En una sesión presidida por el vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán otorgó acuerdo a diez pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la cobertura de cargos vacantes en el ámbito judicial.
Política
No hubo acuerdo entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich en la mediación
La titular ddel PRO ratificó sus dichos sobre un supuesto intento del Gobierno de obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, por lo que avanza la demanda por $100 millones que le entabló el Presidente.
La audiencia judicial de conciliación entre el presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, fracasó este martes, luego de que la dirigente opositora se negara a retractarse después de haber dicho que el Gobierno intentó obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna Pfizer contra el coronavirus.
La audiencia había sido convocada por el titular del juzgado civil 21 de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Sáenz, en el marco de la demanda que el jefe de Estado presentó contra la exministra de Seguridad con el objetivo de que se retractara después de haber acusado al gobierno.
El presidente y la dirigente opositora en ningún momento estuvieron cara a cara, sino que participaron de la audiencia desde despachos separados dado que la titular del PRO en ningún momento estuvo dispuesta a retractarse.
«Fue una audiencia de conciliación típica que inicia con la parte actora y la demandada en salas separadas», explicó una fuente judicial al tanto de los detalles, quien añadió luego se le ofrece a la parte actora la posibilidad de pasar a un mismo salón que la parte demandada.
Fue en ese momento que el Presidente le dijo al juez que el cruce entre las partes solo tenía sentido si Bullrich estaba dispuesta a retractarse y, según pudo reconstruir Télam de fuentes seguras, enfatizó: «Estoy acá porque no soy corrupto ni ladrón, estoy defendiendo mi honor».
Ante la negativa de Bullrich a retractarse, el juez abrió el caso a prueba, acto que dispuso ante el abogado Gregorio Dalbón, representante legal del Presidente en esta demanda, y la parte demandada.
«Ella nos tiene acostumbrados a que declare por TN y La Nación+. Como no había posibilidad de retractación, no lo expuse al Presidente y se quedó en un despacho aparte. Ella estaba desesperada por verlo, lo que no tenía ningún sentido, solo la perversidad de querer insultarlo», sintetizó Dalbón al salir del juzgado.
Al retirarse de la sede judicial a la que debió presentarse, Bullrich sostuvo que «la audiencia no existió», la definió como una «parodia«, y acusó al Presidente de haberse escondido «estando ahí adentro», a la vez que confirmó que no se había retractado.
«Hemos ratificado nuestros dichos, mi opinión de que él (por el Presidente) no podía desconocer que no se estaba firmando un acuerdo con Pfizer que le podía salvar la vida a cientos de miles de argentinos porque él había estado con los directivos de la empresa», dijo la titular del PRO en declaraciones a la prensa.
Las declaraciones por las que Bullrich fue demandada no se circunscribieron a una crítica política por la demora que hubiera podido tener la llegada de la vacuna Pfizer a la Argentina, sino que incluyó la denuncia pública de que el Gobierno habría pedido coimas a cambio de facilitar el ingreso al país de esas vacunas, algo que fue desmentido por el propio laboratorio.
La referente del PRO había asegurado en declaraciones televisivas que el entonces ministro de Salud «Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía. Que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna».
«La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba«, le había dicho la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri al periodista Luis Majul en declaraciones televisivas que luego repetiría, palabras más, palabras menos, en otros reportajes.
«Eso no es un error, sino que es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna. Eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales de la Nación. Si llaman a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir», había asegurado Bullrich.
Fueron precisamente personas ligadas a Pfizer y el propio laboratorio a través de un comunicado quienes desmintieron los dichos Bullrich: «En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios», aseveró el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, en la que también aseguró que el laboratorio estaba haciendo «el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina».
La audiencia de heste martes y concluyó con la «apertura de prueba», según detalló el abogado Dalbón, que señaló que la parte demandante ya presentó como elementos probatorios los dichos de Bullrich en televisión y radio y las desmentidas oficiales de Pfizer a través de un comunicado escrito y luego en el Congreso de la Nación.
El año pasado ambas partes habían protagonizado una mediación prejudicial que no llegó a ningún punto de acuerdo, por lo que el Fernández, representado por Dalbón, demandó a Bullrich por 100 millones de pesos que serían donados a una institución pública del ámbito de la Salud.
Fuente: Télam
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La Legislatura aprobó 10 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia
Corresponden a distintos Centros Judiciales y especialidades, tras cumplir el proceso de evaluación y entrevistas establecido por el Reglamento Interno.
Las designaciones se distribuyen en distintos Centros Judiciales de la provincia y abarcan defensorías civiles, laborales y de niñez, adolescencia y capacidad restringida, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del sistema judicial y mejorar el acceso a la justicia en todo el territorio.
En el Centro Judicial Capital, se aprobaron los pliegos de la Dra. Marcela Eugenia De Mari, designada como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la II Nominación; la Dra. Georgina Graciela Medina, en la misma especialidad; el Dr. Diego Javier Trabadelo, también como Defensor de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida; la Dra. Ana Ricco Falú, quien asumirá como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la IV Nominación; y la Dra. María Alejandra Rodríguez, designada como Defensora Oficial Civil y del Trabajo de la III Nominación.
En tanto, en el Centro Judicial del Este, se otorgó acuerdo a la Dra. Marcela Alejandra Cardozo Sánchez como Defensora Oficial Civil y del Trabajo; al Dr. Juan Facundo Masaguer, designado como Defensor Oficial Civil y del Trabajo con carácter itinerante; y a la Dra. Gabriela Sami, quien se desempeñará como Defensora Oficial en lo Civil.
Por su parte, en el Centro Judicial Monteros, las designaciones corresponden al Dr. Fernando Antonio Vera como Defensor Oficial Civil y del Trabajo, y a la Dra. María Alejandra Rivas como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida.
El tratamiento de los pliegos se llevó adelante conforme al procedimiento establecido, que prevé la intervención de la Comisión de Peticiones y Acuerdos, la solicitud de informes a distintos organismos y la realización de entrevistas personales a los postulantes, a fin de evaluar sus antecedentes, formación y aptitud para el ejercicio de la función.
En ese marco, la presidenta de la Comisión de Peticiones y Acuerdos, Carolina Vargas Aignasse, destacó: “Se trata de defensores oficiales que van a poder acercar este servicio de justicia a la comunidad a lo largo de toda la provincia. Hemos tomado las entrevistas a estos magistrados y hemos quedado muy conformes con el intercambio realizado. Hoy la Justicia tiene diez nuevos defensores oficiales”.
Asimismo, remarcó la importancia de avanzar con estas designaciones al señalar que “son quienes van a acercar la justicia a la gente que más lo necesita, especialmente a aquellos ciudadanos que no cuentan con los recursos para acceder a un abogado particular. Las defensorías oficiales garantizan que toda persona pueda tener la tutela judicial efectiva”.
Finalmente, indicó que se continuará trabajando en nuevas designaciones y que se espera el envío de más pliegos por parte del Poder Ejecutivo.
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