Este jueves 27 de agosto, por pedido del Ministerio Fiscal, se realizó una nueva audiencia en el marco de la investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez (25), cuyo cuerpo fue hallado el 8 de enero de este año en un basural de la zona de Manantial Sur. En esta oportunidad, se trató la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo desde hace seis meses Jorge Orlando “Chicho” Díaz (41), acusado de encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por ser el hecho precedente especialmente grave.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo y representada en esta ocasión por la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma.
El proceso se encuentra encaminado hacia la etapa intermedia (audiencia de control de acusación y la admisibilidad de la prueba). El fiscal ya suscribió el requerimiento de apertura a juicio para los tres imputados que continúan vinculados a la causa: Felipe Sosa (50), acusado del delito de femicidio; Justina Gordillo (48), imputada por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por ser el hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionaria pública; y Díaz. En tanto que el pasado 29 de julio, mediante un juicio abreviado, fue condenado un cuarto imputado, Nicolás Navarro Flores (37), a la pena de tres años de prisión efectiva por encubrimiento.
Respecto de Díaz, el MPF adelantó que pretende una pena de seis años de prisión efectiva, la máxima prevista para el delito que se le atribuye.
La evidencia genética, una de las claves de la investigación
Durante la audiencia de este jueves, la auxiliar de fiscal se refirió además a nuevas evidencias incorporadas a la investigación, entre ellas los resultados de estudios genéticos. “Ya tenemos un informe de estudios genéticos en donde se determina que se encontró superposición del perfil de ADN de Sosa y de Álvarez en la muestra tomada tanto a la parte interna como externa de la bolsa que cubría el cuerpo de la víctima. También se determinó que hay superposición del material genético de Sosa y Érika en la cinta adhesiva que cubría la cabeza de ella”, señaló Brito Ledesma.
Al fundamentar el pedido de prórroga de la prisión preventiva por el plazo de dos meses, la representante del MPF sostuvo que los riesgos procesales, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación, continúan vigentes y latentes, especialmente por la “etapa crítica” en la que se encuentra el proceso.
La defensa se opuso al pedido de la Fiscalía y solicitó que Díaz cumpla la medida bajo arresto domiciliario. Finalmente, el juez hizo lugar a todo el planteo fiscal y dispuso que el acusado continúe alojado en la unidad penitenciaria de Benjamín Paz.
La acusación contra Díaz
El 7 de enero de 2026, entre las 03:50 y las 07:00, Felipe Sosa, valiéndose de una relación asimétrica de poder y del sometimiento sufrido por Álvarez en razón de su vulnerabilidad como mujer, y con el propósito de causarle la muerte, la golpeó violentamente en su domicilio ubicado en calle Santo Domingo 1100, de Yerba Buena. Como consecuencia de las lesiones, la joven murió por un traumatismo cráneo-facial y cervical.
Ese mismo día, alrededor de las 15:17, Díaz se presentó en el domicilio de Sosa a bordo de una camioneta Chevrolet S10 negra, con el logo de “Mundo Limpio”. Según la teoría del MPF, colaboró con la eliminación de rastros del cuerpo de la víctima, la desaparición de su teléfono celular y todo otro rastro relacionado con el crimen, además de limpiar el lugar del hecho.
Posteriormente, a las 17:10, Díaz se retiró del domicilio en la misma camioneta llevando consigo un estuche con una pistola calibre 40 marca Glock, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre 40 y cuatro cartuchos calibre 12. Esos elementos le fueron entregados por Sosa para que los ocultara, ayudándolo de esta manera a eludir la investigación y sustraerse de la acción de la Justicia.
