Durante una rueda de prensa, el gobernador, Osvaldo Jaldo, fue consultado sobre la situación del justicialismo en la provincia.

“Muy bien, mejor que nunca. La verdad es que hoy el Justicialismo está mostrando una gestión provincial”, afirmó.

En ese sentido, destacó que Tucumán mantiene indicadores positivos pese al contexto nacional. “Mientras la construcción cae a nivel nacional, Tucumán ha resistido ese retroceso y es una de las provincias que ha crecido”, señaló.

Además, remarcó que el crecimiento se refleja tanto en la obra pública como en la actividad empresarial. “Tucumán ha crecido no solo en obras, sino también en empresas, tanto desde el sector público como del sector privado”, concluyó.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la denuncia contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, que fue presentada ayer ante el Fuero Penal de la provincia, en la que los denunciantes piden que se investigue la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito por la compra de dos terrenos en un country de Yerba Buena.

Al respecto, Jaldo analizó: “yo creo que no hay que prejuzgar. Sí me parece que todos somos iguales ante la ley. Y si hay una denuncia, la señora intendenta de Graneros se tendrá que presentar ante el juez o el fiscal que la convoque. Tendrá que responder todos los interrogantes. Y, si se tiene que someter a algún juicio, lo tendrá que hacer para que, si la denuncia es que demuestre de dónde sacó los recursos para comprar, no hay dudas que lo tendrá que demostrar”.

“Y repito, todos somos iguales ante la ley, y si la intendenta ha sido denunciada, tiene que presentarse ante la justicia. Fundamentalmente, como dice el gobernador: ‘hay que saber respetar los fallos de la justicia’. Cuando los fallos sean favorables y mucho más cuando sean desfavorables”, dijo.

“Siempre en la justicia hay alternativa para poder acudir en instancias mayores, inclusive no solo provincial, sino también nacional. Así que, concretamente, la intendenta de Graneros se tiene que poner a disposición del Poder Judicial de la provincia”, cerró.

El Ministerio de Defensa reconoció la profunda crisis salarial de los militares y habilitó, por primera vez en la historia, que los integrantes de las Fuerzas Armadas tengan un segundo empleo para compensar la fuerte caída de sus ingresos.

La decisión significa un blanqueo del reclamo que vienen planteando los uniformados desde que la gestión de Javier Milei frenó la jerarquización salarial impulsada por la administración anterior (a cargo de Sergio Massa), cuyo objetivo era equiparar los sueldos militares con los de las fuerzas de seguridad policiales.

Según publicó el medio especializado Gestión Sindical, la nueva disposición establece que los efectivos podrán desempeñar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio. La medida alcanza a soldados, suboficiales y oficiales, quienes a partir de ahora podrán trabajar legalmente en el sector privado para engrosar sus ingresos mensuales.

Entre las actividades expresamente permitidas se destacan:

• Empleos vinculados a plataformas de transporte (como Uber, Cabify o Didi).
• Aplicaciones de reparto y delivery.
• Servicios de seguridad privada.
• Otras ocupaciones que sean compatibles con la función militar.

De esta manera, quienes tienen la altísima responsabilidad de custodiar la defensa nacional podrán desempeñarse como choferes, repartidores o vigiladores, una práctica que en los hechos ya ocurría en la informalidad debido a que los salarios castrenses quedaron fuertemente rezagados.

El Gobierno presentó esta medida bajo una narrativa relacionada con la «ampliación de libertades». Sin embargo, el trasfondo expone una situación dramática en los cuarteles que combina el ajuste salarial, la falta de presupuesto para equipamiento y las graves deficiencias en la cobertura médica.

Un dato revelador marca la gravedad del escenario: desde que asumió el actual Gobierno, el sueldo castrense perdió más del 80% en relación con la inflación acumulada, lo que implica que el salario real hoy es un 25% más bajo que en diciembre de 2023.

Fuga de cerebros: el riesgo de perder profesionales calificados

Esta habilitación al pluriempleo militar expone un problema aún mayor para el Estado: la dificultad de retener personal altamente calificado. Muchos de los efectivos que ahora deberán recurrir a una aplicación de viajes o a una garita de seguridad cuentan con años de rigurosa formación en logística, inteligencia, comunicaciones, operaciones tácticas, defensa territorial y conducción estratégica.

Hoy en día, pilotos, ingenieros, médicos, especialistas en comunicaciones y técnicos de alta complejidad encabezan la lista de los perfiles más difíciles de sostener dentro de las filas de las Fuerzas Armadas.