El candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio, abanderado de la lucha anticorrupción y conocido por sus declaraciones contra las bandas criminales y el narcotráfico, fue asesinado el miércoles en Quito en un ataque a tiros a la salida de un mitin político, a poco más de una semana de las elecciones generales y en medio de una ola de violencia que afecta diversas partes del país sudamericano.

El presidente, Guillermo Lasso, que tachó el asesinato de “crimen político” y dijo que pretendía “sabotear el proceso electoral”, confirmó que se mantendría la fecha de los comicios, aunque con medidas de seguridad adicionales que incluían un despliegue militar.

La Fiscalía informó cerca de la medianoche en la red social X, antes Twitter, que se ha detenido a seis personas en relación con el asesinato de Villavicencio. Más temprano había precisado que un sospechoso del atentado resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la Unidad de Flagrancia en Quito, donde falleció a causa de las heridas.

Estaba casado con Verónica Sarauz y deja cinco hijos.

En días pasados, el aspirante a presidente había denunciado públicamente que el líder de un grupo criminal local ligado al cártel mexicano de Sinaloa lo había amenazado, aunque hasta ahora ninguna autoridad ecuatoriana ha señalado a ninguna organización delictiva específica. Villavicencio había denunciado también que había vínculos entre políticos y narcotraficantes.

En el último vídeo en que se le ve con vida, se observa que sale del recinto educativo donde se celebró el mítin político rodeado por policías, quienes le ayudan a ingresar a un vehículo. Antes de cerrar la puerta, se escucha una serie de detonaciones de bala y gritos desesperados de los simpatizantes.

Tras el ataque, las autoridades ecuatorianas no dieron a conocer el posible motivo detrás del atentado. Patricio Zuquilanda, asesor de la campaña del candidato, dijo a The Associated Press que Villavicencio había recibido dos amenazas de muerte, aunque no dio más detalles.

Edison Romo, coronel en retiro especializado en inteligencia militar que ha seguido el desarrollo de la campaña en el país, en declaraciones a la AP aludió a que Villavicencio “era una amenaza para organizaciones delictivas internacionales”. Dijo que la corrupción y la penetración del narcotráfico “en instituciones públicas y privadas es fuerte” y añadió que no se debe descartar ninguna hipótesis de investigación.

Después del atentado, se registraron dos explosiones controladas por parte de la policía en las inmediaciones del sitio donde se produjo el asesinato.

La Fiscalía informó más tarde que se reportaron nueve heridos, “entre ellos una candidata a asambleísta y dos policías”, de los que no se proporcionó los nombres. Las primeras versiones señalan que tres personas descargaron ráfagas de metralla que impactaron al postulante y otras personas.

El general de la policía Alain Luna, en declaraciones a periodistas, confirmó que entre los heridos hay policías y calificó que el hecho es un acto terrorista, del cual los agentes están recopilando información. “Estamos aplicando un cerco a la ciudad, localización y operaciones básicas de inteligencia, para dar con los causantes”.

Hace casi 10 años Villavicencio fue condenado a 18 meses de prisión y multa de 140.000 dólares por injurias al entonces presidente Rafael Correa, se refugió inicialmente en Estados Unidos pero luego volvió a Ecuador, en donde fue acogido en una comunidad indígena de la selva junto al asambleísta Cléver Jiménez, igualmente condenado.

Villavicencio cobró especial protagonismo durante el régimen de Correa, cuando denunció millonarios aportes de empresas privadas al partido de gobierno de entonces, Alianza PAIS, a cambio de la entrega de grandes obras de infraestructura estatal. De esa revelación se nutrió el caso judicial por el que el expresidente Correa fue condenado a ocho años de prisión por cohecho.

Patricio Zuquilanda, excanciller y actual asesor general de la campaña de Fernando Villavicencio, en diálogo con The Associated Press con voz entrecortada afirmó que “el pueblo ecuatoriano está llorando y Ecuador está herido de muerte; la nación está herida de muerte”.

Una simpatizante que estaba presente en el último acto electoral del candidato antes de su asesinato recordó los momentos previos. “Estábamos contentos. Hasta bailó Fernando. Las últimas palabras fueron quién se mete con mi pueblo se mete con mi familia”, mencionó Ida Páez. “No puede quedar este crimen así, porque hay un capo de capos que estará riendo, que estará celebrando, pero el pueblo está llorando. Nos duele el corazón”, añadió.

La ley electoral establece que un candidato “inhabilitado” podrá ser reemplazado por otro integrante del mismo partido o alianza.

Zuquilanda relató que Villavicencio “tuvo anteriormente dos amenazas de muerte y a la tercera ha fallecido” y que “contaba con protección policial y contaba con protección privada”. Sobre el ataque, explicó que el candidato salió “protegido por sus guardaespaldas, sin embargo, dentro de la camioneta le disparan y fallece inmediatamente”.

Aseguró el asesor de campaña que “las amenazas fueron hace poco tiempo; él denunció que tuvo estas amenazas de muerte y capturaron a una persona inicialmente”.

Zuquilanda también hizo un llamado a la comunidad internacional sobre Ecuador y cada uno de los países que sufren esta amenaza de la delincuencia y el narcotráfico: “La política no puede conducir a la muerte de ningún miembro de su sociedad, y la sociedad va a reaccionar inmediatamente ante esto”.

En una conferencia de prensa tras una reunión de seguridad de alto nivel, Lasso anunció tres días de luto nacional y el estado de excepción por 60 días, que permitiría un despliegue de las fuerzas armadas por todo el territorio nacional para salvaguardar las elecciones.

“El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato”, afirmó el mandatario.

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien asistía al consejo de seguridad en el palacio presidencial de Carondelet dijo al canal de televisión Ecuavisa que está “muy dolido” y que las medidas adoptadas han sido “insuficientes” y se debe “pedir respaldo internacional”.

Hace dos semanas, el alcalde de la tercera ciudad más grande del país, Agustín Intriago, fue también asesinado a tiros en un recorrido público por un populoso barrio. Era uno de los ocho alcaldes que contaban con resguardo policial.

La candidata Luisa González, del partido de Correa que lleva las siglas de Revolución Ciudadana y que lidera las encuestas, aseveró que es muy triste la noticia más allá de la bandera política. “Las diferencias políticas se resuelven en las urnas no con violencia”, dijo. Y afirmó que su partido se solidariza con Quito y con la familia del candidato Villavicencio, “porque cuanto tocan a uno nos tocan a todos”.

Pidió que se investigue al responsable del asesinato. Lo dijo en medio de un mítin en Carapungo, tras lo cual suspendió el evento.

El postulante a la presidencia Otto Sonnenholzner se pronunció en rueda de prensa. “No queremos más reuniones, no queremos más declaraciones, exigimos acciones; actúen, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando en un mar de lágrimas y nosotros no nos merecemos vivir así, exigimos que hagan algo, se les ha ido el país de las manos”.

Otro de los candidatos, Jan Topic, expresó en su cuenta en X que lamenta profundamente el asesinato “en manos de criminales” de Villavicencio y envió su pésame a la familia, así como solidaridad con sus seguidores y amigos. “Hoy más que nunca se reitera la necesidad de mano dura contra la delincuencia”, pronunció.

El también candidato indígena, Yaku Pérez, afirmó que se encuentra “consternado por el trágico y condenable asesinato de Fernando Villavicencio” y también trasladó sus condolencias.