Las transferencias a las provincias, el aumento a las Universidades, la ley de Financiamiento Educativo y las obras públicas son los principales puntos centrales de las negociaciones que realizaban por estas horas en el Congreso Nacional el oficialismo y bloques dialoguistas a fin de acordar el Presupuesto 2025.

La bancada de la Libertad Avanza tiene la intención de sancionar la denominada «ley de Leyes» en la Cámara de Diputados entre el 20 y 27 de noviembre, y tener dictamen de comisión a mediados de este mes, según indicaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.   Para cumplir esquema de trabajo, el oficialismo viene manteniendo reuniones con los bloques dialoguistas que están dispuestos a estampar su firma en el despacho de mayoría de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Las negociaciones entre la LLA, el PRO, MID, y la UCR se viene realizando desde los primeros días de octubre con reuniones semanales, pero ahora comenzaron a intercalar propuestas sobre las demandas que tiene cada fuerza política para respaldar el proyecto del Gobierno nacional.

Las conversaciones también incluyen a Innovación Federal y la Coalición Cívica y Encuentro Federal, pero aquí surge el problema que la bancada, que conduce Miguel Pichetto, quiere avanzar con un dictamen propio y eso complicaría al oficialismo para tener un despacho de mayoría.   

A este se suma que el Ejecutivo también deberá sentarse a conversar con los radicales disidentes agrupados en Democracia para Siempre, que tiene una docena de legisladores, pero siempre han sido muy críticos con la política oficialista.

En esas negociaciones que encara el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, junto al presidente de la comisión José Luis Espert, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los opositores amigables con la LLA piden una suba de transferencias a las provincias, aumento para las Universidades, obras públicas, y mantener la ley de financiamiento docente.

El oficialismo pone como condición para acceder a introducir cambios que se mantenga su política de superávit fiscal del gasto primario.   

Las negociaciones se realizan en paralelo con el Senado de la Nación, e incluso esta semana hubo una reunión entre el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, Guberman, los senadores oficialistas Ezequiel Atauche, y Bartolomé Abdala, con senadores de la UCR y Provincias Unidas.

Fuentes de la UCR plantearon que si el Gobierno no subsidiaria más el transporte del interior del país, el porcentaje del Impuestos a los Combustibles que se asignaba a esa partida se incorpore a la masa coparticipable para que las provincias asuman ese gasto.

También piden que ahora la AFIP no existirá y tendrá una estructura gerencial más pequeña piden que el 1,9 por ciento de la recaudación que se utilizaba para ese fin, también se incorpore una parte a la masa coparticipable.

Otro punto que están discutiendo para que las provincias que tendrán que hacerse cargo del transporte, educación con la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, es que el 1 por ciento de la recaudación destinado a ATN también se distribuya entre las provincias y la Nación.

Estas propuestas no solo fueron planteadas por la UCR, sino por otros bloques dialoguistas, de que si la Nación no ayudará no asistirá al transporte del interior -solo lo hará en el AMBA- que por lo menos que sume más fondos para que puedan hacerse cargos las provincias.

Otro de los reclamos de varias provincias será que se terminen las obras que ya están ejecutadas en un 80 por ciento, en especial aquellas vinculadas a grandes emprendimientos de infraestructura.

 Un tema candente de la negociación es el aumento de los recursos para las Universidades que es reclamado por todas las fuerzas opositoras, incluidos los aliados más cercanos que tiene el Gobierno como el PRO.

Sobre este punto, el Gobierno estuvo a punto de anunciar un incremento en las Universidades a cambio de disminuir los recursos destinados al financiamiento docente, pero no hubo acuerdo en este punto con el PRO.

El incremento a las Universidades iba a ser anunciada en una conferencia de prensa que luego el oficialismo suspendió.

El Consejo de Rectores, agrupados en el CIN, quiere que recursos por un total de 7,2 billones de pesos, y el gobierno estableció en el Presupuesto una partida de 3,8 billones de pesos, y todos creen que finalmente será de 5 billones de pesos.

Pero alcanzar ese monto se debe achicar los fondos asignados a otros destinos ya que el Gobierno señaló que «no se negocia el equilibrio fiscal» primario, con lo cual cada aumento debe ser compensado con la baja de otro gasto.

Por eso esta semana que no está previsto realizar ninguna reunión informativa, se buscará entre el oficialismo y los bloques dispuestos a acompañar al Gobierno, cerrar todos los acuerdos que permitan el 12 de noviembre emitir el respectivo dictamen de minoría.

La UCR, CC, y Encuentro Federal tienen otros reclamos que son más complejos para resolver como es que se incluya el aumento del 8 por ciento para los jubilados para compensar la inflación de enero como estaba en la ley vetada.

Fuentes parlamentarias creen que será más difícil acordar con el Gobierno cualquier reforma en los artículos sobre la actualización para los jubilados, que en los referidos a las Universidades.   También existen demandas de los bloques dialoguistas sobre las cajas previsionales, los fondos para cumplir con la ley de Bosques, que se mantenga la ley de Financiamiento Docente, y que se avance con el plan de obras que ya está avanzando en las provincias.

Otro punto que será motivo de debate es el de los gastos tributos que para el año 2025 alcanzan $27.025.062,8 millones, que equivale a 3,54% del PBI, de los cuales 3.321.123,9 millones corresponden a fondos de compensación, y el resto a exenciones impositivas como el caso de los jueces que no pagan ganancias.

Para el oficialismo es central que respalden la «ley de leyes» los bloques del PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, ya que la LLA solo tiene 39 legisladores propios.

Y otros aliados firmes como el MID-un desprendimiento del oficialismo-que tiene 3 miembros, 3 del Bloque Independencia, y uno de CREO.

Con estos aliados permanente alcanza los 44 legisladores con lo cual necesita unos 85 legisladores para alcanzar los 129 para abrir el debate y tener mayoría para aprobar cada artículo del proyecto que establece gastos y recursos del 2025.

Los acuerdos son entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas no solo son centrales para tener los votos en el recinto, sino para tener la mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Ese organismo parlamentario tiene 49 diputados de los cuales, la LLA tiene 6 miembros y MID 2, el PRO 7; UCR 5; 2 Encuentro Federal; Democracia Federal 2; Innovación Federal 2; Producción y Trabajo 1; y 1 Coalición Cívica1; mientras que Unión por la Patria tiene 20 y la izquierda 1.

Para tener mayoría debe reunir al menos 22 firmas para tener un número superior a Unión por la Patria y la izquierda que vienen firmado juntos los dictámenes, aunque algunos bloques lo hagan en disidencia parcial.