El gobernador, Osvaldo Jaldo, fue consultado en rueda de prensa sobre la presunta usurpación de tierras de la reserva provincial La Angostura, en El Mollar (Tafí del Valle), y fue tajante al responder que en Tucumán “no vamos a permitir usurpaciones”.

“Vamos a hacer respetar, por sobre todas las cosas, la propiedad privada en la provincia de Tucumán. Esto lo he dicho desde el primer día: no vamos a permitir usurpaciones, no vamos a permitir construcciones donde no esté habilitada la zona y muchos menos no tengan los permisos que habiliten, que tienen que ver con la no inundabilidad y con el acceso a la infraestructura”, aseveró Jaldo.

En esa línea, fue categórico y aseguró que “no cualquiera se va a meter en cualquier lugar, eso significa delito y el que cometa delito en Tucumán va a terminar preso, sea quien sea, empresas constructoras o personas que usurpan tierra por necesidad de vivienda. Para eso está el Estado, recurran al Estado provincial, al Estado municipal, al Estado comunal, a ver qué soluciones le podemos dar a las familias”.

«No vamos a permitir las usurpaciones en Tucumán y el que usurpe está cometiendo un delito; si comete un delito va a ir preso”, sentenció el Gobernador.

Relevamiento de terrenos fiscales

En ese marco, un equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, mediante su Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, bajo las directivas del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; y del secretario de Desarrollo Productivo, Eduardo Castro participó activamente de un relevamiento in-situ en los terrenos fiscales correspondientes a la Reserva Provincial La Angostura, el cual se realizó de manera conjunta con distintas áreas del Gobierno provincial y autoridad policial, a fin de garantizar la conservación y el manejo adecuado de la Reserva.

La constitución de esta Área Natural Protegida se remonta al Decreto N°736/3 (SAyG) del 06/05/1996, a partir del cual se afectó una superficie de 1.148 has de terrenos fiscales del Perilago y Lago “La Angostura” (departamento Tafí del Valle), en el marco del Título V de Ley Provincial Nº 6.292, y de la cual la Subsecretaría de Desarrollo Productivo – por intermedio de la DFFSyS – es autoridad de aplicación.

Recientemente, los agentes estatales y funcionarios recorrieron el territorio con el objetivo de identificar la actual situación de ocupación de los terrenos, recabar información sobre las personas involucradas y las actividades allí desarrolladas. En este marco, se comprobó la incidencia negativa de la ocupación desmedida en las tierras, sin ninguna previsión, planificación, ni estudio de factibilidad.

Según detallaron, se encontraron al menos tres grandes espacios cerrados, loteados, en vía de ejecución de varias construcciones frente al embalse; en uno de ellos, se prevé la construcción de 62 casas, en lotes, todos vendidos. A raíz de la presencia de las autoridades, los vecinos indicaron detalles sobre la persona que vendió los lotes, argumentando posesión del vendedor y otros, que tenían permiso para cultivo o pastoreo.

Asimismo, el equipo a cargo alertó que los “barrios” en vía de ejecución contaban con medidores de luz en cada lote y que solo algunos de los compradores sabían que se trataba de un Área Natural Protegida provincial, por lo que su uso no era compatible con ese tipo de construcciones.

Continuando con el recorrido por la zona, a la altura de la zona conocida como “Ojo de Agua”, las autoridades se encontraron con algunos terrenos cercados y, en la desembocadura del Río Tafí, dieron con una zona totalmente intervenida por la extracción de áridos. En el mismo momento, el equipo identificó un camión cargado con áridos, por lo que se procedió a su demora por parte del personal de la División Delitos Rurales y Ambientales.

Cabe destacar también que algunos integrantes de la Comunidad Indígena de la zona se acercaron para manifestar su preocupación por todo lo detallado anteriormente, así como su intención de articular con la provincia en la tarea de coordinar respecto a la selección del espacio apto e idóneo para construcción de viviendas. Todo ello a los fines de garantizar el objetivo en común: la conservación y el manejo adecuado de los recursos naturales de la Reserva Provincial La Angostura.

“El camino es largo y recién comienza, la situación territorial es compleja, pero el objetivo es claro y necesario: preservar el Área Natural Protegida, en beneficio de la valiosa biodiversidad que alberga, de todos los ciudadanos e, inclusive, de los malintencionados que se enriquecen a costa de la salubridad de los mismos habitantes de la zona”, expresa el informe elaborado por el equipo.