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Controlan un incendio que se desató en el predio del aeropuerto

El fuego alcanzó al menos dos hectáreas del predio.

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https://youtu.be/jO_9ebvcrz8?t=15

La quema de pastizales en la zona del aeropuerto generó un operativo inmediato por parte de los brigadistas de Defensa Civil provincial, que en conjunto con un avión hidrante, combaten el fuego en al menos dos hectáreas del predio.

El titular de Defensa Civil, Fernando Torres, explicó que a las 17 recibieron al director de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Marcelo Persia, quien ponía en conocimiento sobre el incendio que rápidamente avanzaba dentro del perímetro del aeropuerto Benjamín Matienzo.

“El fuego está controlado”, aseguró Torres al detallar que “el procedimiento se activó en la cabecera sur. El fuego no  está sobre la pista pero puede afectar los dispositivos de radio ayuda puesto que hay toda una serie de instalaciones subterráneas en el predio que hacen a todo lo que es la visibilización del aeropuerto  y los controles remotos”.

En ese contexto, el director de Defensa Civil explicó que si hubiera estado operativo el aeropuerto se habrían suspendido los vuelos, porque el área afectada es, precisamente donde se encuentra todo el apoyo de radio y lumínico que tiene la pista para los aviones.

El terreno afectado, donde trabajan el avión hidrante y dos autobombas (una de los brigadistas forestales de Defensa Civil y otra de brigadistas del Aeropuerto) son dos hectáreas con monte bajo, pastizales altos, árboles y arbustos lo que hace que sea más fuerte el fuego que la quema de un cañaveral. /Comunicación Tucumán/

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Policiales

Investigan el crimen de una mujer de 27 años en Lastenia

La víctima, María Belén Soria, cuidaba a sus dos sobrinos cuando un sujeto escapó de la casa con un televisor. Un vecino rescató a los menores por una ventana y halló a la joven fallecida con una herida sangrante. Intervienen el fiscal Carlos Sale y el ECIF.

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Un estremecedor episodio policial sacude este jueves 19 de noviembre a la localidad de Lastenia, donde la Justicia investiga las circunstancias de la muerte de María Belén Soria, de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado en el interior de una vivienda durante la madrugada.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II del Ministerio Fiscal, dirigida por Carlos Sale, quien acudió a la escena del crimen junto a la secretaria Lucrecia Lugones y los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para coordinar la recolección de pruebas.

 

El relato del hecho: cuidaba a sus sobrinos y un sujeto huyó con un televisor

De acuerdo con las primeras averiguaciones judiciales, el hecho se produjo alrededor de las 05:30 de la madrugada en un inmueble situado en pasaje Toranzo s/n, a la altura de Tirquín. En ese momento, Soria se encontraba en la propiedad al cuidado de sus dos sobrinos, de 14 y 6 años, ya que la madre de los niños —y tía de la joven— se había ausentado para acompañar a otro familiar en el Hospital Padilla.

 

 

Según reconstruyeron los investigadores:

  • La huida con el botín: en determinado momento de la madrugada, el adolescente de 14 años advirtió que un hombre salía de la vivienda llevándose un televisor.
  • El pedido de auxilio y el trágico hallazgo: asustado, el menor llamó de inmediato a su madre, quien alertó a un vecino de la zona para que acudiera en su ayuda. Al llegar al domicilio, el vecino asistió primero a los dos niños para que pudieran salir por una ventana y luego ingresó a la casa en busca de María Belén, encontrándola sin vida en uno de los dormitorios y con signos de haber sufrido una herida sangrante.

Mientras el personal del ECIF continúa realizando las pericias criminalísticas en el inmueble y levantando rastros para identificar al sospechoso que escapó con el electrodoméstico, la Fiscalía ordenó las medidas de rigor para esclarecer el crimen.

 

 

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Crimen Érika Álvarez: Una escribana declaró que Sosa firmó poderes en favor de Gordillo

Este miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia del debate oral y público en el marco de la causa que investiga la muerte de Érika Antonella Álvarez.

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Este miércoles 18 de noviembre se llevó a cabo una nueva audiencia del debate oral y público en el marco de la causa que investiga la muerte de Érika Álvarez (25), cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de enero de este año en un basural de la zona de Manantial Sur.

El ex militar Felipe Sosa es el principal acusado. Oportunamente, el Ministerio Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua en su contra. En tanto, respecto a los acusados Justina Gordillo y Jorge Díaz, imputados por encubrimiento, requirió seis años de cárcel.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por Pedro Gallo, quien está acompañado durante las audiencias por las investigadoras Carolina Brito Ledesma y Giuliana Ricciuti. Por el hecho se encuentran imputados Felipe Sosa (50), Justina Gordillo (48) y Jorge “Chicho” Díaz (41). Cabe recordar que, mediante un juicio abreviado, el pasado 29 de julio fue condenado el otro acusado, Nicolás Navarro Flores (37), a tres años de prisión.

Continuando con la rueda de testigos correspondientes a la acusación pública, en la audiencia de hoy, 18 de noviembre, brindó su testimonio una escribana pública, quien explicó que el 7 de enero del corriente año, Felipe Sosa la contactó vía Whatsapp para solicitarle la confección de poderes para tres empresas de su propiedad, correspondientes a los rubros seguridad privada y limpieza, en favor de Justina Gordillo, autorizándola a llevar a cabo gestiones de tipo bancarias y administrativas.

También declaró la Secretaria de Superintendencia de la Corte Suprema, quien era jefe de Gordillo, la cual se desempeñaba como asistente.

