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Política

Sancionaron a cinco empresas por arrojar escombros en el Canal Sur y el Río Salí

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de la Fiscalía Ambiental y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, investigó denuncias vecinales y detectó la descarga irregular de residuos de construcción en zonas no habilitadas. El Tribunal de Faltas ordenó la clausura preventiva de los terrenos y la suspensión temporal de ese tipo de actividades por parte de las firmas involucradas.

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La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de la Fiscalía Ambiental Municipal y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, llevó adelante una investigación que derivó en la clausura preventiva de distintos predios ubicados en márgenes del Canal Sur y del Río Salí, donde se constató la descarga irregular de escombros, residuos de construcción y otros desechos. En el marco de las actuaciones, además, se dispusieron sanciones contra cinco empresas dedicadas a esas operatorias, a las que se les prohibirá seguir descargando el material en esos terrenos hasta tanto presenten la documentación habilitante y den cumplimiento a las normas ambientales vigentes.

La investigación comenzó a partir de publicaciones y denuncias difundidas en redes sociales, donde vecinos advirtieron sobre movimientos frecuentes de camiones y contenedores en zonas cercanas al Canal Sur y al Río Salí. A partir de esos registros, que incluían fotos y videos, se iniciaron actuaciones para verificar lo que estaba ocurriendo en el lugar.

Como parte de la investigación, personal de la Brigada Ambiental Municipal (BAM) y equipos técnicos realizaron distintas inspecciones oculares en los sectores señalados. Durante los recorridos se constató la existencia de grandes acumulaciones de escombros y residuos de construcción, huellas y caminos utilizados por vehículos de gran porte y sectores que, de acuerdo a lo observado, eran utilizados para la descarga frecuente de materiales.

Además, durante las inspecciones se llevaron adelante entrevistas e identificaciones en los lugares intervenidos, incorporándose información sobre el movimiento diario de vehículos y el funcionamiento de los predios inspeccionados. En uno de los testimonios, una persona que se presentó como cuidador de uno de los terrenos manifestó que los escombros eran desplazados hacia el curso de agua. También se detectó la presencia de contenedores pertenecientes a distintas firmas vinculadas al transporte y disposición de estos residuos.

La investigación incorporó informes elaborados por organismos provinciales que, a requerimiento del municipio, determinaron que los sectores inspeccionados no se encuentran habilitados para el depósito de escombros ni para actividades de disposición de estos desechos.

A su vez, en las actuaciones se advirtió sobre la importancia ambiental de las zonas inspeccionadas y sobre los riesgos que puede generar la acumulación irregular de residuos en sectores cercanos al Canal Sur y al Río Salí. Según lo constatado, este tipo de prácticas puede favorecer la formación de microbasurales, afectar el escurrimiento normal del agua y generar riesgos para la salud pública y el ambiente.

Frente a la magnitud de los hechos detectados, el Juez de Faltas interviniente, Fabián Ruiz Lizondo, hizo lugar a lo solicitado por el Fiscal Ambiental y dispuso la clausura preventiva de los predios inspeccionados y la sanción contra las cinco empresas involucradas.

Trabajo conjunto

El secretario de Ordenamiento y Convivencia, a cargo de la Fiscalía Ambiental Municipal, Javier González, explicó que la investigación se inició a partir del aporte de los vecinos. “Tomamos conocimiento de una publicación en redes sociales en la que una vecina denunciaba el arrojo de escombros por parte de un camión con volquete hacia el Canal Sur. A partir de eso se abrió una investigación conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable”, señaló.

El funcionario detalló que durante las actuaciones se reunieron actas, inspecciones oculares, informes técnicos y testimonios que permitieron establecer que tres predios de la ciudad no estaban autorizados para recibir escombros. “Con el material reunido se le requirió al Juez de Faltas la clausura preventiva de esos terrenos y la suspensión de ese tipo de actividades por parte de las empresas involucradas, hasta tanto acrediten en sede del Juzgado de Faltas la documentación correspondiente y las habilitaciones que mandan las ordenanzas vigentes al día de la fecha”, indicó.

González destacó además el rol de la comunidad en la detección de este tipo de irregularidades. “Los vecinos han tenido un protagonismo fundamental con sus publicaciones, denuncias y testimonios. Eso es lo que buscamos desde el Municipio: construir y garantizar el orden y la recuperación de los espacios públicos con el aporte de cada ciudadano”, remarcó.

Sobre los pasos a seguir, el fiscal ambiental municipal informó que cada empresa deberá comparecer ante el Juzgado de Faltas y presentar la documentación correspondiente. “Luego el juez decidirá si corresponde aplicar sanciones, que pueden incluir multas, clausuras e inhabilitaciones. Desde la Fiscalía también solicitamos que se obligue a las firmas a reparar y restaurar los espacios que hoy se encuentran degradados”, sostuvo.

