El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán llevó adelante una sesión en la cual se sancionó una serie de iniciativas impulsadas tanto por el Departamento Ejecutivo Municipal como por los diversos bloques políticos. Entre los puntos más relevantes del temario, los concejales dieron luz verde a una reducción de cargas tributarias comunales, aseguraron la adquisición del edificio donde funciona la Escuela Municipal Gabriela Mistral y otorgaron rango legal a políticas vinculadas con la salud, el transporte y la seguridad vial.

Alivio fiscal y simplificación administrativa

Uno de los temas centrales de la sesión fue el tratamiento del proyecto remitido por el Ejecutivo comunal para la supresión de diversas tasas, contribuciones y tributos municipales. La ordenanza, que consta de 19 artículos, introduce modificaciones directas sobre el Código Tributario Municipal (Ordenanza Nº 4.536/13 y modificatorias) y sobre la Ordenanza Tarifaria Anual Nº 5.487/25. Entre las disposiciones modificadas se estableció la derogación de los artículos 214, 215, 216, 217, 232, 233 y 239 del Código Tributario, además de diversos incisos e ítems del esquema tarifario vigente.

La normativa aprobada establece la gratuidad en trámites y la eliminación de cobros referidos a la emisión de certificados de libre deuda, constancias fiscales, solicitudes administrativas, permisos comerciales, habilitaciones, inspecciones y registros, así como ocupación de espacios públicos. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la intención oficial es avanzar hacia la digitalización y la reducción burocrática para mejorar el vínculo entre la administración y los vecinos, al tiempo que se busca facilitar la actividad económica de quienes producen, emprenden o invierten en la ciudad.

Durante el debate, el presidente de la comisión de Hacienda, Emiliano Vargas Aignasse, defendió el despacho señalando que las tasas eliminadas no generarán un impacto considerable sobre los ingresos de las arcas municipales y que beneficiarán a los contribuyentes al agilizar los procedimientos. Según consignó el portal El Tucumano, la votación de este punto contó con la abstención de los concejales alfaristas Carlos Ale y Ana González, quienes solicitaron la correspondiente autorización reglamentaria al cuerpo.

Inmueble propio para la Escuela Gabriela Mistral

En el plano educativo, el cuerpo aprobó por unanimidad la ordenanza que faculta al Departamento Ejecutivo a concretar la compra de las propiedades donde desarrolla sus actividades la Escuela Municipal y Cooperativa Gabriela Mistral. La medida tuvo por objeto asegurar la continuidad pedagógica, institucional y operativa del establecimiento educativo.

A raíz de las propuestas e intercambios mantenidos durante la discusión en el recinto, los concejales incluyeron en el texto definitivo una cláusula explícita que determina que las instalaciones adquiridas por la Municipalidad deberán quedar destinadas de forma exclusiva al funcionamiento de dicha institución escolar.

Salud pública, transporte y tránsito

Por otra parte, los ediles aprobaron de manera unánime la creación por ordenanza del Centro Integral Municipal de Tartamudez (CIMT). La propuesta, enviada por la intendenta Rossana Chahla, formaliza un área que ya operaba desde mayo de 2025 bajo el Decreto N.º 0450/S.Gral./2025 y que asistió a 440 pacientes de forma interdisciplinaria y gratuita. Durante el debate, el edil Ernesto Nagle dio lectura a una nota elevada por familias y pacientes, mientras que el concejal José María Franco ponderó que el marco legal garantizará la estabilidad de este servicio sanitario más allá de las alternancias políticas. La votación se desarrolló en presencia de funcionarios municipales, autoridades del centro y allegados, quienes fueron saludados por el titular del cuerpo, Fernando Juri.

En la misma línea sanitaria, el Concejo convalidó la puesta en marcha del Plan Municipal Integral de Fibromialgia. En tanto, en materia de movilidad y seguridad urbana, se reglamentó el uso obligatorio de dispositivos de iluminación en bicicletas que circulen por el municipio y se aprobó la ampliación de la traza de la Línea Nº 7 de colectivos, operada por la Empresa El Ceibo S.R.L., que extenderá sus servicios hacia el barrio Ampliación Congreso. Finalmente, se otorgó una distinción al Sensei Raúl Campo por sus 50 años continuos de enseñanza y difusión del Karate-Do en la provincia.

