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Policiales

Un joven fue asesinado a tiros en el barrio «La Bombilla»

La víctima fatal fue identificada como Diego Jonathan Ale, de 24 años, alias «Crilín»

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El hecho se registró cerca de la 1.30 de este martes en inmediaciones de calle Bolivia al 2.000 del barrio Juan XXIII, conocido como «La Bombilla». La víctima fatal fue identificada como Diego Jonathan Ale, de 24 años, alias «Crilín».

El Ministerio Fiscal tomó intervención en el caso a través de la Fiscalía en Homicidios II, a cargo de Adriana Giannoni. El prosecretario Alejandro López Isla, de esa unidad judicial, supervisó las diferentes tareas investigativas desplegadas en la escena del crimen.
Paralelamente, se requirió la presencia del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF, coordinado por Eugenio Agüero Gamboa, para el abordaje del lugar del hecho, con sus equipos de Química Legal, Criminalística y Documentación. Por parte de la Policía actuó la División Homicidios, dirigidos por el comisario Diego Bernachi.

Versiones

Para llegar al esclarecimiento del mortal suceso, los investigadores judiciales y policiales prosiguen con la pesquisa a partir de las versiones recolectadas en la escena del crimen. Las fuentes del caso señalaron que en esa dirección se están realizando diferentes averiguaciones, entre otras tareas investigativas.
En principio, hay dos relatos:
El primero, aportado por la familia del joven fallecido, afirma que el mismo fue sorprendido en una esquina por varios sujetos que le dispararon como venganza por una disputa anterior. Un adolescente de 16 años estaría sindicado como el autor del hecho.
En el segundo, allegados al presunto homicida, indicaron que la víctima fatal habría intentado robarles, saltando la tapia de su propiedad momentos antes de ser ultimado a tiros.
Voceros judiciales manifestaron que a partir de las tareas llevadas adelante por los expertos del ECIF, se recolectó evidencias en el lugar, entre ellas un proyectil aparentemente calibre 9 milímetros, que será analizada por los peritos en balística del Ministerio Fiscal. Al relevar la zona, los expertos constataron que se efectuaron más de 10 disparos.
Junto al equipo de la Fiscalía en Homicidios II, a cargo del caso, participaron de la pesquisa los investigadores del ECIF, Gustavo Luna, Pablo Montilla y Constanza Barcia Gerez; además del personal policial a cargo de esa jurisdicción y de la División Homicidios.

Familias enfrentadas

Fuentes del caso señalaron que no descartan que el crimen se hay producido por una enemistad entre las familias del muerto y del presunto asesino. Aparentemente, el conflicto comenzó hace unos tres años con el crimen de un hombre de apellido Zelaya, quien era padre del menor que ahora está sospechado del asesinato ocurrido esta madrugada. Los Zelaya acusan a Ale por ese homicidio. Según trascendió, la víctima mortal tenía antecedentes por robo y había recuperado la libertad hace poco tiempo.

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Policiales

Femicidio en Graneros: encontraron sin vida a una mujer de 36 años y aprehendieron a su pareja

La víctima fue identificada como Yudith Nazarena Jerez y, por el hecho, fue aprehendido su pareja, Pablo Salvador Pitali, de 38 años.

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Una mujer de 36 años fue encontrada sin vida este lunes en el interior de su vivienda, ubicada en el paraje La Cañada, en Graneros. La víctima fue identificada como Yudith Nazarena Jerez y, por el hecho, fue aprehendido su pareja, Pablo Salvador Pitali, de 38 años. La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción.

El episodio se conoció alrededor de las 12.10, cuando Jesús Alejandro Jerez, hermano de la víctima, se presentó en la comisaría local y pidió la presencia urgente de efectivos. Según relató, su hermana se encontraba sin vida dentro de su domicilio, situado frente a una escuela, y presentaba manchas de sangre en el cuerpo.

El hombre explicó que Yudith mantenía una relación de pareja con Pitali desde hacía aproximadamente 15 años y que ambos tenían una hija de 10 años. Al momento de su llegada, ni el hombre ni la niña se encontraban en la vivienda.

Los policías se trasladaron y constataron que una mujer se encontraba sin signos vitales en uno de los dormitorios. En la vivienda también estaba personal del CAPS de Graneros, que confirmó el fallecimiento.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima presentaba un golpe a la altura de la sien, que podría corresponder a un impacto o a un posible proyectil. 

A partir de esa situación, los policías preservaron el lugar y solicitaron la intervención de Infantería Sur. Al mismo tiempo, comenzaron a buscar al posible autor del hecho.

Lo encontraron debajo de una cama
 

Durante la inspección de las distintas dependencias de la vivienda, los efectivos detectaron a un hombre escondido debajo de una cama. Según el informe, presentaba manchas pardo rojizas, por lo que fue aprehendido de manera preventiva.

El sospechoso quedó aprehendido.

Siempre de acuerdo con el reporte policial, el hombre manifestó espontáneamente que había cometido “un grave error” con el uso de un arma de fuego.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de Infantería para garantizar la custodia y el traslado del aprehendido hasta una dependencia policial de la Unidad Regional Sur.

La Policía comunicó el caso a la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción. El fiscal Carlos Sale dispuso que se mantuviera el resguardo y la protección del lugar. Además, ordenó que al aprehendido se le hicieran conocer sus derechos y se cumplieran las medidas de rigor antes de su alojamiento en una dependencia policial de la Unidad Regional Sur.

La fiscalía también dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), cuyos integrantes se trasladaron al lugar para realizar las tareas correspondientes.

