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Economía

¿Llega el fin de las horas extra? El punto bisagra en la Reforma Laboral

La iniciativa dentro de la Reforma Laboral busca flexibilizar la administración del tiempo laboral y regula mecanismos para la compensación en las horas extras.

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El proyecto de reforma laboral impulsa una transformación en la organización del trabajo a través de la introducción del régimen de banco de horas, un sistema que propone una nueva forma de registrar, compensar y pactar la distribución del tiempo más allá de la jornada convencional. De acuerdo con la documentación oficial difundida y fuentes consultadas, la propuesta alcanzó relevancia luego de la experiencia reciente en Grecia y figura como uno de los ejes centrales debatidos en el Congreso. La posible desaparición del régimen tradicional de horas extra motivó el análisis del texto legal y de las explicaciones brindadas por fuentes del Gobierno a sindicalistas y empresarios.

El borrador más actualizado del Proyecto de Ley de Modernización Laboral habilita la posibilidad de que los empleadores y los trabajadores celebren acuerdos escritos para establecer un régimen específico respecto a las horas extraordinarias. La “voluntariedad” figura como un requisito indispensable al momento de definir este tipo de pactos, que deberán especificar la modalidad, los límites y el funcionamiento del régimen acordado. Además, la norma exige que exista un método de control fehaciente y verificable para el registro de las horas trabajadas y de aquellas en las que el operario se encuentre a disposición, según consta en los documentos distribuidos por las fuentes oficiales.

El banco de horas surge como un mecanismo clave para adaptarse a los picos de producción y a la variabilidad de la demanda. Según el resumen del proyecto, las partes involucradas podrán optar por sistemas flexibles para la compensación de la jornada, siempre que se respete la legislación vigente sobre períodos mínimos de descanso diario y semanal, y que se garantice la protección e interés del trabajador. El modelo establece que un trabajador pueda sumar más horas en días de alta carga laboral y luego compensarlas con francos adicionales o jornadas más cortas en momentos de baja demanda.

Esta propuesta difiere de la modalidad clásica: el pago de las horas adicionales deja de encuadrarse exclusivamente bajo el esquema legal actual que prevé recargos del 50% o 100%. El documento legal establece que el plus por las horas extraordinarias dentro del banco de horas será menor que el régimen tradicional. De esta manera, apunta a reducir el costo extra para el empleador manteniendo la protección para el empleado a través del acuerdo voluntario y el respeto de los descansos correspondientes.

En el caso de Grecia, el banco de horas ha ampliado la jornada laboral diaria de 8 a 13 horas en días específicos, con un tope de aplicación anual. El proyecto argentino no fija ese mismo rango sino que autoriza la utilización de la jornada flexible dentro de los márgenes fijados a nivel sectorial o empresarial, siempre que no se sobrepase el máximo estipulado para la semana. Según el borrador citado, la compensación podrá realizarse con jornadas reducidas, francos o pagos adicionales, dependiendo de las características de cada empresa, sector o acuerdo colectivo.

Otra innovación relevante de la reforma reside en la prevalencia de los acuerdos por empresa por encima de los convenios de actividades. Este principio permite mayores adaptaciones a las particularidades de cada establecimiento, aunque siempre bajo la supervisión de la autoridad laboral para verificar el cumplimiento de los derechos garantizados en la legislación. El régimen propuesto también prevé que la reducción de la jornada máxima sólo procederá cuando lo acepten leyes, contratos individuales, convenios colectivos u otros acuerdos complementarios.

El texto legal fija que los sistemas de banco de horas se estructuran para permitir el reparto desigual de la carga de trabajo semanal, pero dentro de los máximos legales previstos. La reducción de la jornada máxima podrá tomarse en cuenta a través de un cálculo de base promedio, para mejor adaptación a los ritmos y necesidades productivas, siempre respetando los descansos y límites regulatorios. Esto implica que la flexibilidad sólo cabrá dentro de los topes legales y sectoriales.

