Esta mañana, el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, recibió en su despacho a la mesa directiva del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, encabezada por su presidente, Raúl Véliz, para dialogar sobre una agenda de trabajo vinculada al fortalecimiento de la actividad profesional y el acompañamiento institucional a distintas iniciativas del sector.

Durante la reunión se analizó el avance de un proyecto de ley destinado a mejorar las condiciones de trabajo de los peritos contables; la declaración de Interés Legislativo de las XVI Jornadas Nacionales del Sector Público y un acompañamiento institucional a la misma.

El encuentro, organizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán junto con la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), se desarrollará los días 13 y 14 de agosto de 2026 en el Espacio Sociocultural del Colegio, bajo el lema “Construyendo un presente con profesionales capacitados aseguramos el futuro de la Administración Pública”. La actividad reunirá a más de 400 profesionales, funcionarios y equipos técnicos de distintas jurisdicciones del país, consolidando un espacio de intercambio de alcance nacional.

El vicegobernador Miguel Acevedo destacó el trabajo conjunto que la Legislatura viene llevando adelante con las entidades profesionales de la provincia. “Recibimos a las autoridades del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas en una visita protocolar que también nos permitió dialogar sobre temas vinculados a la economía de Tucumán. Nos presentaron un trabajo que vienen desarrollando sobre las retenciones y distintas propuestas que también analizan junto con la Dirección General de Rentas. Si hay iniciativas para avanzar, las trabajaremos de manera coordinada”, expresó.

Asimismo, Acevedo remarcó la importancia de continuar fortaleciendo el vínculo institucional. “Tanto el Colegio de Graduados como la Legislatura compartimos el objetivo de seguir trabajando de manera coordinada en iniciativas que contribuyan a mejorar la legislación en materia impositiva, promover la generación de empleo e incentivar la radicación de empresas en Tucumán”, concluyó.

Por su parte, Véliz destacó la predisposición del vicegobernador Acevedo para avanzar en la iniciativa legislativa destinada a mejorar las condiciones de trabajo de los peritos contables: “El proyecto contempla no solamente la cuestión de los honorarios profesionales, que desde hace tiempo representa un problema para todos los peritos, sino también aspectos vinculados con la forma en que deben desarrollarse las pericias, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo”.

Al ser consultado sobre lo dificultoso que resulta conseguir un perito contable para un juicio, advirtió que la demora en el cobro de los honorarios y los bajos montos regulados provocaron una importante reducción en el número de profesionales inscriptos para actuar como peritos judiciales: “Los honorarios tardan mucho tiempo en cobrarse y los valores que se fijan son muy bajos. Eso hizo que el padrón pasara de más de 400 profesionales inscriptos a apenas unos 80. Muchos colegas ya no aceptan desempeñarse como peritos porque el trabajo demanda tiempo y responsabilidad, pero la retribución no acompaña ese esfuerzo”.

Asimismo, señaló que el proyecto es analizado por la comisión legislativa presidida por Carolina Vargas Aignasse y que en su elaboración participan el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, el Consejo Profesional y la Federación Económica de Tucumán.

Otro de los temas tratados durante la reunión con el vicegobernador fue la elaboración de un convenio para facilitar la regularización administrativa de asociaciones civiles, fundaciones, clubes deportivos y centros de jubilados. “La Defensoría del Pueblo nos planteó la situación de numerosas instituciones que hoy tienen dificultades para funcionar normalmente porque no poseen sus balances al día y, por esa razón, no pueden regularizar su situación ante la Dirección de Personas Jurídicas”.

Según explicó Véliz, uno de los principales obstáculos son los costos que deben afrontar estas entidades para realizar las presentaciones contables. “Estamos trabajando en un acuerdo que ya fue presentado a la Defensoría del Pueblo para establecer un marco legal en el que participen el Gobierno provincial, la Dirección de Personas Jurídicas y el Colegio de Graduados. La idea es fijar honorarios mínimos que permitan facilitar la confección de los balances pendientes y contribuir a que estas instituciones puedan normalizar su situación”.

Finalmente, el presidente del Colegio se refirió a las XVI Jornadas Nacionales del Sector Público y destacó su importancia para la capacitación de los profesionales. “Las jornadas están destinadas a todos los contadores del sector público. Se abordarán temas relacionados con auditoría, contabilidad pública y las distintas áreas en las que se desempeñan nuestros profesionales. Contaremos con la participación de disertantes de Buenos Aires y de distintas provincias del país. También fueron invitados el contador general de la Nación y el síndico general de la Nación”, concluyó.

Véliz estuvo acompañado por sus pares Luis Pérez Vides y Jorge Miranda.

El Tribunal Oral Federal N°4, condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión en la causa Skanska, el expediente que investigó el pago de sobornos para beneficiar a la empresa sueca en las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).

