La Cámara de Diputados le dio media sanción a una Ley de Discapacidad el 22 de octubre pasado. El oficialismo cedió y aceptó que se modifique el dictamen del proyecto que la Casa Rosada había mandado al Congreso. Ocurre que varios ítems eran muy polémicos. Uno de ellos buscaba eliminar diversos beneficios y subsidios, como la llamada Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNC), una de las principales ayudas que otorga el Estado a quienes acrediten sufrir de incapacidad física para trabajar y falta de recursos propios para mantenerse, entre varios requisitos más. Por presión de aliados legislativos, con los que el Gobierno se había comprometido a saldar el largo conflicto sobre el financiamiento a los discapacitados, las PNC se mantendrán. Falta ahora la media sanción del Senado. La Casa Rosada no esperará a que la discusión llegue a la Cámara alta para marcar un objetivo que considera crucial para sostener el financiamiento para las personas con discapacidad.

 

La Casa Rosada sospecha que existen cientos de miles de subsidiados con ese plan que en realidad no deberían cobrarlo porque carecen de las necesidades reales para esos fondos. Son PNC «fantasmas», afirman en el oficialismo. Y alertan que los procesos de «ordenamiento del sistema» acaban de empezar. Se profundizarán.

Los funcionarios afirman que la eliminación de las PNC no afectará a ningún ciudadano que padezca una discapacidad real. Se explican así: «Estamos identificando prestaciones que fueron otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes los necesitan».

 

En el Gobierno afirman que fue la gestión de Alberto Fernández la que más aumentó los beneficiarios de las PNC, pero por «motivos políticos, proselitistas, y no porque se repartieron para quienes las necesitan de verdad». La última administración presidencial K anunció, en mayo del 2023, que había logrado entregar 300 mil Pensiones por Invalidez Laboral. Los funcionarios libertarios afirman que buena parte de esos subsidios se manejaron sin criterio. «Entregaron pensiones a quienes no sufren ninguna incapacidad física».

 

Uno de los funcionarios que analiza de dónde y cómo se obtendrán los fondos para financiar la nueva norma es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Si hubiera sido por Economía, quizás por el propio Milei, la media sanción de una nueva Ley de Discapacidad no se hubiera concretado. Pero pasó. Y la Casa Rosada no se quejó en público por lo que supondrá un cambio en el presupuesto 2027. Ahora avanza con las auditorías y se anunciarán recortes si se detectan irregularidades.

La suspensión de 20 mil PNC es el principio y no el fin de estas novedades, que incluyeron también el cierre de establecimientos educativos en la provincia de Buenos Aires, que recibieron miles de millones de pesos debido a que supuestamente atendían a discapacitados, pero que fueron clausurados cuando se detectó que en realidad eran «sellos cáscara» para obtener plata estatal sin la debida contraprestación al sector. Uno de esos centros se llamaba Fundación METAS. Estaba registrado en su sede principal en La Reja, partido bonaerense de Moreno. Desde el 2016 se había registrado como «Servicio de Apoyo a la Integración Escolar» (SAIE).

Los inspectores gubernamentales descubrieron que no funcionaba tal cual lo debía. El 28 de julio del 2025, por caso, el lugar estaba cerrado y ninguna señal identificaba a la Fundación METAS. El 7 de agosto se probó que la propiedad no tenía ni agua, ni electricidad, y tampoco había muebles. Las instalaciones estaban repletas de desechos. Un edificio abandonado y sucio. Al día siguiente, a pesar de que la Fundación estaba cerrada, no se les permitió a los auditores del Estado entrar de nuevo al lugar. El 17 de septiembre del año pasado, la Fundación METAS fue dada de baja del sistema SENADIS. Entre febrero del 2017 y el 2025, METAS facturó, solo en fondos públicos, más de 6200 millones de pesos. Tras ser clausurada, nadie de la institución presentó quejas.

