La reforma del Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán incorporó propuestas para ordenar la expansión de la ciudad, reducir las desigualdades territoriales, atender el déficit habitacional y adaptar la infraestructura al riesgo de inundaciones. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Secretaría municipal de Obras Públicas expusieron sus diagnósticos durante las audiencias públicas desarrolladas en el Concejo Deliberante.

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán encabezó el séptimo encuentro participativo, realizado el 30 de julio y organizado por la comisión ad hoc de Arquitectura. La presentación fue conducida por Natalia Czytajlo, secretaria de Investigación y Posgrado de la unidad académica.

Czytajlo sostuvo que la actualización de la normativa ofrece al municipio la posibilidad de definir previamente el modelo urbano que pretende alcanzar. Según explicó, el nuevo código debería delimitar áreas urbanizables, sectores destinados al desarrollo y espacios que requieran preservación, en articulación con herramientas de gestión capaces de distribuir las cargas y los beneficios generados por el crecimiento de la ciudad.

Los profesionales de la FAU-UNT se alternaron durante la exposición para desarrollar una mirada apoyada en cuatro dimensiones: urbana, interseccional, ambiental y jurídico-normativa. El diagnóstico remarcó la necesidad de recuperar una perspectiva metropolitana y aprovechar el valor estratégico de las conexiones este-oeste y norte-sur.

Entre las áreas con posibilidades de expansión, los especialistas identificaron sectores del noroeste de la capital cercanos al río Salí. También plantearon que el crecimiento periférico debe estar acompañado por conexiones directas, infraestructura y servicios que eviten profundizar las brechas existentes.

“La matriz de desigualdad atraviesa a nuestra ciudad”, advirtió Czytajlo al reclamar que esa problemática mantenga un lugar central en el debate. La especialista agregó que la planificación no puede limitarse a separar zonas residenciales, laborales y recreativas, sino que debe incorporar las necesidades cotidianas de cuidado y abastecimiento.

La propuesta académica organizó el modelo de ciudad deseada en cinco líneas de acción: mejorar la habitabilidad y la calidad de vida; proteger la identidad, la cultura y el patrimonio; delimitar áreas de preservación, protección y desarrollo estratégico; promover la combinación de usos en zonas y corredores, y favorecer la consolidación y revitalización urbana.

El Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano intervino en la octava audiencia. Su titular, Hugo Cabral, concentró la exposición en el déficit habitacional y en la urgencia de atender tanto las demandas históricas como las nuevas necesidades de las familias.

Cabral señaló que existen grupos familiares inscriptos desde hace más de una década a la espera de una vivienda. Frente a esa situación, consideró necesario acordar cómo crecerá el municipio y de qué manera responderá a una demanda ciudadana que continúa acumulándose.

El funcionario destacó la incidencia de la vivienda social en la conformación de San Miguel de Tucumán: de los 323 barrios registrados en la capital, 120 fueron construidos mediante programas estatales. Esto representa el 37,15% del total y, según afirmó, demuestra la magnitud y la urgencia de una problemática que requiere un abordaje complejo.

El Ipvdu pidió que la reforma sea enriquecida mediante una perspectiva interdisciplinaria y que las decisiones urbanísticas prioricen el interés colectivo sobre los beneficios particulares. Sus aportes fueron organizados en cuatro ejes.

En materia de zonificación, el organismo propuso confeccionar un mapa de barrios y asentamientos residenciales con carencias de servicios y equipamiento. Esa herramienta debería permitir actualizaciones periódicas y el seguimiento de las mejoras realizadas en cada sector.

Respecto del uso del suelo, planteó que los terrenos baldíos puedan ser cedidos temporalmente para actividades públicas a cambio de incentivos para sus propietarios. Esos espacios podrían utilizarse como pequeñas plazas, áreas recreativas o puntos culturales, siempre que las intervenciones no requieran construcciones permanentes que luego no puedan recuperarse.

