La Justicia provincial resolvió dejar sin efecto el arresto domiciliario y otorgar la libertad bajo pautas de conducta a Mónica Rodríguez y Sergio Amarello, el matrimonio investigado por tenencia de estupefacientes tras el hallazgo de derivados de marihuana en su vivienda. La resolución del juez Guillermo Taylor fijó medidas de coerción de menor intensidad por un plazo de tres meses, luego de que la defensa acreditara que la sustancia era producida con fines medicinales para su hijo de 20 años, quien padece un grado severo de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y epilepsia, y que la madre contaba con registro en el Reprocann.

El origen del procedimiento y la imputación inicial

La causa penal se inició el pasado 12 de agosto a raíz de una medida de allanamiento ordenada por una investigación por robo en el domicilio de la pareja, ubicado en el pasaje Zenón Santillán. Durante la inspección, los uniformados secuestraron 259 gramos de marihuana, semillas, productos y subproductos cannábicos, un teléfono celular y una balanza, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros y 587 municiones.

Ante el hallazgo intervino la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, que formuló cargos contra ambos bajo la presunción de que la balanza secuestrada indicaba fraccionamiento para la comercialización. No obstante, en una primera audiencia, la jueza Judith Solórzano desestimó la prisión preventiva al considerar inexistentes los riesgos de fuga o entorpecimiento y fijó un arresto domiciliario provisional por siete días para constatar las autorizaciones sanitarias.

Acreditación del Reprocann y cambio de postura fiscal

La situación procesal del matrimonio dio un vuelco determinante durante la última audiencia. Los abogados defensores, Patricio Char y Candelaria Hernández, presentaron ante el tribunal la documentación oficial que certifica la aprobación del consentimiento informado de Rodríguez en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann).

Frente a esta prueba, la auxiliar de fiscal María Sol Gramajo Parache desistió de prorrogar el encierro domiciliario y solicitó medidas cautelares alternativas:

• Fijación y mantenimiento de domicilio legal.
• Comparecencia obligatoria a las citaciones judiciales.
• Prohibición de realizar actos de intimidación o acercamiento a menos de 200 metros de los testigos del procedimiento.
• Prohibición expresa de portación de armas de fuego.

La defensa técnica remarcó que Rodríguez ya contaba con una autorización previa en el Reprocann para el cultivo de hasta 50 plantas y que el trámite vigente correspondía a una renovación administrativa. Asimismo, aclararon que los testimonios sobre intercambios dinerarios hacían referencia exclusiva a los costos de la materia prima para la elaboración del aceite terapéutico.

El debate legal entre el derecho a la salud y el delito penal

Tras la resolución que otorgó la libertad al matrimonio, el abogado Patricio Char remarcó la importancia de diferenciar los fines terapéuticos del tráfico ilícito:

“Muchas veces no se cuenta con el Reprocann, pero no se puede desconocer en los casos concretos que, si es probado que se utiliza para salud, como ser un hijo con autismo, no estaríamos frente a un delito. En este caso se suma que su mamá es presidente de una fundación, una persona pública que lucha justamente para que se deje de criminalizar. La ley penal debe probar que hay una finalidad de lucro y no de cuidar la salud de un ser querido”, remarcó el letrado ante la prensa.

Un amplio operativo conjunto encabezado por Gendarmería Nacional permitió desarticular una red interprovincial dedicada a la distribución y venta al menudeo de estupefacientes que operaba entre las provincias de Salta y Santiago del Estero. La investigación, dirigida por el fiscal federal Eduardo Villalba, culminó con la captura del presunto cabecilla de la organización tras un exhaustivo trabajo de inteligencia que incluyó intervenciones telefónicas, cruces de datos, análisis de cámaras de seguridad y una audaz maniobra de infiltración encubierta.

El principal investigado, identificado bajo las siglas A.N., mantenía un riguroso perfil bajo para eludir a las fuerzas de seguridad. A lo largo del período investigado, el sospechoso concretó al menos cinco mudanzas sucesivas en distintas localidades, fijando su último refugio en una propiedad rural situada en San José de Metán, a unos 130 kilómetros al sur de la capital salteña.

La ruta de la cocaína: el nexo desde Orán hacia Santiago del Estero

Las pesquisas judiciales lograron reconstruir el circuito logístico implementado por la banda para abastecer los centros de venta en la región del NOA. De acuerdo con la causa, la sustancia ilícita era provista por un ciudadano de nacionalidad peruana conocido bajo el alias de «El Chino», quien operaba radicado en la ciudad norteña de San Ramón de la Nueva Orán.

El ardid clave: peones rurales que resultaron ser gendarmes

Pese a las estrictas medidas de seguridad que adoptaba para no dejar rastros, la caída del líder se precipitó a raíz de un insólito error de cálculo en su último escondite. En su afán por acondicionar la vivienda recién adquirida en la zona rural de Metán, A.N. decidió contratar a dos trabajadores rurales para desmalezar el terreno y abrir una vía de acceso hacia la propiedad.

Sin embargo, los hombres contratados eran en realidad efectivos de Gendarmería Nacional abocados a tareas de campo encubiertas. Al confirmar la presencia y ubicación exacta del prófugo en el predio, el fiscal Villalba libró de inmediato las órdenes de allanamiento. La fuerza de seguridad federal desplegó irrupciones simultáneas en cuatro domicilios vinculados a la organización, logrando la detención del sospechoso y el secuestro de documentación de vital importancia para la causa.

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, bajo la conducción de Gerardo Salas y el auxiliar Juan José Ibáñez, encabeza las actuaciones por el insólito episodio. Los funcionarios judiciales y el personal policial se apersonaron en el centro médico para receptar los testimonios de los profesionales de guardia. La causa busca determinar las responsabilidades operativas en la entrega del recién nacido.

Durante las declaraciones testimoniales, las médicas ginecólogas justificaron la falta de precisión inicial debido a las complicaciones del parto. “La cesárea se realizó de urgencia por un cuadro de bradicardia fetal y el bebé se entregó de inmediato al área de Neonatología”, explicaron las cirujanas ante las autoridades. Sin embargo, los familiares recibieron al recién nacido vestido de nena y con perforaciones para aros en los lóbulos, descubriendo su sexo masculino al cambiarle el pañal.

Muestras genéticas, consentimiento de las madres y custodia del ECIF

Para despejar dudas sobre la filiación de los recién nacidos, la Fiscalía dispuso la realización de estudios de compatibilidad genética a los cinco lactantes dados a luz ese mismo viernes. El prosecretario Patricio Reynoso entrevistó personalmente a las otras cuatro progenitoras en el nosocomio. “Las madres prestaron su total consentimiento para la extracción de las muestras y la colaboración con el procedimiento judicial”, detallaron los voceros del fuero penal.

Los peritos del Laboratorio de Genética del ECIF fijaron las pautas técnicas para garantizar la preservación de la cadena de custodia de las muestras extraídas. Los resultados biológicos tardarán aproximadamente un mes y resultarán decisivos para ratificar la identidad de los niños. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa con la compulsa de carpetas médicas para establecer si existió negligencia o incumplimiento de deberes en la maternidad.