En el Gobierno afirman que esos ejemplos se multiplican. Y que irregularidades similares se encontraron en auditorías de beneficiarios de subsidios como las PNC, que también incluyen, además de un haber mensual de alrededor de 380 mil pesos, la posibilidad de conseguir medicamentos mediante el plan Incluir Salud. El proceso de recorte de subsidios para discapacitados, y hasta de certificados para identificar a quienes sufren esa problemática, no será objetado por los aliados a LLA, siempre que sea sustentado con papeles y pruebas. Los resultados de auditorías sobre la transparencia y eficiencia en el reparto de subsidios y certificados para discapacitados se retrasaron en la actual gestión libertaria debido a un gran escándalo de supuesta corrupción.

En agosto del año pasado se difundieron los audios del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el abogado Diego Spagnuolo, que le contaba a un interlocutor desconocido un supuesto plan de recaudación ilegal en su propio ente, que repartía coimas entre sus funcionarios pero también, siempre de acuerdo a ese relato, a la Casa Rosada, en puntual, a Karina Milei y «Lule» Menem. Spagnuolo fue despedido de su cargo mediante un decreto en el que se aludió a la Ley de Ética Pública, lo que significó un mensaje ineludible de que no había actuado de modo transparente. Spagnuolo era amigo del presidente Milei, lo visitaba cada semana en la Residencia de Olivos, y había trabajado además como su abogado personal. Spagnuolo afirmó en la Justicia que los audios en los que se lo escuchaba hablar de las coimas de ANDIS habían sido manipulados.

El fiscal Franco Picardi, avalado por los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo, le tomó declaración indagatoria a Spagnuolo, y lo procesó tras haber recolectado infinidad de pruebas sobre la compra de medicamentos con sobreprecios en ANDIS. El caso avanza. Habrá novedades. Desde aquel momento hasta hoy, el Gobierno no logró sosegar la discusión pública por la falta de financiamiento para los discapacitados. Ese escenario cambió. Empezaron las auditorías. Se informará sobre recortes tras detectar irregularidades. El anuncio será oficial, pronto. / Clarín

El directorio de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) aprobó la distribución de 22 millones de dólares en utilidades correspondientes al ejercicio 2025, de los cuales la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) percibirá aproximadamente 8,8 millones de dólares, lo que equivale al 40 por ciento del total. El resto de los recursos, un 60 por ciento equivalente a 13,2 millones de dólares, será destinado a la provincia de Catamarca. La decisión se concretó en una reunión de directorio donde participaron el presidente de la firma, Fernando Jalil, los directores por Catamarca Marcelo Murúa y Marcos Denett, y los representantes de la UNT Domingo Marchese y José Roberto Toledo. Estos fondos provienen de la explotación subterránea en el yacimiento Farallón Negro, ubicado en el departamento Belén.

Cuestionamientos sobre el cumplimiento legal y la Ley 14.771

Desde el ámbito de opinión de El Tucumano, se cuestiona que la UNT continúe sin cumplir con el mandato explícito de la Ley 14.771, sancionada en 1958 por el Congreso de la Nación. Según este medio, el inciso b del artículo 18 de dicha norma establece que el 40 por ciento de las utilidades líquidas debe destinarse de forma exclusiva a la terminación de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier, conforme a los planos y proyectos originales iniciados bajo la gestión del rector Horacio Descole. Asimismo, se critica que las autoridades universitarias convaliden un tope de 135.000 metros cuadrados de construcción dispersa en lugar de la obra fundacional completa.

Reconfiguración societaria y nuevos acuerdos

Este giro monetario representa la primera distribución bajo la reconfiguración societaria concretada el 15 de diciembre de 2025, fecha en la que el Estado nacional se retiró de la conducción de la empresa y se derogó el Acta de Farallón Negro de 1958, de acuerdo con los datos publicados. Mediante aquel pacto, la universidad había desistido de reclamos judiciales entablados en 2017 a cambio de mantener de forma provisoria la percepción del 40 por ciento de las utilidades. Sin embargo, el nuevo esquema establece que ese porcentaje se liquidará únicamente hasta que la UNT complete la edificación equivalente a 135.000 metros cuadrados de infraestructura en los lugares que determine el Consejo Superior. Una vez alcanzado ese límite, la participación de la universidad se reducirá al 20 por ciento, mientras que el porcentaje restante se redistribuirá entre las demás universidades nacionales.

