Este jueves 3 de octubre se realizó una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal a los fines de controlar la aprehensión, formular cargos y pedir medidas de coerción en contra de Sofía Díaz (26), quien habría matado a su hermano Roberto Carlos Díaz (28), tras una discusión por un televisor.
El auxiliar de fiscal, Lucas Maggio, solicitó medidas de coerción de mayor intensidad para la imputada por el término de cuatro meses, mientras la investigación avanza. Pese a la oposición de la defensa, el pedido del MPF fue avalado por el juez interviniente.

El hecho

El día 1 de octubre de 2024 alrededor de las 15:30 horas, la víctima fatal Roberto Carlos Díaz, se encontraba en su domicilio ubicado en Barrio 11 de Enero, de San Miguel de Tucumán, viendo un programa de TV, fue cuando su hermana Sofía Díaz, inicio una discusión en la que exigía a la víctima que la deje ver a ella y a sus hijos televisión. Ante la negativa del joven, Sofía, con claras intenciones de causarle la muerte, tomó un cuchillo tipo sierrita y le asestó una puñalada en el pecho, ocasionándole una herida que luego provocó su deceso.

Tras meses de investigación, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas Norte llevaron a cabo una medida judicial en Las Talitas, en un domicilio particular, donde secuestraron marihuana, cocaína, celulares, elementos para fraccionar la droga y demoraron a dos mujeres. Todo indica que en el lugar funcionaba un quiosco de venta de estupefacientes.

Las medidas estuvieron comandadas por los conductores de la Dirección Drogas Peligrosas de esa regional, comisario inspector, Miguel Álvarez y comisario Vázquez Figueroa Ricardo, director y subdirector, respectivamente.

“Conforme a las directivas emanadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, el Ministerio de Seguridad con su conductor, Eugenio Agüero Gamboa y el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo, respectivamente, en el día de la fecha se realizó un allanamiento con resultados positivos. Para llegar a esto hubo denuncias anónimas que se hacían día a día”, indicó Álvarez.

En ese contexto, Vázquez Figueroa, comentó: “El procedimiento se desarrolló en base a tareas investigativas que se desplegaron en el lapso de dos meses aproximadamente tanto por denuncias recibidas como por comentarios entre los vecinos y de averiguaciones reservadas que obtuvimos”.

De esta manera, el subdirector explicó que se llevó a cabo el allanamiento: “Irrumpimos en este domicilio donde se procedió al secuestro de 66 bagullos de marihuana, recortes de papel glasé y de bolsas de consorcio, entre otros elementos que sirven para fraccionar la droga. También había ravioles de cocaína, dinero en efectivo y diversos celulares que fueron incautados”, detalló.

En cuanto a las demoradas, se trata de dos mujeres de quienes están realizando las averiguaciones pertinentes sobre sus planillas de antecedentes y a la espera de lo que resuelva la fiscalía competente.

Este martes 1° de octubre se realizó (vía plataforma de videoconferencias Zoom) la audiencia de formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de María del Carmen Reuter, quien fue representada por el auxiliar de fiscal Rodrigo Gustavo Bilbao.

Durante la misma, la UFI detalló la acusación contra Juan Zamora, titular de la finca en cuestión ni (actualmente se encuentra en Roma, Italia), solicitando como medidas de coerción la fijación de una caución por $100.000.000 y que ponga a disposición ante la UFI su pasaporte en un plazo de 10 días, ante los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El auxiliar de fiscal Bilbao destacó que, a los fines de la Ley, “el agua es un elemento de uso común, escaso, finito y esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente. Constituye un recurso cíclicamente renovable y vulnerable, por lo que será premisa básica garantizar su aprovechamiento racional, eficiente y equitativo, fomentando el desarrollo sustentable y procurando no alterar su calidad ni el equilibrio del medio ambiente, teniendo en cuenta el beneficio de las generaciones actuales y futuras”.

El juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente a lo solicitado por el MPF, y en consecuencia imponer al acusado las medidas de coerción de promesa de someterse al procedimiento, la obligación de mantener un domicilio, la obligación de permanecer a disposición del tribunal y de someterse al proceso, concurrir mensualmente a la comisaría más cercana a su domicilio hasta el día 10 de cada mes y la prohibición de salir del país sin autorización por el plazo de seis meses; además de la prestación de una caución por $100.000.000.

La acusación

En mayo de 2023, Juan Zamora, mediante el uso de mano de obra especializada, rompió el acueducto central, principal fuente de abastecimiento de agua para la reserva Lomas de Imbaud, cuya concesión pertenece a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), realizando una conexión clandestina que consiste en desviar parte del caudal de agua potable, direccionándola mediante caños para abastecer una laguna artificial de su propiedad, entorpeciendo el normal funcionamiento del servicio público de provisión de agua potable y el abastecimiento en la localidad de Yerba Buena, ocasionando un perjuicio a miles de usuarios.

La investigación se puso en marcha a partir de una denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal (MPF). Según la misma, el martes 24 de septiembre de 2024, ante los numerosos reclamos por falta de agua en la zona oeste de Yerba Buena, el personal de Sociedad Aguas de Tucumán (SAT) recorrió la traza de la toma Las Piedras (principal fuente de abastecimiento de agua para la reserva en Lomas de Imbaud), detectando una conexión clandestina que desviaba parte del caudal de agua en dirección a una laguna ubicada hacia el este del acueducto.

Nuevas medidas

Por disposición de la fiscal María del Carmen Reuter, a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, en la jornada del lunes 30 septiembre, se llevó a cabo una medida de allanamiento en la finca donde se encuentra la laguna ilegal, con la presencia de personal de la SAT y un geólogo de la Dirección de Recursos Hídricos.

Durante la medida se estableció que el embalse artificial presenta una superficie aproximada de 8.900 metros cuadrados y una profundidad de seis metros, lo que arrojaría una capacidad de reserva de agua de 53.400 metros cúbicos.
También se observó que dicha represa se encuentra recubierta por una geo membrana de polietileno y se encontró la ubicación de la llave esclusa para evacuación del agua.

Habiendo finalizado la medida, se analizó el registro satelital de la base de datos de la aplicación Google Earth Pro, donde se puede observar que en el mes de mayo de 2023, ya se encontraba la laguna artificial con la cobertura mencionada y conteniendo agua.
Paralelamente, durante toda la jornada la UFI interviniente prosiguió con la toma de declaraciones testimoniales en el marco en la que se continúan realizando medidas de investigación para determinar la extensión del perjuicio producido.