Vecinos del pasaje donde murió el bebé Liam cuestionaron la velocidad a la que, según sus testimonios, circulaba el camión recolector de residuos y aseguraron que ya habían existido reclamos por situaciones similares.

Una mujer que se encontraba en el lugar aseguró haber visto pasar al vehículo momentos antes del hecho. “Saqué el auto, lo dejé pasar al camión de la basura, que pasó a una velocidad que no tiene que pasar porque es un pasaje. Pasó muy rápido y no es la primera vez”, relató.

Otra vecina contó que había salido con una bolsa de residuos, pero no alcanzó al camión. “En lo que entré al fondo a dejar la bolsa, salí y sentí el griterío. Ya no estaba el camión”, señaló.

Los testimonios apuntan además a que las quejas por la forma en que circulaban los camiones recolectores no serían recientes.

“El camión de la basura siempre pasa así, con todo. Esto no es desde hace poquito, esto es desde hace muchísimo. Siempre hubo papás que reclamaron y los camioneros, ciegos. Esto se hubiese prevenido”, sostuvo una de las vecinas.

Las declaraciones reflejan la conmoción y el enojo de quienes viven en la zona tras la muerte de Liam. Las afirmaciones sobre la velocidad del vehículo corresponden a los testimonios de los vecinos y deberán ser contrastadas con la investigación del hecho.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó que todo el personal de la Comisaría Seccional Segunda será trasladado a un nuevo edificio. El inmueble ubicado en calle Buenos Aires 479 fue inhabilitado de manera preventiva por un inminente riesgo de derrumbe, según la Resolución N.º 748/7 publicada en el Boletín Oficial.

El funcionario de la fuerza, también anunció el traslado de unas de las áreas neurálgicas de la Brigada de Investigaciones a Las Talitas.

Girvau señaló que el estado del edificio  de la Comisaría segunda requiere una intervención total: “Hoy a la comisaría segunda hay que arreglarla íntegramente y la obra será realizada por el Ministerio de Obras Públicas e iniciará inmediatamente”. La frase subraya la urgencia de la reparación y la responsabilidad del Estado en hacerse cargo de la obra.

Respecto al funcionamiento diario, Girvau explicó que se está organizando el traslado de las personas detenidas: “Estamos organizando cuanto antes el traslado de los presos hacia otro lugar y desde el viernes, toda la comisaría funcionará en el predio ferial (calle Charcas 51) hasta que se arregle el edificio”. La medida busca garantizar la continuidad operativa mientras dure la intervención edilicia.

La Justicia resolvió concederle el arresto domiciliario a Justina Gordillo, una de las acusadas por el presunto encubrimiento del crimen de Érika Antonella Álvarez. La medida fue dispuesta este martes por la jueza Jimena Suárez, durante una audiencia en la que la Fiscalía y la querella se opusieron al planteo de la defensa.

Gordillo no recuperará la libertad plena. Para dejar el lugar donde permanece detenida deberá cumplir con una caución de $100 millones y utilizar una pulsera electrónica de monitoreo, según informaron fuentes judiciales.

La resolución generó una fuerte reacción por parte de la familia de la víctima. La madre de Érika protagonizó un episodio dentro de la sala luego de conocer la decisión y terminó siendo expulsada de la audiencia.

La acusación contra Gordillo

El crimen de Érika Álvarez ocurrió el 7 de enero. De acuerdo con la investigación, la joven se dirigió ese día hasta la vivienda de Felipe “El Militar” Sosa, donde habría sido asesinada a golpes.

Al día siguiente, el cuerpo de la víctima fue encontrado en un descampado de Manantial Sur, lugar donde habría sido arrojado después del homicidio.

Sosa quedó acusado por el asesinato y posteriormente fue detenido en Buenos Aires. La investigación también puso bajo la lupa a Gordillo, quien había sido su pareja y trabajaba como empleada judicial.

La mujer fue detenida en febrero y quedó vinculada a la causa bajo sospecha de haber participado en distintas maniobras destinadas a encubrir el crimen y proteger al principal acusado.

La decisión judicial

El pedido volvió a ser analizado por el Tribunal de Impugnación, mientras la investigación avanza hacia la instancia de juicio.

Durante la audiencia, tanto el Ministerio Público como la querella rechazaron el planteo de la defensa y solicitaron que la acusada continuara privada de su libertad.

Pese a esas objeciones, la jueza Jimena Suárez resolvió otorgarle el arresto domiciliario, aunque bajo condiciones económicas y de control electrónico.

De esta manera, Gordillo continuará vinculada al proceso judicial mientras se define su situación procesal y la causa avanza hacia la próxima etapa.