Este miércoles 12 de agosto se llevó a cabo una audiencia solicitada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, que conduce Gerardo Salas, a los fines de formular los cargos correspondientes en una causa por usurpación y daños.

En la misma, se procedió a acusar formalmente a un numeroso grupo de personas por el ingreso ilegal y la destrucción de cultivos en perjuicio de los propietarios de las tierras, requiriendo además la restitución provisoria del inmueble.

De acuerdo a la acusación sostenida por el auxiliar de fiscal Juan José Ibañez, los hechos comenzaron a gestarse entre el 13 y el 17 del mes de julio del corriente año, durante el transcurso de la feria judicial. Los imputados, junto a un grupo mayor de personas no identificadas, actuaron de manera coordinada tras ponerse de acuerdo previamente.

Aprovechando que se trataba de inmuebles rurales de grandes extensiones y con cultivos de caña de azúcar en pie (lo cual impedía la visualización de la totalidad del predio por parte de los cuidadores), ingresaron a las propiedades ubicadas en la ciudad de Concepción. Los terrenos afectados se encuentran en el cuadrante comprendido entre calles Vicente López y Planes (Este), Campos de las Carreras (Oeste), Acequia los Méndez (Sur) y calle Las Palmeras (Norte).

Una vez dentro de los predios colindantes, los usurpadores procedieron a destrozar el cultivo utilizando machetes y palas, ocasionando importantes daños materiales en la plantación.

Con la clara intención de apropiarse del lugar y mantenerse en la propiedad, los acusados comenzaron a delimitar terrenos utilizando palos, alambres y cintas, para luego instalar casillas precarias.

Finalmente, desde la fiscalía señalaron que los ocupantes se mantienen de manera ilegal en los terrenos hasta la fecha. Por este motivo, y ante el perjuicio ocasionado a los titulares, el Ministerio Fiscal solicitó como medida fundamental la inmediata restitución provisoria del inmueble para hacer cesar los efectos del delito

El exdiputado peronista Facundo Moyano habló por primera vez sobre el escándalo que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, quien fue encontrada semidesnuda en las calles de Belgrano el pasado 4 de agosto.
Durante una entrevista con Telefe Noticias, Moyano aclaró en primer lugar: “Nunca soy yo el que está corriendo. Es algo que lo tengo que decir. No vengo a ponerme de víctima ni de acusar a nadie. Vengo a defenderme. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé 5 minutos después. Yo no tenía pantalones largos y remera larga. No estaba corriendo”.

Imagen de video que muestra a Facundo Moyano sujetando a Candela Arizaga en la calle

A continuación, precisó que fue Arizaga que tuvo un paro cardíaco: “Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911″. Dijo querer tomar contacto con su novia para contarle lo que ocurrió y destacó también: “Los hechos privados están reservados a Dios y no es algo que me requiere la Fiscalía. En las dos acusaciones, Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido”.

“Yo tengo dos imputaciones: privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Pero Candela nunca dijo que fue así. Cuando declaró por primera vez, a las 8, no estaba en condiciones. Y a todas les dijo lo mismo. No había elementos para detenerme. Cuando la agarré, otro portero me dijo que iba a cuidar al perro y yo me quedé con ella y llamé a la policía. Una persona que está en un estado de violencia contra su pareja no llamaría a la policía para que vengan”, añadió luego.

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En la madrugada del último martes, el encargado del edificio donde reside Moyano, identificado como Nahuel Astrada, relató a efectivos de la Policía de la Ciudad que el hijo del exsecretario general de la CGT había salido del inmueble de manera precipitada detrás de una mujer semidesnuda.

Además, según quedó registrado en las cámaras de seguridad, ambos fueron interceptados en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre con signos compatibles con el consumo de estupefacientes.

Arizaga fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde —según informó el titular del servicio, Alberto Crescenti— permaneció internada durante varias horas.

Candela Arizaga declaró ante la Fiscalía

Al declarar ante la Justicia, Arizaga negó haber sido víctima de violencia física o verbal por parte del sindicalista y sostuvo que sufrió un “brote psicótico” luego de haber consumido cocaína.

Moyano quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Se encuentra en libertad, aunque la fiscalía dispuso una serie de medidas: una restricción de acercamiento de 300 metros a la víctima, la prohibición de contacto, la fijación de un domicilio y la obligación de presentarse ante todas las citaciones judiciales.

El viernes, la Justicia porteña rechazó su pedido para levantar la perimetral, pese a que Arizaga le quitó responsabilidad por lo sucedido e insistió en recuperar el vínculo.

Según fuentes cercanas al caso, la titular de la Fiscalía N°3 Especializada en Violencia de Género, Florencia Nocerez, rechazó la solicitud del exlegislador debido a la “falta de medidas de prueba”.  /La Nación

Una nueva línea de investigación se abrió en torno a la causa por el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán. Tres integrantes del denominado clan Caro, que se encuentran detenidos en el penal de Villa Urquiza, fueron acusados de haber extorsionado a otro de los procesados en el expediente para evitar que sufriera represalias mientras permaneciera alojado en prisión.

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían utilizado su situación dentro del establecimiento penitenciario para ejercer presión sobre Nacif. La condición planteada habría sido el pago del dinero y la entrega del vehículo a cambio de evitar posibles ataques o represalias durante su permanencia en la cárcel. La Justicia busca ahora determinar cómo se concretaban las comunicaciones y qué otras personas podrían haber intervenido.

Allanaron una celda y secuestraron celulares

A partir de la denuncia, la Justicia ordenó una medida dentro del penal de Villa Urquiza. El procedimiento se concentró en una celda que, según la información publicada, era considerada una dependencia de condiciones privilegiadas, donde fueron secuestrados teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

El análisis de los dispositivos será clave para los investigadores, ya que se buscará establecer si desde esos teléfonos se realizaron las comunicaciones utilizadas para amenazar o extorsionar a Nacif. También se intentará determinar si existieron cómplices fuera del establecimiento penitenciario y quiénes serían los destinatarios del dinero y del vehículo reclamados.

La nueva denuncia se suma a una causa de gran relevancia para la Justicia Federal tucumana, que intenta determinar quién era el verdadero propietario y proveedor de los 470 kilos de cocaína secuestrados y cuál era el alcance de la organización que habría participado del traslado del cargamento. La investigación principal continúa con varios detenidos y distintas líneas abiertas.

El caso vuelve a poner el foco en la capacidad de determinados grupos delictivos para mantener vínculos y ejercer presiones incluso desde establecimientos penitenciarios. Mientras avanzan las pericias sobre los celulares, la Justicia deberá establecer si las acusaciones por extorsión pueden ser acreditadas y qué relación tienen los hechos denunciados con la estructura investigada por el cargamento de cocaína.