El proyecto de ley también regula el trabajo a tiempo parcial y su relación con las horas extraordinarias. Las personas que se encuadran en este segmento podrán agregar horas suplementarias bajo acuerdo voluntario, pero no podrán exceder la jornada máxima legal en situaciones ordinarias. Además, los convenios colectivos tendrán potestad para establecer límites en la cantidad de trabajadores bajo modalidad de tiempo parcial y definir procedimientos para la eventual migración a tiempo completo.

Otra novedad fuerte es la eliminación de la llamada ultraactividad de los convenios colectivos: el proyecto establece que, si fracasara la renovación de un convenio entre empleadores y sindicatos, una vez cumplido el plazo previsto, ese acuerdo dejará de estar vigente. La medida busca apresurar los procesos de negociación y actualización, estableciendo como piso la nueva legislación laboral y dándole prioridad a los convenios firmados dentro de cada empresa.

Las fuentes consultadas remarcaron que todo régimen de banco de horas deberá ajustarse a los estándares de protección, beneficio y resguardo del interés del trabajador, con mecanismos claros de control y fiscalización, y contemplar con precisión los descansos y derechos fundamentales. El texto deja abierta la puerta para que el régimen se implemente tanto a nivel individual como colectivo y representa una de las apuestas centrales dentro de las nuevas formas de regulación de la jornada laboral en la Argentina.

FUENTE: Infobae

Economía

Para la UCA el índice de pobreza se encuentra más de diez puntos por encima de lo que publicó el Indec

La casa de altos estudios reveló datos sobre la pobreza que no coinciden con los sostenidos por el gobierno del presidente Javier Milei.

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Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre el actual nivel de pobreza contradijo a lo sostenido por el presidente Javier Milei, y señaló que el índice es, al menos, 10 puntos más alto que lo que asegurada por el mandatario a partir de la base de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo al estudio desarrollado por la casa de estudios, la discrepancia se da a partir de la inclusión de una canasta básica desactualizada que no permite calcular con exactitud la proporción demográfica que se ubica por debajo de la línea, mientras que el estudio arrojó que el Gobierno habría recibido mucha menos pobreza de lo que se creía y la habría incrementado entre 2023 y 2026.

En ese sentido, los datos brindados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) perteneciente a la UCA, la pobreza «verdadera» es del 42,4%, muy por encima del 32,3% dado a conocer por el INDEC; por lo que, revela que 2 de cada 5 argentinos no pueden costear la Canasta Básica Total (CBT), actual indicador sobre el que se fija la línea de pobreza, estimado en torno a los $1.690.000 mensuales para una familia de cuatro integrantes.

Además, la casa de altos estudios indicó que, la actual gestión encabezada por Milei no habría heredado 52,9% de pobreza, como se creía, sino 41,7%, una diferencia de más de 11 puntos porcentuales.

Como contraposición, la estadística señala que durante la actual dirigencia política la pobreza aumentó del 41,7% a 42,4%, si son comparados los datos del último trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2026.

El estudio fue desarrollado por los investigadores Agustín Salvia y Alejo Giannecchini, y precisó que la diferencia radica en el desajuste en el cálculo de la CBT oficial, que responde a un cambio en la metodología con la que el INDEC elabora la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) desde finales de 2024.

Además, este factor provocó que se valoren más otros ingresos familiares que antes no eran tenidos en cuenta, lo que generó un fuerte desfasaje con las mediciones previas y volvió imposible la comparación con los períodos anteriores.

En tanto, en el análisis se suma la problemática causada por la subrepresentación de los aumentos de las tarifas tanto en las proyecciones de la Canasta Básica como en la inflación (Índice de Precios al Consumidor, IPC).

FUENTE: NA

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Economía

El dólar oficial extendió las subas y quebró un nuevo récord, mientras que el blue alcanzó los $1.600

El tipo de cambio mayorista venía de registrar su primera baja semanal en un mes, mientras que el informal alcanzó máximos nominales. Los inversores siguen de cerca las compras del BCRA, los movimientos de los dólares financieros y la evolución del riesgo país.

