Las audiencias por el crimen de Érika Antonella Álvarez atraviesan jornadas de creciente rispidez en los tribunales tucumanos. En las últimas sesiones, el debate se centró en el estado de salud mental del principal imputado, Felipe “El Militar” Sosa, luego de que sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, solicitaran la revisión médica de su asistido argumentando que no se encontraba en condiciones psíquicas de continuar en el proceso a causa del desgaste del encierro y presuntas amenazas recibidas.

Frente al planteo, el tribunal dispuso la realización de un examen médico inmediato con presencia de un perito de parte. Sin embargo, los resultados de la evaluación fueron categóricos al certificar que Sosa está ubicado en tiempo y espacio y cuenta con plena capacidad para comprender la criminalidad de sus actos, descartando de plano cualquier cuadro de inimputabilidad o motivo de suspensión del debate según el Código Procesal Penal.

Cuestionamientos de la querella y estrategia defensiva

La resolución médica encendió el malestar de la querella representada por Carlos Garmendia, quien no dudó en calificar las maniobras de la defensa como un intento por instalar un relato exculpatorio. De acuerdo con la hipótesis planteada por los defensores Cosiansi y Flores, el hecho habría ocurrido de manera accidental y el acusado habría intentado deshacerse del cuerpo por temor a represalias de la expareja de la víctima.

“Pretendieron hacer creer que tiene problemas para estar en el juicio. El informe de los médicos que lo atendieron es categórico: no tiene ningún problema. Fin de la discusión”, aseveró Garmendia al evaluar los dictámenes técnicos incorporados al expediente. Durante las últimas audiencias, lejos de mostrarse desorientado, a Sosa se lo observó siguiendo atentamente las declaraciones testimoniales y manteniendo permanente diálogo con sus letrados y con Jorge “Chicho” Díaz, su excolaborador imputado por encubrimiento.

El encuadre legal y las pericias en el proceso

El marco procesal vigente establece causales estrictas para la suspensión de un juicio oral: la acreditación fehaciente de un trastorno mental que impida la comprensión de los actos procesales mediante junta médica y la consecuente declaración judicial de incapacidad. Al no haberse verificado ninguna de estas circunstancias, los magistrados ordenaron la continuidad del debate.

En el fuero penal local se señaló además que el Ministerio Público suele requerir la intervención de profesionales del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) ante este tipo de incidencias, los cuales coincidieron en ratificar la aptitud de “El Militar” Sosa para continuar respondiendo por el femicidio de la joven tucumana. /Los Primeros

Un motociclista identificado como Jorge Mauricio Machado, de 43 años, falleció este martes, alrededor de las 18.45, tras un choque en la intersección de las avenidas Siria y Bolivia, en la zona norte de San Miguel de Tucumán.

Los vehículos involucrados

La víctima circulaba en una motocicleta Honda GLH 150 y colisionó con un Toyota Etios que conducía una mujer. Como consecuencia del impacto, Machado perdió la vida.

Por el momento no se difundieron más detalles sobre la mecánica del choque.

Un tractorista fue imputado por el Ministerio Fiscal por un trágico siniestro vial registrado en la Ruta Provincial 308, en el que falleció William Leandro Graneros y resultaron lesionados Rubén Leonardo Exequiel Herrera y Alexis Nahuel Nieva. El hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana del pasado 2 de septiembre, en una zona rural sin iluminación artificial.

Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, subrogada por Carlos Sale, se llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación, formulación de cargos y solicitud de medidas cautelares. En representación del MPF intervino la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi.

De acuerdo con la acusación fiscal, el pasado 2 de septiembre, alrededor de las 07:00 horas, el acusado, identificado como Carlos Enrique Oyola, conducía un tractor Massey Ferguson rojo por el carril sur de la Ruta Provincial 308, de oeste a este, a la altura del kilómetro 30, en el paraje Campo Bello (jurisdicción de la Comisaría de Juan Bautista Alberdi).

El vehículo traccionaba tres carros playos color naranja oxidado, sin marca ni dominio, que circulaban sin el sistema de iluminación reglamentario en sus partes anterior, lateral y posterior, así como también sin luces ni cintas retro reflectivas. Estas condiciones, sumadas a la falta de alumbrado público y la visibilidad reducida de la zona, impidieron que el conductor de un furgón Mercedes Benz Sprinter que circulaba por detrás y en el mismo sentido pudiera divisar la formación a tiempo.

El furgón, al mando de Rubén Leonardo Exequiel Herrera y acompañado por Alexis Nahuel Nieva, colisionó de lleno contra la parte posterior del último carro. Producto del fuerte impacto, el furgón invadió el carril contrario (norte) e impactó de frente contra una camioneta Fiat Strada Adventure negra que circulaba de este a oeste, conducida por William Leandro Graneros.

En tanto, Oyola continuó la marcha con el tractor y los tres carros hasta detenerse en un camino alternativo sobre el margen sur de la ruta. Como consecuencia del siniestro, Graneros falleció en el lugar producto de un traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave con politraumatismos severos.

Por su parte, Nieva sufrió una fractura mediodiafisaria desplazada de fémur derecho que requirió intervención quirúrgica con osteosíntesis (con un tiempo de curación e inutilidad laborativa superior a los 30 días), mientras que Herrera resultó con traumatismo cerrado de tórax y policontusiones (con un tiempo estimado de curación de 28 días y 14 de inutilidad laborativa).

Imputación y medidas cautelares

La Fiscalía atribuyó a Carlos Enrique Oyola la calificación jurídica de autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, en concurso ideal con lesiones culposas.
Para garantizar la sujeción del imputado al proceso y el correcto avance de la investigación, la representante del Ministerio Fiscal solicitó la imposición de medidas de menor intensidad, consistentes en reglas de conducta, fijar domicilio y someterse al proceso.