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Política

Media sanción del Senado a la reforma judicial

El Frente de Todos retiró del texto la mención a las presiones de los poderes mediáticos sobre los jueces y definió al proyecto como parte de una reforma integral.

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Media sanción del Senado a la reforma judicial

El Senado dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo para la reorganización de la Justicia Federal. La bancada oficialista aportó 40 votos afirmativos para avanzar con la iniciativa, que recibió varias modificaciones luego de tres semanas de debate. Juntos por el Cambio votó en contra y volvió a argumentar que el proyecto “busca la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner”, además de criticar “la oportunidad” y el “costo” de la reforma.

En el cierre del debate, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, remarcó que el proyecto apunta «al fortalecimiento de la justicia» en todo el país y remarcó que se trata de «una inversión para combatir los flagelos que destruyen los Estados»

Antes, María de los Ángeles Sacnun dijo que “seguramente, requeriremos otras leyes para configurar una verdadera reforma judicial que otorgue tutela judicial y respeto por las garantías constitucionales y la independencia a los jueces”. La senadora que defendió el proyecto del Gobierno afirmó que el país “tiene la necesidad de recuperar la plena vigencia de las garantías constitucionales” y recordó que la reforma judicial fue una propuesta de campaña del presidente Alberto Fernández, que fue ratificada ante el Congreso.

Sacnun también salió al cruce de una “oposición cerrada, que no pretendió generar ningún tipo de cambio en el proyecto ”. Destacó que “la situación de la Justicia en Argentina es grave” y que en “cuatro años de gobierno de Mauricio Macri se instaló una mesa judicial como un órgano extrapoder”.

“Esa mesa judicial fue parte de la reforma judicial de facto que llevó adelante Mauricio Macri en la Argentina, que fue naturalizada por los medios y que iba contra tal o cual juez”, insistió en lo que describió como “guerra jurídica”. “Macri tuvo una línea de conducta: asumió procesado por escuchas ilegales, terminó con un verdadero escándalo de espionaje ilegal con el fiscal (Carlos) Stornelli, jueces y periodistas para perseguir opositores”, sostuvo Sacnun.

Cuando promediaba la sesión, Oscar Parrilli anunció que el oficialismo modificaría el artículo de la ley de reforma judicial en el que se obliga a los jueces a comunicar eventuales presiones. «Se tragaron el anzuelo», lanzó irónico el senador y comunicó que se eliminaría del texto la referencia a las presiones mediáticas.

Laura Rodríguez Machado se encargó del “rechazo de plano” del proyecto de JxC. La macrista cordobesa justificó la postura opositora en una visión conspirativa donde el “proyecto es un engranaje mas del plan estratégico en manejar la justicia y consagrar la impunidad de un Gobierno”. Incluyó como parte “del plan», el decreto presidencial que crea el consejo consultivo, «que integra el defensor de CFK, le va a aconsejar como modificar la justicia, la estructura de la Corte Suprema, de la procuración, modificar el sistema que frenó a (Daniel) Rafecas para que sea procurador”. “Y acusó al oficialismo de “negociar el festival de cargos a cambio de votos” en la Cámara de Diputados. Su compañero de bancada, Esteban Bullrich, en cambio, dijo que “desconocemos a los autores intelectuales” del proyecto, porque afirmó que “no es la propuesta que promovían (Gustavo) Beliz, Vilma Ibarra ni la ministra (Marcela) Lozardo”. “Fue pergeñada en los sótanos de la democracia”, afirmó.

“Macri hizo cambios de facto en la justicia a su medida, violando todo tipo de norma para que se adapte a sus propios intereses. Suspendió el código acusatorio y quitó la autarquía económica a la Procuración. Eso era oportuno a los intereses particulares que manejaban, por DNU, si debate ni control”, replicó la senadora correntina Claudia Almirón. “Macri prometió seguridad institucional y nos dio cuatrerismo institucional, que pretenden defender ahora sus senadores”, sumó la chaqueña Inés Pilatti Vergara.

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Política

Jaldo sostuvo que acatará el fallo de la Corte sobre su reelección

El gobernador afirmó que esperará el pronunciamiento que tome la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por sectores de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución provincial. “Este gobernador no está aferrado a ningún sillón”, aseguró.

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El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al avance del tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la presentación judicial que cuestiona su candidatura. Según consta en el sistema del Poder Judicial de la Nación, la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal solicitó este martes a la Procuración que se expida sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por sectores de la oposición.

El planteo apunta contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que habilita la continuidad correlativa en los dos cargos de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo provincial.

Consultado sobre el avance de la causa, Jaldo ratificó que aguardará la resolución de la Justicia nacional y aseguró que cumplirá lo que determine el máximo tribunal.

“Una vez que eso ya está en la Corte nacional, lo único que hacemos es esperar, con los tiempos que se tome la Corte y, fundamentalmente, el procurador en primera instancia. No hay duda de que los fallos o dictámenes que de allí se emanen nosotros los vamos a cumplir a rajatabla”, expresó.

En ese sentido, el mandatario descartó que su posición esté condicionada por la continuidad en el cargo y ratificó su disposición a respetar la decisión judicial.

“Este gobernador no está aferrado a ningún sillón y está muy preparado para gobernar cuatro años en la provincia de Tucumán. Me voy a allanar al fallo que salga de la Corte de la Nación”, concluyó.

