La causa que investiga el trágico envenenamiento de al menos 19 perros en El Cadillal registró un avance decisivo en las últimas horas. Tras las denuncias presentadas por los vecinos de la villa turística, efectivos de la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de Tucumán ejecutaron una medida de allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Villa del Parque, dispuesta por las autoridades judiciales intervinientes.

Químicos, pesticidas y un arma secuestrada

Durante la irrupción en el domicilio, los uniformados procedieron al secuestro de un rifle de aire comprimido calibre 5,5, balines, una importante cantidad de fertilizantes e insecticidas de distintas marcas, así como diversos productos químicos y elementos de alto interés para la causa. La medida policial incluyó la apertura forzada de los accesos y la inspección minuciosa de cada uno de los ambientes de la propiedad.

Posteriormente, la Fiscalía de Delitos Complejos dispuso la incautación de todo el material encontrado y ordenó notificar formalmente a una persona vinculada al inmueble sobre la apertura de la investigación. Cabe recordar que el caso se precipitó luego de que filmaciones de cámaras de seguridad privada mostraran el paso reiterado de una camioneta desde la cual se arrojó cebo contaminado, desencadenando la muerte de mascotas familiares y caninos comunitarios en la zona.

La Policía Federal Argentina arrestó en pleno centro de San Miguel de Tucumán a Kauã Kazahaya de Arruda, de 20 años, y Angelina Oliveira da Silva, de 19.

Los sospechosos fueron localizados en la esquina de 25 de Mayo y Marcos Paz, en Barrio Norte.

Ambos eran buscados por el homicidio de Tamir Nadav, un desarrollador de videojuegos estadounidense de 46 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda de Maringá, Brasil. La pareja tenía pedido de captura internacional y quedó a disposición de la Justicia Federal mientras se tramita su extradición.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos habrían vivido en la casa de la víctima. Se los acusa de haberlo secuestrado y asesinado, y luego de abandonar la vivienda y escapar. Los investigadores reconstruyeron que habrían pasado por Paraguay antes de ingresar a la Argentina.

El crimen

El homicidio ocurrió en septiembre pasado en el barrio Jardim Novo Horizonte I, en Maringá, estado de Paraná. Nadav había sido visto por última vez el 3 de septiembre. Su cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda en avanzado estado de descomposición y, según los datos difundidos sobre el caso, estaba atado de pies y manos a una cama.

Los dos jóvenes residían en el domicilio de la víctima y, según la reconstrucción de los investigadores, habrían intentado ocultar su desaparición. Incluso le habrían dicho a la exesposa de Nadav que él se encontraba de viaje.

Fuga e investigación

La investigación de los detectives brasileños también estableció que los sospechosos habrían utilizado recursos financieros de Nadav después de su desaparición. Entre las operaciones detectadas figura la compra de dos relojes valuados en 9.800 reales, que se habrían pagado mediante una transferencia realizada desde la aplicación Pix, vinculada a la cuenta de la víctima.

La pareja habría abandonado de manera repentina la mansión y escapado. En los últimos días, el Departamento Interpol de la PFA recibió un pedido de cooperación internacional ante la sospecha de que ambos podían encontrarse en Tucumán. La pesquisa también contaba con registros que indicaban que habían pasado por Paraguay antes de entrar a la Argentina.

Las audiencias por el crimen de Érika Antonella Álvarez atraviesan jornadas de creciente rispidez en los tribunales tucumanos. En las últimas sesiones, el debate se centró en el estado de salud mental del principal imputado, Felipe “El Militar” Sosa, luego de que sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, solicitaran la revisión médica de su asistido argumentando que no se encontraba en condiciones psíquicas de continuar en el proceso a causa del desgaste del encierro y presuntas amenazas recibidas.

Frente al planteo, el tribunal dispuso la realización de un examen médico inmediato con presencia de un perito de parte. Sin embargo, los resultados de la evaluación fueron categóricos al certificar que Sosa está ubicado en tiempo y espacio y cuenta con plena capacidad para comprender la criminalidad de sus actos, descartando de plano cualquier cuadro de inimputabilidad o motivo de suspensión del debate según el Código Procesal Penal.

Cuestionamientos de la querella y estrategia defensiva

La resolución médica encendió el malestar de la querella representada por Carlos Garmendia, quien no dudó en calificar las maniobras de la defensa como un intento por instalar un relato exculpatorio. De acuerdo con la hipótesis planteada por los defensores Cosiansi y Flores, el hecho habría ocurrido de manera accidental y el acusado habría intentado deshacerse del cuerpo por temor a represalias de la expareja de la víctima.

“Pretendieron hacer creer que tiene problemas para estar en el juicio. El informe de los médicos que lo atendieron es categórico: no tiene ningún problema. Fin de la discusión”, aseveró Garmendia al evaluar los dictámenes técnicos incorporados al expediente. Durante las últimas audiencias, lejos de mostrarse desorientado, a Sosa se lo observó siguiendo atentamente las declaraciones testimoniales y manteniendo permanente diálogo con sus letrados y con Jorge “Chicho” Díaz, su excolaborador imputado por encubrimiento.

El encuadre legal y las pericias en el proceso

El marco procesal vigente establece causales estrictas para la suspensión de un juicio oral: la acreditación fehaciente de un trastorno mental que impida la comprensión de los actos procesales mediante junta médica y la consecuente declaración judicial de incapacidad. Al no haberse verificado ninguna de estas circunstancias, los magistrados ordenaron la continuidad del debate.

En el fuero penal local se señaló además que el Ministerio Público suele requerir la intervención de profesionales del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) ante este tipo de incidencias, los cuales coincidieron en ratificar la aptitud de “El Militar” Sosa para continuar respondiendo por el femicidio de la joven tucumana. /Los Primeros