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Policiales

Un enfermero fue condenado por el crimen del cantante de hip hop

Andrés César Quiroga, de 47 años, fue condenado a la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo.

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Este martes 4 de octubre, culminó el juicio oral y público por el crimen del artista Lisandro Bravo, de 20 años. Se trató de un debate en dos etapas. En la primera, Quiroga fue hallado penalmente responsable del delito calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Ahora, en la segunda etapa, se analizó el monto de la pena correspondiente.

En la investigación intervino la Unidad Fiscal de Homicidios I. En la audiencia final, el fiscal Ignacio López Bustos, efectuó sus alegatos de apertura, en los que expresó una pretensión punitiva de 20 años de prisión de cumplimiento efectivo. La querella, representada por Carlos Garmendia pidió 30 años como pena. En tanto, la defensa solicitó 11.

En el debate prestaron declaración los padres de Lisandro, quienes describieron la personalidad del joven. También se contaron detalles sobre la proyección de su carrera profesional como artista del género urbano y el compromiso con los temas sociales.
Hoy, se completaron los testimonios. Luego, fue el momento de las últimas palabras, tanto del condenado como de los familiares de la víctima. Finalmente, la jueza pasó a deliberar, resolviendo la imposición de una pena de 14 años de cárcel.

La acusación

El 5 de diciembre del 2021, alrededor de las 4:00 de la madrugada, Bravo regresaba a pie de comprar cigarrillos junto a un amigo hacia la casa de este último, ubicada en calle Eugenio Méndez al 200 del barrio San Cayetano.
Venían caminando por calle Anselmo Rojo. Cuando doblaron por Fleming, se les aproximó una moto con dos sujetos a bordo, mientras que de un domicilio salió Quiroga portando un arma de fuego.
Por temor a ello, la víctima y su amigo corrieron y el imputado, con intenciones de ocasionarle la muerte, se paró en la esquina de Anselmo Rojo y Fleming, apuntó con una pistola 9 milímetros y disparó impactando un proyectil en el hombro izquierdo de Bravo, provocándole lesiones que minutos después causaron su fallecimiento.

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Policiales

Un preso fue apuñalado y se encuentra en estado reservado

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 10.30 durante el horario de visitas en la Unidad V del Penal de Villa Urquiza. La víctima fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Centro de Salud

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Un grave hecho de violencia se registró en horas de la mañana en el Penal de Villa Urquiza, más precisamente en la Unidad N° 5, sector destinado al alojamiento de jóvenes adultos (con edades que oscilan entre los 18 y 21 años). Un interno de 22 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma punzocortante de fabricación casera por otro recluso.

El incidente ocurrió cerca de las 10:30 mientras en el establecimiento penitenciario se desarrollaba la jornada habitual de visitas. Según las primeras informaciones, la víctima, identificada como Damián Adrián Torres (22), y el presunto agresor, de quien aún no se pudo revelar la identidad, se encontraban en el sector sin haber recibido visitantes.

En medio del enfrentamiento, el supuesto agresor, extrajo de entre sus prendas una «punta» o arma hechiza con la que le asestó dos puntazos a Torres: uno a la altura del rostro y otro en el estómago.

Traslado de urgencia y estado de salud

Tras el ataque, el personal penitenciario actuó con rapidez para controlar la situación, aislar al agresor y brindar asistencia médica inmediata al herido.

Damián Adrián Torres fue trasladado en primera instancia al Hospital Avellaneda, pero debido a la complejidad y gravedad de las lesiones presentadas, fue derivado de urgencia al Hospital Centro de Salud de San Miguel de Tucumán, donde ingresó a quirófano para ser intervenido quirúrgicamente. Su estado de salud es reservado.

Intervención judicial y peritajes

En el lugar de los hechos, los efectivos preservaron la escena del crimen y secuestraron el arma hechiza utilizada en la agresión.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, quien dispuso la intervención inmediata de personal de la fiscalía y del equipo interdisciplinario del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Especialistas de las áreas de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal llevan a cabo las inspecciones oculares en el pabellón, la recolección de evidencias y los exámenes médicos de rigor al presunto agresor.

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Dos jóvenes fueron acusadas por falsificar certificados médicos

La presentación de la documentación habría tenido como finalidad justificar inasistencias laborales. Las mujeres trabajaban en el mismo lugar.