El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Tucumán, Miguel Acevedo, participó en la ciudad de Corrientes de la 60ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que reunió a representantes de las diez provincias del Noroeste (NOA) y Nordeste Argentino (NEA). La agenda comenzó el jueves con el trabajo en comisiones y la reunión de la Mesa Ejecutiva, presidida por el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, y continuó este viernes con la sesión plenaria, donde se trataron y aprobaron las iniciativas legislativas.

Durante las jornadas ingresaron 156 proyectos, de los cuales 114 fueron aprobados en la sesión plenaria, incluidos 25 presentados por legisladores tucumanos. Las iniciativas fueron abordadas en las 13 comisiones permanentes y una comisión especial dedicada a la memoria de Malvinas.

Al realizar un balance del encuentro, Acevedo destacó los resultados alcanzados: “Un balance muy positivo. Se han tratado 114 proyectos que pasaron con dictamen y fueron aprobados en esta sesión número 60. Veinticinco de esos proyectos son de Tucumán, así que es un balance altamente positivo en cuanto a la cantidad y calidad de proyectos presentados”.

Entre las propuestas impulsadas por la delegación tucumana se destacó una iniciativa relacionada con el impacto del fenómeno climático de El Niño, que solicita al Gobierno nacional la reactivación de obras de infraestructura hídrica, la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la implementación de mecanismos de coordinación federal para prevenir y mitigar las consecuencias de crecidas e inundaciones.

Sobre este punto, Acevedo remarcó: “Es necesario que esos fondos para generar las contenciones y defensas necesarias y la asistencia a las provincias que tengan dificultades lleguen por parte de la Nación. No estamos pidiendo nada más que lo que corresponde a cada una de las provincias”.

En la misma línea, el legislador José Cano destacó: “No solamente nos vamos a quedar en el diagnóstico de lo que ya está ocurriendo con el evento climático de El Niño, sino también en la necesidad de que las provincias cuenten con los recursos para atacar la emergencia”, expresó.

En materia ambiental y sanitaria, Tucumán también impulsó propuestas para la creación de un Observatorio Hídrico del Norte Grande y la implementación de un Plan Regional de Abatimiento de Arsénico en el Agua de Consumo.

Al respecto, el legislador Agustín Romano Norri destacó la necesidad de coordinar políticas entre las provincias: “Tenemos todavía en el norte argentino muchas regiones y muchos sectores donde hay agua con arsénico. Creemos que es importante que trabajemos de forma mancomunada”, señaló.

En materia de salud, se abordaron iniciativas vinculadas a la prevención del dengue, zika y chikungunya, el fortalecimiento de la salud mental comunitaria y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, la legisladora Patricia Lizárraga, quien participó de la Comisión de Mujer, Género, Diversidad e Igualdad, destacó el intercambio de experiencias en torno a la prevención de la violencia contra las mujeres y la concientización sobre el cáncer de mama. “Fue una experiencia muy enriquecedora. Se debaten, se ven ideas y, sobre todo, se escuchan las diferentes problemáticas de este Norte Grande”, manifestó.

En el ámbito productivo, los representantes tucumanos presentaron iniciativas relacionadas con el financiamiento de infraestructura para los corredores bioceánicos, el fortalecimiento de plataformas bioindustriales y la creación de programas regionales de formación y empleabilidad.

Asimismo, el legislador Leopoldo Rodríguez se refirió al proyecto para conformar una Mesa Regional de Desarrollo de la Producción Porcina, orientada a promover la articulación público-privada, el agregado de valor y nuevas oportunidades para los productores. “La región tiene un capital instalado muy importante, donde es fundamental tener una estrategia de desarrollo”, afirmó.

En materia deportiva, también se trataron proyectos de reconocimiento a los atletas del Norte Grande, entre ellos las jugadoras de Las Leonas Victoria Sauze Valdez, de Tucumán, y Valentina Raposo, de Salta, por su título mundial.

Sobre estas iniciativas, el legislador Carlos Gómez destacó el trabajo de la delegación y expresó su expectativa de que las propuestas regionales tengan repercusión nacional. “Queremos que todo el trabajo que se realiza en las diferentes comisiones, los proyectos que se presentan y que acá se aprueban, puedan tener repercusión a nivel nacional”, sostuvo.

Otro de los asuntos destacados durante la sesión fue el acompañamiento al reclamo de Corrientes sobre la delimitación de la jurisdicción de las aguas del río Paraná en torno a la isla Apipé, una cuestión que involucra a la provincia y a la República del Paraguay.

Al respecto, Acevedo señaló: “La problemática de una de las provincias del Norte Grande es un problema de todas. Nosotros entendemos que el reclamo de Corrientes es absolutamente legítimo y ahí nos hemos encolumnado todos”.

