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Allanaron diez domicilios de jefes de comisarías por una denuncia de coimas

Las medidas solicitadas por la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal, que conduce Mariana Rivadeneira, se realizaron hoy.

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El Ministerio Fiscal (MPF) a través de la Unidad Fiscal de Investigación en Delitos Complejos (UFI) informó que este martes, 10 de noviembre, se realizaron 10 allanamientos en domicilios pertenecientes a jefes de comisarías.

La Fiscalía, a cargo de Mariana Rivadeneira, adelantó que hubo una denuncia por el pedido de exacciones o coimas.

Las medidas fueron positivas ya que se secuestraron armas, teléfonos celulares y otros materiales de almacenamiento electrónico de interés para la causa.

Además de la Fiscal estuvieron presentes la secretaria adversarial, Brenda Deroy, acompañada por miembros de la UFI e integrantes del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Las tareas comenzaron a tempranas horas de este martes.

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, encabezada por Diego López Ávila, convocó a una audiencia con el fin de formular cargos y pedir medidas cautelares en contra de un hombre sospechado de haber querido estafar a otro, intentando desalojarlo de su vivienda mediante un contrato de alquiler falso. La encargada de exponer la acusación fue la auxiliar de fiscal, Carolina Brito Ledesma.
Según relató, el 16 de septiembre del 2025, en horas a determinar, el acusado compareció ante el Juzgado de Paz de Yerba Buena, inició una demanda de desalojo y simuló ser locatario del inmueble ubicado en calle Brasil al 800, de dicha ciudad, presentando un contrato de locación falso en su contenido, en el cual figuraba como locador y como locatario la víctima, fechado el 19 de marzo del 2020.
Dicho documento contaba con diez cláusulas, disponiéndose en una de ellas el vencimiento del alquiler el 20 de marzo del 2025, fecha en que debía restituirse el inmueble libre de todo ocupante, con la apariencia de autenticidad, ya que contenía la firma falsa de un escribano con sellado, con el fin de hacer incurrir en error a la jueza y provocar el desalojo del inmueble propiedad de la víctima.

“Armaron esto”

Brito Ledesma le endilgó al imputado ser presunto autor del delito de estafa procesal en grado de tentativa. Entre las evidencias colectadas hasta el momento, la representante del MPF mencionó la entrevista testimonial realizada en Fiscalía a la víctima, donde ratificó lo denunciado en primera instancia.
Allí manifestó: “Yo nunca firmé un contrato de locación con el señor. Al inmueble lo compré en 2003, vivo ahí hace como 15 años con mi pareja y mis dos hijos. Al señor lo conozco y, que yo sepa, nunca vivió en mi domicilio. Él es padrino de mi hija, al igual que su abogado, que en otra causa fue defensor mío, pero yo le revoqué el poder. Entre los dos vieron la posibilidad de quedarse con mi propiedad y armaron esto”.
Finalmente, la auxiliar de fiscal requirió que se impongan medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta) por el plazo de tres meses. El juez resolvió aceptar todo lo demandado por la acusación pública.

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Un automóvil con cuatro adultos mayores cayó en el Canal Sur

El vehículo, ocupado por tres mujeres y un hombre, terminó en el fondo del canal por causas que todavía se investigan.

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Cuatro adultos mayores fueron rescatados luego de que el Renault 12 gris en el que viajaban cayera al Canal Sur, a la altura del Camino de Sirga y Huemul.

El vehículo, ocupado por tres mujeres y un hombre, terminó en el fondo del canal por causas que todavía se investigan. Pese al impacto, los cuatro ocupantes se encontraban lúcidos y no presentaban lesiones visibles.

El jefe del cuerpo oficial de Bomberos Voluntarios de Yerba Buena, Andrés Cuenya, explicó que recibieron el alerta cerca de las 9.15. Al llegar al lugar, los rescatistas comprobaron que las víctimas ya habían logrado salir del automóvil por sus propios medios.

Bomberos asisten a una de las víctimas

Bomberos asisten a una de las víctimas. Foto: Bomberos Voluntarios de Yerba Buena.

“Nos sorprendimos gratamente al ver que pudieron salir del auto. Estaban muy asustados, pero no fue necesario inmovilizarlos: subieron por las escaleras que colocamos”, relató Cuenya.

Según explicó el jefe de bomberos, el hecho de que el Renault 12 quedara apoyado sobre sus cuatro ruedas, sin volcar, habría sido clave para evitar consecuencias más graves.

Operativo de rescate en el Canal Sur

En el operativo también participaron efectivos de la Policía, bomberos de la fuerza y personal del servicio de emergencias 107, que revisó a los sobrevivientes en el lugar.