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Tras un tiroteo entre dos familias, hubo allanamientos y secuestros de armas de fuego

Hay una persona demorada por averiguación de antecedentes que ya se encuentra a disposición de la Justicia.

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Personal de la Comisaría Alderetes avanza en la investigación de un violento episodio y desde la mañana de este sábado ejecutó una serie de allanamientos e incautó evidencia material.

“La causa parte el día 30 de septiembre donde, en horas de la tarde, dos familias conflictivas de esta ciudad se enfrentaron, realizando disparos de armas de fuego. Este hecho se produjo en plena vía pública” fueron las palabras del oficial principal Hasan Ale, responsable del caso en la mencionada dependencia policial.

Tras recabar información valiosa, recolectar testimonios vecinales y analizar registros fílmicos provenientes de distintas cámaras, los uniformados solicitaron una orden judicial para intervenir en diversos domicilios vinculados al caso donde confiscaron las prendas de vestir que los implicados habían usado al momento del delito y armamento. “Ahora estamos trabajando en este domicilio, donde luego del registro se han secuestrado múltiples armas de fuego, entre ellas, tenemos dos pistolas nueve milímetros, rifles de aire comprimido y gran cantidad de cartuchos de distintas marcas y calibres” mencionó el oficial principal.

En el marco de esa causa, hay una persona demorada por averiguación de antecedentes que ya se encuentra a disposición de la Justicia.

Por su parte, Hasan Ale también dijo: “Estamos trabajando fuertemente en la ciudad de Alderetes y los resultados están a la vista” remarcando, de esa manera, el firme compromiso que la Fuerza de Seguridad mantiene diriamente con la ciudadanía.

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Denunciaron por presunto abuso sexual y extorsión laboral al sindicalista César González

De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada.

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La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género de Tucumán, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Rodríguez, tramita el legajo caratulado como presunto abuso sexual con acceso carnal reiterado en contra del dirigente gremial César González, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la provincia.

Según consta en el escrito iniciado por la denunciante, con el patrocinio letrado de los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, los hechos habrían comenzado en julio de 2018 y se habrían extendido durante más de siete años en el marco de una supuesta situación de dependencia laboral y económica.
Por su parte, González, acompañado por su abogado Ernesto Baaclini, señaló: «Desmiento categóricamente los hechos relatados en la denuncia, de la cual tengo pleno conocimiento. Todo fue planeado estratégicamente en relación a las elecciones del Gremio UTA. Detrás de esto, está involucrado un empresario del transporte público de pasajeros que avala a la lista negra que es opositora a nuestra gestión. Lo que no esperaban, es que las elecciones de UTA programadas para el 7 y 8 de octubre de 2026, fueron pasadas para 17 y 18 de diciembre de 2026. Espero que antes de las elecciones en diciembre, no inventen otra denuncia».

Agregó que «la denunciante era abogada del gremio. Y pidió indemnización por medio de cartas documento».
De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada. En ese contexto, el imputado habría ejercido un control total sobre la única fuente de ingresos del hogar familiar de la denunciante, condicionando de manera explícita la regularización de su trabajo a requerimientos de carácter sexual.
Ante las constantes negativas de la presunta víctima, se habrían ejecutado represalias económicas sistemáticas que incluyeron la retención y el retraso de salarios, la postergación de aumentos salariales aplicados a otros profesionales y la imposición de condiciones arbitrarias para el goce de licencias. La denuncia señala además el uso presuntamente extorsivo de la cobertura médica del hermano de la mujer, quien posee una discapacidad severa, supeditando su permanencia laboral a la baja de dicho beneficio de salud, situación que habría desencadenado la renuncia forzada de la damnificada tras sufrir graves secuelas en su salud psicofísica.

 

Ante la gravedad de los hechos expuestos y «la influencia gremial que ejercería el imputado», la representación legal de la denunciante solicitó la adopción inmediata de medidas de protección preventiva e inminente tutela judicial efectiva. Entre las peticiones dirigidas al fiscal interviniente figura la prohibición de acercamiento para el imputado en un radio no menor a trescientos metros respecto de la presunta víctima, su núcleo familiar, su domicilio real y su puesto de trabajo en la Secretaría de Trabajo.
Asimismo, se requirió una orden de abstención absoluta de realizar actos de turbación, hostigamiento u intimidación de manera directa o por interpósita persona, ya sea de forma presencial, telefónica o digital. A fin de resguardar la salud mental de la denunciante, evitar instancias de revictimización y preservar el valor probatorio del testimonio, la querella solicitó con carácter urgente fijar fecha para la recepción de su declaración bajo la modalidad de Cámara Gesell, invocando las previsiones del Código Procesal Penal de Tucumán, la legislación provincial y la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres.

 

El planteo para asumir el rol de Querellante Particular se fundamenta en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán, destacando la legitimación activa de la denunciante, quien posee título de abogada y reviste la condición de víctima directa de los hechos investigados. En ese sentido, la presentación requiere fijar fecha para la suscripción del «poder apud acta» junto a sus letrados patrocinantes, Santamarina y Ascárate, a fin de formalizar su intervención en el Legajo S-028511/2026.
La solicitud sostiene que la participación activa de la víctima dentro del sistema acusatorio adversarial garantiza el derecho a ofrecer prueba, impulsar la acusación y controlar la actuación fiscal, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes Santillán y Quiroga. Asimismo, la postura de la querella invoca las garantías de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y el catálogo de derechos procesales de la Ley 26.485, los cuales imponen al Estado el deber de debida diligencia reforzada en investigaciones de violencia de género. /El Tucumano

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