Sus jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez consideraron acreditada la existencia de maniobras de corrupción vinculadas a la contratación de las obras públicas y condenaron a De Vido por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta contra el Estado. López recibió la misma pena por su participación.

Julio De Vido y José López fueron condenados a cinco años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°4
A día de hoy, el fallo se conoció casi 20 años después del inicio de la investigación, que comenzó en 2006 a partir de denuncias sobre una red de empresas que habría utilizado facturas falsas para justificar pagos irregulares y canalizar dinero destinado al pago de sobornos a funcionarios públicos durante la gestión kirchnerista nacional.

El caso Skanska analizó si funcionarios públicos y empresarios participaron de un mecanismo para direccionar las licitaciones de las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, proyectos impulsados para aumentar la capacidad de transporte de gas tras la crisis energética posterior a 2001.

Según la acusación, las contrataciones habrían sido manipuladas mediante licitaciones privadas y la empresa Skanska habría pagado retornos para asegurarse la adjudicación de los contratos. La maniobra incluía, de acuerdo con la fiscalía, la utilización de compañías fantasma y facturación apócrifa para ocultar la salida del dinero.

La empresa recurrió al uso de «facturas truchas» para justificar la salida de dinero destinada a coimas
Además, el fiscal Abel Córdoba había señalado que el esquema involucraba sobreprecios y pagos ilegales a través de intermediarios. Por esa razón, junto con el fiscal Joaquín Gaset, había solicitado cinco años de prisión para De Vido, López y Néstor Ulloa, exgerente general de Nación Fideicomisos, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de importantes sumas de dinero.

El audio que reveló el pago de retornos
El elemento central del expediente fue una serie de grabaciones secuestradas durante un allanamiento realizado en 2007 en las oficinas de la empresa Skanska, ubicadas en Diagonal Norte 555. En esos audios, el entonces gerente de la compañía sueca, Javier Azcárate, reconocía la existencia de pagos irregulares vinculados a obras públicas y describía el mecanismo utilizado para canalizar los sobornos.

Sin embargo, durante una conversación con el exsíndico de Skanska Claudio Corizzo, quien llevaba un micrófono oculto, Azcárate hizo referencia a los negocios relacionados con la ampliación de los gasoductos Norte y Sur y habló de contratos millonarios por obras públicas adjudicadas durante ese período. «Es un negocio de cien millones de dólares de parte nuestra, más lo de ellos. Yo no sé, doscientos palos verdes», afirmó en una de las grabaciones.

La Corte Suprema de Justicia validó elementos clave de la investigación por el presunto pago de sobornos en obras de ampliación de gasoductos
Además, el exdirectivo mencionó la existencia de retornos equivalentes al 5% de los contratos: un 3% destinado a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos. También sostuvo que la empresa tenía conocimiento anticipado de que resultaría adjudicataria de las obras, cuyos contratos rondaban los 100 millones de dólares.

En otro tramo de la conversación, Azcárate hizo referencia a un «pingüino», aunque nunca se pudo determinar a quién hacía alusión con ese término. También mencionó a Carlos Bache, directivo de Techint, y al contador Alfredo Greco, señalado como presunto intermediario de las operaciones investigadas.

Sus grabaciones fueron incorporadas al expediente y validadas como prueba durante el proceso judicial. Esta aparición derivó además en medidas políticas en 2007, como la salida del entonces titular de Enargas, Fulvio Madaro, y del gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, quienes quedaron bajo investigación judicial.

La situación judicial de De Vido y López
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue uno de los funcionarios con mayor poder durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ya que estuvo al frente de esa cartera durante más de 12 años, entre 2003 y 2015. Con la condena en la causa Skanska, el exfuncionario acumula la quinta sentencia en su contra dentro de distintos expedientes judiciales.

Sin embargo, hasta el momento, la única condena firme que pesa sobre él es la vinculada a la Tragedia de Once, por la que fue condenado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

a Tragedia de Once fue una de las causas por las que Julio De Vido recibió una condena judicial
Actualmente, el exfuncionario cumple prisión domiciliaria en su vivienda de Zárate.

De Vido también fue condenado en la causa Río Turbio, relacionada con el desvío de fondos destinados a la mina de carbón santacruceña, aunque esa sentencia todavía no quedó firme. Además, enfrenta otros procesos judiciales, entre ellos el expediente por el caso Sueños Compartidos, que investigó irregularidades en la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El exsecretario de Obras Públicas, José López, permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Su nombre volvió al centro de la escena en 2016, cuando fue detenido mientras intentaba ocultar casi nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Los famosos «bolsos de López».

A raíz de ese episodio, fue condenado por enriquecimiento ilícito y la Justicia decomisó el dinero hallado durante el operativo. /Perfil

José López fue condenado en la causa conocida como “los bolsos de López”