Por último, González recordó que los vecinos pueden realizar denuncias ambientales a través de la plataforma CiDiTuc. “Es el canal que preferimos porque permite hacer el reclamo y también monitorear día a día cómo avanza cada pedido y cuáles son las gestiones realizadas”, explicó.

Una política sostenida

Por su parte, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, señaló que la clausura forma parte de una política sostenida para erradicar basurales a cielo abierto en la ciudad. “Desde que asumimos venimos trabajando intensamente en la erradicación de basurales. Ya logramos eliminar más del 45 % de los focos detectados y continuamos investigando tanto a grandes generadores como a transportistas y operadores que no cumplen con la normativa vigente”, afirmó.

La funcionaria aclaró que el objetivo del Municipio no es únicamente sancionar, sino promover el cumplimiento de las normas ambientales. “Hemos notificado a muchas empresas para que se adecuen. Trabajamos mucho en la educación, la concientización y el compromiso de vecinos, ciudadanos y empresarios. Todos tenemos que involucrarnos para construir la ciudad limpia que queremos”, expresó.

Migliavacca también valoró el rol de los vecinos en la detección y solución de los problemas ambientales. “Nadie conoce mejor su barrio que quien vive allí. Por eso necesitamos el compromiso ciudadano. La transformación de la ciudad la hacemos entre todos”, concluyó.

La funcionaria recordó que también se pueden realizar denuncias ambientales mediante WhatsApp al 381-572-0007 y a través de la cuenta de Instagram Ambiente y Desarrollo SMT, canales que permiten verificar cada caso y, si corresponde, dar intervención a la Fiscalía Ambiental y al Juzgado de Faltas.

Política

Movimientos sociales y sindicales marcharán por el endeudamiento familiar en Argentina

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la CGT y ambas vertientes de la CTA marcharán este jueves 20 de agosto hacia el Ministerio de Economía.

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Las organizaciones sindicales y los movimientos sociales realizarán una movilización masiva este jueves 20 de agosto desde las 14. La marcha tendrá como punto final las puertas del Ministerio de Economía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La conducción de la UTEP encabezada por Alejandro Gramajo sumará el respaldo de la CGT y de las dos variantes de la CTA para visibilizar el sobreendeudamiento de las familias.

Las columnas de manifestantes se concentrarán en la intersección de Paseo Colón y Estados Unidos, como así también en la avenida Independencia. El reclamo central apunta contra la falta de crédito formal y el recurso a los financiamientos con altas tasas de interés para comprar medicamentos, alimentos y pagar servicios públicos. La marcha busca presionar al Poder Ejecutivo nacional para que implemente herramientas de asistencia financiera.

Estadísticas de morosidad y cruces por la intervención pública

Los indicadores oficiales del Banco Central reflejan que la mora en los préstamos a los hogares ascendió al 12,7% durante el mes de junio. Ese porcentaje representa un incremento significativo frente al 2,5% registrado a finales de 2024. Cerca de 5,8 millones de argentinos mantienen atrasos superiores a los 90 días en sus compromisos financieros, escenario que empeora en las billeteras virtuales con una morosidad del 33%.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) precisó que la mora bancaria pasó del 2,5% al 12,1% entre noviembre de 2024 y abril de 2026, mientras que en los monederos electrónicos saltó del 7,3% al 29,6% en el mismo período. “Cuando le preguntás a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”, señaló Hernán Letcher, director del CEPA, en declaraciones al medio español elDiario.es. Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% aún mantiene deudas activas.

Indicador Financiero y Social Registro Oficial y Porcentaje
Tasa de mora bancaria en hogares (BCRA) 12,7% en junio de 2026 (frente al 2,5% en octubre de 2024)
Personas con retrasos graves de pago 5,8 millones de argentinos
Inconvenientes de mora en billeteras virtuales 33% de los deudores fintech
Hogares que recurren al endeudamiento cotidiano 71,9% de las familias con dificultades

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazaron cualquier asistencia estatal al calificar el fenómeno como un acuerdo entre partes privadas. En contraposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof responsabilizó a la política económica oficial por la pérdida del poder adquisitivo. Paralelamente, en el Congreso de la Nación la oposición promueve proyectos de ley para crear programas de desendeudamiento y condonación de intereses moratorios.