La delegación tucumana estuvo integrada por los legisladores Francisco Serra, Rolando Alfaro, Leopoldo Rodríguez, Alejandro Figueroa, Nancy Bulacio, Patricia Lizárraga, Walter Berarducci, Agustín Romano Norri, José Cano, Ernesto Gómez Gómez Rossi, Carlos Eduardo Verón Guerra y Carlos Gómez.

El encuentro contó con la presencia del vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard; los vicegobernadores de Salta, Antonio Marocco, y de Jujuy, Alberto Bernis; la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Noemí Delgado Britto; el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano; los senadores provinciales Gustavo Valdés, de Corrientes, y Félix Gerez, de Catamarca; el vicepresidente primero del Senado correntino, Henry Fick; el legislador riojano Federico Sbiroli; y otras autoridades parlamentarias.

Finalmente, Acevedo confirmó que la 61ª Sesión Plenaria se realizará en Catamarca, con fecha a definir entre fines de noviembre y principios de diciembre. “Como siempre, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos, de estar unos a la par de los otros para el crecimiento y desarrollo de nuestra región”, concluyó.

La investigación se originó a partir de denuncias por presuntos hechos de corrupción y una posible estafa relacionada con el lanzamiento de $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025. Ese día, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del criptoactivo. Según las denuncias reconstruidas en el fallo, su cotización pasó de aproximadamente US$0,01 a un valor cercano a US$5 y luego se desplomó. Los denunciantes estimaron que unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor.

El fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento después de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, estudios de trazabilidad de operaciones en la red Solana y pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas. También se requirió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del token.

Uno de los principales fundamentos fue que no se logró demostrar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. El juez sostuvo que la publicación presidencial pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que esa circunstancia no acreditaba por sí sola una maniobra fraudulenta. Para el magistrado, tampoco alcanzaba con demostrar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas: era necesario probar una falsedad concreta que hubiera inducido a los inversores a comprar el activo.

Respecto de Javier Milei, la Justicia también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo tomó en cuenta que la Oficina Anticorrupción había concluido que la publicación no constituyó un acto institucional ni implicó la utilización de recursos estatales. También señaló que no se encontraron actos administrativos vinculados con el lanzamiento de $LIBRA ni documentación oficial que acreditara un acuerdo confidencial entre el Presidente y Hayden Davis para prestar asesoramiento sobre criptomonedas.

En el caso de Karina Milei, el juez consideró que no se acreditó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto. La investigación había examinado posibles hechos de tráfico de influencias y presuntos pagos por encuentros oficiales. Entre las pruebas figuraba una nota extraída del teléfono de Novelli que mencionaba un pago destinado a Javier y Karina Milei, pero las pericias no permitieron comprobar que esa propuesta hubiera sido comunicada o aceptada por terceros.

Las pericias sobre el teléfono de Novelli también identificaron dos conversaciones eliminadas con un contacto registrado como “Karina Milei RRPP” y comunicaciones telefónicas con el Presidente, aunque no pudo establecerse el contenido de estas últimas. En paralelo, se analizaron movimientos en cajas de seguridad vinculadas con Novelli, registros de ingresos bancarios y operaciones de billeteras virtuales. El juzgado concluyó que esos elementos no alcanzaban para acreditar pagos indebidos a funcionarios públicos ni una intervención delictiva de las personas investigadas.

El expediente también incluyó un pedido de congelamiento de 44.593.888,562 USDC que habían sido identificados en una billetera vinculada con movimientos del equipo de $LIBRA. El fiscal solicitó cooperación a las autoridades estadounidenses para preservar esos activos. Sin embargo, el fallo indicó que Estados Unidos consideró insuficientes los elementos aportados para establecer, bajo los requisitos de asistencia solicitada, una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros requeridos, por lo que cerró ese trámite de cooperación.

Martínez de Giorgi sostuvo finalmente que el dictamen fiscal estaba debidamente fundamentado y que no existía una acusación autónoma que permitiera continuar el proceso. El magistrado también aclaró que ninguno de los once investigados había sido citado a declaración indagatoria en este expediente, pero que esa circunstancia no impedía dictar su sobreseimiento. La resolución menciona además la existencia de otra investigación judicial vinculada con $LIBRA, por lo que el cierre de estas actuaciones no equivale, por sí solo, a la finalización de todas las causas relacionadas con el caso. / TN