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Política

Las comunas abren sus puertas para que 100.000 familias tucumanas accedan al subsidio de la luz

El Gobierno de Tucumán sale a buscar, casa por casa, a las familias que todavía no se inscribieron en el subsidio nacional a la energía eléctrica. Las comunas del interior serán la puerta de entrada: allí los vecinos recibirán asesoramiento y acompañamiento para completar el trámite sin trasladarse a la Capital.

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Por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro del Interior, Darío Monteros, y el secretario de Energía, Martín Viola, acordaron con los comisionados comunales convertir cada comuna en un centro de inscripción. El objetivo: que ningún tucumano que tenga derecho al beneficio se quede afuera. En esta primera reunión participaron todos los comisionados de la zona Oeste de la provincia.

El Gobierno de Tucumán sale a buscar, casa por casa, a las familias que todavía no se inscribieron en el subsidio nacional a la energía eléctrica. Las comunas del interior serán la puerta de entrada: allí los vecinos recibirán asesoramiento y acompañamiento para completar el trámite sin trasladarse a la Capital.

El beneficio es resultado directo de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. Junto a los gobernadores del Norte Grande, Tucumán logró que la Nación reconociera el impacto del calor extremo en las boletas de luz. Gracias a esa negociación, el consumo subsidiado en la provincia pasa de 150 a 300 kilovatios hora mensuales, y el beneficio alcanza a 366.000 hogares tucumanos.

 

Sin embargo, cerca de 100.000 hogares que podrían recibirlo todavía no completaron la inscripción. Para llegar a cada uno de ellos, el Ministerio del Interior reunió ayer a los intendentes del interior y hoy a los comisionados comunales. Mañana, viernes, los equipos municipales y comunales serán capacitados por el Ersept y la Secretaría de Energía para salir de inmediato al territorio.

“El gobernador Osvaldo Jaldo nos dio una instrucción clara: que el Estado vaya a buscar a cada vecino y que nadie se quede sin un beneficio que le corresponde. Este subsidio no cayó del cielo. Es fruto de la negociación que hizo el gobernador en el Congreso de la Nación, defendiendo a Tucumán y al Norte Grande. Ahora nos toca a nosotros, junto a intendentes y comisionados, llevarlo a cada casa. Son cerca de 100.000 familias, y vamos a ir a buscarlas una por una”, afirmó el ministro Darío Monteros.

 

“Muchos vecinos no tienen conectividad, no se animan a hacer el trámite en el celular o directamente no saben que les corresponde. Por eso es tan importante que la comuna, que es la puerta más cercana que tiene la gente, sea el lugar donde lo resuelvan”, agregó Monteros.

Por su parte, el secretario de Energía, Martín Viola, destacó el alcance del beneficio: “Son cerca de 100.000 usuarios que todavía no están inscriptos y que pueden gozar de este derecho. El beneficio llega a siete de cada diez de la provincia. Y cada peso que una familia ahorra en su boleta se queda en el pueblo: se vuelca en el almacén, en el comercio del barrio, en la economía de cada comuna. Por eso esta tarea es clave para el interior”.

¿Ya tengo el subsidio?

En la parte superior derecha de la factura de luz figura la identificación del subsidio nacional. Quienes ya lo tienen lo siguen recibiendo automáticamente y no necesitan hacer ningún trámite.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Los hogares cuyos ingresos no superen las tres canastas básicas totales, unos $4,9 millones mensuales.

¿Dónde y cómo?

  • En la comuna o municipio de residencia, con asistencia del personal capacitado
  • En argentina.gob.ar, sección Solicitar subsidios de luz y gas.
  • En el Ersept, Córdoba 560, San Miguel de Tucumán, de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 17.
  • Hay que tener a mano el DNI (con número de trámite) y una factura de luz, donde figura el número de usuario.

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Política

Disolución de obra social de las fuerzas armadas dejará unos 40 despidos y un tendal de afiliados

A partir del 30 de noviembre, cerca de 40 empleados quedarían sin trabajo en la provincia y más de 500.000 afiliados perderían su cobertura médica.

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El Gobierno de Javier Milei oficializó la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) mediante el Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial. El proceso quedó a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa, mientras que las funciones y la reestructuración operativa pasarían a la órbita de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

 

La medida incluye el cierre de delegaciones, farmacias, centros de auditoría y centros médicos en distintas provincias. Entre las sedes alcanzadas se mencionan el centro médico y las oficinas de Tucumán. El cese de actividades tendría como fecha límite el 30 de noviembre de 2026.

El plan también contempla despidos y la no renovación de contratos de más de mil trabajadores en todo el país, incluidos empleados con décadas de antigüedad. Frente a esa situación, representantes de ATE, trabajadores y afiliados realizan asambleas, sentadas y movilizaciones para rechazar los cierres y reclamar la reincorporación del personal.

Las protestas también expresan preocupación por la continuidad de las prestaciones médicas y la entrega de medicamentos. De acuerdo con los datos difundidos, el cambio alcanzaría a más de 500.000 afiliados en todo el país. Los reclamos apuntan a obtener garantías sobre la atención durante el proceso de liquidación y la reorganización de los servicios. /Los Primeros/

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