La Corte Suprema dictó un fallo que, en la práctica, quita los límites a la venta de tierras a extranjeros, al poner una vez más en vigencia un artículo del megadecreto de Javier Milei de 2023.

Se trata del artículo 154 del megadecreto 70/23, del inicio del gobierno de Milei.

Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema.

Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras.

La Corte Suprema revocó hoy ese fallo.

El constitucionalista Andrés Gil Dominguez sostuvo en las redes que a partir del fallo “cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural adonde quieran -incluida las zonas de frontera- sin límite alguno”.

Tras el megadecreto, el gobierno de Javier Milei había intentado reformar la ley de tierras rurales el mes pasado en el Congreso, pero debió dar marcha atrás.

El 5 de agosto retiró el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros del proyecto sobre propiedad privada que el Senado iba a debatir al día siguiente.

Se sucedieron dieciséis versiones del texto, pero no había votos suficientes en medio de una creciente presión política y social. El quiebre llegó cuando tres gobernadores cercanos a la Casa Rosada, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones), anunciaron públicamente su rechazo, mientras distintos sectores sociales convocaban a una movilización frente al Congreso bajo el lema “La patria no se vende”.

Con el retiro de la iniciativa, seguía vigente el límite del 15% a la tenencia de tierras rurales por extranjeros. Y otro límite que impide a un mismo titular extranjero tener más de 1000 hectáreas en la zona núcleo.

Ahora, con la vigencia del artículo 154 del DNU 70 de Milei, en este aspecto, se borran todas estas limitaciones.

La Corte Suprema revocó el fallo que anulaba este artículo del DNU de Milei porque entendió que los veteranos de Malvinas no estaban legitimados y no se estaba ante un caso concreto.

Sostuvo la Corte que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.

La sentencia que lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aclara que lo decidido “se limita al rechazo de la demanda con fundamento en la falta de legitimación de la actora y la ausencia del requisito constitucional de caso o controversia”.

Dijeron que “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 −en cuanto deroga la denominada Ley de Tierras Rurales− ni implica interferencia alguna sobre la intervención del Poder Legislativo”.

En este caso, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) promovió una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se dictara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que en diciembre del 2023 derogó la ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

Durante la feria judicial de enero de 2024, el juez federal de La Plata Ernesto Krepak, actuando como juez de feria, decretó una medida cautelar y repuso la vigencia de la ley. Pero días después, al retomar su puesto, el juez Alberto Recondo dejó sin efecto la cautelar dictada y rechazó la presentación por entender que la agrupación no tenía legitimación para solicitar ese reclamo.

Apelado el fallo, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata hizo lugar, admitió la demanda, volvió a declarar la inconstitucionalidad de ese punto del DNU y ordenó la reinscripción de la causa como colectiva. El Estado Nacional apeló.

En el acuerdo de hoy, la Corte Suprema señaló que la agrupación de excombatientes no estaba legitimada para promover la demanda.

“Si cualquier tribunal nacional interviniese en asuntos que no configuran un “caso” o “controversia” en los términos señalados, se transgrediría el severo límite al Poder Judicial”, dijeron.

La Corte detalló que la agrupación de veteranos argumentó que la derogación de la ley de tierras atenta contra la soberanía que ellos defienden en sus estatutos.

La Corte afirmó que la Cámara Federal de La Plata aceptó la legitimación de los veteranos al afirmar que “la soberanía nacional es un bien colectivo” y que, por lo tanto, existe “un derecho de incidencia colectiva”.

Pero el tribunal refutó este argumento al señalar que “carece de todo fundamento”. Dijo que la soberanía territorial es “uno de los elementos constitutivos del Estado” y debe ser entendida “como la facultad de manifestar y hacer ejecutar la voluntad de la Nación” en un determinado ámbito espacial, por lo que “en modo alguno pueden ser consideradas un bien colectivo”. /La Nación/

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, anunció este martes el cronograma de pagos que alcanzará a los empleados de la administración pública provincial durante los próximos meses, con un bono de fin de año de $2.400.000, además del sueldo, el aguinaldo y el haber correspondiente a diciembre.

El mandatario confirmó que el sueldo correspondiente a septiembre se abonará el miércoles 30 de septiembre.

En cuanto al bono de fin de año, el monto total será de $2.400.000, que se pagará en tres cuotas de $800.000 cada una:

• Primera cuota: $800.000, el 9 de octubre.
• Segunda cuota: $800.000, el 10 de noviembre.
• Tercera cuota: $800.000, el 10 de diciembre.

De esta manera, los empleados públicos provinciales recibirán los tres pagos del bono extraordinario antes de finalizar el año.