Para la jornada de mañana, jueves 19 de noviembre, se espera que presten declaración expertos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF.

El tribunal está integrado por los jueces Gonzalo Javier Ortega (presidente), Eliana Gómez Moreira y María Valeria Mibelli.

Oportunamente, al llevar a cabo sus alegatos de apertura al inicio del debate, el representante del MPF solicitó que Sosa sea condenado a prisión perpetua como autor del delito de femicidio. En tanto, para Gordillo requirió seis años de prisión de cumplimiento efectivo por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública. Para Díaz pidió también seis años de prisión efectiva por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave. La querella adhirió a las pretensiones punitivas de la Fiscalía.

La acusación contra Sosa

Según el MPF, el 7 de enero de 2026, alrededor de horas 3:37, Álvarez se retiró de su domicilio, ubicado en Gerónimo Helguera 1701, en San Miguel de Tucumán, a bordo de un automóvil solicitado mediante la aplicación Uber y se dirigió a la vivienda de Sosa, situada en Santo Domingo 1100, en Yerba Buena. La joven arribó aproximadamente 13 minutos más tarde. La Fiscalía sostiene que, entre las 3:50 y las 7:00, Sosa, valiéndose de la relación asimétrica de poder y de la situación de vulnerabilidad de Álvarez, la golpeó con gran violencia en las regiones craneofacial y cervical. Las lesiones provocadas le ocasionaron la muerte por traumatismo craneofacial y cervical.

El rol atribuido a Gordillo y Díaz

Respecto de Gordillo, la teoría fiscal sostiene que mantuvo comunicaciones telefónicas con Sosa desde las 7:32 del 7 de enero y que ese día se presentó en su domicilio en dos oportunidades, permaneciendo allí durante varias horas junto al acusado y Navarro Flores. Según la acusación, durante la noche, Navarro se retiró de la vivienda con dos bolsas que le había entregado Sosa y de las cuales luego se deshizo. Gordillo permaneció en el lugar hasta la mañana del 8 de enero.

La Fiscalía también le atribuye haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo de Álvarez y la eliminación de rastros del crimen, así como en la desaparición de elementos vinculados con la víctima y del teléfono celular. Además, sostiene que ayudó a Sosa a eludir la investigación y a huir a la provincia de Buenos Aires, al poner a su disposición una motocicleta KTM el 9 de enero y facilitarle posteriormente dinero e información sobre el proceso, hasta su detención, el 16 de enero. Según la acusación, Gordillo habría actuado con el propósito de obtener un beneficio patrimonial para sí y para Sosa.

En cuanto a Díaz, la Unidad Fiscal señala que el 7 de enero, alrededor de las 15:17, se presentó en el domicilio de Sosa a bordo de una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a “Mundo Limpio” y colaboró con la eliminación de rastros del cuerpo, la desaparición del teléfono celular de Álvarez y la limpieza del lugar. Asimismo, según la acusación, al retirarse se llevó un estuche que contenía una pistola Glock calibre .40, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre .40 y cuatro cartuchos calibre 12, elementos que Sosa le habría entregado para que los ocultara.

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Disputa de tránsito y balacera en el microcentro: Condena a tres años de prisión y millonaria reparación

Una discusión de tránsito ocurrida, en el pasado mes de mayo, a plena luz del día en el microcentro de San Miguel de Tucumán derivó en una investigación por parte del Ministerio Fiscal. La Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de. Mariano Fernández, logró cerrar un acuerdo de juicio abreviado que culminó con la condena del agresor y una importante reparación económica para la víctima.

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El violento episodio se registró el pasado 21 de mayo de 2026, alrededor de las 13:40 horas, sobre calle San Juan al 600. En medio de un intenso tráfico vehicular, se desató una discusión entre el conductor de un automóvil Ford Focus, identificado como Gustavo José Luis Orce (50), y un ciclista circunstancial, Cristian Emanuel Palacios (43), a raíz de un supuesto roce en el espejo retrovisor.

Lejos de quedar en un entredicho verbal, la situación escaló cuando Orce, portando una pistola semiautomática Bersa calibre 40 sin la debida autorización de portación, efectuó un disparo a una distancia menor a un metro que impactó en el hombro izquierdo de Palacios. La bala no comprometió vasos sanguíneos vitales ni órganos mayores, provocando lesiones que demandaron un tiempo de recuperación menor a un mes. Tras el ataque, el imputado intentó continuar su marcha pero, fue interceptado y aprehendido a pocos metros por personal policial.

La condena

Ante la contundencia de las evidencias incorporadas (que incluyeron actas policiales, historias clínicas, testimonios presenciales, informes toxicológicos de dermotest positivo y registros de cámaras del Centro de Monitoreo), el imputado reconoció de manera lisa, llana e incondicional su autoría en el hecho.

Mediante el acuerdo de juicio abreviado, con el expreso consentimiento de la querella, se fijó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, bajo estrictas reglas de conducta por el plazo que dure la condena:

Restricción de acercamiento: prohibición absoluta de relacionarse o acercarse a Cristian Emanuel Palacios y a su domicilio a menos de 200 metros.

Control y prohibiciones: Obligación de fijar domicilio, someterse al Patronato de Liberados, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, y la prohibición absoluta de tener o portar armas de cualquier tipo y calibre.

Resarcimiento económico: El imputado acordó abonar la suma total de $18.000.000 de pesos en concepto de reparación económica (un pago inicial al contado de $10.000.000 y el saldo en cuatro cuotas mensuales consecutivas de $2.000.000).

De esta manera, la condena quedó firme y garantiza tanto la pacificación social como la reparación integral de la víctima.

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