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El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, quien fue representado por la auxiliar de Fiscal Emely Rafael en la audiencia correspondiente a la formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

La Fiscalía formalizó la acusación en contra de dos jóvenes, ambas de 25 años de edad, por el delito calificado como uso de documento falsificado o adulterado, requiriendo en contra de las mismas, como medidas de sujeción al proceso, la prohibición de acercamiento y de realizar actos de turbación, hostigamiento o intimidación hacia la víctima (su empleador), por el plazo de seis meses.

Por su parte, la jueza interviniente resolvió hacer lugar a los requerimientos fiscales.
Se trata de medidas que son prudentes y razonables a los hechos atribuidos a las acusadas, respecto a la instancia procesal en la que nos encontramos y teniendo en cuenta la posibilidad de arribar a una salida alternativa o de avanzar a una siguiente etapa del proceso penal”, explicó la representante fiscal.

Acusación contra una de las mujeres

El 2 de mayo de 2026, en el local comercial “Autokiosco”, sito en avenida Solano Vera al 1.000 de la ciudad de Yerba Buena, donde se desempeñaba como empleada, la mujer de 25 años, presentó ante su empleador un certificado médico apócrifo, fechado el 26 de abril de 2026, con membrete del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán “Ramón Carrillo”, con sello y firma, en el que se consignaba un diagnóstico de gastroenteritis y la indicación de seis días de reposo laboral.

Posteriormente, por averiguaciones efectuadas por el empleador ante autoridades del nosocomio permitieron conocer que la profesional mencionada se desempeñaría como médica de guardia y no emite certificados de esa naturaleza, por lo que el documento presentado sería fraudulento.

La presentación del certificado médico habría tenido como finalidad justificar inasistencias laborales ocurridas desde el día 26 de abril de 2026 y generar los efectos jurídicos y laborales derivados de una licencia médica, procurando otorgar apariencia de legitimidad a ausencias injustificadas, con la intención de valerse del mismo como si fuera auténtico, ocasionando un grave perjuicio a su empleador y a la fe pública.

La otra acusación

El 4 de junio de 2026, luego de finalizar su jornada laboral, la empleada también de 25 años, habría remitido mediante medios electrónicos y posteriormente presentado en su lugar de trabajo, ubicado en avenida Solano Vera al 1.000 de la ciudad de Yerba Buena, un certificado médico presuntamente apócrifo, confeccionado en formularios con membrete del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán “Ramón Carrillo”, fechado el mismo día, con sello y firma, en el que se consignaba un cuadro de gastroenteritis y reposo laboral por setenta y dos horas.

Dicha presentación habría tenido el propósito justificar ausencias laborales y obtener los efectos propios de una licencia médica, pese a conocer la falsedad del instrumento. Conforme la información recabada por el denunciante ante autoridades del establecimiento hospitalario, la profesional consignada en el certificado no se encontraba prestando servicios en la fecha indicada y, al igual que la médica mencionada en el hecho precedente, no emite certificados de las características presentadas, por lo que el documento utilizado sería falso, ocasionando un grave perjuicio a su empleador y a la fe pública.

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Murió el hombre que había sufrido graves quemaduras tras la explosión del edificio en Monteagudo al 100

Jonathan Stisman, de 43 años, falleció anoche luego de permanecer internado en estado crítico en el Hospital Centro de Salud.

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Jonathan Stisman, de 43 años, falleció este miércoles como consecuencia de las graves heridas sufridas durante la explosión ocurrida el pasado domingo en un edificio ubicado en Monteagudo al 100, en San Miguel de Tucumán.

El hombre permanecía internado en el Hospital Centro de Salud, donde había ingresado con quemaduras que comprometían cerca del 80% de la superficie corporal. Su estado era crítico desde el momento de su ingreso y permanecía con asistencia mecánica respiratoria en la Unidad de Terapia Intensiva.

La explosión, cuyas causas continúan bajo investigación, provocó importantes daños materiales en el edificio y motivó un amplio operativo de emergencia en el que intervinieron Bomberos, Defensa Civil, personal del Sistema de Emergencias 107 y efectivos policiales.

En las últimas horas, las autoridades informaron que el edificio continúa clausurado de manera preventiva. No obstante, algunos propietarios e inquilinos fueron autorizados a ingresar de manera temporal y bajo estrictas medidas de seguridad para retirar pertenencias indispensables, mientras avanzan las pericias técnicas sobre la estructura.

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