Rescate del vehículo en el Canal Sur

Por la ubicación del accidente, en el límite entre Yerba Buena y San Miguel de Tucumán, se realizaron consultas para definir la jurisdicción. Finalmente, se determinó que la intervención correspondía a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

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Murió un trabajador al quedar atrapado en una miniexcavadora

El hecho ocurrió en el kilómetro 1308 de la ruta 9. Según las primeras informaciones, el operario habría quedado atrapado por la cabeza entre partes de la máquina tras una maniobra y falleció en el lugar. Trabajan bomberos de Los Nogales, Tafí Viejo, el ECIF y la comisaría de Los Nogales.

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Un grave accidente laboral conmocionó este jueves a la comunidad de un country en construcción, ubicado a la altura del kilómetro 1.308 de la ruta nacional 9. La tragedia se cobró la vida de un operario, que falleció en el lugar después de quedar atrapado en la zona de la cabeza durante una maniobra con una mini excavadora.

 

Según consignó la periodista Cecilia Páez, el hombre se encontraba realizando tareas en el predio cuando, en el curso de la operación de la maquinaria, se produjo el hecho que terminó en el desenlace fatal. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal especializado destinado al operativo posterior al accidente.

 

 

Las circunstancias precisas del suceso serán objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, que deberán determinar cómo se desarrolló la maniobra y establecer eventuales responsabilidades. Mientras se avanza con las pericias, se aguarda el informe oficial que aporte mayores detalles sobre las causas y la dinámica del accidente.

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Acusan a una mujer de usar el home banking de su ex suegro para obtener $4,6 millones

El MPF también imputó a una amiga por encubrimiento, quien habría recibido dinero en su cuenta sabiendo que provenía de un ilícito.

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Este jueves 10 de septiembre se realizó una audiencia en la que el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila, formuló cargos contra Andrea Natalia Gómez Gallo (32) y Carla Agostina Montenegro (30), en el marco de una investigación por una maniobra que habría provocado un perjuicio patrimonial de $4.656.600.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Fiscal, Gómez Gallo habría utilizado, sin autorización, las credenciales de acceso al home banking de su ex suegro, aprovechando que conocía su usuario y contraseña porque anteriormente lo había asistido en la creación y utilización del canal bancario. Según la teoría del caso, desde la cuenta sueldo de la víctima gestionó distintos créditos y posteriormente transfirió los fondos obtenidos hacia cuentas vinculadas a ella y a Montenegro.

Créditos y transferencias desde la cuenta de la víctima

La maniobra se habría desarrollado entre el 19 de noviembre de 2024 y el 25 de septiembre de 2025. El primer hecho atribuido ocurrió el 19 de noviembre de 2024, cuando Gómez Gallo habría gestionado un crédito por $650.000 desde la cuenta de la víctima y transferido ese importe a una cuenta vinculada a su persona.

Posteriormente, el 3 de febrero de 2025, habría realizado tres transferencias por $300.000, $50.000 y $40.000, también hacia una cuenta vinculada a ella. El 21 de abril de 2025 gestionó un nuevo crédito por $1.200.000. Una vez acreditado el dinero, realizó dos transferencias, por $500.000 y $700.000, hacia una cuenta vinculada a Montenegro.

La investigación sostiene que la maniobra continuó durante los meses siguientes. El 12 de junio de 2025, Gómez Gallo habría transferido $326.600 hacia una cuenta vinculada a su persona. Luego, el 24 de julio, gestionó otro crédito por $1.510.000 y transfirió $1.500.000 a una cuenta de su titularidad. Asimismo, el 8 de agosto habría efectuado una transferencia de $290.000 y, finalmente, el 25 de septiembre de 2025 gestionó un nuevo crédito por $300.000, transfiriendo ese mismo día la totalidad del importe hacia una cuenta de su propiedad.

Como consecuencia de estas operaciones, la Fiscalía estimó que el perjuicio patrimonial ocasionado a la víctima ascendió a $4.656.600.

La calificación legal atribuida a Gómez Gallo es la de defraudación mediante manipulación informática, en calidad de autora. En cuanto a Montenegro, la Fiscalía le atribuyó haber recibido $1.200.000 con conocimiento de su origen ilícito, dinero que habría sido obtenido previamente mediante la maniobra de defraudación investigada. Por este hecho fue acusada por el delito de encubrimiento por receptación dolosa.

Medidas de coerción

Luego de formular los cargos, Rodríguez del Busto solicitó que, a los fines de resguardar la investigación, se impongan a ambas acusadas medidas cautelares de menor intensidad por el término de cuatro meses. La jueza interviniente analizó el planteo realizado por el MPF y resolvió hacer lugar a la totalidad de las medidas solicitadas, por lo que las acusadas deberán cumplir las reglas de conducta establecidas durante el plazo fijado.

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