El deterioro de las prestaciones y las denuncias por vaciamiento del PAMI tienen hoy una explicación financiera que, según fuentes con acceso a los números finos del organismo, refleja un agujero de 1,2 billones de pesos. Ese déficit aparece como factor central en la crisis que atraviesa la obra social de los jubilados.

A fines de 2024, el presidente Javier Milei derogó el Impuesto País, tributo cuyo mayor componente de recaudación se destinaba al PAMI. En ese momento, desde el Ejecutivo se aseguró que el Tesoro cubriría la pérdida de ingresos. Sin embargo, la compensación prometida no se materializó en su totalidad.

Según las fuentes consultadas, del estimado de 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado al organismo en 2026 vía el Impuesto País, la compensación prevista por presupuesto por parte del equipo  económico a cargo de Toto Caputo alcanza a 1,6 billones. La ejecución efectiva de la asistencia financiera del Tesoro al PAMI, de acuerdo con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, fue de 0,9 billones hasta julio, lo que representa una caída del 28,7% en términos reales respecto del mismo período de 2025. Solo en julio la asistencia fue de 0,1 billones, una reducción real del 16,8%.

Impacto operativo y señales de alarma

El desfinanciamiento ya enciende alarmas en cuadros técnicos del PAMI y del Ministerio de Salud, que califican la crisis como inédita y advierten sobre un futuro incierto para las prestaciones. La merma de recursos se traduce en demora en pagos a prestadores, cierre de instituciones y faltantes de medicamentos.

Ejemplos concretos: el Sanatorio Concordia, en la provincia de Entre Ríos, anunció la suspensión de servicios, afectando a cerca de 15 mil beneficiarios. Situaciones similares se reportan en la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires. La titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, Silvia D’Agostino, reconoció que con la eliminación del Impuesto País el PAMI perdió “una fuente importante de financiamiento” y advirtió que la reducción presupuestaria impidió actualizar adecuadamente los aranceles: según su diagnóstico, se necesitaría “una suba superior al 100 %” para que el sector recupere viabilidad.

En el seno del Ejecutivo hay discrepancias sobre la respuesta a la crisis. Fuentes indican que el ministro de Salud, Mario Lugones, adoptó una postura de no intervención frente al problema: ante reclamos por la situación del PAMI habría respondido —en declaraciones recogidas por allegados— que “si se tiene que romper el sistema, que se rompa”, y que los prestadores están “librados a su suerte”. Ese enfoque contrasta con la preocupación de otros sectores del oficialismo, que advierten que el descalabro podría erosionar el apoyo de los jubilados —tradicional electorado del PRO— y poner en riesgo votos para 2027, muchos de los cuales respaldaron a Milei en 2023.

Medidas paliativas insuficientes

En junio, Toto Caputo recurrió al pago a proveedores con bonos, una medida que, según informes periodísticos, no logró restablecer la liquidez necesaria y no impidió cierres de clínicas ni faltantes de insumos. En Neuquén, diputados provinciales del peronismo, Darío Martínez y Darío Peralta, denunciaron una deuda de 1.500 millones de pesos con clínicas locales y presentaron un proyecto para garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones del PAMI en la provincia.

Renuncias en la conducción y señales de tensión institucional

La crisis económica y los reclamos de afiliados también se reflejan en la conducción del organismo. Esta semana renunciaron la síndico Florencia Zicavo y el coordinador ejecutivo Juan Cruz Montero, quienes habían asumido en 2026. La versión oficial atribuye las bajas a motivos personales. Zicavo, vinculada a Santiago Caputo, fue anteriormente jefa de asesores del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, mientras que Montero, también proveniente del Ministerio de Justicia, se aleja del cargo tras la salida de aquel funcionario y, según comentarios oficiales, pretende dedicarse a la candidatura en el club Vélez Sarsfield.

Montero será reemplazado por la abogada Verónica Pérez, ex directora de la UGL VIII del PAMI en San Martín, quien cuenta con el apoyo del entorno de Santiago Caputo. En la conducción del organismo —bajo la figura de Esteban Leguizamo y el referente Carlos Zamparolo— circulan versiones sobre cortocircuitos y tensiones que ilustran una gestión en transición y sin resolución clara frente al desfinanciamiento.

La venta de Raízen Argentina quedó formalmente concluida. El grupo brasileño anunció el cierre de la operación mediante la cual transfirió sus activos y participaciones societarias en el país a compañías controladas por Mercuria Energy Group, iniciando así una nueva etapa para una de las principales redes de estaciones de servicio de la Argentina.

A partir de la concreción de la transacción, Mercuria pasa a controlar las operaciones locales que hasta ahora estaban bajo la órbita de Raízen. El cambio de accionistas no implica la salida de Shell del mercado argentino: la compañía continuará utilizando la licencia de la marca para la refinación, comercialización y distribución de combustibles y lubricantes.

Preservación de la imagen y legado de Shell

La continuidad de la marca constituye un aspecto central de la operación. Shell cuenta con 112 años de presencia en la Argentina y seguirá identificando a las estaciones de servicio de la red, así como a los combustibles y lubricantes comercializados en el mercado local.

Condiciones de cierre y estructura societaria

El cierre se produjo tras cumplirse las condiciones previstas cuando la compraventa fue anunciada a comienzos de junio, incluidas las aprobaciones regulatorias necesarias. La operación fue instrumentada a través de Latam Downstream Holdings y Silver Projects I, sociedades controladas por Mercuria Energy Group.