El Instituto también sugirió aplicar recargos a los propietarios de baldíos o viviendas abandonadas que no cumplan con tareas de mantenimiento y cuidado. La intención es desalentar la presencia de inmuebles ociosos y deteriorados dentro de la trama urbana.

Para la edificación pública, el Ipvdu propuso determinar en cada distrito o barrio una superficie mínima de suelo vacante destinada a espacios de uso comunitario. También recomendó reutilizar terrenos disponibles para construir viviendas de densidad media e implementar programas que permitan concluir unidades habitacionales inconclusas.

El cuarto eje reclama priorizar obras de integración sociourbana, con ampliación de redes, cobertura de infraestructura y distribución igualitaria del equipamiento urbano.

El secretario de Obras Públicas municipal, Claudio Bravo, completó el abordaje con una presentación del Plan Director de Desagües Pluviales, actualmente en ejecución. El funcionario explicó que la gestión encabezada por la intendenta Rossana Chahla recibió un sistema principal de drenaje con más de 65 años, capacidad insuficiente y sin una planificación actualizada.

El relevamiento detectó insuficiencia hidráulica generalizada en los desagües internos, puntos críticos con inundaciones recurrentes, infraestructura deteriorada u obsoleta y deficiencias de mantenimiento. También identificó conexiones no controladas de efluentes cloacales e industriales, ocupación de vías naturales de escurrimiento y zonas de amortiguación, además de un diseño urbano históricamente desvinculado de la hidrología.

A esas dificultades se suma la incidencia del canal Sur sobre los desagües internos y el aporte de cuencas externas. Bravo informó además que el nivel de base del río Salí descendió al menos tres metros, una modificación que también debe ser considerada al planificar la infraestructura de drenaje.

En abril del año pasado, Chahla conformó una comisión de emergencias hídricas para revisar la magnitud de los caudales y el comportamiento de los canales en distintos sectores. Ese estudio determinó que el 47% del agua superficial de la capital desemboca en el canal Sur, el 40% en el río Salí y el 13% restante en el arroyo El Manantial.

A partir de esos datos, el municipio fijó como objetivo urgente derivar hacia el río Salí parte de los caudales procedentes del norte para aliviar el canal Sur y reducir el riesgo de colapso.

El diagnóstico dio origen a un plan de contingencia ante inundaciones que contempla nuevos desagües. Entre las intervenciones mencionadas se encuentran la obra en ejecución en el barrio 360 Viviendas y el proyecto previsto para el sector Margarita-Panamá.

La planificación incluye además el colector Norte-Panamá, una infraestructura de 9,2 kilómetros que se extendería desde Campo Norte hasta su descarga en el río Salí. El municipio busca financiamiento para concretarla.

Según Bravo, el colector permitiría interceptar los grandes escurrimientos del norte antes de que lleguen a las zonas bajas y provoquen su saturación. El funcionario consideró que estas intervenciones podrían aportar una solución estructural a uno de los principales problemas de la capital tucumana.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán registró 433 luminarias afectadas por robos, roturas, sabotajes y conexiones clandestinas entre abril de 2025 y junio de 2026. El relevamiento expone el impacto económico, operativo y urbano del vandalismo sobre una red integrada por 48.978 artefactos, de los cuales 43.665 utilizan tecnología LED.

El municipio considera que el daño al mobiliario público representa uno de sus principales gastos. Además del alumbrado, los ataques alcanzan cestos de basura, plantas y flores, bancos, juegos infantiles, bebederos, paradas de colectivos, pantallas led, señalización vial y tótems solares destinados a cargar teléfonos, calentar agua o inflar bicicletas.

El subsecretario de Gestión Estratégica y Documentación, Humberto Ponce de León, afirmó que se trata de uno de los problemas más graves y complejos de resolver en la capital. El funcionario lo vinculó con la falta de educación ciudadana y con un bajo sentido de pertenencia respecto de los bienes públicos.