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El dólar extendió las subas y la brecha cambiaria volvió a captar la atención de los inversores. El mayorista profundiza la tendencia de las últimas semanas, al igual que el dólar blue, mientras el contado con liquidación (CCL) supera los $1.680. En paralelo, la evolución de las reservas del Banco Central (BCRA) y la relación entre el tipo de cambio real y el riesgo país aparecen entre las principales variables a monitorear.

Este lunes, el dólar mayorista subió $7,50 (+0,49%) a $1.551. De esta manera, la distancia respecto al techo de la banda cambiaria — que hoy es de $1.971,72 — se ubica en 27,13%. Mientras tanto, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación aumentó $5 a $1.575, y marcó un nuevo máximo nominal, mientras que el promedio diario realizado por el BCRA en base a las principales entidades bancarias se ubica cerca de $1.572.

En el segmento de dólar futuro, los contratos anotan subas generalizadas en todos sus plazos. Para fines de noviembre, el mercado pacta un tipo de cambio mayorista en torno a $1.566. Para fin de año, el consenso proyecta un dólar oficial de $1.596,50.

La brecha cambiaria y el riesgo país, bajo la mirada del mercado

La distancia entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras cobra relevancia en un escenario en el que el peso continúa apreciándose en términos reales, mientras los activos argentinos atraviesan un año de retrocesos.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una suba cercana al 6%, unos 20 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Al mismo tiempo, el riesgo país llegó a superar los 900 puntos básicos durante noviembre, reflejando las dificultades que persisten para recuperar el acceso al financiamiento internacional.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que la estabilidad cambiaria de corto plazo convive con una divergencia respecto de la evolución del riesgo soberano. Según la firma, mientras el indicador de riesgo país retrocedió desde los 939 puntos básicos registrados el 6 de noviembre hasta los 853 puntos en las ruedas posteriores, el tipo de cambio real acumuló una caída del 5,1% desde julio.

De acuerdo con su análisis, los ingresos de divisas provenientes del financiamiento, el superávit energético y la cosecha fina a partir de diciembre podrían contribuir a sostener la estabilidad nominal. A esto se sumaría una mayor demanda estacional de pesos hacia fin de año.

Sin embargo, los analistas advirtieron que una corrección sostenible de ese desacople requerirá una mejora en la percepción del riesgo argentino, una recuperación de la competitividad cambiaria o una combinación de ambos factores.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una suba cercana al 6%

En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una suba cercana al 6%

El Banco Central busca sostener las compras de dólares

Otro de los focos estará puesto en la acumulación de reservas internacionales, luego de que el BCRA concretara el jueves su mayor adquisición de divisas en más de tres semanas.

La autoridad monetaria compró u$s103 millones, frente a los u$s29 millones de la jornada anterior. De esta manera, las adquisiciones netas acumuladas en noviembre alcanzaron los u$s183 millones, mientras que el saldo positivo de 2026 ascendió a u$s16.151 millones.

Pese a las intervenciones, las reservas brutas retrocedieron principalmente por la caída en la cotización del oro. La continuidad de las compras será una de las señales relevantes para los inversores, especialmente ante los compromisos financieros que deberá afrontar el Gobierno en 2027.

En el mercado de futuros, los contratos correspondientes a los últimos meses del año mostraron variaciones dispares durante la última rueda. Los precios negociados el viernes reflejaban una cotización mayorista de $1.562,50 para fines de noviembre y de $1.593 para diciembre, con un volumen operado de aproximadamente u$s925 millones.

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Economía

Desde que asumió Milei se perdieron 32.429 unidades productivas y 467.989 puestos de trabajo

De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde noviembre de 2023 a agosto de 2026 se perdieron esa cantidad de unidades productivas y de trabajadores cubiertos. Un informe de Fundar advirtió que el retroceso alcanza a 23 provincias y a firmas de todos los tamaños, mientras el organismo aclaró el alcance técnico de las cifras.

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La cantidad de empleadores y unidades productivas registradas volvió a retroceder durante el mes de agosto y acumula una disminución de 32.429 firmas desde noviembre de 2023, antes de la asunción de Javier Milei. Según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el padrón total pasó de 512.357 a 479.928 empleadores en ese lapso.