El valor  económico informado para la transacción asciende a US$1.420 millones. Esa cifra contempla una parte del pago en efectivo y la asunción por parte del comprador del endeudamiento de la operación argentina. El monto definitivo podrá registrar los ajustes habituales posteriores al cierre, calculados sobre los estados financieros correspondientes.

Activos transferidos y alcance operativo

El paquete transferido comprende una estructura de considerable peso dentro del mercado de combustibles argentino. Incluye la refinería de Dock Sud, la red de estaciones de servicio que opera bajo la bandera Shell y otros activos vinculados con la producción, almacenamiento, logística y comercialización de derivados del petróleo.

La red está integrada por cerca de 900 estaciones de servicio distribuidas en todo el país, lo que la ubica entre las de mayor presencia dentro del mercado minorista. A ello se suma la capacidad industrial de Dock Sud, pieza central del abastecimiento de combustibles de la compañía y uno de los principales complejos de refinación del país.

También forman parte de la estructura local otros negocios vinculados con lubricantes, combustibles para aviación, terminales y almacenamiento, conformando una operación que abarca desde la refinación hasta la llegada del producto al consumidor final.

Antecedentes y evolución reciente

Raízen había ingresado formalmente al mercado argentino en 2018, cuando adquirió los activos downstream que pertenecían a Shell. Desde entonces quedó a cargo de la refinería, la distribución de combustibles y el desarrollo de la red bajo licencia de la petrolera angloholandesa.

Los datos recientes muestran una clara pérdida de empleo privado formal en la Argentina que se refleja en la caída de puestos registrados, la reducción del poder de compra salarial y el crecimiento de la informalidad laboral. El Ieral de la Fundación Mediterránea publicó un informe que documenta una tendencia de más de un año de retroceso en el empleo asalariado privado registrado, mientras que las cifras del Indec para el primer trimestre señalan un aumento de 0,9 puntos porcentuales en la tasa de desempleo respecto al mismo periodo de 2023, aunque con limitaciones de comparabilidad.

Secuencia de pérdida y niveles actuales

Según el análisis firmado por la economista Laura Caullo, el empleo asalariado privado registrado acumula doce meses consecutivos de caída, la secuencia más larga observada en la serie disponible desde 2009. A partir de noviembre de 2023 se perdieron 241.000 puestos en el sector privado. Tras un ajuste inicial, la primera mitad de 2024 mostró una estabilización y una recuperación parcial, alcanzándose 6,27 millones de empleados registrados en mayo de 2025. No obstante, a partir de entonces la caída se reanudó y, mes a mes, el empleo privado registrado retrocedió hasta ubicarse en 6,13 millones en mayo de 2026, es decir 135.000 puestos menos que doce meses antes.

Crecimiento de la informalidad y precarización

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) registra un aumento notable de empleos no registrados: en los últimos dos años se crearon 603.600 puestos informales mientras que se perdieron 246.000 puestos registrados. Este fenómeno se vincula con procesos de subempleo, precarización salarial y la denominada “uberización” de la economía, donde trabajadores optan por tareas informales que ofrecen mayor flexibilidad horaria aunque no necesariamente mejores ingresos reales.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) quedó fijado en 383.800 pesos mensuales a partir de septiembre. El economista de la consultora Evaluecon, José Vargas, señaló que el SMVM aumentó nominalmente unas 18 veces desde la pandemia, pero el salario real —medido en poder adquisitivo de la canasta— cayó alrededor de 40% desde diciembre de 2023. Ese deterioro del salario real contribuye al crecimiento de la informalidad y a la búsqueda de ingresos complementarios.

Transformación del mercado laboral: monotributo y calidad del empleo

Un informe del Centro de  Economía Política Argentina (CEPA) registró un aumento del 8% en las altas de monotributistas. El estudio advierte que los empleos formales perdidos son reemplazados solo parcialmente por ocupaciones más precarias y desprotegidas, lo que conlleva un aumento de la subocupación y una reducción de las oportunidades laborales de calidad.

Comportamiento sectorial y perspectivas

El informe del Ieral muestra marcadas diferencias entre sectores y entre provincias. Desde noviembre de 2023, el empleo asalariado privado registrado se contrajo alrededor de 3,8%, pero con fuerte dispersión: la industria manufacturera perdió cerca de 85.600 empleos y la construcción otros 62.700, sumando en conjunto 148.300 puestos menos. También registraron caídas transporte (-25.700), inmobiliario (-24.500), comercio (-13.600), hoteles y restaurantes (-10.900), finanzas (-8.600) y minería y energía (-7.900). En contraste, el agro incorporó alrededor de 13.400 trabajadores.

Implicancias estructurales

El trabajo del Ieral subraya que la divergencia entre sectores intensivos en trabajo y sectores intensivos en capital será clave en adelante. Una economía puede recuperar producción sin recuperar empleo en la misma proporción: actividades como minería, energía, hidrocarburos y ciertas ramas del agro pueden aumentar producción, inversión y exportaciones sin demandar la misma cantidad de trabajadores por unidad de producto que la construcción, el comercio, buena parte de la industria o los servicios. Esa reconfiguración del mercado laboral sugiere meses adicionales de ajuste y plantea interrogantes sobre la recuperación de empleos de calidad en el corto plazo.

En suma, la evolución reciente del empleo privado formal en la Argentina refleja una pérdida sostenida de puestos registrados, una contracción del salario real y una expansión de la informalidad que modifica la composición y la calidad del trabajo. Los efectos sectoriales y la creciente predominancia de actividades capital-intensivas dificultan una recuperación rápida del empleo registrado y auguran un período de transición en el mercado laboral.