Argentina
Un nuevo juicio afrontarán los primeros civiles condenados por delitos de lesa humanidad
Ambos están acusados de prestar su chacra en Tandil, un lugar que se utilizó como centro de torturas por los militares y donde estuvo cautivo el abogado Carlos Alberto Moreno, asesinado en 1977. Los Méndez ya fueron condenados en 2012.
Los hermanos Emilio y Julio Méndez, los primeros civiles condenados por delitos de lesa humanidad y luego absueltos por un fallo de Casación que fue apelado ante la Corte Suprema, afrontarán un nuevo proceso oral y público por violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención ilegal conocido como «La Huerta» y el circuito represivo del área 121 que funcionó en Tandil durante la última dictadura militar.
Emilio Méndez era gerente del Banco Comercial de Tandil y vicepresidente de la empresa de eléctrica «La Usina» y Julio administraba campos, y estaban vinculados con los círculos de poder de Tandil en los tiempos del terrorismo de Estado.
Ambos están acusados de prestar su chacra como un lugar que se utilizó como centro de torturas por los militares y donde estuvo cautivo el abogado Carlos Alberto Moreno, asesinado en 1977 en un hecho por el cual los Méndez resultaron condenados hace nueve años.
Los hermanos Méndez están acusados junto a 26 personas, militares del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial, y el juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal Número 1 de Mar del Plata.
Los hechos investigados ocurrieron en un circuito represivo que además de la «Chacra de los Méndez» comprendía los centros clandestinos de «La Huerta», las comisarías Primera y Segunda de Tandil y el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER), junto con otros casos ocurridos en la ciudad de Azul.
En esta causa denominada como «La Huerta», que funcionó en el campo General Mariano Necochea de Tandil, los hermanos están acusados por los tormentos que padecieron cuatro personas que estuvieron cautivas en la «Chacra».
Será la segunda vez que Los Méndez afrontarán un juicio de lesa humanidad tras la condena que 2012 recibieron por haber sido partícipes del secuestro y asesinato de Moreno, abogado laboralista que representaba al gremio de la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina en juicios que obreros de la empresa Loma Negra habían entablado en reclamo de condiciones de seguridad e higiene.
Los hermanos Méndez están acusados junto a 26 personas, militares del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial
Moreno fue secuestrado a fines de abril de 1977 en su estudio de la ciudad de Olavarría y trasladado a la «Chacra» de Los Méndez, donde sufrió torturas y resultó asesinado el 3 de mayo tras un intento de fuga.
Ocho años después, la Corte Suprema ordenó revisar esa condena al entender que «no estaba bien fundada» y Casación resolvió este año la absolución de los hermanos.
Esa decisión fue apelada ante el máximo Tribunal mediante recursos extraordinarios federales que están pendientes de una resolución, mientras tanto, los hermanos esperan en Tandil con prisión domiciliaria el inicio del debate de la causa de «La Huerta».
Uno de esos recursos fue presentado por Matías Moreno, actual subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires e hijo de la víctima
«Era imposible que los Méndez desconocieran que ese lugar que era de propiedad de ellos se usaba como un centro clandestino de detención. En el caso de Moreno y en los hechos que se le imputan en la causa de «La Huerta», señaló en declaraciones a Télam el abogado César Sivo, representante de la querella que sigue la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH).
Las querellas y las víctimas impulsan que el juicio oral y público se realice en Tandil para reforzar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la comunidad donde se cometieron estas violaciones a los derechos humanos.
«Queremos que se arbitren los medios para que el juicio se haga en Tandil, donde viven la mayoría de las víctimas. Y el juzgamiento de estos hechos tiene un carácter reparatorio», señaló en diálogo con esta agencia el abogado Manuel Marañón, abogado representante de la querella que sigue en la causa la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
El Tribunal compuesto por los jueces Nicolás Tosseli, Luis Imaz y Machado Pelloni, escuchó de forma virtual el pedido de las querellas de la Subsecretaría provincial y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) durante una asamblea que se realizó el pasado 20 de septiembre.
Se convino en principio que las audiencias se inicien en febrero de 2022 y que en noviembre se realicen inspecciones oculares, y desde las querellas se propone que el debate se lleve a cabo en la sede de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), en Tandil.
«Cuando a fines de la Segunda Guerra Mundial, los aliados liberaban campos de concentración en Alemania, llevaban a los vecinos para que conocieran esos lugares como una forma de construir memoria. Por eso creemos que el juicio debe hacerse en Tandil, como parte del proceso reparatorio», apuntó Sivo.
Unos 500 testigos que declararán por delitos cometidos en perjuicio de 112 víctimas esperan una decisión del Tribunal marplatense para conocer dónde se realiza este juicio
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Políticas Reparatorias y su Dirección de Querellas mantuvo días atrás una reunión con testigos, víctimas, familiares para brindar acompañamiento y contención a quienes testifiquen.
