoría del caso, desde la cuenta sueldo de la víctima gestionó distintos créditos y posteriormente transfirió los fondos obtenidos hacia cuentas vinculadas a ella y a Montenegro.

Créditos y transferencias desde la cuenta de la víctima

La maniobra se habría desarrollado entre el 19 de noviembre de 2024 y el 25 de septiembre de 2025. El primer hecho atribuido ocurrió el 19 de noviembre de 2024, cuando Gómez Gallo habría gestionado un crédito por $650.000 desde la cuenta de la víctima y transferido ese importe a una cuenta vinculada a su persona.

Posteriormente, el 3 de febrero de 2025, habría realizado tres transferencias por $300.000, $50.000 y $40.000, también hacia una cuenta vinculada a ella. El 21 de abril de 2025 gestionó un nuevo crédito por $1.200.000. Una vez acreditado el dinero, realizó dos transferencias, por $500.000 y $700.000, hacia una cuenta vinculada a Montenegro.

La investigación sostiene que la maniobra continuó durante los meses siguientes. El 12 de junio de 2025, Gómez Gallo habría transferido $326.600 hacia una cuenta vinculada a su persona. Luego, el 24 de julio, gestionó otro crédito por $1.510.000 y transfirió $1.500.000 a una cuenta de su titularidad. Asimismo, el 8 de agosto habría efectuado una transferencia de $290.000 y, finalmente, el 25 de septiembre de 2025 gestionó un nuevo crédito por $300.000, transfiriendo ese mismo día la totalidad del importe hacia una cuenta de su propiedad.

Como consecuencia de estas operaciones, la Fiscalía estimó que el perjuicio patrimonial ocasionado a la víctima ascendió a $4.656.600.

La calificación legal atribuida a Gómez Gallo es la de defraudación mediante manipulación informática, en calidad de autora. En cuanto a Montenegro, la Fiscalía le atribuyó haber recibido $1.200.000 con conocimiento de su origen ilícito, dinero que habría sido obtenido previamente mediante la maniobra de defraudación investigada. Por este hecho fue acusada por el delito de encubrimiento por receptación dolosa.

Medidas de coerción

Luego de formular los cargos, Rodríguez del Busto solicitó que, a los fines de resguardar la investigación, se impongan a ambas acusadas medidas cautelares de menor intensidad por el término de cuatro meses. La jueza interviniente analizó el planteo realizado por el MPF y resolvió hacer lugar a la totalidad de las medidas solicitadas, por lo que las acusadas deberán cumplir las reglas de conducta establecidas durante el plazo fijado.

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Choque de motos en Alderetes: una pasajera resultó herida y el conductor del otro rodado escapó del lugar

Las autoridades policiales tratan de identificar al motociclista que escapó del lugar del accidente, abandonando a la mujer que resultó herida.

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Una joven de 23 años sufrió politraumatismos al chocar dos motocicletas este miércoles, alrededor de las 20, en avenida Eva Perón y Azcuénaga, en Alderetes. La pasajera fue trasladada al Centro de Salud Zenón Santillán y se encuentra fuera de peligro. La Fiscalía ordenó buscar testigos y revisar cámaras para reconstruir el siniestro e identificar a uno de los motociclistas, que se retiró del lugar.

La causa quedó caratulada como lesiones culposas, con intervención de la Unidad Fiscal Criminal del Centro Judicial Capital. La mecánica del impacto todavía debe ser esclarecida y la primera reconstrucción surge de los testimonios recogidos por la Policía.

Según esas versiones, una Honda Wave, conducida por un trabajador de una aplicación de transporte que llevaba a la joven como pasajera, circulaba junto con una Honda New Titán negra por avenida Eva Perón, de sur a norte. Ambos vehículos giraron hacia Azcuénaga y, durante esa maniobra, el conductor de la Wave habría intentado sobrepasar al otro rodado.

Los testigos señalaron que se produjo un impacto en la parte trasera de la New Titán, tras el cual los dos ocupantes de la Wave cayeron al pavimento. Describieron al conductor de la otra motocicleta como un hombre de entre 50 y 60 años, aproximadamente, vestido de negro, que abandonó el sector después del choque.

Una ambulancia municipal trasladó a la pasajera al Centro de Salud Zenón Santillán. Allí fue atendida por el médico de guardia, quien diagnosticó politraumatismos y determinó que estaba fuera de peligro.

El conductor de la Wave manifestó que buscaría asistencia médica por sus propios medios. Sin embargo, las consultas posteriores realizadas en la Policlínica de Banda del Río Salí y en el Hospital del Este Eva Perón no permitieron constatar su ingreso a ninguno de esos establecimientos.

Efectivos de la Comisaría Martín Miguel de Güemes acudieron tras recibir el aviso del Cuerpo de Vigías de Alderetes. Cuando llegaron, encontraron a numerosas personas y a los agentes municipales resguardando la escena, pero los involucrados ya se habían retirado.

Con la información reunida, la Fiscalía dispuso relevar las cámaras de seguridad y localizar a otros posibles testigos. Esas medidas buscarán precisar cómo ocurrió la colisión y establecer la identidad del conductor de la New Titán.

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Denunciaron que el camión recolector que atropelló a un nene de dos años circulaba a una velocidad fuera de lo permitida

Testigos aseguraron que el camión circulaba rápidamente por el pasaje y afirmaron que no era la primera vez que ocurría.

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Vecinos del pasaje donde murió el bebé Liam cuestionaron la velocidad a la que, según sus testimonios, circulaba el camión recolector de residuos y aseguraron que ya habían existido reclamos por situaciones similares.

Una mujer que se encontraba en el lugar aseguró haber visto pasar al vehículo momentos antes del hecho. “Saqué el auto, lo dejé pasar al camión de la basura, que pasó a una velocidad que no tiene que pasar porque es un pasaje. Pasó muy rápido y no es la primera vez”, relató.

Otra vecina contó que había salido con una bolsa de residuos, pero no alcanzó al camión. “En lo que entré al fondo a dejar la bolsa, salí y sentí el griterío. Ya no estaba el camión”, señaló.

Los testimonios apuntan además a que las quejas por la forma en que circulaban los camiones recolectores no serían recientes.

“El camión de la basura siempre pasa así, con todo. Esto no es desde hace poquito, esto es desde hace muchísimo. Siempre hubo papás que reclamaron y los camioneros, ciegos. Esto se hubiese prevenido”, sostuvo una de las vecinas.

Las declaraciones reflejan la conmoción y el enojo de quienes viven en la zona tras la muerte de Liam. Las afirmaciones sobre la velocidad del vehículo corresponden a los testimonios de los vecinos y deberán ser contrastadas con la investigación del hecho.

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