Entre los casos detectados mencionó el robo de cestos colocados recientemente en plazas nuevas o remodeladas. Según explicó, algunos fueron sustraídos para fabricar parrillas semejantes a las construidas con tambores metálicos de 200 litros.

Los datos sobre el alumbrado surgen de un estudio técnico elaborado por la Dirección de Gerencia de Datos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Documentación.

El informe define el vandalismo de la infraestructura lumínica como un desafío logístico, económico y de seguridad. La destrucción de artefactos y el retiro de cables no solo dañan el patrimonio municipal, sino que dejan deliberadamente sectores sin iluminación y afectan la seguridad y la circulación vial.

La agresión directa contra las luminarias constituye la modalidad más frecuente. En el período analizado se contabilizaron 246 casos, equivalentes al 56,8% del total.

Esa categoría comprende la sustracción completa de artefactos, la rotura de lámparas mediante impactos y el robo de los controladores electrónicos o drivers.

El segundo grupo corresponde al cableado, con 57 intervenciones, un 13,2%. Allí se incluyen el robo y corte de conductores de cobre instalados en líneas aéreas o redes subterráneas.

Aunque estos episodios son menos numerosos, generan costos elevados porque obligan a las cuadrillas a reponer extensos tramos de cables para restablecer los circuitos troncales.

Los daños en columnas sumaron 50 casos y representaron el 11,5%. Una de las prácticas detectadas consiste en forzar las ventanas de inspección para retirar las borneras y otros componentes internos.

También se registraron 45 apagones generales, equivalentes al 10,4%, que dejaron sin servicio cuadras completas o sectores conectados a una misma línea principal.

El relevamiento incluyó 11 afectaciones mixtas de alta complejidad y casos de eliminación de múltiples conexiones clandestinas, que representaron el 2,5% del total.

Los sabotajes contra cajas, gabinetes, buzones de control y llaves térmicas de encendido sumaron nueve episodios, un 2,1%. La misma cantidad correspondió a daños estructurales sobre postes de madera, pescantes y otros soportes complementarios.

En plazas se documentaron dos intervenciones específicas, equivalentes al 0,5%, por destrucción de farolas bajas, globos y cableado interno.

La sustracción de tapas de borneras alcanzó tres casos, un 0,7%. El municipio advirtió que estas acciones dejan componentes eléctricos expuestos y generan riesgos para quienes circulan por el lugar.

Un episodio, equivalente al 0,2% del universo auditado, produjo una destrucción estructural de tal magnitud que debió ser clasificada como una obra nueva.

El documento señala que algunos componentes son robados poco después de su reposición. En el barrio 130 Viviendas, las líneas de acometida fueron sustraídas apenas tres semanas después de haber sido reparadas.

En la plaza Ciudadela fueron dañadas dos columnas y los cables subterráneos quedaron cortados al ras, lo que dificultó su recuperación y obligó a intervenir el circuito completo.

En la plaza del barrio Roselló se destruyeron 10 columnas bajas equipadas con farolas globo y fueron robados cuatro reflectores de 200 vatios instalados en las torres generales.

Según el municipio, los ataques contra espacios verdes suelen inutilizar sistemas subterráneos completos y demandan trabajos que exceden las tareas habituales de mantenimiento.

El informe también alerta sobre la existencia de un mercado informal de lámparas led y sobre la manipulación de tableros o buzones destinada a ocultar conexiones clandestinas y fraudes en el consumo de energía.

Uno de esos casos fue descubierto en la esquina de la avenida Alem y Bolívar. Allí se desmanteló una conexión ilegal de gran escala que había sido montada precariamente por vendedores ambulantes sobre un buzón perteneciente al sistema de semáforos.

Para la Municipalidad, la reposición permanente de elementos destruidos desvía fondos y recursos humanos que podrían destinarse a ampliar o mejorar los servicios urbanos.