Posición de las autoridades universitarias

Por otro lado, el medio señala que las autoridades universitarias, encabezadas por la vicerrectora subrogante Cristina Grunauer de Falú, ponderaron la retención del 40 por ciento como un objetivo alcanzado para revertir pérdidas patrimoniales, en el marco de la reforma estatutaria ratificada en julio por el Consejo Superior que otorgó a Catamarca el control político de la minera con tres representantes frente a dos de la institución educativa. Mientras la burocracia universitaria celebra la llegada de los fondos como un logro de gestión, sectores críticos sostienen que la medida perpetúa un despojo sistemático y se aparta del espíritu de la legislación nacional que exigía la construcción de un campus integral.

Los gobernadores norteños negocian con Nación por la privatización del Belgrano Cargas, mientras esperan la puesta en marcha de zona cálida, el régimen de tarifa eléctrica diferencial que acordaron con la Casa Rosada a cambio de respaldar en el Congreso el recorte a zona fría, un decreto que, por el momento, se hace desear.

El oficialismo logró encadenar algunas victorias legislativas clave, incluyendo la falta de quórum para discutir el DNU 70/23 en la Cámara de Diputados, un disparo que pasó cerca del corazón libertario y que fue abortado con apoyo de los mandatarios dialoguistas, quienes jugaron al fleje hasta última hora.

Si bien Javier Milei salió airoso de la compulsa, el episodio exhibió la debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA), que requiere sí o sí de acuerdos con otros sectores para implementar o blindar sus iniciativas.

La pulseada por el Belgrano Cargas

En ese marco, los gobernadores del Norte Grande tienen juego propio. Durante las últimas semanas, distintos caciques de la región presionaron al Gobierno para tomar parte en la privatización del Belgrano Cargas, un proyecto clave para el transporte y el comercio en el NOA. Puntualmente, pidieron que la licitación contemple inversiones y mantenimiento en los ramales C-14 y C-15.

El trámite incluyó una reunión en la Casa Rosada de Diego Santilli con el salteño Gustavo Sáenz y una comitiva de sectores productivos. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete de la Provincia, Sergio Camacho; el presidente de Belgrano Cargas, Alejandro Núñez; Enrique Juan Eiras, asesor de Transporte y Leandro Ostuni, director Jurídico de Belgrano Cargas y Logística.

Estuvieron, también, representantes de cámaras productivas, de turismo e industriales, entre otros sectores. Santilli explicó que el C-14 se abordará, en el marco de la licitación, con una adenda «a posteriori» para poder avanzar en la inversión con la industria minera. El C-15, en cambio, será desarrollado con financiamiento internacional, a través del Ministerio de Economía.

La faena dejó conforme a la crew de Salta, aunque hubo mesura, ya que recién es el puntapié inicial de un proceso más extenso. En el medio, una noticia sacudió el avispero: el Grupo México, uno de los conglomerados de transporte más grandes de ese país, anunció su retiro de la pulseada para adquirir el ferrocarril, con críticas a la modalidad Open Access impulsada por el Gobierno.

«Ese modelo, desde nuestra perspectiva, resulta ineficiente, resta competitividad al sistema en su conjunto, incrementa los costos y precios a los clientes y requiere de subsidios públicos para mantenerse», señalaron. El holding había prometido inversiones por u$s3.000 millones en caso de adquirir el servicio.

Más allá del golpe, no es el fin del asunto. Todavía hay ocho empresas pujando por los pliegos. La apertura de las ofertas será el 11 de noviembre.

Los ramales C-14 y C-15 son estratégicos porque conectan zonas productivas del NOA con las redes ferroviarias internacionales de Chile y Bolivia, respectivamente, y permiten transportar mercancías hacia otros puntos del país y del exterior.

Casi en paralelo a la disputa, EEUU aprobó una propuesta de Salta por casi u$s1,4 millones para el desarrollo de Inteligencia Artificial en los servicios del Estado, una iniciativa enmarcada en el Corredor Andes – Atlántico promulgado por las administración de Javier Milei y Donald Trump y una suerte de contrapeso a la Ruta de la Seda que promueve China.

