Tres niñas resultaron heridas, una de ellas con un traumatismo de cráneo grave, cuando un árbol de grandes dimensiones cayó sobre una vivienda en la que se celebraba un cumpleaños en Santa Ana, al sur de Tucumán. El hecho ocurrió este sábado en Colonia 8 y también dejó lesionado al propietario de la casa. Dos de las menores debieron ser trasladadas al Hospital del Niño Jesús, en San Miguel de Tucumán, por la complejidad de sus lesiones.

La celebración se convirtió en una emergencia cuando el ejemplar se desplomó sobre la propiedad. Familiares y vecinos auxiliaron a las personas heridas y colaboraron con su traslado al establecimiento sanitario de la zona, en medio de la preocupación por el estado de las niñas que participaban del cumpleaños.

De acuerdo con la información de la Comisaría de Santa Ana, el árbol se encontraba en un terreno lindante a la casa afectada. Su caída impactó sobre la vivienda mientras se desarrollaba la reunión y dio lugar a actuaciones para esclarecer cómo se produjo el hecho.

La situación más delicada corresponde a una de las menores, que sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave. Tras recibir la primera asistencia, se dispuso su derivación de urgencia al Hospital del Niño Jesús, donde quedó internada bajo atención especializada.

Otra niña sufrió politraumatismos y también fue trasladada al hospital pediátrico de la Capital. De esta manera, dos de las tres menores lesionadas necesitaron ser derivadas desde el sur provincial para continuar su atención.

La tercera niña, de 11 años, permaneció en observación en el establecimiento sanitario local. La información inicial no precisó las edades de las otras dos pacientes ni aportó un parte médico posterior que permitiera conocer su evolución.

Entre los heridos también se encontraba el dueño de la vivienda, quien sufrió una herida cortante en la frente. Después de recibir asistencia médica, se informó que estaba fuera de peligro. En total, el episodio dejó al menos cuatro personas lesionadas: las tres niñas y el propietario.

Además de la emergencia sanitaria, la caída del árbol abrió una investigación judicial para determinar las causas y establecer si existían condiciones de riesgo previas. Las circunstancias del desplome todavía deben ser esclarecidas mediante las medidas ordenadas en el lugar.

En ese contexto, una vecina aseguró que anteriormente se habría advertido a las autoridades comunales sobre el estado del ejemplar. Esa versión no fue corroborada oficialmente y, con la información disponible, tampoco se pudo establecer si se habían presentado reclamos formales.

La posible existencia de advertencias previas constituye uno de los aspectos que deberán verificarse. Será necesario determinar si hubo comunicaciones sobre el árbol, qué situación se describió en ellas y si se adoptó alguna medida antes del accidente.

La Fiscalía interviniente dispuso una inspección ocular y otras diligencias destinadas a reconstruir lo sucedido. Las actuaciones apuntan a establecer las condiciones en las que se encontraba el ejemplar y las circunstancias que provocaron su caída sobre la propiedad vecina.

Hasta que se conozcan los resultados de esas medidas, no existe una conclusión oficial sobre la causa del desplome ni sobre eventuales responsabilidades. La investigación deberá establecer si el árbol presentaba un peligro que pudiera haberse detectado previamente y si correspondía alguna intervención vinculada con su mantenimiento.

La principal preocupación continúa centrada en la salud de las dos niñas trasladadas al Hospital del Niño Jesús, especialmente en la menor que sufrió el traumatismo craneal grave. La información inicial del caso no incluye nuevos partes médicos sobre su evolución.

El Ministerio Fiscal (MPF), a través de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción, subrogada por Carlos Sale, logró la prisión preventiva para Pablo Salvador Pitali, de 39 años, acusado de asesinar a su cónyuge, Yudith Nazarena Jerez, de 36.

Durante la audiencia de control de la detención, formulación de cargos y medidas de coerción, la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi relató el hecho y presentó las evidencias recolectadas hasta el momento contra el imputado, en una causa cuya investigación en la escena del crimen fue supervisada junto a Luciana Cecotti y abordada por los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Según la acusación expuesta por Ghilardi, el hecho ocurrió el lunes 5 de octubre de 2026, entre las 09:00 y las 12:00 horas aproximadamente, en circunstancias en que Pitali se encontraba junto a su cónyuge en el domicilio donde ambos convivían, ubicado en el paraje La Cañada del departamento Graneros, frente a la Escuela N° 172 Paula Albarracín de Sarmiento. En ese contexto, y por motivos que aún son materia de investigación, el acusado, con claras intenciones de quitarle la vida a Jerez, le propinó varios golpes y le efectuó dos disparos contra su humanidad.

El caso fue descubierto cerca de las 12:15 horas, cuando un hermano de la víctima acudió a la comisaría de Graneros para advertir que había encontrado a la mujer sin vida y ensangrentada. Al llegar a la vivienda, personal policial y del servicio de emergencias médicas confirmaron que el cuerpo no presentaba signos vitales. Al inspeccionar el lugar, los uniformados localizaron a Pitali escondido debajo de una cama, presentando manchas de sangre en su cuerpo y vestimenta, procediéndose a su inmediata detención.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió equimosis en el ángulo palpebral del ojo izquierdo, en la mejilla izquierda y en la base de la pirámide nasal, hematomas en la cara anterior del tórax y dos orificios de entrada de proyectiles de arma de fuego (uno en la zona supraesternal y otro en el hipocondrio derecho), lesiones letales que le provocaron la muerte en el lugar.

Riesgo procesal y medida cautelar

Al momento de requerir medidas para resguardar el normal avance del proceso, la representante del MPF requirió seis meses de prisión preventiva para Pitali, fundamentando los riesgos procesales vigentes, el peligro de entorpecimiento y la extrema gravedad del hecho investigado.

Tras analizar los argumentos expuestos por la Fiscalía durante la audiencia, el juez interviniente resolvió hacer lugar a la medida de manera parcial, ordenando la prisión preventiva del imputado por el plazo de cuatro meses, tiempo durante el cual la investigación penal preparatoria continuará su curso.