Esta mañana el ministro de Economía de la provincia, Daniel Abad visitó la Legislatura para participar de una reunión conjunta de las comisiones de Hacienda y Presupuesto; Legislación Social y Legislación General que presiden Carlos Gallia, Alejandra Cejas y Gerónimo Vargas Aignasse, respectivamente, para brindar un detallado informe sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para la implementación del Sistema de Retiro Voluntario Programado para agentes de la Administración Pública Provincial.
La iniciativa girada por Casa de Gobierno será temporal y por el término de cuatro años, o menor, si en el transcurso de ese plazo se alcanzase los beneficios de la jubilación. «El Estado abonará, durante ese término, el 70% de los haberes normales y habituales del agente, que corresponde al mes anterior al otorgamiento del beneficio. A tal fin deberá tenerse en cuenta el concepto que se abone en virtud del artículo 1º de la ley N° 7.007 (texto consolidado) y las sobreasignaciones especiales dispuestas para cada organismo.
Concluido el encuentro, el Vicegobernador agradeció la presencia del ministro para dar detalles del proyecto. “Estamos continuando con esto que venimos haciendo desde un inicio, trabajar en conjunto con el Ejecutivo provincial. Respetando la división de poderes, pero trabajando coordinadamente por lo que haga falta para mejorar las condiciones de Tucumán”.
Por su parte, el ministro explicó que el objetivo de la iniciativa tiene dos finalidades: “Por un lado, pretende que aquellas personas que se hayan quedado sin funciones en el Estado por la reducción de organismos que hemos hecho se puedan insertar en el mercado laboral privado. Y segundo, obviamente, perseguimos un ahorro fiscal, que vendría a ser el 30% del sueldo que no cobraría, por este retiro y que eso coadyuva a todas las medidas que venimos tomando para tratar de buscar el equilibrio fiscal en la provincia”.
Al ser consultado sobre cuánto es el monto que ahorrará la provincia con la puesta en marcha de los retiros voluntarios, Abad respondió: “No tenemos un número porque el llamado es abierto, pero los anteriores retiros oscilaron entre 800 y 2000 personas que se acogieron. Creemos que se van a acoger más, pero vamos a esperar a que se anoten. Para nosotros, cualquier ahorro es importante”.
A su turno, el legislador Carlos Gallia señaló que el proyecto de retiro voluntario va a ser debatido por las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación Social y Legislación General: “La idea es que hagamos un proyecto conjunto y lo devolvamos al Poder Ejecutivo para consensuar las modificaciones que surjan, así podemos llevarlo al recinto en forma unánime para la próxima sesión”.
Finalmente, el Vargas Aignasse puso énfasis en la necesidad que el proyecto sea tratado de inmediato para así poder ver cuanto antes el ahorro en el impacto fiscal: “Si ingresan 2.000 trabajadores al programa de retiro voluntario programado, estimamos un ahorro de 4.000 millones de pesos, por dar un ejemplo. Lo que estamos buscando es tratar de que ese número sea superior, por eso la idea es poder incorporar a los municipios y a las comunas, buscando ampliar el abanico de trabajadores que puedan ingresar a este programa«, explicó el legislador.
De la reunión también participaron los legisladores: Francisco Serra, Claudio Viña, Carlos Nájar, Sandra Figueroa, Manuel Courel, Alejandra Cejas, Silvia Elías de Pérez, Ernesto Gómez Gómez Rossi, Nancy Bulacio, Carolina Vargas Aignasse, Mario Leito, Sara Assan, Walter Berarducci y José Macome.
La Justicia pidió al Gobierno información sobre fondos destinados a rutas nacionales
La diputada Tolosa Paz y la provincia de La Rioja fueron aceptados como querellantes en una denuncia penal por supuesto desvío de más de un billón de pesos de fondos del SISVIAL y podrán impulsar el caso
El Juez federal Ariel Lijo requirió al Gobierno que brinde información sobre fondos destinados a obras viales y mantenimiento de rutas nacionales que, según una denuncia, habrían sido desviados para colocarlos en instrumentos financieros.
Fuentes judiciales confirmaron que el juez Lijo pidió información al Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. También libró informes a la Dirección Nacional de Vialidad.