A los reclamos ferroviarios se sumaron el misionero Hugo Passalacqua, en un gesto de solidaridad con sus pares del otro extremo norteño. Passalacqua también aprovechó para colar penurias propias. «Desde Misiones también seguimos reclamando por la recuperación de nuestro ramal ferroviario», dijo en las redes sociales.

El tucumano Osvaldo Jaldo, por su parte, afirmó que «no hay duda de que en esa licitación y en ese pliego tienen que incorporar, no de manera voluntaria, sino como una condición obligatoria, mejorar, refaccionar, arreglar y poner en condiciones esos ramales”.

“No es lo mismo un tren que no puede andar a más de 30 kilómetros por hora porque las vías no se lo permiten, que uno que pueda circular a mayor velocidad y llegar en menos tiempo a los puertos por donde salen nuestras economías regionales”, sumó. Jaldo mantuvo en los últimos días una sigilosa agenda en Buenos Aires que lo mantuvo alejado de distrito que comanda.

Como contó Ámbito, el municipio de Tafí Viejo, en Tucumán, acudió a la Justicia la pelea por los talleres ferroviarios, una subtrama de la privatización del Belgrano Cargas. La acción llegó dos días después de que el Concejo Deliberante autorizara por unanimidad a la jefa comunal a judicializar la resolución que asignó parte del predio para su concesión a privados por 50 años.

Este viernes, el Parlamento del Norte Grande sesionó en Corrientes y habló de la “profunda preocupación ante la licitación», calificando de inadmisible que las inversiones en ramales clave como el C14 y el C15 sean optativas para la concesionaria privada.

«Exigimos al Gobierno nacional revisar los pliegos e incluir compromisos de inversión obligatorios y concretos que garanticen la modernización e integración logística regional, advirtiendo que limitar las obras a los corredores más rentables profundizaría las brechas territoriales y la falta de competitividad de las provincias norteñas”, sostuvo el plenario de los vicegobernadores que comanda el santiagueño Carlos Silva Neder.

El Parlamento del Norte Grande sesionó en Corrientes y pidió por el Belgrano Cargas.

A la espera de zona cálida

Otro frente abierto de los norteños con el Gobierno es el de zona cálida. El oficialismo había acordado con los caciques del Norte Grande la implementación de un sistema alivio en las boletas para zonas cálidas y muy cálidas. Los legisladores de la región apoyaron el recorte a zona fría en el Congreso, que fue promulgado a mediados de este mes.

Sin embargo, la moneda de cambio todavía no llegó. A la desconfianza se sumó también la salida intempestiva del secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, quien había participado de las negociaciones. En los distritos creen que eso podría postergar las definiciones.

El entendimiento estipula que el bloque subsidiado para las zonas muy cálidas se eleve de 300 a 550 kWh, mientras que para las zonas cálidas aumentará de 150 a 300 kWh, durante el período comprendido entre noviembre y abril. Su instrumentalización se realizaría a través de una resolución que, por el momento, no aparece. El correntino Juan Pablo Valdés había afirmado a fines de septiembre que la medida estaba pronta a salirm pero los tiempos se dilataron.

El acuerdo por zona cálida fue rubricado por los gobernadores norteños con Diego Santilli y Luis Caputo en el Ministerio de Economía.

Distintas fuentes consultadas por este medio dieron cuenta de que no hay novedades al respecto en las provincias. «Estamos con esa preocupación. Debió haber salido hace dos semanas para que se empiece a implementar desde noviembre, y claramente eso no pasó», se quejó una espada legislativa, quien confirmó: «No tenemos ninguna novedad».

«No tenemos nada, no nos adelantaron ni una línea y nos preocupa», añadieron desde una banca en el Senado. Algunas voces temen que la Casa Rosada dilate la cuestión adrede para incidir en futuras votaciones en el Congreso. Saben, además, que los libertarios tienen especial interés en la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

Por el momento, en todo el arco político coinciden en que todavía no están los votos para suspender las PASO, tal vez el frente parlamentario más tormentoso en el horizonte inmediato. La versión sobre una convocatoria a sesiones extraordinarias emerge cada vez con más fuerza y tendría a ese proyecto y al Presupuesto como sus grandes estrellas. En el medio, el 2027 empieza a meter la cola y el clima eleccionario gana volumen. /Ámbito/