Aguinaldo y sueldo de diciembre

Suárez también confirmó la fecha del pago del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre. Será el martes 22 de diciembre y se abonará sin descuentos.

Además, el sueldo correspondiente a diciembre se pagará el miércoles 30 de diciembre, antes de finalizar el año.

El anuncio completa así el cronograma de pagos que el gobernador había anticipado días atrás, cuando señaló que el Gobierno definiría antes de octubre los montos y las fechas de los bonos correspondientes a los últimos meses del año.

También habrá bonos para beneficiarios de planes y tarjetas

Durante el anuncio, Suárez también impartió instrucciones a los ministros para que se realicen las comunicaciones correspondientes a los bonos destinados a beneficiarios de planes de emergencia, tarjetas sociales y tarjetas para personas celíacas.

Según se indicó, los detalles de esos beneficios serán comunicados por las áreas correspondientes.

El diputado nacional Juan Fernando Brügge encabezó este martes 29 de septiembre, a las 12 horas, un conversatorio en el Salón Auditorio del Anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, dedicado a la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Estuvieron presentes los diputados nacionales Nicolás Massot y Eduardo Valdés.

La reunión permitió intercambiar experiencias sobre las problemáticas que llegan a las organizaciones y a las defensorías, incorporar las particularidades de cada territorio y fortalecer el diálogo para construir respuestas conjuntas.

El encuentro se vinculó con el proyecto de ley presentado por Brügge para establecer un régimen de protección integral contra la adicción en entornos digitales. La iniciativa propone responsabilidades para los proveedores de servicios digitales, medidas de prevención del uso problemático y una protección reforzada de los datos personales de menores de edad.

Participaron Carla Pitiot, de Fundación Éforo; Rosana Barroso, de Fundación LEA; Federico Cermelo, de Fundación Metropolitana; Facundo Hernández, de Protección Digital; María Capurro Robles, de Observacom; y Marcela Czarny, de Chicos Net. También estuvo presente Dalmacio Mera, defensor del Pueblo de Catamarca, quien en su rol de presidente de la asociación de defensores fue contundente en calificar al proyecto de ley del Diputado Brügge como el más completo y equilibrado de los que se están tratando en el Congreso de la Nación.

Durante el intercambio, los representantes de las organizaciones destacaron la importancia de poner en acción las redes de trabajo que vienen construyendo y de tender puentes entre el Congreso y la sociedad civil. La imagen de las redes de pescadores, evocada a partir de palabras del papa León, sirvió para expresar la necesidad de construir vínculos de cuidado y cooperación.
La preocupación fue planteada tanto desde la experiencia institucional como desde el lugar de madres, padres y familiares que observan cambios en la vida cotidiana de las infancias. En las intervenciones se llamó a recuperar la mirada y la conversación, y a actuar ante el impacto del uso problemático de las plataformas.

Asimismo, se valoró la presentación de iniciativas legislativas sobre protección de niños y adolescentes en entornos digitales y regulación de plataformas. Ese interés fue señalado como una oportunidad para que la Argentina avance en una respuesta propia, apoyada en las necesidades de su población.

Uno de los principales planteos fue que la regulación debe acompañarse con acciones educativas. Los participantes reclamaron formación para docentes y equipos de conducción, herramientas para las escuelas y campañas de concientización dirigidas a las familias. También propusieron impulsar pequeñas acciones conjuntas desde el ámbito de influencia de cada organización.
“Necesitamos formar a los docentes, a los equipos de conducción, darles herramientas y también hacer campañas de concientización para las familias”, se expresó durante el conversatorio.

La salud mental ocupó un lugar central en el intercambio. Se pidió fortalecer las herramientas de atención y acompañamiento, y se advirtió que las situaciones de sufrimiento requieren respuestas oportunas. A la vez, se aclaró que se trata de problemas de múltiples causas, en los que intervienen las condiciones económicas, las realidades familiares y las respuestas del sistema educativo, además del uso de redes sociales.

Las escuelas, los clubes de barrio y los demás espacios donde transitan niños y adolescentes fueron mencionados como parte de una red de prevención y cuidado. También se señaló la necesidad de acercar propuestas a las familias para facilitar conversaciones y construir acuerdos.

En otras intervenciones se reclamaron obligaciones claras para las plataformas y se mencionaron antecedentes judiciales de Estados Unidos vinculados con su diseño y los daños sobre usuarios menores de edad. El planteo apuntó a complementar la educación y la concientización con mecanismos efectivos de responsabilidad empresarial.

El intercambio dejó una convocatoria a sostener el trabajo entre legisladores, defensorías y organizaciones, con participación de toda la comunidad. Como se expresó durante la reunión, la respuesta necesita “una red real” que articule la regulación de las plataformas con el acompañamiento en todos los espacios donde crecen las infancias.