Se trata de denuncias que realizaron la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador Ricardo Quintela en representación de la provincia de La Rioja en la causa que investiga el destino de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
Tolosa Paz y la provincia fueron aceptados como querellantes, por lo que podrán impulsar el caso y por ende pedir medidas de pruebas.
Según la denuncia de la provincia de La Rioja, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional.
La denuncia señala además que durante los primeros dos años y medio de la actual gestión del gobierno de Javier Milei se asignaron al sistema aproximadamente $1,5 billones, pero sólo $394.406 millones fueron efectivamente aplicados a obras y mantenimiento vial.
La diferencia representa una subejecución estimada del 73,8%, consigna la denuncia.
La denuncia penal de Tolosa Paz acusa formalmente al ministro de Economía Caputo, y a funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco Nación, por la presunta malversación de caudales públicos agravada y el desvío ilegítimo de más de 1,5 billones de pesos recaudados mediante el impuesto a los combustibles.
El dinero recaudado por ley tiene una afectación específica para el Sistema Vial Integrado (Sisvial), destinado exclusivamente al mantenimiento, desarrollo y reparación de las rutas nacionales.
La denuncia de la diputada sostiene que, en lugar de girar los fondos a las obras viales, el Ministerio de Economía utilizó los recursos para colocarlos en instrumentos financieros, tales como plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.
El juez Lijo pidió además a la Sindicatura de la Nación y a la Auditoría General de la Nación que explique si se realizaron informes de auditoría, observaciones o actuaciones relativas al fideicomiso decreto 976/01 y a la cuenta especial SISVIAL desde el año 2024 a la fecha.
Las medidas ordenadas por el magistrado apuntan a reunir toda la información vinculada a expedientes, partidas presupuestarias, colocaciones financieras con fondos de Sisvial, para avanzar en la denuncia.
La Rioja sostiene que la falta de ejecución de esos fondos produjo un perjuicio sobre su territorio, donde el Estado provincial debió afrontar con recursos propios tareas que corresponden a la jurisdicción nacional.
Por otra parte, Tolosa Paz consiguió que un juez de La Plata habilitara el trámite de un amparo colectivo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires, financiados con fondos del fideicomiso creado por el decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.
El fallo firmado por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes urgentes a tres organismos del Estado. /Ámbito/
Jaldo a Manzur: “lo espero a él y a sus caniches el 9 de mayo de 2027 en las urnas”
El gobernador Osvaldo Jaldo sostuvo que el peronismo provincial se encolumnó detrás de su candidatura y señaló que espera competir con el senador Manzur en las elecciones del 2027.
“Escucho a esos caniches por ahí que Manzur los larga a ladrar”, lanzó este lunes el gobernador Osvaldo Jaldo al responder las críticas provenientes del sector político cercano al senador nacional. El mandatario desafió directamente al exgobernador a competir por la conducción de Tucumán en las elecciones provinciales de 2027.
“Yo realmente quiero decirle al senador Juan Manzur que Osvaldo Jaldo lo espera el 9 de mayo del año 27 en las urnas”, afirmó ante la prensa.
Las declaraciones se produjeron en medio de los rumores difundidos por dirigentes del entorno de Manzur sobre una posible candidatura del exmandatario para regresar a la Gobernación en los próximos comicios provinciales.
Jaldo aseguró que está dispuesto a enfrentarlo electoralmente y fijó el 9 de mayo de 2027 como la fecha para dirimir en las urnas quién encabezará el proyecto político del peronismo tucumano.
“Yo voy a ser breve y contundente porque escucho que todos los días, no al senador Juan Manzur, porque la verdad que yo creo que todavía al senador le falta un poquito de coraje y decisión para decir: ‘voy a ser gobernador por Tucumán’”, declaró.
En ese contexto, el mandatario provincial volvió a cuestionar a los referentes que promueven públicamente una eventual postulación de Manzur sin que el propio senador haya confirmado hasta el momento su intención de competir.
“Escucho a esos caniches por ahí que Manzur los larga a ladrar. Yo realmente quiero decirle al senador Juan Manzur que Osvaldo Jaldo lo espera el 9 de mayo del año 27 en las urnas”, sostuvo.
Jaldo también aseguró que el peronismo provincial ya definió su alineamiento político de cara al próximo proceso electoral y mencionó al vicegobernador Miguel Acevedo y a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, como integrantes centrales de ese espacio.
