Este martes 27 de octubre se desarrolló la segunda jornada del debate oral y público por el crimen de Érika Antonella Álvarez (25), en el que Felipe Sosa está acusado de haberla asesinado. En esta ocasión, el imputado sorprendió al manifestar su deseo de declarar y se refirió a las circunstancias en las que fue descartado el cuerpo de la víctima. También declararon dos peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes expusieron detalles de las tareas realizadas en el lugar del hallazgo.

“Yo lo dejé en donde se está viendo ahora (imágenes del basural), entre las 10 y las 12 del mediodía”, manifestó Sosa en referencia al cuerpo de Álvarez. En su declaración, aseguró que actuó de manera independiente y que no involucró a ninguna otra persona en esa acción.

Además, buscó desligar de lo ocurrido a Jorge “Chicho” Díaz, su ex empleado, también imputado en la causa. “Es la única persona de las que está involucrada que no tenía absolutamente nada que ver y no sabía lo que había pasado en mi casa”, sostuvo. El acusado expresó que consideraba injusta la situación de Díaz y que era la primera vez que tenía la posibilidad de hacer esa aclaración durante el proceso.

Por último, Sosa pidió disculpas a las partes y mencionó a las familias de la otra sospechosa de encubrimiento, Justina Gordillo, el ya condenado Nicolás Navarro Flores y Díaz. En ese sentido, hizo referencia a cuatro llamados telefónicos que realizó después de lo ocurrido en su domicilio y reconoció que no debería haberlos hecho.

Los peritos describieron cómo fue encontrado el cuerpo

En esta segunda jornada también declararon, entre otros, dos especialistas del ECIF: uno de ellos, coordinador del lugar del hecho e integrante del área de Criminalística, y el otro, perteneciente al Departamento de Química Legal. Ambos realizaron un repaso de la carpeta técnica y del registro fotográfico incorporado a la investigación.

Durante sus exposiciones, describieron las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de Érika. Según detallaron, la joven estaba completamente desnuda y envuelta en bolsas negras de consorcio, sujetas con cintas. También presentaba nudos en los tobillos y en el cuello. Los elementos hallados en el lugar, entre ellos las bolsas, las cintas y la cuerda, fueron secuestrados para su posterior análisis.

Uno de los peritos destacó la particularidad de la escena y la forma en que estaba envuelto el cuerpo. “En mis 22 años de carrera nunca vi algo similar, nunca encontré un cuerpo envuelto de esta manera”, afirmó durante su declaración.

El Centro Judicial Capital de Tucumán dará inicio este lunes al juicio oral y público por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, la estudiante de enfermería de 25 años asesinada en enero de 2026. En el banquillo de los acusados comparece el principal imputado, el exmilitar y titular de una firma de seguridad privada Felipe Sosa, a quien la fiscalía conducida por Pedro León Gallo le atribuye el delito de homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género, cargo por el cual se solicitará la pena de prisión perpetua. Junto a él son juzgados su pareja, la funcionaria judicial Justina Gordillo, y su empleado Jorge Orlando Díaz, ambos señalados por encubrimiento agravado con pedidos de seis años de prisión.

Tribunal, partes y duración del debate

Respecto a los detalles organizativos del proceso judicial, existen diferencias en los datos aportados por los medios locales. De acuerdo con El Tucumano, el tribunal está conformado por las juezas María Valeria Mibelli y Eliana Karina Gómez Moreira junto al juez Sebastián Mardiza, con audiencias que se extenderán hasta el 15 de diciembre. El tercer magistrado es Gonzalo Ortega y ubicaron la fecha estimada de finalización para el 11 de diciembre. En la sala de audiencias, la acusación está encabezada por el fiscal Gallo y la querella corre por cuenta del abogado Carlos Garmendia en representación de la familia de la víctima. Las defensas están a cargo de Marcelo Cosiansi y Rubén Flores para Sosa; María Florencia Abdala y Camilo Atim para Gordillo; y Juan Pablo Bello en la representación de Díaz.

La hipótesis acusatoria y las pericias

La reconstrucción efectuada por el Ministerio Público Fiscal sostiene que durante la madrugada del 7 de enero de 2026 la joven llegó en un auto de aplicación al domicilio de Sosa, ubicado en Yerba Buena. Dentro del inmueble se produjo una agresión que provocó la muerte de la víctima a causa de un traumatismo craneofacial severo y una lesión cervical alta. Posteriormente, el cuerpo fue envuelto en bolsas plásticas, sujetado con cintas y sogas, y trasladado en la caja de una camioneta para ser arrojado en un basural del barrio Manantial Sur, donde fue hallado al día siguiente por residentes de la zona.

La prueba pericial incorporada a la causa incluye estudios del Laboratorio de Genética Forense y de la Dirección de Análisis Criminal del ECIF. Estos informes identificaron material genético compatible con el perfil de Sosa debajo de las uñas de Álvarez, así como en las bolsas y cintas adhesivas que envolvían el cuerpo. A su vez, los registros de geolocalización telefónica ubicaron el móvil del sospechoso dentro del radio de alcance del basural durante la mañana en que se presume el descarte del cadáver.

Los presuntos roles de encubrimiento

La investigación también examina las acciones posteriores orientadas a ocultar pruebas y facilitar la salida de la provincia del presunto autor. A Díaz se le adjudica haber concurrido al domicilio en un móvil comercial para efectuar tareas de limpieza y retirar armas de fuego. Frente a esta acusación, su abogado defensor afirmó que su asistido es un «perejil» dentro del expediente, según publicó La Gaceta. En cuanto a Gordillo, la acusación detalla que retiró el vehículo tras haberlo llevado a un lavadero, suprimió más de 15.000 mensajes de WhatsApp, transfirió a su titularidad una motocicleta y asumió gestiones bancarias y societarias de su pareja. Sosa se trasladó en moto hacia la provincia de Buenos Aires con dinero en efectivo, lugar donde fue arrestado a mediados de enero.

Un cuarto involucrado, Nicolás Navarro Flores, ya fue sentenciado a tres años de prisión efectiva en julio tras acordar un juicio abreviado por haber descartado pertenencias de la víctima. Su comparecencia como testigo es considerada un punto de interés para las partes dentro de una nómina cercana a las 70 declaraciones previstas para el desarrollo del proceso.

Aspectos conexos y demanda civil

Durante la etapa investigativa se incorporaron elementos colaterales que no constituyen el objeto central del juicio. Entre ellos se mencionaron presuntos nexos con la comercialización de estupefacientes y declaraciones testimoniales sobre vínculos de la víctima con una persona ligada a esa actividad, así como versiones no confirmadas acerca de reuniones privadas en las que habrían participado figuras locales. El tribunal podrá determinar si estos testimonios justifican la remisión de actuaciones a otros fueros. En relación con las acciones resarcitorias, la querella familiar formalizó un reclamo económico superior a los 200 millones de pesos dirigido a los imputados, suma que se añade a los 100 millones fijados previamente en el acuerdo penal de Navarro Flores.