En una resolución que modificó lo dispuesto con anterioridad, Miguel Ángel “Piky” Orellana obtuvo esta mañana el beneficio de la libertad condicional luego de que la jueza Julieta Casas anulara un fallo previo que le había denegado esa posibilidad.

Orellana fue condenado a prisión perpetua por el secuestro, homicidio y ocultamiento del cadáver de Adrián Mansilla, un joven que trabajaba para él. El hecho ocurrió en 2003 y la sentencia que impuso la pena máxima fue dictada en julio de 2008. Desde entonces, el condenado estuvo alojado en la Unidad 1 del penal de Villa Urquiza.

El pedido de libertad condicional fue presentado por Orellana el 3 de junio, luego de haber accedido previamente a salidas transitorias. El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Gonzalo García, se opuso a concederle el beneficio. En primera instancia, la jueza Ana Cecilia Escobar rechazó la solicitud.

Audiencia de impugnación y fundamentos

La defensa de Orellana, a cargo del abogado Víctor Alberto Padilla, apeló la decisión negativa y esta mañana se celebró la audiencia de impugnación ante la jueza Julieta Casas. En el sustento de su resolución, la magistrada cuestionó que la colega de primera instancia no hubiera considerado «razonable» otorgar la libertad condicional, cuando sí había entendido razonable ampliar las salidas transitorias del condenado, planteo que —según la jueza— carece de base jurídica.

La jueza Casas agregó que el fallo anterior no aportó elementos que acreditaran factores de riesgo que justificaran la denegatoria, por lo que su decisión resultó, en su opinión, palmariamente arbitraria.

Decisión y efectos

Ante esos argumentos, la magistrada revocó la resolución de primera instancia y dictó una nueva sentencia por la cual Miguel Ángel “Piky” Orellana queda alcanzado por la libertad condicional, al considerarse cumplidos los requisitos legales y favorables los informes técnicos presentados en la causa.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, quien fue representado por la auxiliar de Fiscal Emely Rafael en la audiencia correspondiente a la formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

La Fiscalía formalizó la acusación en contra de dos jóvenes, ambas de 25 años de edad, por el delito calificado como uso de documento falsificado o adulterado, requiriendo en contra de las mismas, como medidas de sujeción al proceso, la prohibición de acercamiento y de realizar actos de turbación, hostigamiento o intimidación hacia la víctima (su empleador), por el plazo de seis meses.

Por su parte, la jueza interviniente resolvió hacer lugar a los requerimientos fiscales.
“Se trata de medidas que son prudentes y razonables a los hechos atribuidos a las acusadas, respecto a la instancia procesal en la que nos encontramos y teniendo en cuenta la posibilidad de arribar a una salida alternativa o de avanzar a una siguiente etapa del proceso penal”, explicó la representante fiscal.

Acusación contra una de las mujeres

El 2 de mayo de 2026, en el local comercial “Autokiosco”, sito en avenida Solano Vera al 1.000 de la ciudad de Yerba Buena, donde se desempeñaba como empleada, la mujer de 25 años, presentó ante su empleador un certificado médico apócrifo, fechado el 26 de abril de 2026, con membrete del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán “Ramón Carrillo”, con sello y firma, en el que se consignaba un diagnóstico de gastroenteritis y la indicación de seis días de reposo laboral.

Posteriormente, por averiguaciones efectuadas por el empleador ante autoridades del nosocomio permitieron conocer que la profesional mencionada se desempeñaría como médica de guardia y no emite certificados de esa naturaleza, por lo que el documento presentado sería fraudulento.

La presentación del certificado médico habría tenido como finalidad justificar inasistencias laborales ocurridas desde el día 26 de abril de 2026 y generar los efectos jurídicos y laborales derivados de una licencia médica, procurando otorgar apariencia de legitimidad a ausencias injustificadas, con la intención de valerse del mismo como si fuera auténtico, ocasionando un grave perjuicio a su empleador y a la fe pública.

La otra acusación

El 4 de junio de 2026, luego de finalizar su jornada laboral, la empleada también de 25 años, habría remitido mediante medios electrónicos y posteriormente presentado en su lugar de trabajo, ubicado en avenida Solano Vera al 1.000 de la ciudad de Yerba Buena, un certificado médico presuntamente apócrifo, confeccionado en formularios con membrete del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán “Ramón Carrillo”, fechado el mismo día, con sello y firma, en el que se consignaba un cuadro de gastroenteritis y reposo laboral por setenta y dos horas.

Dicha presentación habría tenido el propósito justificar ausencias laborales y obtener los efectos propios de una licencia médica, pese a conocer la falsedad del instrumento. Conforme la información recabada por el denunciante ante autoridades del establecimiento hospitalario, la profesional consignada en el certificado no se encontraba prestando servicios en la fecha indicada y, al igual que la médica mencionada en el hecho precedente, no emite certificados de las características presentadas, por lo que el documento utilizado sería falso, ocasionando un grave perjuicio a su empleador y a la fe pública.