Política
Un legislador y una ex funcionaria investigados por un millonario daño patrimonial a la Provincia
Se trata de Hugo Ledesma y Lorena Málaga, quienes encabezan una lista de investigados por el envío de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social a la Caja Popular de Ahorros.
El Tribunal de Cuentas de Tucumán habría iniciado un Juicio de Responsabilidad por un presunto daño patrimonial al Estado de $ 26.791.604,22, derivado de entregas irregulares de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a la Caja Popular de Ahorros – ART (CPA) durante el año 2023.
La medida, dispuesta en el Acuerdo N.º 5140 del 10 de noviembre de 2025, fue firmada por los vocales Miguel Chaiben Terraf, Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal.
El origen de la causa
El caso se originó a partir de una auditoría del Departamento de Contadores Fiscales, que detectó 12 órdenes de entrega emitidas por el MDS bajo la gestión de la entonces ministra Lorena Málaga Barros Sosa, todas destinadas a la Caja Popular.
Los bienes entregados —mercadería, chapas, mesas, sillas y cuchetas— se otorgaron sin respaldo normativo ni convenio vigente, situación que vulnera el Decreto 2348/4-MDS-2010, que limita los subsidios sociales a personas vulnerables, entidades privadas o entes públicos no estatales. La Caja Popular, por su condición de ente autárquico provincial, no encuadra en ninguna de esas categorías.
El informe del Tribunal reveló un circuito administrativo irregular, sin trazabilidad ni documentación que justificara el destino social de los bienes. En los expedientes no figuran notas de pedido de beneficiarios finales ni comprobantesque acrediten la entrega a familias o instituciones necesitadas.
En cambio, los registros muestran que la mercadería fue retirada por funcionarios y empleados de la CPA, o por personas particulares autorizadas por ellos, sin constancia de que los productos llegaran a su supuesto destino.
La resolución ordena iniciar un Juicio de Responsabilidad contra ocho personas:
- Lorena Málaga Barros Sosa, ex ministra de Desarrollo Social, por autorizar las entregas sin respaldo legal;
- José César Díaz, interventor de la Caja Popular, por recibir y derivar las mercaderías;
- Hugo Guillermo Ledesma, subinterventor en 2023 y actual legislador provincial, por designar terceros para los retiros;
- Jorge Alberto Garay, agente de la CPA, involucrado en varias órdenes;
- Flavio Gerardo Corres, empleado de la entidad, quien también retiró mercadería;
- y los particulares Luis Enrique Carranza, Carlos Emilio Nallib Budeguer y Julio Bernardo Naser, que participaron en las entregas.
Sin declaraciones ni respuesta
El Tribunal destacó que la mayoría de los implicados no declaró durante la instrucción y que la Caja Popular no respondió a los requerimientos formales del organismo de control.
El Acuerdo N.º 5140 dispuso además:
- Concluir la Comprobación Sumaria iniciada en 2024;
- Nombrar al Dr. Alejandro Salas Oroño como Instructor Legal y al C.P.N. Roger Valor como Co-Instructor Contable;
- Notificar al Ministerio Público Fiscal por posible malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario;
- Comunicar el caso a la Corte Suprema de Justicia, a la Legislatura Provincial —por la implicación del legislador Ledesma— y al Poder Ejecutivo.
El proceso administrativo no implica una sanción inmediata, pero abre la vía para determinar si los bienes fueron mal adjudicados y si existió un perjuicio económico concreto para el Estado. En paralelo, la intervención del Ministerio Público podría derivar en una causa penal si se confirma la comisión de delitos contra la administración pública.
El expediente reviste especial relevancia institucional al involucrar a altos funcionarios de la gestión 2023 y a un legislador en funciones, lo que amplía el alcance político y judicial de la investigación. El Tribunal advirtió que el monto bajo análisis refleja el valor actualizado de mercadería sin justificación de entrega, y que la trazabilidad de los bienes será el eje central para definir las responsabilidades patrimoniales y penales de los implicados. /Los Primeros/