Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada el segundo encuentro con los mandatarios que, en línea con el Gobierno nacional, rechazan la medida cautelar dictada por el máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la Policía a la órbita porteña.

Uno de los voceros luego del encuentro fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien explicó a la prensa que la firma del pedido de juicio político se realiza «en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

Aunque durante varios días se había sostenido que el pedido de juicio político sería solo contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti (además titular del Consejo de la Magistratura), ahora se señaló que el proceso será también contra el resto de los integrantes: Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

El gobernador chaqueño dijo que en el documento que desde el Poder Ejecutivo enviarán a la Cámara de Diputados se expondrá «una multiplicidad de hechos» supuestamente irregulares atribuidos al máximo tribunal. Detalló que van desde «la violación de la Ley de Ética Pública» hasta el mal desempeño «a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080», que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937.
A estos hechos se suma la medida cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires que, según Capitanich, habla de «manifiesta parcialidad» en favor de un sector partidario, en alusión a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).

«Deben ser custodios de la Constitución. Los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida del patrimonio del honor y de la libertad con miembros de la Corte Suprema de Justicia que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista al principio republicano», dijo.
El gobernador ejemplificó esto con el fallo de la Corte con el que se ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%.

«Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecta. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y del federalismo es una bandera irrenunciable, porque es la base para lograr equidad e igualdad», apuntó.

El mandatario evitó referirse a la posibilidad de avance del proceso en el pleno de la Cámara de Diputados y aclaró que el procedimiento se iniciará en la comisión legislativa pertinente -la de Juicio Político, donde el oficialismo tiene quórum favorable-, que tendrá cuatro meses para hacer su investigación y emitir un dictamen.

Para que la comisión pueda iniciar su trabajo, el Poder Ejecutivo deberá enviar, en las próximas horas, una convocatoria a sesiones extraordinarias que, según se pudo saber, tendrá un temario más amplio que el del tratamiento del Juicio a la Corte.