Días pasados, a través de las redes y de algunos portales de noticias locales, publicaron los nombres y la dirección de los miembros de un buffet de abogados quienes ofrecían sus servicios «en forma gratuita» a personas que se sintieran damnificados por la Mutualidad Provincial y su titular Daniel Deiana, para asesorarlos en una futura presentación judicial. Sin embargo, esta práctica más allá de pertenecer a una campaña que se enmarca en la interna del oficialismo, no estaría encuadrada en la legalidad.

El abogado Luis Romero Abbadie consideró que las leyes provinciales referidas al Colegio de Abogados de Tucumán no permiten la publicitación en forma gratuita de los servicios profesionales en virtud de una competencia desleal con el resto de los abogados.

En tal sentido , el letrado indicó que la ley 5233 establece los pormenores de la práctica de la abogacía como una función social. Además en su artículo 7, inciso 7  advierte sobre los peligros de «publicar avisos que puedan conducir a engaños a los clientes u ofrecer cosas contrarias o violatorias de las leyes…». Además en el artículo 6, inciso 6, hace referencia a la importancia del sigilo profesional de «procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional».

Lo que dice la ley

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Romero Abbadie aclaró que los únicos facultados a prestar el servicio jurídico gratuito son el Ministerio Público Pupilar y de la Defensa, para personas con ingresos inferiores a los $30 mil, la Universidad Nacional de Tucumán y el Colegio de Abogados. «En un momento también se firmó convenios con la Defensoría del Pueblo y en algunas comunas y municipios del interior, pero estos acuerdos no contarían con mayores respaldos legales«, advirtió.

Por último, el letrado comentó que detrás de este tipo de publicidad de presuntos «asesoramientos gratuitos» suele haber un marcado interés en captación de clientes, e incluso en el interior se suele publicitar el nombre de abogados y estudios jurídicos quienes anuncian que no cobran la primera consulta.