En el octavo mes del año se contabilizaron 139 empleadores menos que en julio —mes que ya había mostrado una caída de 948 respecto de junio, tras bajas de 709 en junio y 2.371 en mayo—. De este modo, en los primeros ocho meses de 2026 la merma acumulada asciende a 10.234 unidades productivas, mientras que en la comparación interanual llega a 14.353. Un análisis elaborado por la fundación Fundar sobre los datos oficiales señala que, si bien el descenso de agosto fue el más moderado de los últimos 19 meses consecutivos de caída, el retroceso acumulado del 6,3% constituye la retracción más pronunciada de los primeros 33 meses de un gobierno desde 1996, lo que ubica el nivel actual en su piso más bajo desde julio de 2007 y 6.854 unidades por debajo del mínimo de la pandemia registrado en septiembre de 2021.
Verdiccionarios

La reducción en la nómina de empleadores estuvo acompañada por una contracción en la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema: entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, el total bajó de 9.857.173 a 9.389.184, lo que implica 467.989 asalariados menos en la gestión actual (30.378 de ellos perdidos durante agosto).

 

Sectores más golpeados y retroceso en 23 provincias

El relevamiento de Fundar detalla que 14 de las 18 actividades económicas tienen hoy menos firmas que en noviembre de 2023. Entre los rubros más afectados se destacan:

  • Mayores caídas porcentuales: transporte y almacenamiento (-18,2%, equivalente a 7.172 empresas menos), servicios inmobiliarios (-14,2%), construcción (-9,7%) e industria manufacturera (-8,9%, con 4.423 unidades menos).
  • Mayor caída en cantidad absoluta: el sector comercio, que perdió 9.175 empresas (-6,1%).
  • Sectores en alza: únicamente cuatro actividades mostraron saldo positivo en el período: servicios administrativos (+9,3%), asociaciones y servicios personales (+5,2%), electricidad y gas (+1,4%) y minería (+1%).

A nivel territorial, el padrón de empleadores cayó en 23 de las 24 jurisdicciones del país, con la sola excepción de Neuquén, que sumó 163 empresas (+1,8%). En términos absolutos, las mayores pérdidas se concentraron en Buenos Aires (-9.084), Córdoba (-5.082), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-3.383) y Santa Fe (-3.335). En términos porcentuales, ocho provincias perdieron más del 10% de sus firmas: La Rioja (-18,2%), Tierra del Fuego (-16,3%), Catamarca (-14,4%), Chaco (-13%), Corrientes (-12,2%), Santa Cruz, Misiones y Formosa.

 

Impacto por tamaño de firma y aclaración técnica de la SRT

Aunque las unidades de hasta cinco trabajadores explican el 83% de la baja total desde noviembre de 2023 (26.808 empleadores menos, con una caída del 7,3% en microempresas), el retroceso alcanzó también a las grandes compañías: las firmas de más de 1.500 empleados cayeron un 6% (de 515 a 484) y las de más de 500 trabajadores bajaron un 4,9% (de 1.805 a 1.716). “Lo preocupante es que la pérdida de empresas no se concentra en un sector o una región: atraviesa casi toda la  economía y alcanza tanto a las empresas más chicas como a las grandes”, advirtió Guido Zack, director de  Economía de Fundar.

Por su parte, la SRT difundió una nota aclaratoria en su portal oficial en la que subrayó que una disminución en la cantidad de empleadores cubiertos no equivale necesariamente al cierre efectivo de empresas, dado que el organismo mide la cobertura del sistema de riesgos del trabajo y no las altas y bajas societarias o tributarias. Según explicó la entidad, las variaciones pueden obedecer a reorganizaciones empresariales, cambios de CUIT o modificaciones en las modalidades de contratación dentro de una tendencia descendente que lleva más de 12 años. Asimismo, precisó que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 las unidades de entre uno y cinco empleados explicaron el 87% de la merma de empleadores, pero apenas el 10% de la caída de trabajadores, y sostuvo que alrededor del 60% de la reducción total de trabajadores corresponde al sector público, por lo que no debe leerse directamente como pérdida de empleo privado.

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