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, y la ministra de Educación, Susana Montaldo, encabezaron la firma de dos convenios de cooperación institucional destinados a incorporar nuevas herramientas de educación cívica en las escuelas de la provincia. Las iniciativas permitirán implementar el programa “El Digesto va a la Escuela” y poner a disposición de estudiantes y docentes el videojuego educativo “En el Nombre de la Ley”, desarrollado por la Legislatura de Tucumán junto a la Comunidad de Videojuegos de Tucumán.

Participaron del acto la presidenta de la Comisión de Digesto Jurídico, Carolina Vargas Aignasse, junto a los legisladores Walter Berarducci y Alberto Olea, integrantes de la comisión. También acompañaron los legisladores Alejandro Figueroa y Carlos Gallia, además de autoridades educativas y estudiantes de distintos establecimientos de la provincia, quienes tuvieron la oportunidad de probar el videojuego.

El programa “El Digesto va a la Escuela” busca acercar a estudiantes y docentes el conocimiento del ordenamiento jurídico vigente de la provincia, promoviendo una ciudadanía más informada y comprometida. En tanto, “En el Nombre de la Ley” propone que los jóvenes aprendan, mediante una experiencia interactiva, cómo se elaboran las leyes y cuál es el funcionamiento del Poder Legislativo.

Como parte de la propuesta, la Legislatura lanzó un concurso destinado a estudiantes de toda la provincia que participen del videojuego educativo “En el Nombre de la Ley”. A medida que los jugadores completen desafíos obtendrán certificados que les permitirán alcanzar categorías de bronce, plata y oro. Quienes participen ingresarán en sorteos por distintos premios tecnológicos, entre ellos tablets, teclados gamer y auriculares inalámbricos.

Durante la firma, Acevedo destacó que la iniciativa forma parte del objetivo institucional de acercar las leyes a la ciudadanía y fomentar el conocimiento de los derechos desde edades tempranas. “Nosotros estamos empeñados en que no tan solo en sancionar leyes que lleguen a los ciudadanos y que tengan impacto en cada uno de los tucumanos y tucumanas, sino que los tucumanos y tucumanas conozcan las leyes”, afirmó.

En ese sentido, explicó que ambos convenios apuntan a fortalecer la formación cívica mediante herramientas innovadoras. “Queremos que participe mucho la juventud para que puedan conocer sus derechos y sus limitaciones”, sostuvo. Sobre el videojuego, agregó: “Se aprende cómo se hace una ley jugando, participando”, y anunció que quienes completen los distintos niveles podrán participar por tablets, teclados gamer y auriculares inalámbricos.

Por su parte, la ministra de Educación, Susana Montaldo, valoró la incorporación de estas propuestas al sistema educativo provincial al considerar que fortalecen la formación ciudadana desde las aulas. “Uno de nuestros objetivos fundamentales es la formación de la ciudadanía en los jóvenes”, expresó, y remarcó que el uso de nuevas tecnologías constituye una herramienta atractiva para los estudiantes.

“Esto a los chicos también los empodera y nos permite a nosotros conservar y mejorar nuestro sistema democrático”, señaló.

A su turno, la presidenta de la Comisión de Digesto Jurídico, Carolina Vargas Aignasse, explicó que la iniciativa responde a un diagnóstico realizado por la comisión. “El 62% de los tucumanos nos dijeron que no conocen las leyes de la provincia y ese es un número que vamos a bajar para que más tucumanos tengan acceso y conozcan las leyes”, indicó.

Además, detalló que el programa permitirá llevar el Digesto Jurídico a las escuelas para explicar el funcionamiento del ordenamiento legal vigente, mientras que el videojuego ofrecerá una forma innovadora de aprender sobre el proceso legislativo. “A través de un videojuego generado en Tucumán por tucumanos van a poder aprender cómo se hace una ley”, afirmó.

También invitó a participar del concurso anunciado durante la jornada: “Queremos que esto se difunda en las escuelas para que puedan aprender jugando y participar por importantes premios”.