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Política

ADIUNT inicia este martes una nueva semana de paro

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Del 18 al 22 de agosto, la docencia universitaria y preuniversitaria vuelve a las calles para reclamar por los salarios, por el presupuesto educativo y por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde ADIUNT convocan a toda la comunidad universitaria a participar activamente de esta semana de paro, con protestas, clases públicas, asambleas y distintas actividades en escuelas y facultades.

Martes 18 – 10:30 hs: Protesta en el Rectorado de la UNT (Ayacucho 491).

Miércoles 19 – 19 hs: Mesa panel a 60 años del cierre de ingenios en el MUNT (San Martín 1545).

Jueves 20 – 10 hs: Protesta en ASUNT (San Martín 864).

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Política

De penal a polo tecnológico: el ambicioso proyecto para transformar la cárcel de Villa Urquiza en un distrito de innovación

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Un cambio radical de paradigma urbanístico, productivo y de seguridad pública podría transformar el sector norte de la capital tucumana. Un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial por el legislador Agustín Romano Norri (Unión Cívica Radical) propone desafectar de manera progresiva el histórico predio del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza y crear en su lugar el «Distrito de Innovación Tecnológica Villa Urquiza».

La iniciativa busca dejar atrás décadas de encierro y fronteras urbanas para convertir el predio de Avenida República del Líbano al 2000 en un espacio abierto dedicado a la economía del conocimiento, la inteligencia artificial, el desarrollo de software, la biotecnología y la formación en artes y oficios digitales. La iniciativa también contempla un espacio para viviendas, espacios públicos y locales comerciales.

Un plan de reconversión progresivo y sustentable
El proyecto establece un marco jurídico marco para la reconversión urbana e integral del área. Lejos de tratarse de una venta imprevista de tierras estatales, la normativa impone al Poder Ejecutivo la elaboración de un Plan Maestro de Reconversión Urbana e Innovación Tecnológica, en articulación con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y diversos organismos técnicos.

Entre sus ejes centrales, la propuesta exige:

Integración urbana y ambiental: Desarrollo de espacios verdes públicos, equipamiento comunitario, iluminación, conectividad y soluciones de movilidad sustentable que beneficien a los barrios periféricos.
Atracción de talento e inversiones: Creación de un polo que reúna a empresas del sector privado, universidades, incubadoras de empresas, laboratorios de investigación y centros de capacitación laboral.
Preservación del valor público: Reglas estrictas para evitar procesos de especulación inmobiliaria o fragmentación de la trama urbana.

Modernización penitenciaria: la clave en Benjamín Paz

Uno de los aspectos neurálgicos de la norma aborda la continuidad del servicio penitenciario. El proyecto prevé un Plan de Transición Penitenciaria para ordenar el traslado sistemático de los internos e instalaciones hacia la nueva cárcel construida en la localidad de Benjamín Paz (Departamento Trancas), o a la infraestructura que determine el Poder Ejecutivo.
La ley impone una condición estricta: ningún cierre ni reducción sustancial de capacidad operativa en Villa Urquiza podrá ejecutarse sin contar previamente con infraestructura penitenciaria operativa y adecuada que garantice la seguridad pública, las condiciones laborales del personal y los derechos de las personas privadas de la libertad.

Fondo autosustentable y control institucional

Para financiar tanto la transición penitenciaria como la construcción del nuevo polo tecnológico, la norma crea el «Fondo Especial de Reconversión Urbana, Innovación Tecnológica e Infraestructura Penitenciaria». Este fondo intangible funcionará como una cuenta especial integrada por los recursos generados por las modalidades de aprovechamiento del inmueble (concesiones, fideicomisos públicos o mixtos, derechos de superficie o eventuales ventas parciales).

Por disposición legal, el dinero recaudado no podrá destinarse a rentas generales y deberá reinvertirse exclusivamente en: Obras y equipamiento penitenciario provincial; obras de urbanización, iluminación, saneamiento y conectividad digital para el nuevo Distrito; creación y mantenimiento de espacios verdes y equipamiento social en el sector norte de la capital; programas de capacitación digital, incentivos a emprendimientos y transferencia tecnológica.

«De los muros a las aulas»
En los fundamentos de la propuesta, el legislador Romano Norri destacó que la Provincia debe «animarse a proyectar sus activos estratégicos como herramientas de desarrollo». «El predio de Villa Urquiza representa una oportunidad histórica: pasar de un espacio de encierro a un espacio de conocimiento; de una barrera urbana a un polo de integración; de una cárcel inserta en la ciudad a un distrito abierto a la innovación, la formación y el trabajo». Con esta iniciativa, Tucumán busca colocarse a la vanguardia de la economía del conocimiento en el Norte Grande, transformando un pasivo urbano e histórico en un motor de empleo joven e inclusión social.

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