“El peronismo hoy está encolumnado detrás de Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo y Rossana Chahla en la intendencia”, expresó.
Por último, el gobernador reclamó que se definan las candidaturas y terminen las especulaciones sobre posibles acuerdos, enfrentamientos o reencuentros dentro del oficialismo provincial.
“Para que no le demos más vueltas, para que no sigan las especulaciones de que hoy se pelean, que mañana se juntan, hoy quiero ser totalmente claro. A él y a los caniches que hablan por él”, manifestó.
Jaldo cerró sus declaraciones reiterando su voluntad de enfrentar a Manzur en las próximas elecciones provinciales, con ambos compitiendo por la Gobernación.
“El día 9 de mayo del año que viene, Osvaldo Jaldo lo espera a Juan Manzur en las urnas, los dos como candidatos a gobernador”, concluyó.
En la antesala del Día de la Industria, la Federación Económica de Tucumán (FET) volvió a poner sobre la mesa los principales desafíos que enfrenta el sector manufacturero de la provincia y reclamó la implementación de medidas para mejorar la competitividad de las empresas del norte argentino. La entidad advirtió que las industrias tucumanas operan en un escenario complejo, marcado por altos costos energéticos, presión tributaria, dificultades de financiamiento y desventajas logísticas frente a otras regiones del país.
La conmemoración organizada por la FET se realizará el próximo miércoles en el establecimiento La Mariposa y reunirá a empresarios, dirigentes del sector privado y autoridades provinciales. Dentro de la estructura de la entidad, la actividad industrial está representada por 14 cámaras empresarias, una de las tres grandes ramas que integran la institución.
El presidente de la FET, Héctor Viñuales, sostuvo que la situación de la industria tucumana es especialmente delicada debido a las características productivas de la región. Señaló que, a diferencia de otras provincias con fuerte presencia de actividades mineras o extractivas, muchas industrias locales cumplen un rol de apoyo logístico para emprendimientos radicados en jurisdicciones vecinas.
En ese contexto, el dirigente manifestó su preocupación por el impacto que tienen los cambios económicos sobre distintos sectores fabriles y afirmó que es necesario adoptar medidas que permitan equilibrar los costos de producción para que las empresas del norte puedan competir en igualdad de condiciones con las del resto del país.
Entre los principales planteos, la Federación Económica destacó la necesidad de corregir las distorsiones existentes en el costo de la energía eléctrica. Según Viñuales, la combinación de diferencias geográficas, modificaciones regulatorias y condiciones climáticas propias de la región provoca que las industrias del norte afronten tarifas considerablemente más elevadas que las empresas ubicadas en zonas de mayores ingresos, como el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La entidad también remarcó que la falta de una red de gas natural obliga a muchas industrias a depender casi exclusivamente de la energía eléctrica, situación que incrementa aún más los costos operativos. A ello se suma el impacto del Valor Agregado de Distribución (VAD) y los fuertes aumentos registrados en la tarifa mayorista plena, factores que, según la FET, profundizan la pérdida de competitividad.
Otro de los reclamos históricos del sector es la restitución de los beneficios contemplados en el Decreto 814. Viñuales explicó que este régimen permite computar un porcentaje de la masa salarial como crédito fiscal de IVA, una herramienta que contribuiría a compensar los mayores costos logísticos, de transporte y accesibilidad que enfrentan las empresas radicadas en el norte argentino respecto del conurbano bonaerense.
Además de reducir las asimetrías regionales, la Federación sostiene que ese mecanismo favorecería la registración laboral en una región donde la informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado de trabajo.
La carga tributaria constituye otro de los ejes centrales del planteo empresarial. Desde la FET solicitaron avanzar en una reducción de los impuestos nacionales, provinciales y municipales, al considerar que representan uno de los principales factores que afectan la competitividad industrial. Asimismo, propusieron suspender durante seis meses los embargos que actualmente enfrentan numerosas empresas para aliviar la situación financiera del sector.
Por último, la entidad reclamó políticas de financiamiento específicas para las pequeñas y medianas industrias. Viñuales sostuvo que las pymes requieren mecanismos de acceso al crédito diferenciados de los utilizados para las grandes compañías y consideró que la solución no pasa únicamente por ofrecer tasas más bajas, sino también por diseñar herramientas adaptadas a la realidad y capacidad financiera de este segmento productivo.