«Es importante impulsar estos juicios desde el Estado porque son hechos que ocurrieron hace 45 años y estamos en una carrera para evitar la impunidad biológica. Además, es importante cumplir con el carácter reparador que tienen estos procesos», subrayó Martín Fiorenza, director provincial de Políticas Reparatorias de la Subsecretaría de DD.HH bonaerenses
Argentina
Casi la mitad de los jóvenes argentinos vive en la vulnerabilidad
Según los resultados de un informe de la UBA revela que el 48,9% de las personas de entre 18 y 29 años sufre desintegración social. Además, crece el fenómeno de quienes ni estudian, ni trabajan ni buscan empleo.
Ni estabilidad, ni educación formal asegurada, ni margen para proyectar. En la Argentina actual, casi la mitad de los jóvenes de entre 18 y 29 años vive bajo condiciones de vulnerabilidad social. El dato surge del informe Jóvenes vulnerables en la Argentina: Condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro, elaborado en el marco del Proyecto de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas (PIDAE-UBA).
La investigación, basada en una encuesta presencial realizada a 1.002 jóvenes, encendió las alarmas de los especialistas al visibilizar la profunda desconexión de esta población con los dos grandes motores de integración histórica: la escuela y el mercado laboral. Geográficamente, el drama es federal: el 27% de los afectados reside en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que el 73% restante se distribuye en el interior del país.
El núcleo más crítico: el fenómeno del «Triple Ni»
Uno de los aportes más preocupantes del estudio es la consolidación de un núcleo duro de exclusión. Mientras que el universo de los «Ni-Ni» (quienes no estudian ni trabajan) alcanza a 2 de cada 10 jóvenes vulnerables, la UBA detectó la ramificación de un componente aún más grave: los «Triple Ni».
Este segmento representa a un tercio de la población juvenil vulnerable; se trata de chicos que no estudian, no trabajan y ya no buscan empleo. «Estamos frente a una franja social alejada de toda red de pertenencia, reconocimiento e integración social», explicó Juan Cruz Esquivel, director de la investigación, profesor de la UBA e investigador principal del Conicet. Dentro del total de desocupados de la muestra, solo 4 de cada 10 mantienen una búsqueda laboral activa.
Trabajo precarizado y abandono escolar
Para el 70% de los encuestados que sí tiene una ocupación, la realidad económica dista de ser una solución. El empleo se concentra principalmente en rubros de alta informalidad como el comercio, la construcción y las tareas de cuidado.
El informe detalla la radiografía de la precariedad:
- Solo el 18,9% de los que trabajan accede a un puesto registrado o parcialmente registrado (apenas el 10% del total general).
- El 76,1% se desempeña en la informalidad absoluta o el cuentapropismo (limpieza, venta ambulante o digital).
- El 57% afirma que sus ingresos mensuales no alcanzan para cubrir la canasta básica.
- El 78% carece de cobertura médica privada o social, por lo que depende exclusivamente del sistema de salud pública.
Esta alarmante inserción laboral se explica en gran medida por la deserción escolar. Seis de cada diez jóvenes vulnerables no completaron el colegio secundario, mientras que apenas el 6,7% accedió a estudios terciarios o universitarios.
La imposibilidad de planificar a mediano plazo debido a las restricciones económicas y las responsabilidades en hogares numerosos (el 46,2% vive en casas con 5 o más integrantes) ha erosionado la salud mental de este segmento. El malestar psicológico se transformó en una experiencia cotidiana: más del 70% manifiesta sufrir ansiedad o problemas de nervios frecuentes, el 50% padece desgano o depresión, y un 30% reconoce tener consumos problemáticos de alcohol, tabaco o drogas.
«Durante décadas, educación y trabajo funcionaron como etapas de un mismo recorrido. Hoy ese vínculo se ha resquebrajado y el esfuerzo ya no garantiza movilidad social», concluyó Esquivel, marcando la dura paradoja de una generación que no pierde el deseo de progresar, pero que ve cómo se derrumban las oportunidades estructurales para lograrlo.
Argentina
Los incendios arrasaron 8.000 hectáreas y el fuego ya causó una muerte en Salta
El avance del fuego causó la muerte de un hombre de 38 años en Nazareno y damnificó a decenas de familias con la pérdida de viviendas, animales de cría, instalaciones rurales y zonas de pastoreo
Argentina
La Justicia de EE.UU. obligó a la Argentina a pagar más de US$ 390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas
El Tribunal de Columbia falló en contra del país y lo obligó a pagar ese monto al fondo Titan Consortium.
El Sanatorio Jesús María de Concepción incorporó nueva tecnología para el diagnostico
Acevedo recibió a autoridades de UNAJE y acompañará la apertura de Liderando Futuro 2026
Messi regresó a EEUU tras su descanso en Rosario: cuándo volverá a jugar en Inter Miami
Explosión en departamento provocó un herido y evacuaron a los vecinos en un edificio frente al Concejo Deliberante
Explosión en el microcentro: “Fue tan fuerte que derrumbó la pared que dividía dos departamentos”
